Contrario a lo que dicen los grandes medios de comunicación acerca de “la firmeza” del presidente Uribe con relación a los jefes de los grupos paramilitares, lo que en la realidad ha sucedido, es que una de las últimas personas en reconocer las falencias y debilidades de un proceso secreto, lleno de violaciones a los acuerdos y del cese al fuego ha sido precisamente el mismo presidente Uribe. Sobre las violaciones a los acuerdos y la continuidad de las andanzas criminales de los paramilitares desde noviembre de 2002 se ha brindado una amplia documentación por parte de Organizaciones no Gubernamentales como la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Justicia y Paz, el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, y de organizaciones regionales como Progresar para el Oriente del país junto con la Corporación Compromiso, entre otras. También han documentado las violaciones organismos públicos como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, presentando varios informes al respecto. El Estado no ha respondido a los listados de más de 2600 personas asesinadas por éstos grupos, supuestamente en cese de hostilidades. Recientemente la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA reconoció desde su sexto informe asuntos como el rearme de los grupos paramilitares y el papel clave que en este sentido vienen cumpliendo los antiguos mandos medios en muchos municipios del país. Agrega, también que no hay una política de reinserción y una acción del Estado para poner bajo su dirección áreas de la economía colonizadas por las mafias y por el paramilitarismo. Además, la Misión ha denunciado violaciones concretas y más aún, recientemente, se han negado a reconocer que narcotraficantes “puros”, excluidos por el propio gobierno y solicitados en extradición por Estados Unidos como es el caso de Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, sean hoy huéspedes de la sede de Prosocial en el municipio de la Ceja en Antioquia, donde se encuentran los jefes de los grupos paramilitares desmovilizados desde hace más de una semana. La crisis se precipitó cuando la Corte Constitucional en su fallo del 18 de mayo enmendó drásticamente el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, aprobado por el Congreso de la República y que fue posteriormente sancionado por el presidente Uribe. En efecto la Corte señaló que si bien la ley era constitucional debería para ello reconocer que la rebaja de penas solo era posible a condición de que los beneficiarios, léase los autores de delitos de lesa humanidad, confesaran toda la verdad, entregaran todos sus bienes para la reparación a las víctimas y pagaran toda la pena en un establecimiento carcelario bajo la dirección del INPEC. Al mismo tiempo reconoció el derecho de las víctimas a participar durante todo el proceso. En síntesis la Corte no encontró ajustados a la Constitución y a los estándares mínimos en derechos humanos asuntos esenciales que habían sido aprobados en el Congreso y negociados en secreto por el gobierno del presidente Uribe. Ahí fue Troya. Los paramilitares y el gobierno comenzaron a negociar sobre cómo hacerle el quite o cómo burlar el fallo de la Corte Constitucional. En esas todavía andan al momento de escribir estas líneas. Sin embargo, las evidencias de violaciones al proceso, la ostentación de los jefes paramilitares y la presión de los Estados Unidos y la Comunidad Internacional produjeron lo que muchos reclamaban en Colombia: que la Ley de Justicia y Paz comenzara a aplicarse. Es en este marco concreto que el Presidente tiene que intervenir. Su intervención lejos de la dureza que proclaman los grandes medios de comunicación a su servicio, es muy suave. Los invita a que se pongan a disposición de las autoridades y los recluye en un centro vacacional, acondicionado para recibirlos con la comodidad que no tiene el 98% de los presos en el país. Hasta el momento una parte de los jefes paramilitares no se han presentado. Hay dos hipótesis para ello. La primera apunta a que Estados Unidos reunió pruebas para mostrar que una parte de ellos siguieron en el negocio del narcotráfico, aún después de sancionada la Ley de Justicia y Paz por el Presidente de la República y/o que estarían en conversaciones con organismos de los Estados Unidos para una eventual negociación. Sea lo que fuere, la crisis que es real fue precipitada por el hecho de que la sentencia de la Corte Constitucional desconoce acuerdos que ellos habrían realizado en las negociaciones con el gobierno: el mínimo de penas, el ocultamiento y legalización de sus bienes y la no extradición. Ello en un marco de impunidad para lo cual la confesión no debería incluir toda la verdad. Esto es lo que hizo que el proceso entrara en crisis. El gobierno intenta por la vía de la reglamentación de la Ley y eventualmente con la presentación de un nuevo proyecto de ley al Congreso burlar o en todo caso minimizar los efectos del fallo de la Corte Constitucional. Esa es la realidad a nuestro modo de ver. A lo anterior habría que agregar las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación sobre el presunto asesinato de Carlos Castaño, en el cual estarían comprometidos Vicente Castaño, Salvatore Mancuso y Diego Fernando Murillo alias “Don Berna”. Este hecho añade otro ingrediente a la crisis reciente. Al Gobierno se le viene agotando el tiempo para poner en marcha la Ley de Justicia y Paz. La crisis está ahora en el campo del gobierno. Amanecerá y veremos. - Pedro Santana Rodríguez es presidente de la Corporacion Viva la Ciudadanía Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas N° 0027 Viva la Ciudadanía http://www.vivalaciudadania.org/
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