Las AUC: Un proceso en crisis
24/08/2006
- Opinión
Contrario a lo que dicen los grandes medios de comunicación acerca de “la
firmeza” del presidente Uribe con relación a los jefes de los grupos
paramilitares, lo que en la realidad ha sucedido, es que una de las últimas
personas en reconocer las falencias y debilidades de un proceso secreto,
lleno
de violaciones a los acuerdos y del cese al fuego ha sido precisamente el
mismo presidente Uribe. Sobre las violaciones a los acuerdos y la
continuidad
de las andanzas criminales de los paramilitares desde noviembre de 2002 se
ha brindado una amplia documentación por parte de Organizaciones no
Gubernamentales como la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión
Justicia y Paz, el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, y de
organizaciones regionales como Progresar para el Oriente del país junto con
la
Corporación Compromiso, entre otras.
También han documentado las violaciones organismos públicos como la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, presentando
varios informes al respecto. El Estado no ha respondido a los listados de
más
de 2600 personas asesinadas por éstos grupos, supuestamente en cese de
hostilidades. Recientemente la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en
Colombia
de la OEA reconoció desde su sexto informe asuntos como el rearme de los
grupos paramilitares y el papel clave que en este sentido vienen cumpliendo
los antiguos mandos medios en muchos municipios del país. Agrega, también
que no hay una política de reinserción y una acción del Estado para poner
bajo su dirección áreas de la economía colonizadas por las mafias y por el
paramilitarismo. Además, la Misión ha denunciado violaciones concretas y
más
aún, recientemente, se han negado a reconocer que narcotraficantes “puros”,
excluidos por el propio gobierno y solicitados en extradición por Estados
Unidos como es el caso de Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, sean hoy
huéspedes de la sede de Prosocial en el municipio de la Ceja en Antioquia,
donde se encuentran los jefes de los grupos paramilitares desmovilizados
desde hace más de una semana.
La crisis se precipitó cuando la Corte Constitucional en su fallo del 18 de
mayo
enmendó drásticamente el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, aprobado
por el Congreso de la República y que fue posteriormente sancionado por el
presidente Uribe. En efecto la Corte señaló que si bien la ley era
constitucional debería para ello reconocer que la rebaja de penas solo era
posible a condición de que los beneficiarios, léase los autores de delitos
de
lesa humanidad, confesaran toda la verdad, entregaran todos sus bienes para
la reparación a las víctimas y pagaran toda la pena en un establecimiento
carcelario bajo la dirección del INPEC. Al mismo tiempo reconoció el
derecho
de las víctimas a participar durante todo el proceso. En síntesis la Corte
no
encontró ajustados a la Constitución y a los estándares mínimos en derechos
humanos asuntos esenciales que habían sido aprobados en el Congreso y
negociados en secreto por el gobierno del presidente Uribe.
Ahí fue Troya. Los paramilitares y el gobierno comenzaron a negociar sobre
cómo hacerle el quite o cómo burlar el fallo de la Corte Constitucional. En
esas todavía andan al momento de escribir estas líneas. Sin embargo, las
evidencias de violaciones al proceso, la ostentación de los jefes
paramilitares
y la presión de los Estados Unidos y la Comunidad Internacional produjeron
lo
que muchos reclamaban en Colombia: que la Ley de Justicia y Paz comenzara
a aplicarse. Es en este marco concreto que el Presidente tiene que
intervenir.
Su intervención lejos de la dureza que proclaman los grandes medios de
comunicación a su servicio, es muy suave. Los invita a que se pongan a
disposición de las autoridades y los recluye en un centro vacacional,
acondicionado para recibirlos con la comodidad que no tiene el 98% de los
presos en el país.
Hasta el momento una parte de los jefes paramilitares no se han presentado.
Hay dos hipótesis para ello. La primera apunta a que Estados Unidos reunió
pruebas para mostrar que una parte de ellos siguieron en el negocio del
narcotráfico, aún después de sancionada la Ley de Justicia y Paz por el
Presidente de la República y/o que estarían en conversaciones con
organismos
de los Estados Unidos para una eventual negociación. Sea lo que fuere, la
crisis que es real fue precipitada por el hecho de que la sentencia de la
Corte
Constitucional desconoce acuerdos que ellos habrían realizado en las
negociaciones con el gobierno: el mínimo de penas, el ocultamiento y
legalización de sus bienes y la no extradición. Ello en un marco de
impunidad
para lo cual la confesión no debería incluir toda la verdad. Esto es lo que
hizo
que el proceso entrara en crisis. El gobierno intenta por la vía de la
reglamentación de la Ley y eventualmente con la presentación de un nuevo
proyecto de ley al Congreso burlar o en todo caso minimizar los efectos del
fallo de la Corte Constitucional. Esa es la realidad a nuestro modo de ver.
A lo anterior habría que agregar las investigaciones de la Fiscalía General
de
la Nación sobre el presunto asesinato de Carlos Castaño, en el cual
estarían
comprometidos Vicente Castaño, Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo
alias “Don Berna”. Este hecho añade otro ingrediente a la crisis reciente.
Al
Gobierno se le viene agotando el tiempo para poner en marcha la Ley de
Justicia y Paz. La crisis está ahora en el campo del gobierno. Amanecerá y
veremos.
- Pedro Santana Rodríguez es presidente de la Corporacion Viva la
Ciudadanía
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas N° 0027 Viva la Ciudadanía
http://www.vivalaciudadania.org/
semanariovirtual@vivalaciudadania.org
semanariovirtual@vivalaciudadania.org
https://www.alainet.org/es/active/13080?language=pt
Del mismo autor
- Elecciones parlamentarias: coaliciones y expectativas 04/03/2022
- La extradición del temido Otoniel 25/02/2022
- Alianzas, coaliciones y programa en las elecciones en Colombia 18/02/2022
- Corte Constitucional constata incumplimiento al Acuerdo de Paz 04/02/2022
- Colombia: la respuesta autoritaria a la protesta social 31/01/2022
- Colombia: la batalla por el Congreso de la República 13/12/2021
- El deterioro institucional y el proceso electoral en Colombia 17/09/2021
- Colombia: corrupción, violencia y elecciones 10/09/2021
- Uribe: en busca de la impunidad 27/08/2021
- La necesaria transición democrática en Colombia 20/08/2021
Clasificado en
Clasificado en:
