Ante el anuncio de la Marina de Guerra estadounidense de reanudar los bombardeos en Vieques el 13 de junio, la gobernadora Sila María Calderón busca dar por terminadas, y en forma definitiva, las maniobras militares en la isla municipio. Un referéndum local convocado por el gobierno para el 29 de julio aspira recoger la opinión de los viequenses respecto a la permanencia de la Armada norteamericana en la llamada "Isla Nena" y utilizar estos resultados para negociar una posible salida pacífica. Calderón, representante del Partido Popular que aboga por el Estado Libre Asociado y electa en noviembre del año pasado, presentó como principal propuesta de campaña para la gobernación el cese de los bombardeos en la isla municipio. A siete meses de iniciado su gobierno, recurrió al plebiscito criollo una vez que el portavoz de la Marina notificara la ejecución de maniobras de nivel intermedio, que no incluirían bombardeos de mar a tierra ni el uso de municiones explosivas, como ejercicios previos a la movilización de las tropas al Golfo Pérsico el próximo otoño. El pasado abril, cuando voceros de la Marina informaron su disposición por proseguir con las prácticas en la base viequense, Calderón optó por aprobar una ley ambiental que prohibía el ruido excesivo en las aguas adyacentes a la isla. De esta manera, con el propósito de entorpecer los bombardeos que habían sido programados para el 27 de abril, la Asamblea puertorriqueña aprobó la ley ambiental que, amparándose en la ley federal de control de ruidos de 1972, fijaba el nivel máximo de decibeles para la Isla Nena en 190 (los bombardeos sobrepasan este límite por lo que la Marina violaría una ley local). Sin embargo, la juez federal Gladys Keissler, haciendo caso omiso al reglamento local dio luz verde a los bombardeos alegando que ocho días de práctica no empeoraban la salud de los viequenses y que la enfermedad de la vibroacústica en los habitantes de la isla municipio, motivo que impulsó la formulación de la Ley de ruidos, no podía ser atribuida a los bombardeos sin comprobación científica válida. Con esta legislación Calderón intentaba ganarle la batalla a la Marina y dificultar sus maniobras en Vieques defendiendo ante todo el derecho a la salud de los ciudadanos americanos residentes en la isla. No obstante, el gobierno puertorriqueño no obtuvo los resultados que vaticinaba y las prácticas se llevaron a cabo pese a los esfuerzos de los más de ciento ochenta desobedientes civiles arrestados dentro del área de tiro. Directrices presidenciales Luego del fracaso de la Ley de Ruidos e inmediatamente después de notificados los próximos bombardeos para el 13 de junio durante un lapso máximo de dieciocho días, la gobernadora recurrió a una nueva táctica: el "referéndum criollo". El plebiscito dispuesto para el 29 de julio próximo, en el que participarán alrededor de seis mil viequenses empadronados y cuyo costo oscila entre los trescientos mil y seiscientos mil dólares, está convocado por el gobierno del Estado Libre Asociado y no cuenta con el aval de Washington. Esta consulta no tiene relación alguna con la que organizará la Marina el próximo seis de noviembre y que cuenta con solo dos alternativas: el bombardeo con bala inerte hasta mayo de 2003 y el bombardeo indefinido con bala viva a cambio de cincuenta millones de dólares para Vieques. El referéndum de la Marina es parte del acuerdo de octubre de 2000, transformado más tarde en la ley federal 106-398, entre los entonces mandatarios Bill Clinton y el líder anexionista puertorriqueño Pedro Roselló. A diferencia del referéndum de la Marina, el emplazado por Calderón cuenta con dos nuevas opciones: "la terminación inmediata y permanente de los ejercicios militares y bombardeos" y "ninguna de las anteriores". Como era de esperarse, la decisión de la gobernadora causó malestar entre la Marina y los sectores políticos de oposición que abogan por la estadidad, quienes anunciaron que investigarán las bases legales que sustentan el referéndum convocado por Calderón por considerarlo inconstitucional. Tanto la Armada estadounidense como los sectores pro-marina y el partido anexionista, Partido Nuevo Progresista (PNP), insisten en que la única consulta válida es la acordada entre los anteriores mandatarios para el 6 de noviembre de 2001. Los líderes del Partido Nuevo Progresista lanzaron una campaña de rechazo entre sus partidarios. Temiendo que dicha consulta local debilite las relaciones políticas entre Estados Unidos y Puerto Rico, y por consiguiente, aleje sus aspiraciones a convertirse en el estado número cincuenta y uno de la unión americana, defienden en forma vehemente el acuerdo Clinton-Roselló de 2000. Las ideas políticas de los penepés tienden a conceder todas las garantías necesarias a Washington y a sus instituciones dentro de la isla por lo que es de esperarse que se muestren en contra del referéndum criollo. Por consiguiente, la gobernadora deberá convencer a los viequenses anexionistas que el referéndum es una facultad que se le brinda a la población de la Isla Nena para expresarse a favor de alternativas omitidas en las directrices presidenciales. La exclusión de los desobedientes civiles Mientras Sila Calderón considera el referéndum y las negociaciones formales como la manera más viable para alcanzar un acuerdo entre la Marina de Guerra y el gobierno puertorriqueño, otro sector de la sociedad boricua sostiene que la desobediencia civil pacífica es la mejor forma de llamar la atención de la comunidad local e internacional. Tras el arresto de personalidades públicas famosas y la constante interrupción de las maniobras militares durante los últimos dos años por parte de los manifestantes, la polémica tejida en torno a Vieques hizo eco a lo ancho y largo del planeta. Para la gobernadora, este tipo de actitud quebranta la ley por lo que las manifestaciones de rebeldía no tienen cabida dentro de su rango de opciones para desalojar a la Armada de la Isla Nena y prefiere, por consiguiente, no dialogar directamente con los desobedientes. Por otro lado, los desobedientes civiles denuncian la falta de apoyo de Calderón. El sector anti-marina afirma que el referéndum criollo está incompleto ya que no responde a las demandas originales de los viequenses. Desde que iniciaron la lucha en la isla municipio han respaldado no solamente el cese de los bombardeos sino la salida inmediata de todo el cuerpo militar y la posterior devolución de las tierras a los nativos para llevar a cabo un plan de reactivación económica. A pesar de que Calderón menoscaba el trabajo organizado de cientos de desobedientes civiles, que sin importar la sentencia dictaminada por el tribunal federal han permanecido impasibles durante meses, éstos últimos se muestran dispuestos a dialogar sobre la consulta y colaborar con la gobernación para ponerle fin a esta controversia. En tanto que el gobierno de Puerto Rico finiquita el referéndum criollo e intenta entablar un diálogo con los grupos de oposición, en especial los estadoístas, un nuevo contingente de desobedientes civiles se alista para ingresar a los territorios de la Marina. Robert Rabin, dirigente del Campamento Justicia y Paz, anunció que los puertorriqueños no se han dejado amainar con las multas y las sentencias exorbitantes impuestas por el tribunal federal que fluctúan entre los trescientos y diez mil dólares y que, al contrario, se encuentran en pie de lucha y dispuestos a irrumpir una vez más en territorio federal con el fin de paralizar los bombardeos. Se espera por consiguiente, un número significativo de manifestantes quienes, sirviendo de escudo humano, se enfrentarán a los cerca de doce mil soldados que recibirán entrenamiento militar antes de relevar a sus compañeros en el Golfo Pérsico. Finalmente, Sila María Calderón tendrá que demostrar que la consulta criolla no fue un simple intento desesperado por paralizar los bombardeos ante la amenaza de nuevas maniobras. En agosto se tienen previstos entrenamientos de las tropas estadounidenses, y del impacto que los resultados del referéndum criollo tengan sobre el futuro de dichas maniobras se medirá el éxito o fracaso de la actuación de Calderón. Sin embargo otro de los retos es aceptar que el trabajo de los activistas también es legítimo. Calderón todavía confunde la autodeterminación de los pueblos y el derecho a la paz y la justicia con tendencias políticas de extrema izquierda, y esta postura debilita la lucha del pueblo viequense. El fin de las operaciones militares en la isla municipio se avizora cada vez más cercano, no obstante, la gobernadora debe entender que el problema de la presencia de la Marina no radica solamente en los índices deplorables de salud y contaminación ambiental en la Isla Nena. El problema de Vieques es también político y está arraigado en la condición de neocolonialismo que vive Puerto Rico; y si Calderón insiste en excluir a los sectores boricuas que advierten de dicha relación de ambigüedad, le estaría restando fuerza a toda esta lucha. Las diferencias pueden coexistir en una misma causa; la misión del gobierno será no negarlas y aunar esfuerzos para darle término a esta contienda entre la Marina y el gobierno puertorriqueño.