En la elaboración de las presentes opiniones se ha utilizado fundamentalmente información de Prensa Libre, El Periódico y La Hora, así como los análisis mensuales, de los cuales incluso algunos párrafos se trascriben literalmente, elaborados por el Balance de la Paz 2005 Inequidad, pobreza y violencia en la Patria del Criollo, presentado por el Colectivo de Organizaciones Sociales COS, y el Colectivo de Análisis denominado Grupo CHAJOMA’’ y el análisis titulado el Muro de los Ricos, elaborado por Juan Hernández Pico S. J.

1. LOS PROCESOS QUE CARACTERIZAN EL MOMENTO ACTUAL

En Guatemala se continúa en la etapa de aprestamiento o preparación de condiciones favorables para las inversiones externas que explotarán los recursos naturales del Corredor Biológico Mesoamericano con la hegemonía del capital financiero trasnacional al que se ha adherido el capital nacional oligárquico agroexportador, ante el derrumbe del café como principal producto de exportación.

El proceso nacional, está determinado por el impulso al proceso de trasnacionalización del país caracterizado por la implementación de los tratados de libre comercio (TLCs), especialmente con los EEUU, la imposición de los megaproyectos del Plan Puebla Panamá y la modernización burocrática y administrativa del Estado, en los que los sectores nacionales con poder económico ven, con entusiasmo, posibilidades de invertir y dinamizar sus exportaciones.

En Guatemala, al mismo tiempo que el Stan azotaba a gran parte del país, se votó la ley que autorizaba la construcción de la carretera de la Franja Transversal del Norte y el Anillo Metropolitano que facilitan el paso de la frontera con México al Atlántico y el paso por la ciudad del Pacifico al Atlántico. Se firmó el tratado con los taiwaneses para que construyan la carretera Guatemala-El Rancho que ya está en marcha, así como el puerto pesquero de Champerico, en donde ya operan varias trasnacionales exportadoras de atún y camarón; Se decidió la reconstrucción de los aeropuertos La Aurora en ciudad Guatemala y Mundo Maya en Petén. Hasta ahora, no se han abandonado los proyectos turísticos Mirador y Mundo Maya en La Reserva de Biosfera Maya y la idea de construir al menos una carretera que llegue desde Tikal a Cancún, atravesando la reserva, sigue en pie. Las concesiones mineras se han seguido otorgando, aún en contra de la voluntad de la población.

Además del tratado con los Estados Unidos que está por ponerse en marcha y los nuevos tratados de libre comercio con Taiwán y Chile y ahora también se busca un tratado con la Unión Europea.

El tema de China Continental también despertó controversia. Berger manifestó su voluntad de abrir una oficina de intereses comerciales en Beijing, que había sido una vieja propuesta de China Continental. Pero esta vez Beijing, que seguramente sabía del peso de empresarios en el Gobierno, pidió más: que Guatemala rompiera con Taipei para abrir negocios y relaciones diplomáticas con ellos. El asunto quedó en un impasse y generó cierta discordia entre “políticos” y “empresarios” en el Gobierno actual.

El señuelo de integrarse con ventajas en el proceso de trasnacionalización a que está sometida la región mesoamericana, ha exacerbado en forma inusitada la avidez, las ambiciones, las alianzas y también las rivalidades entre los sectores oligárquicos, las empresas trasnacionales y los llamados poderes ocultos, que son los tres grupos han tenido siempre el poder en el país y que desde la firma de los Acuerdos de Paz, se separaron y vienen disputándose hegemonía, abarcando ahora todos los aspectos de la vida nacional, todos los espacios de poder y hasta los ámbitos territoriales.

Los capitales de la agroexportación, ante la crisis de mercado para el café se han trasladado al sector financiero, el cual ha logrado consolidar su hegemonía en la economía del país, entrando en un proceso de asociación e incorporación a las finanzas trasnacionales, las que seguramente proporcionaran los prestamos para los proyectos y megaproyectos que se impulsen en la región. Las exportaciones, han aportado al PIB US$ 3,470 millones superadas ahora por las remesas que llegaron al US$ 3,500 millones y se espera que este año lleguen a los cuatro mil millones, siendo la segunda fuente más importante de ingresos al país después de los préstamos bancarios privados que llegan al 50% del PIB. Las importaciones han llegado a un US$ 9,724 millones. La política económica se ha centrado en mantener la tasa de cambio, sin importar el nivel de inflación en el 7.5% y el que no se logre llegar al 6% de crecimiento que fijaron los acuerdos de paz.

La visión de que se tenia de que Guatemala en su macroeconomía es eminentemente agrícola, ha quedado atrás. La nueva composición del Producto Interno Bruto –PIB- revela que la industria manufacturera representa el 18.7 %, los servicios privados el 14.3 por ciento, frente al 12.8 % del sector agrícola y el 18% de las remesas. No obstante la significación de las remesas las mismas no han sido valoradas en la economía oficial, pero si por el sector financiero que asume su traslado, ahorro e inversión. Las remesas sostienen a un tercio de los hogares del país y son las que mas aportan a reducir la pobreza, pero además son las que apuntalan la estabilidad macroeconómica, la estabilidad del tipo de cambio y cubren el déficit comercial que se ampliará aun más con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Los llamados capitales emergentes provenientes de los poderes ocultos implicados primero en la contrainsurgencia y luego en el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado, están luchando para que no los dejen afuera de este proceso de trasnacionalización de la región. Sus armas principales son la falta de seguridad jurídica que boicotean constantemente, la inseguridad física y la falta de consenso político y social. Infiltrados en todos los niveles de Gobierno y extendidos a todas las regiones del país, tratan de presionar, incrementando la violencia y la inseguridad ciudadana, que se manifiesta dramáticamente en las áreas urbanas, pero que también ha sido llevada ya a las áreas rurales, generando temor y pánico aun en las comunidades mas apartadas, llegando a provocar problemas graves de ingobernabilidad, manifestada ya en los linchamientos, la corrupción y las insubordinaciones y derrocamientos de gobiernos locales. Las reacciones ahora también de las áreas rurales por el desempleo, la invasión de las empresas mineras e hidroeléctricas, la presencia del narcotráfico y la presión a sus familiares inmigrantes, puede ser exacerbada por estos grupos paramilitares y luego proponerse ellos como los salvadores del orden, ofreciendo en su campaña electoral que ya iniciaron con dos años de anticipación, la “mano dura “, el autoritarismo y la represión.

Estos tres poderes dominantes en Guatemala, teniendo como principal meta, su integración con ventajas en el proceso de trasnacionalización que se impone a todos los países de la región, ni desde el Gobierno, en cuyo ejercicio se han turnado, ni desde sus propios espacios, han valorado la importancia estratégica de la integración centroamericana, ni la construcción de economías locales, ni la reconstrucción, siquiera, de un modelo propio de desarrollo que sustituya el decrépito modelo agroexportador y permita a nuestros pueblos navegar y sobrevivir en este mare magnum de la globalización neoliberal y prepararse ante el “tsunami” de la crisis mundial que se avizora y que es anunciada proféticamente para los próximos cinco años, desde las tradiciones mayas, como la terminación del actual “Oxlajuj Baktun o Quinto Sol” (ciclo de cinco mil años o sea Oxlajuj 13 x Baktun 400 años).

Tampoco hay claridad en establecer mejores relaciones con el MERCOSUR, pues han sido más bien varias mancomunidades de municipalidades las que han estado negociando con el Gobierno de Venezuela la compra de combustible con precios y créditos favorables. Hecho que el Presidente de la República, junto con el de El Salvador calificó de intromisión política.

Es dramático así mismo, en estos momentos, que incluso las organizaciones sociales y políticas que tratan de representar en la dimensión nacional, a los sectores populares, estén deslumbrados también por estas perspectivas trasnacionales, asumiendo la oposición a las mismas, como acción principal, pero sin construir alternativas; lo que las pone en el peligro de quedar convertidas fácilmente en piezas del ajedrez en el que los grupos con poder real, se disputan la hegemonía. Todavía la plataforma básica de las organizaciones sociales y políticas de la izquierda, siguen siendo unos acuerdos de paz, que han perdido confianza en la población por sus limitaciones y su incumplimiento.

La mayoría de la población pobre y sin poder, tanto en el campo como en la ciudad, se dan cuenta que en lugar de políticas y acciones que realmente superen la pobreza y la inseguridad, con las medidas actuales, estas tienden mas bien a incrementarse, amenazando recursos naturales que son vitales para su sobrevivencia, en un ambiente de inseguridad creciente por la proliferación del narcotráfico, de concesiones mineras e hidroeléctricas y de megaproyectos, ajenos a su mundo cultural, social y económico.

Se ha suspendido la ejecución de los acuerdos de paz y desde el Gobierno central se ha desinstitucionalizado el sistema de participación ciudadana y descentralización que establecían las leyes de consejos de desarrollo, el Código Municipal y la ley de descentralización, a cambio de gabinetes móviles que atomizan las relaciones con la población, priorizando la presentación de proyectos aislados, de grupos, comités y comunidades. Hasta el plan de reconstrucción de los daños causados por la tormenta Stan el año pasado, han sufrido graves retrasos.

El desparpajo de los partidos políticos, deja pocas esperanzas en el proceso electoral, los cuales sin embargo se aprestan a transitar durante el presente año preelectoral, sobre las angustias del pueblo y sus movimientos reales, hacia el nuevo ejercicio de votaciones generales que tendrá lugar en 2007; sin mostrar una propuesta real de cambios, ni equipos capaces para hacer gobierno. Sin darle espacios, cerrados a la participación democrática y a la fuerza social en la que deberían fundamentarse. Ya hay bastante actividad preelectoral, pero con un gran vacío de liderazgo. La alianza gobernante GANA, se ha disuelto por las diferencias entre los grupos de poder. El general Ríos Mont anuncia nuevamente su candidatura, aunque el FRG, su partido aun no se ha pronunciado. Resalta la campaña anticipada de un militar ofreciendo mano dura ante la creciente inseguridad. La esperanza que los partidos de izquierda se unieran. Se vino al suelo con el anuncio de que uno de ellos, la Alianza Nueva Nación, aceptó la integración de militares en el partido. Por su lado la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca –URNG- anuncia que promoverá la formación de un frente amplio electoral con los movimientos sociales, lo cual será positivo dándose en todos los ámbitos, siempre que se logre la unidad en la diversidad y que no se trate de sobreponer la fuerza política sobre la fuerza social que le daría sustento, respetando su valor y autonomía.

Además de la lucha llevada adelante por las organizaciones campesinas a nivel nacional, algunos vemos rasgos de esperanza en toda una fuerza social que se esta comenzando a articular desde las comunidades y municipios, formando asociaciones e integrando sus organizaciones locales, territoriales y sectoriales, unidas a las organizaciones tradicionales y alcaldías indígenas o formando asociaciones de consejos comunales y comunitarios, dentro y fuera del sistema de consejos de desarrollo, e integrando coordinadoras municipales, subregionales y regionales, junto con las ongs, capaces de incidir y participar en la planificación del desarrollo y la economía local y en el ejercicio del gobierno municipal y departamental, buscando la unidad con las organizaciones populares, sociales y políticas que actúan en el nivel nacional, para constituir una fuerza social con voz propia, capaz de incidir en las decisiones e impulsar los cambios necesarios hasta llegar al propio ámbito nacional.

Hay quienes ven condiciones objetivas en el contexto nacional e internacional, para un “levantamiento” o insurrección pacifica popular, al estilo de algunos países suramericanos, buscando la asunción de un régimen popular de Gobierno que impulse un proyecto propio de desarrollo. Pero esta alternativa, si no esta suficientemente sustentada por una fuerza social integrada desde las comunidades hasta los movimientos nacionales, también tiene el peligro de terminar sirviendo a los poderes trasnacionales, en la lucha que mantienen para superar los obstáculos o chantajes que ponen a la trasnacionalización, si no salen beneficiados con ella, los sectores excluidos de la oligarquía nacional y/o los poderes ocultos de las antiguas fuerzas contrainsurgentes, que persisten en el narcotráfico y el crimen organizado, sirviéndoles de excusa para el restablecimiento de gobiernos autoritarios y represivos y el restablecimiento de la alianza entre estos poderes hegemónicos.

El desafío principal está en saber aprovechar el momento de generalización de la inconformidad y la disposición a luchar, para fortalecer la organización y generar formación y conciencia política para la conformación de una fuerza social popular capaz de impulsar el cambio, favoreciendo el encuentro y la unidad en todos los ámbitos y fortaleciendo los procesos y luchas locales, subregionales y regionales, al interior del país, y su necesaria articulación con los movimientos sectoriales nacionales y mesoamericanos, así como su relación con los nuevos procesos sudamericanos y con las redes y propuestas internacionales de lucha frente a la globalización, como las redes de economía solidaria y los foros sociales internacionales, presentes en la apertura de otras alternativas de integración regional a nivel latinoamericano, como el MERCOSUR, la Alternativa Bolivariana de las Américas o el Tratado de Comercio de los Pueblos.

2. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS

1. CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO, TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y PLAN PUEBLA PANAMÁ, DETERMINANTES ESTRATÉGICOS EN LA COYUNTURA ACTUAL DE GUATEMALA

La explotación del corredor biológico se ha convertido en el proyecto estratégico de desarrollo para Mesoamerica y dentro de ella Guatemala. Mesoamerica es un puente biológico, cultural y económico y con un 2% del territorio emergido del planeta, posee cerca del 12 % de la riqueza biológica del mundo.

Las características geomorfológicas y topográficas sumadas a la variedad de climas, han propiciado la formación de veintidós eco-regiones naturales, mas de trescientos tipos de paisajes y se han clasificado mas de trescientos ecosistemas naturales.

Aun con la alta diversidad y riqueza, el potencial de la región para el desarrollo de actividades económicas es limitado por la falta de recursos financieros para la inversión

Con el TLC se prevé la afluencia de inversiones en actividades primaria e industrial. Sin embargo lo ocurrido en México desde que el TLC entró en efecto en 1994 es un ejemplo y advertencia de lo que se puede esperar con el TLC, facilitando la privatización formal y/o de facto de ferrocarriles, carreteras, el sistema bancario y de pensiones, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, espacio satelital, electricidad, petróleo, gas, distribución y tratamiento de agua, maderas y biodiversidad, ésta última como banco de genes al servicio de las transnacionales de la biotecnología.

La extensión del TLC hacia Centroamérica se hace patente en el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Corredor Biológico Mesoamericano. El PPP pretende establecer una masiva infraestructura por todo el istmo mesoamericano- autopistas, puertos, redes de energía eléctrica y represas hidroeléctricas- para explotar al máximo los recursos naturales y humanos de la región y ampliar su viabilidad como puente interoceánico. El TLC garantizará la entrada fácil de los productos al mercado norteamericano. Mientras tanto el Corredor Biológico, que se sirve de fotos satelitales, busca abrir la región a la bioprospección por parte de corporaciones de biotecnología, y el turismo "ecológico".

Se trata de nada menos que de una desnacionalización de los activos estratégicos, en la que se corre el peligro que la prerrogativa del estado de trazar una política económica se convierte en cosa del pasado y que el Gobierno se convierta en simple "country manager" del proyecto neoliberal dirigido desde Estados Unidos.

A principios de 2006, presumiblemente, debería haber entrado en vigor el tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero esto se ha dado hasta ahora el primero de julio del año en curso por una serie de presiones de las trasnacionales norteamericanas por medio del Congreso de dicho país para que haya legislación que garantice sus intereses, mencionando aspectos como los relacionados con la propiedad intelectual y cuestiones fitosanitarias. Mencionándose también la necesaria adhesión a un anexo sobre telecomunicaciones básicas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Tratado de Budapest, sobre el Reconocimiento Internacional de Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, entre otras. El TLC solo entró en vigor hasta que Washington constató que se habían hecho las adecuaciones legislativas que pedían, lo cual puede causar perdidas millonarias para algunos productores desde Guatemala, especialmente de la industria textil.

Aunque, la atmósfera empresarial que se vive en el país es de euforia y se hacen cálculos de grandes posibilidades sobre el crecimiento de las exportaciones y las inversiones que se movilizarían bajo el Tratado, las exigencias de las trasnacionales por medio del Congreso Norteamericano, han hecho que surjan diferencias entre los sectores empresariales.

Por un lado, el presidente Berger, se ha comprometido con la efectividad del TLC. Anteriormente realizó varios viajes y aprovechó para reunirse con grupos de inversionistas, con quienes grupos de sus allegados, funcionarios, empresarios y familiares tienen relación y participación. Es más, a fines de 2004 declaró que su propósito era dedicarse enteramente a vender el país a los inversionistas. Hubo grandes planes en torno al turismo, la explotación minera y petrolera, así como los llamados “megaproyectos”, campos en lo que se le ha acusado de otorgar prebendas a ciertas empresas, en cuya defensa se ha manifestado públicamente, entrando en confrontaciones con las organizaciones ambientalistas y hasta con el Cardenal y los Obispos Católicos, con expresiones, actitudes y acciones que han resultado ominosas.

Hay asimismo grupos de empresarios que no estaban dispuestos ha aceptar todas las exigencias norteamericanas. Ven positivo el empuje al tratado pero se han opuesto a lo que en su criterio esta afuera de los textos de los convenios. Una encuesta realizada por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) estableció que ocho de cada 10 empresarios guatemaltecos no están preparados para afrontar los retos del tratado comercial. De acuerdo con el sondeo entre 767 empresarios, sólo dos de cada 10 han invertido en tecnología y capacitación de su personal para hacer frente al TLC.

Algunos ven que el TLC traerá alguna inversión, pero que los estímulos que estos movimientos trasmitirán al conjunto de la economía no llegarán a ser tan sensibles. Muchos productos ya ingresaban, desde antes del tlc, libres de aranceles al mercado estadounidense, debido una disposición unilateral de Washington de 1982, la llamada Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Por lo tanto, un tlc, en estricto sentido, sólo implica formalizar esos accesos preferenciales volviéndolos recíprocos, como la limitación a que ingresen tejidos en los que no se haya usado hilos producidos por las empresas norteamericanas, que no existía anteriormente.

Con esto se argumenta que aún cuando Guatemala observe en 2006 y en los siguientes años una mejor posición de sus indicadores macroeconómicos y cuentas nacionales, y una modernización de su infraestructura, eso no necesariamente significará un empuje más o menos parejo o de amplio alcance de la economía general. Es más, en la medida en que el Estado no ha impulsado hasta ahora una estrategia de adecuación –especialmente dirigida a la pequeña producción agrícola exportable- a las nuevas condiciones de la demanda externa, las oportunidades de mercado tendrán un bajo aprovechamiento.

Es claro también que en muchas de las exigencias del Congreso Norteamericano y en las posiciones de algunos empresarios guatemaltecos, se ha tratado de excluir a los grupos económicos emergentes de la antigua contrainsurgencia, narcotráfico y crimen organizado tratando de evitar que usen los acuerdos de inserción económica internacional y las adecuaciones legales, para favorecer sus actividades económicas aprovechando que dentro del sistema guatemalteco tienen privilegios, estando infiltrados en todas las instancias del Gobierno. Existe un control mucho más estricto de las transferencias de capital a los bancos internacionales, controlando por ejemplo, si los montos de dinero transferido coinciden en su país de origen con declaraciones tributarias y otras fuentes verificables de origen, si no, son rechazadas y caen bajo investigación.

El Superintendente de Bancos, que tiene bajo su mando la Intendencia de Verificación Especial (ive, inteligencia financiera), ha administrado un delicado sistema de identificación de blanqueo de dinero, una poderosa arma y fuente de tensiones corporativas por el acceso a información privilegiada, función cuya existencia se apoya desde los condicionamientos para la vigencia de TLC y a la que se oponen abiertamente varios grupos.

Esto hace posible que estos sectores paralelos no solo se opongan y bloqueen que se cumpla con las exigencias del Congreso Norteamericano, sino que traten de presionar en contra de las mismas con la inestabilidad y la inseguridad ciudadana, que ha sido una de sus principales armas en los últimos años. No es extraño que la violencia se haya exacerbado, como un fenómeno que resulta inexplicable, con miles de asesinatos y entre ellos los asesinatos de mujeres, que por su cantidad y forma, son realmente parte de una acción terrorista que trata de provocar inestabilidad e ingobernabilidad.

Esta situación afecta la estabilidad que requiere la inversión trasnacional aliada a los empresarios guatemaltecos, por lo que se ha emitido una Ley contra el Crimen, sin incluir las propuestas de las organizaciones de derechos humanos y más bien reestableciendo medidas represivas. En este marco ha resultado también explicable la llamada limpieza social que se ha manifestado con innumerables casos de torturas y asesinatos de delincuentes comunes y pequeños narcotraficantes, mostrando conocimientos y capacidad para reprimir la acción de las maras y bandas delincuenciales que incrementan cada vez mas el pago de impuestos de seguridad desestimulando la inversión y los negocios en el país.

Últimamente se ha incrementado la presencia de militares norteamericanos en el país, además de que Estados Unidos reinstaló la ayuda militar al Ejercito, el que cada vez toma nuevamente funciones de policía y control, en lo que podría ser un nuevo proceso de remilitarización del país. Algo que es en extremo delicado, ya que en caso de 'desestabilización social interna', es más que factible que sea Estados Unidos quien defienda en nuestros territorios lo que 'compraron' sus empresarios inversionistas. El PPP, el TLC y el Corredor Biológico presentan nuevas necesidades de seguridad para los inversionistas extranjeros, mayormente estadounidenses.

La Ley de Implementación del Acuerdo Comercial con EEUU, que se aprobó recientemente en el Congreso de la República, contiene modificaciones a 16 normas vigentes en cuanto a telecomunicaciones, propiedad industrial, derechos de autor y productos financieros. La Ley incluye también algunos cambios significativos en la forma de contrataciones del Estado, el papel de la Contraloría de Cuentas, los códigos Penal y de Comercio y la Ley de Arbitraje. Los diputados de oposición consideraron además que era necesario aprobar cerca de diez leyes complementarias con carácter de compensadores sociales. Entre estas leyes se encuentran la Ley de Desarrollo Rural, la Ley de Incentivos para la Diversificación Agrícola, la Ley de Intermediación Financiera no Bancaria, la Ley de Institucionalización del Pacto Fiscal y leyes de protección a los pequeños y medianos productores.

Desde el punto de vista de las organizaciones sociales y los movimientos populares el TLC sigue siendo nefasto para el país. La negociación del tratado se realizó sin estudios de impacto y agenda prioritaria y con una escasa o nula participación de la sociedad civil. La aprobación del Tratado genera impactos negativos a la economía nacional y peor aun a las economías populares, al no reconocer la asimetría entre estas y la economía de las grandes empresas trasnacionales y de los Estados Unidos. Hay innumerables protestas por la aprobación de la ley de implementación, antes que los compensadores sociales.

2. EL SUBE Y BAJA DE LOS PODERES HEGEMONICOS

La pugna de intereses y el juego de alianzas y desacuerdos permanentes entre los tres poderes que desde la firma de la paz han venido disputándose la hegemonía en el país y especialmente en la toma de decisiones, ha seguido siendo determinante del acontecer nacional, económico, político y social.

1. La posición de las trasnacionales:

Desde finales de las últimas elecciones generales la postura de Washington fue de imparcialidad, pero ya con el nuevo Gobierno, el Departamento de Estado ha manifestado con diferentes lenguajes su apoyo incondicional al Gobierno de Berger. Aumentó la ayuda. Restableció la ayuda militar. Sus representantes diplomáticos en Guatemala se han abstenido de cualquier crítica, a pesar de algunas posturas críticas respecto a la entrada en vigencia del tlc y la intención de amurallar la frontera del Río Grande para dificultar el ingreso de emigrantes indocumentados. Incluso ante la reducción de decomisos de droga, que bajaron de manera alarmante en 2004,2005 y 2006 y la información sobre corrupción en el gobierno vinculada a narcotráfico, trata de personas y extensión de visas.

Eso sí, jamás eeuu ha cedido en asuntos de fondo como revisar el tlc para mejorar la posición de las industrias locales, otorgar el tps o bajar la presión sobre reformas a la ley de propiedad intelectual. La embajada de eeuu en Guatemala sacó al Gobierno de Guatemala la concesión de firmar una cláusula de excepción al Tratado de Roma en materia de extradiciones de estadounidenses, aunque ninguno de los dos países –Guatemala y eeuu- ha ratificado el tratado. Y a renglón seguido eeuu asumió, paulatina pero consistentemente, funciones de seguridad. Washington ya no pidió decomisos de droga, pues aparentemente sus fuerzas lo hacían; en cambio demandó las cabezas de los capos de la droga y dio una muestra: invitó a los jefes guatemaltecos de la oficina encargada de combatir el tráfico de narcóticos y los capturó en eeuu. Las tropas estadounidenses se han vuelto cada vez más densamente parte del paisaje guatemalteco sobre todo en zonas como Petén, por el control que tiene el narcotráfico de ese territorio. Es común ver en ese departamento, pero también en Sololá y las regiones fronterizas, helicópteros artillados con bandera estadounidense.

2. Divisiones dentro del empresariado:

Al contrario de lo que se esperaba, la ascensión nuevamente, por parte de los empresarios al poder político, ha generado luchas internas por la distribución de poder y la conformación de grupos con intereses específicos, dentro de los cuales el mas significativo ha sido el grupo de agroexportadores y ahora financieros, amigos y ex compañeros de estudios del Presidente, como un grupo cerrado, vinculado al Opus Dei y con posiciones conservadoras que les han distanciado de los otros grupos, llegando hasta a descalificar la autoridad moral de los Obispos Católicos, diciendo que no les corresponde tratar asuntos terrenales, como el problema de la tierra o de la minería a cielo abierto.

La existencia de este grupo ha sido aprovechada por el FRG para fraccionar y debilitar a la Gran Alianza Nacional (GANA), como fuerza política de los empresarios en el Gobierno, proponiendo una Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar, Acuerdo No. 30-2006 que ha sido rechazada por el Opus Dei y consecuentemente vetada por el Presidente, aun contra la voluntad y el voto de los diputados, muchos de los cuales miembros de la Bancada de la Gran Alianza Nacional GANA. Esto ha sido un golpe político maestro, que no solo ha terminado de disolver la gran alianza, sino que, unido al veto contra la Ley de apoyo para la mayor edad, le ha generado antipatías en temas muy sensibles de la sociedad, como los derechos de las mujeres, las convicciones religiosas y el respeto y aprecio a los ancianos.

En cuanto a los intereses económicos, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con eeuu tampoco ha quedado al margen de contradicciones entre industriales locales, agricultores, financieros y comerciantes exportadores. Los financieros y los comerciantes exportadores agrupados en el Gremial de Exportadores no Tradicionales (agexpront) con mayor influencia en el Ministerio de Economía, se pronunciaron porque el Tratado cobrará vigor a la brevedad, mientras los agricultores e industriales querían que se postergara mientras trataban de renegociar la ampliación de los plazos de las desgravaciones arancelarias de sus productos. En la negociación del TLC los tradicionales monopolios de la cerveza, licores, cemento y otros, no tuvieron representación de sus intereses y no quedaron protegidos.

Siempre en el campo económico comenzó a percibirse una serie de movimientos y diferencias entre la cúpula empresarial, por conflictos familiares, rivalidades entre bancos, como en el caso del Banco de Café del cual el Secretario General de la Presidencia y precandidato presidencial es prominente miembro de la Directiva o la vinculación de algunos funcionarios a empresas que han recibido concesiones petroleras o mineras, afectando la empresas de otros que también forman parte del actual gobierno. También ha habido luchas por la participación y adjudicación de los Megaproyectos, como el de la Franja Transversal del Norte, las ampliaciones del aeropuerto nacional y el Anillo Periférico Metropolitano. Las diferencias se agudizan cuando algunos grupos negocian separadamente con los partidos políticos, como el Frente Republicano Guatemalteco a cambio de prebendas e impunidad.

Como consecuencia de todo esto la desbandada ha comenzado a darse en el partido de Gobierno, dándose un nuevo juego de acomodos y reacomodos que podría terminar favoreciendo nuevamente al partido y a las fuerzas que han sido acusadas de estar relacionadas a la estructura paralela y de favorecer al narcotráfico y al crimen organizado.

En dos años de Gobierno la impresión que queda es que los grupos económicos de carácter oligárquico que apoyaron la candidatura de Berger, se han dedicado a ampliar sus privilegios y a desarrollar nuevos mecanismos para la acumulación de riqueza y el aumento de sus ingresos. El proyecto empresarial se la limitado a impulsar la inserción a la economía global basada en la explotación de los productos primarios y la explotación trasnacional de los recursos naturales y la entrega de los megaproyectos y la infraestructura al capital privado. Se ha tratado así mismo de mantener una fuerza de trabajo barata, con una política salarial que no compensa la perdida del poder adquisitivo y una política de desalojos violentos en contra de los campesinos en las invasiones de fincas improductivas, en defensa extrema de la propiedad privada.

El ministro de Gobernación Carlos Vielman, es el primer ministro civil del periodo democrático con poder real. Es un poder que se deriva de las grandes corporaciones industriales y tiene una misión estructural: modificar la relación histórica de subordinación de las corporaciones, en materia de seguridad e inteligencia, hacia el Ejército y sus aparatos.

Inicialmente se pensó que en el Gobierno actual había tomado la decisión de erradicar del control de las instituciones publicas a los grupos del crimen organizado contrainsurgente y narcotraficante, pero la acción real solo se concretó a la persecución judicial de los hechos mas notables de corrupción y saqueo y en la denuncia de los que fueron los mas altos funcionarios del Gobierno anterior, en lo que finalmente tampoco se ha llegado a nada. La persecución solo ha servido para negociar impunidad a cambio de apoyo político a iniciativas

En ningún momento se ha planteado políticas ni acciones encaminadas realmente a la desarticulación a fondo del crimen organizado y el narcotráfico, haciéndose imposible reactivar la iniciativa de una comisión de investigaciones y desarticulación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CICIACS), terminándose con una Ley Contra el Crimen Organizado, que fue aprobada después de muchas modificaciones pues hasta resultaba mas bien favoreciendo a delincuentes que ya se encuentran cumpliendo condenas. La Ley fue declarada de ''urgencia nacional'' el miércoles por la noche con el voto de los 107 diputados presentes en el congreso, conformado por 158 escaños. Luego la aprobación de los artículos de esa ley se hizo con 84 votos debido a que algunas bancadas no estaban de acuerdo con la totalidad de la legislación por considerar que deja muchas libertades a la fiscalía. Entre estas libertades está la de no requerir autorización de un juez para las escuchas telefónicas, entregas de droga y agentes encubiertos. La aprobación de dicha ley había sido solicitada por la Embajada estadounidense en Guatemala como una herramienta para combatir mejor a las bandas de narcotraficantes que operan en el país.

Pareciera que ante la incontrolable y desorbitada violencia criminal, la articulada corrupción policial, los continuados problemas en las cárceles, se tratara de dejar ventanas abiertas para acciones ilegales como los degradantes operativos de la mal llamada “limpieza social” de cuyo reaparecimiento hay claras muestras en los últimos meses.

3. El poder y la recomposición del crimen organizado

Es claro que el arma principal frente a los otros poderes, para obtener ventajas en el proceso de trasnacionalización, por parte de los poderes que se han identificado con la contrainsurgencia, el narcotráfico y el crimen organizado es la inestabilidad que genera la violencia que cada vez llega a niveles mas altos cuantitativa y cualitativamente. En el año 2005 se contaron en Guatemala 5,338 homicidios, 770 mas que en 2004. La dirección y la intención terrorista de esta violencia se manifiestan en el asesinato de mujeres, que llegó a más de 500 en 2005 e incluso de menores de edad que llegaron a sumar cerca de 334. Muchas de las acciones son planificadas y dirigidas desde el interior de las mismas cárceles y utiliza la las maras cuya estructuración también tuvo claros orígenes contrainsurgentes, en la etapa del conflicto.

Se ha evidenciado ahora, que no solo el Frente Republicano Guatemalteco FRG del General Ríos Mont, podría haber sido expresión política de la estructura paralela, la cual ha logrado infiltrar a los demás partidos y muchos de los mas altos espacios de decisión y del poder público del Estado, el Congreso de la Republica y el Organismo Judicial, llegando a una recomposición de sus estructuras y de su fuerza militar, que se fortaleció el año anterior con las varias fugas de reos calificados de alta peligrosidad, en las que evidentemente se ha dado la participación de funcionarios con influencia y poder. También seguramente se aprestarán a la participación electoral para retomar el poder político y gubernamental, con partidos como Convergencia Nacional dirigido por la plana mayor de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala avemilgua y otros militares retirados o el partido El Patriota que se desvinculó recientemente de la Gran Alianza Nacional.

Justamente el campo de la seguridad continuó minado. Las encuestas públicas reflejan que la Policía se ha convertido en un factor crítico de inseguridad. De hecho, esa entidad ha pasado a ser calificada como la más corrupta del sistema oficial. Hay denuncias de que los agentes policiales fijan puestos de asalto abierto de transeúntes y automovilistas después de cierta hora de la noche, se han multiplicado en la capital y los municipios cercanos, como Villa Nueva, Villa Canales y Mixco. Se tiene indicios de que los jefes de las comisarías 14 y 15 y su personal son parte de una banda que se dedica al robo de camiones cisterna y furgones, luego de haber localizado, en mayo, una pipa de combustible que estaba siendo descargada en una gasolinera propiedad de un diputado.

Nuevamente el Ejército también se ha visto también involucrado en las redes del crimen organizado en actividades delictivas. Miembros del cuerpo de elite denominado “kaibiles”, fueron capturados en México participando en los carteles del narcotráfico.

Continúa también de manera lenta pero incisiva la lucha, presión y acción de los grupos paralelos criminales en un proceso de trasplante de su economía hacia la economía formal. Aunque no es un fenómeno enteramente nuevo, básicamente la economía criminal proveniente del narcotráfico se movía a sus anchas en la marginalidad (pueblos provincianos y zonas rurales) y en la informalidad. Ocurría a través de la compra de fincas y bienes raíces, y de la construcción de inmuebles. Es probable que el endurecimiento de la legislación internacional sobre lavado de dinero esté forzando el aceleramiento de formalización de la economía criminal.

Eso la lleva a penetrar todo el sistema público y el sistema bancario con mayor fuerza y a buscar sociedad con grupos de familias ya instaladas cuyo record de posesiones y roces con la alta sociedad las pueden librar en apariencia de ser sospechosos de enriquecimiento rápido. De hecho, según técnicos financieros internacionales, ocho bancos del sistema local estarían seriamente asociados a operaciones de blanqueo de dinero. De esa influencia, desde luego, no se escapa la política –varios diputados han sido denunciados en las últimas semanas de sostener vínculos con el narcotráfico-, sobre todo en época electoral, ni, como se ha constatado, los órganos de seguridad y persecución penal.

Si no hay una fuerza capaz de investigarlos y desarticularlos estos grupos incrementarán su poder y podrán acceder nuevamente al poder político formal, lo que les permitirá mas fácilmente transitar hacia una nueva etapa de poder y de restablecimiento de alianza con sectores de la oligarquía y del poder trasnacional.

3. EL EQUIPO GUBERNAMENTAL Y SUS VICISITUDES

El presidente Óscar Berger y su Gobierno ya se muestra consumido. Los movimientos que se viven en torno al poder de Gobierno transmiten la misma sensación de final anticipado de periodo. Si la cohesión operativa de ministros, secretarios y comisionados, durante 2004 y 2005, fue baja, ha disminuido con mayor velocidad en 2006.

Desde el principio se evidenció que dentro de la Gran Alianza Nacional GANA, la unidad era superficial. Sin un proyecto nacional o un planteamiento ideológico que les cohesionara, rápidamente afloraron las diferencias entre los grupos y sectores que lo integraban, por mejor colocarse ante el proceso de trasnacionalización que es el realmente el imperante. La alianza ha terminado sin avizorarse posibilidades de sucesión dentro del mismo sector en el que las tensiones por la misma, se comenzaron a dar cuando apenas arrancaba la gestión, no obstante la repartición de cargos y espacios.

El grupo mas influenciado por el Opus Dei ha buscado la cohesión promoviendo una confesión social cristiana basada en principios del personalismo que en la década de los años cincuenta, después de la segunda guerra, fundamentó el nacimiento de la democracia cristiana en Europa y varios países de América Latina, como alternativa a los movimientos sociales y políticos de la izquierda social demócrata y marxistas. En esta línea se han realizado eventos patrocinados por la Universidad Landivar, ASIES o la Universidad del Istmo, con invitados suramericanos que militan en la oposición a los nuevos gobiernos de Venezuela, Brasil y Argentina.

Alrededor del vicepresidente Stein, se ha configurado otro grupo dentro del Gobierno, integrando a varios personajes con influencia en la planificación nacional, las secretarías de la Presidencia, los Derechos Humanos y la Embajadora de Buena Voluntad. Este grupo ha sido mas afín a los intereses de estabilidad, desarrollo y gobernabilidad que le interesa al gobierno de EEUU para el país, por lo que con la simpatía de los embajadores especialmente de EEUU y Europa, cuyo apoyo ha promovido y gestionado, ha sumido el impulso dentro del Gobierno de los planes de desarrollo, el dialogo con los sectores sociales, la incorporación de dirigentes indígenas, el arreglo de las crisis provocadas por el Presidente y su grupo y lo relativo a las políticas para la lucha contra la pobreza conforme las Metas del Milenio, llegando incluso a comentarse su renuncia si no se incrementaba el gasto social en el Presupuesto Nacional. Últimamente también ha asumido el impulso de un segundo intento para la constitución de la Comisión Nacional para la investigación y desarticulación del crimen organizado CICIACS. Este grupo trató con la comunidad internacional la relación privilegiada del Gobierno. Prácticamente pasó a orientar la cooperación y forzó ciertos relevos en los representantes de organismos multilaterales en Guatemala. El espacio político que internamente se le fue constriñendo en estos dos años trató de compensarlo en esta otra vía. Stein ha explicado o justificado las falencias gubernamentales y ha descargado responsabilidades acudiendo a la denuncia de la infiltración y la acción dentro del Gobierno de la estructura paralela y el crimen organizado y sus acciones de desestabilización y crisis política.

No obstante todo esto hay una coincidencia de que el Gobierno pasa por un debilitamiento general, del que no podrá recuperarse. Uno de los aspirantes a la Presidencia, el militar retirado Otto Pérez se separó temprano de la nave gubernamental en la que era comisionado de seguridad y el último domingo de marzo pasado lanzó oficialmente su candidatura a la Presidencia, postulada por el Partido Patriota. Otro aspirante, Luis Flores, recién abandonó su cargo como director del fis y comisionado de megaproyectos, para disputar la postulación del pan, un partido ya disminuido en sus filiales aunque con un símbolo poderoso. En el Gobierno solo había quedado el secretario Ejecutivo, Eduardo González, quien ahora se ha lanzado a disputar la nominación a candidato presidencial por la GANA. Otro aspirante a candidato, ha sido Álvaro Aguilar, ministro de Agricultura, un funcionario gris.

Sin una orientación conocida la propuesta de “Vamos Guatemala” han sido vista mas bien como un reacomodo de los planes anteriores, pero sin plantear nada nuevo, confirmándose en cierta forma el comentario general de que el Gobierno nada mas ha sido tomado por los empresarios que lo ejercen como un medio de defensa de sus intereses, tendencia que se ha manifestado en la asignación de los megaproyectos y hasta en el Plan de Reconstrucción después del desastre provocado por la tormenta Stan y su implementación.

Un problema persistente ha sido la falta de recursos y el déficit fiscal, pues la recaudación en lugar de incrementarse ha descendido de un porcentaje del 10.26 del PIB conseguido en 2003 a un 9.94 en 2005; resultado que tiende a mantenerse en 2006 en pleno incumplimiento de lo establecido en los Acuerdos de Paz y en el Pacto Fiscal, que continúa sin ejecutarse. A la insuficiencia de los recursos tributarios hay que agregar el aumento en las demandas sociales por la crisis del café cuyos efectos se siguen enfrentando y los desastres naturales que se anuncian también para el presente año. Una esperanza para incrementar la recaudación se encuentra en una “ley antievasión” que se encuentra pendiente de aprobación, aunque comentarios sobre la misma consideran que no aborde el problema estructural de la evasión, exoneración y elusión fiscal.

Un fuerte temor en la población es que el Gobierno siga recurriendo fácilmente a la deuda pública interna que gravará más al país en beneficio del sector financiero local en proceso ahora de trasnacionalización y muy bien representado por los gobernantes.

Los fondos sociales han seguido siendo manejados como redes de clientelismo político con gobiernos municipales y consejos de desarrollo y sin mayor incidencia sobre la pobreza, asignando buena parte de las decisiones a los gobernadores departamentales en relación con los diputados, cuya incidencia se ha incrementado como se evidenció en el manejo del programa llamado PACUR de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia que en 2005 y 2006 tiene asignados 600 millones de quetzales (casi 2 millones promedio por municipio) de gasto discrecional para obras aprobadas por los diputados. Cuando el tema se hizo escándalo mediático, el Gobierno intentó controlar daños y entró a un esfuerzo de emergencia que se ha ampliado a redefinir el concepto y gasto de los fondos sociales y a trazar una estrategia de transparencia.

La adjudicación de obras en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (civ) ha estado también poblada de señalamientos de tráfico de influencias, pago de comisiones ilícitas y sobre costos. Aunque se ha constituido una Comisión Nacional de Vivienda CONAVI con la participación de banca privada ONG y organizaciones de pobladores, las asignaciones de los recursos se siguen canalizan por medio de las Municipalidades y el Pacur con orientación más política y sin la participación de la CONAVI.

También se ha criticado al Ministerio de Energía y Minas por la asignación irregular de licencias de exploración y explotación en el campo de la minería metálica y el petróleo y la asignación de contratos de dos megaproyectos, el Anillo Periférico Metropolitano y la Franja Transversal del Norte (ftn).

Los fideicomisos concentran, en promedio en los últimos diez años, el 15% del gasto público. Se trata de una figura privada del Código de Comercio trasplantada –con dudosa legalidad- a la ejecución del gasto de inversión que opera como cuenta privada del alto funcionario. Trasladando bajo la figura del fideicomiso los fondos públicos, un banco comercial administra los recursos y los asigna al ente privado de acuerdo a los términos del contrato. En tal caso no existe ninguna fiscalización por no estar sujetos estos entes a la Ley de Contrataciones del Estado. .

Cada día son más las organizaciones no gubernamentales ONG que trabajan con fondos públicos, pero el mecanismo ya ha generado desconfianza pues se ha utilizado el mecanismo para evadir la fiscalización. El traslado de la administración de fondos a ong y organismos internacionales se sostiene únicamente en el artículo 13 de la Ley de Presupuesto de la Nación que cada año viene aprobando el Congreso de la República. Según ese artículo las entidades de Gobierno pueden transferir recursos a las comunidades, ong y organismos para la ejecución del gasto. El artículo de la ley no cuenta con reglamento ni mecanismo de control. Por tanto, la responsabilidad del manejo de los recursos públicos se diluye entre entes privados que no son sujetos de fiscalización. Los casos de irregularidades en el manejo de esos recursos han sido abundantemente documentados por la prensa, por lo menos, desde 1999 cuando oim empleó recursos del Fondo Nacional para la Paz destinados a refugiados para mejoras de un campo deportivo y ahora, en 2006, cuando la misma entidad ha venido administrando fondos de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia para obras manejadas por diputados (los llamados pacur). En el caso de las ong sin capacidades ni respaldos, los casos han abundado en los últimos tres gobiernos, de manera más documentada en la administración de Portillo.

Hasta diciembre de 2005, había un mil seiscientas entidades especiales ONG, fundaciones, patronatos, comités, asociaciones que se registraron para utilizar fondos del Estado, ahora son casi dos mil, de las cuales solo 68 publican sus contratos por el sistema oficial de compras denominado Guatecompras.

En materia de educación, el Estado de Guatemala sigue siendo el que menos porcentaje del PIB asigna a la educación, constituyéndose este factor en una de las principales limitaciones que tiene el país para dar un salto cualitativo en esta materia. Dentro del actual gobierno el Ministerio de Educación es el que mas ha generado contradicciones, pues la imposición de otro modelo que ha tratado de implementar con una mentalidad neoliberal y empresarial en la orientación de las reformas y la forma de imponerlas le han enfrentado al magisterio nacional, en una de las principales crisis del actual Gobierno, la cual coincidió con las movilizaciones generadas por la crisis agraria; en ambos casos el Gobierno ha tratado de hacer prevalecer los intereses del sector oligárquico al que representa, respaldado por los medios de comunicación, en manos de estos sectores.

La gran crisis de inseguridad ciudadana que se incrementa cada vez más en la sociedad guatemalteca, sigue siendo otro punto de mayor debilidad del Gobierno actual. Las estadísticas indican un incremento en las cifras de asaltos, muertes violentas, hechos delictivos y asesinatos de mujeres y niños, así como una disminución en los niveles de incautación de drogas, aunque ahora sin la reacción que ha tendido el gobierno de EEUU frente a gobiernos anteriores. En 2005 se contaron 5,338 homicidios, 770 más que en 2004 y 1,101 más que en 2003. El 90% de los asesinatos de 2005 se cometieron con armas de fuego. Se calcula que en el país existen entre setecientos mil y un millón y medio de armas en manos privadas, sin control del Estado. Solo en el mes de enero del año en curso ya se registraron 398 muertes violentas. A todo esto hay que agregar el altísimo número de asaltos y robos, especialmente en los medios de transporte urbano y extraurbano.

Un agravante es el colapso de toda la institucionalidad vinculada al sistema de seguridad y justicia, debido a la infiltración dentro de Estado de los poderes paralelos del crimen organizado, pero también a la extraña oposición de las autoridades al establecimiento reinstituciones y acciones internacionales en las cuales tengan que compartir control y conducción con organismos externos, como ha sido el caso con la creación de una Comisión para la investigación de cuerpos ilegales y asociaciones clandestinas contra la seguridad (CICIACS) cuya creación sigue siendo obstaculizada aun con la nueva propuesta adaptada a las objeciones de la Corte de Constitucionalidad, que promueve la Vicepresidencia de la Republica. Otro ente irrelevante, desatendido por el propio mandatario, es el Consejo Asesor de Seguridad (cas), integrado por activistas de derechos humanos. En la propuesta del Foro Permanente de Partidos Políticos sobre creación del “sistema nacional de seguridad” se sugiere la desaparición del cas.

Últimamente se ha reintegrado a militares de baja en una fuerza de seguridad junto a la Policía nacional, bajo el mando del Ministerio de Gobernación.

La mayoría de la población desaprueba la gestión del Gobierno del presidente Oscar Berger, considera que la crisis estructural del actual Gobierno, producto de las divisiones y las contradicciones entre los sectores económicos y políticos que le sustentaban son irreversibles, como irreversibles están resultando el auge y generalización de la violencia social y el narcotráfico, el deterioro la economía popular, el déficit fiscal, la falta de un proyecto económico y político de mediano y largo plazo, así como la evidente falta de capacidad intelectual, política y técnica del Presidente.

Según los datos publicados por Prensa Libre, un 73,8% de los encuestados dijo estar insatisfecho con la gestión del actual Gobierno y solo un 24,5% estuvo complacido por el desempeño del gabinete. El sondeo fue realizado por la empresa Vox Latina entre 1.200 personas del 19 al 26 de julio en todo el territorio nacional y tiene un 95% de confiabilidad. Del total de la muestra, un 84,2% considera que el país va por mal camino.

El 76,6% de las personas consultadas dijo también que el Gobierno no está haciendo nada por solucionar los problemas más serios del país. De los encuestados, un 58,92% opinó que la violencia es el principal problema mientras que un 14,25% señaló a la pobreza y otro 8,33% consideró el desempleo como problemas prioritarios.

Otra de las mediciones hechas en el sondeo fue la popularidad de Berger, la cuál ha caído del 54,1% en el 2002 cuando inició su gestión como presidente hasta 24,5% en esta última. Un 44,6% de los encuestados dijo que nunca le cree al Presidente cuando habla y un 67,8% no cree que tenga la capacidad de resolver los problemas de Guatemala. Un 76,3% no cree que los funcionarios del Gobierno sean honrados.

La ultima oportunidad de frenar una debacle política y social de incalculables consecuencias, se estaría cifrando en el diálogo o acuerdo nacional al que convoco el Gobierno, después de las movilizaciones campesinas del 20 de abril ultimo, tras las reuniones que sostuvieron los dirigentes populares con representantes del Gobierno y que ha seguido avanzando no obstante la duda de que a menos de veinte meses de concluir este periodo gubernamental, alguien pueda asegurar que se cumplirán los compromisos que conlleva el dialogo, cuando la experiencia de los innumerables diálogos planteados por el Gobierno, han terminado en nada o cuando se ha llegado a acuerdos, estos han sido burlados por el mismo Gobierno.

Las autoridades plantearon un plazo de tres meses para dialogar y llegar a acuerdos sobre cuatro puntos: desarrollo rural, salud y nutrición, pueblos indígenas e inclusión, así como, transparencia y auditoria social. Los temas de seguridad, reforma educativa y régimen fiscal ya cuentan con instancias de dialogo. El Gobierno se comprometió a atender catorce puntos propuestos en el dialogo del 20 de abril. La invitación fue cursada a sectores populares, sindicales, humanitarios, empresariales y académicos. El Movimiento Indígena, Campesino y Popular no estuvo dispuesto en su totalidad a participar en el dialogo por la desconfianza que han generado los incumplimientos anteriores, pero con la decisión de uno de sus miembros, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), de participar, posición a la que se sumo la Asamblea Nacional del Magisterio, considerando ambos que no es un regalo del Gobierno sino una conquista de las organizaciones populares. El Comité Coordinador de cúpula empresarial CACIF, ha manifestado desde el principio dudas sobre la importancia de impulsar este dialogo, que ya presentó dificultades en la integración de la mesa que discutirá el tema agrario pues la propuesta de los campesinos de que se incluya el tema de la expropiación de tierras, ha sido calificada de radical por empresarios y funcionarios del Gobierno. Finalmente se han retirado de la mesa, argumentando que el representante de la Corte Suprema de Justicia, que animaba la discusión sobre tribunales agrarios, se parcializó a favor de los campesinos.

El Gobierno ha tratado de mantenerse vigente supeditándose cada vez más al Gobierno Norteamericano bajo cuyos auspicios disputa con Venezuela un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Para lo cual incluso cambio al ministro de Relaciones Exteriores, nombrando en el cargo de Gert Rosenthal en sustitución del actual canciller Jorge Briz. Este nuevo Ministro ha sido un tecnócrata formado en el seno de Naciones Unidas. Fue embajador de Guatemala ante ese foro internacional y tendrá bajo su cargo la última etapa de cabildeo para conseguir los votos necesarios. Durante su periodo como embajador de Guatemala en Naciones Unidas ocupó la presidencia del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).

Briz se había desempeñado como canciller desde la instalación del actual Gobierno en enero de 2004. Es Secretario General del Movimiento Reformador, uno de los tres partidos que conformaron la alianza política que llevó a la presidencia a Berger. Tras su salida los cuatro diputados que representan a ese partido en el Congreso, anunciaron que ya no formarán parte de la bancada oficialista.

II.4MÁS DETERIORO ECONOMICO PARA LOS SECTORES POPULARES

La tremenda desigualdad en el acceso a los medios de producción y la injusta distribución del ingreso que tienen a un 57% de la población en la pobreza y el 28% en la extrema pobreza, esta determinando que en las condiciones coyunturales actuales estos índices aumenten negativamente, especialmente en la población indígena rural establecida en el altiplano occidental.

A la crisis del café que provocó la pérdida de unos 80,000 empleos en la agricultura, y un retroceso en los indicadores de desarrollo humano en la región del altiplano occidental donde se asienta la mayoría de la población indígena rural pobre, hay que sumar el que la tormenta Stan, en el suroccidente destruyó activos productivos de la economía campesina y sus inversiones de futuro: las cosechas, que darían la base de sustento para los siguientes seis meses, en tanto que se preparan los suelos y ocurre la siembra y se llevan a cabo múltiples actividades comerciales de pequeña escala, así como migraciones estacionales. Las organizaciones indígenas pidieron al relator de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas que solicite al Gobierno un verdadero apoyo para las comunidades indígenas afectadas directa e indirectamente por el huracán Stan, pues no se ha cumplido con la atención medica ni alimentaría acordada y hay mucho retraso en la reconstrucción de vivienda y de infraestructura básica, además de que no se ha hecho mayor cosa para evitar que en esta nueva época de lluvias mas comunidades sean victimas de desastres por estar ubicados en lugares de alto riesgo.

La pérdida de capacidades productivas ha obligado en muchas comunidades del sur, occidente y noroccidente a emigrar anticipadamente en busca de medios de sustento familiar. Pero el Stan se extendió a una zona de reserva de empleo guatemalteco –Chiapas- a donde tradicionalmente emigran en el periodo de corte de café entre 60,000 y 80,000 jornaleros. La destrucción de casi el 50% de las plantaciones de café en esa región de México ha eliminado la demanda de mano de obra foránea y, de paso, ha empujado hacia abajo los salarios deteriorando las prestaciones laborales. Eso estimula la emigración de mujeres que se emplean normalmente en trabajos domésticos en las ciudades del sur de México.

A lo anterior habrá que sumar el daño que causara la entrada en vigencia del TLC con EEUU, que afectara aproximadamente al 53 % de hogares rurales, con el ingreso al país de productos agrícolas subsidiados procedentes de EEUU, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo BID titulado “Los posibles efectos de la liberalización comercial en los hogares rurales centroamericanos a partir de un modelo desagregado para la economía rural: caso Guatemala” Según este estudio, 657 mil 922 hogares rurales que aun cultivan granos básicos para su autoconsumo, necesitarán algún tipo de subsidio o transferencia para enfrentar los cambios del TLC con EEUU. Se calcula que unos 996 productos agrícolas norteamericanos ingresarán sin pagar aranceles. Unos 427 lo harán de manera inmediata, 104 en un plazo de cinco años, 143 en diez años, unos 180 productos recibirán trato de libre comercio desde la entrada en vigencia y el resto lo harán en plazos hasta de 20 años.

Todavía dos hechos mas atentan contra le economía popular y principalmente en el occidente rural del país y son las medidas en los EEUU en contra de los emigrantes, tanto la criminalización de los indocumentados, como la planeada grabación de impuestos a las remesas que se espera sean entre 3 mil 400 o 4 mil millones para 2006 y que constituyen el amortiguador para el corrimiento hacia la pobreza y pobreza extrema de decenas de miles de familias. Globalmente esas remesas han superado a cualquiera de los productos de bienes de exportación y son un factor dinámico de transformación de las economías locales, facilitando la supervivencia y pequeñas inversiones sociales (educación), de infraestructura (vivienda) y comercio (incluyendo adquisición de vehículos y medios de comunicación).

El otro hecho esta determinado por el alza internacional de los precios del petróleo que ha provocando una aumento inusitado de los precios de los combustibles y con ellos del transporte, la energía eléctrica, el gas propano y la canasta básica.

Entre tanto, el sistema económico guatemalteco seguirá acumulando déficit de empleo, considerando que de los 125,000 jóvenes que anualmente ingresan al mercado de trabajo sólo un 20% logra una colocación más o menos estable. Con un gasto social en general débil, con iniciativas de baja articulación entre Estado, organismos civiles y empresa privada, y con una oferta educativa que adhiere parcialmente sólo a ciertos estratos sociales –entre los cuales no se incluyen los pobres-, tampoco se está deteniendo la inercia que empuja a los jóvenes a las pandillas y, posteriormente, a la actividad criminal.

Así, el panorama social es poco auspicioso. En este año se podrían formar bolsones apreciables de población bajo la amenaza de la hambruna y, consiguientemente, caer bajo una lamentable anemia social. No se detendrá, quizá se acelere, el flujo de jóvenes que ingresan a las pandillas, el crimen y pasan al “factor” antisistema. Las capas medias bajas y las capas medias, integradas por trabajadores asalariados y por cuenta propia, ejecutivos y profesionistas, habitantes de zonas urbanas, crecientemente amenazados por la delincuencia y la extorsión de las pandillas, acentuarán, como reacción de supervivencia, su ruta hacia los núcleos ideológicos duros y conservadores a ultranza partidarios de la restricción o eliminación de las libertades civiles. Los grupos empresariales volátiles que, ante la imposibilidad de insertarse en la dinámica de la globalización, sirven de mampara a la economía criminal, particularmente como blanqueadores de dinero, seguirán mostrando que la descomposición social atraviesa verticalmente las clases.

5. EL MOVIMIENTO SOCIAL Y POPULAR

Después del reflujo que provocó la represión de los años del conflicto, el único efecto positivo que podrían tener para las comunidades rurales, los procesos de globalización y los macroproyectos regionales, seria que por el temor de que se apropien o destruyan los pocos recursos naturales que quedan, se este dando una etapa de unidad y de movilización social en las comunidades rurales y de articulación con los movimientos campesinos y populares a nivel nacional y hasta centroamericano, impulsando acciones conjuntas y abarcando las diferentes regiones del país, frente al proceso de trasnacionalización que implican el Plan Puebla Panamá, los megaproyectos y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

En comunidades rurales, especialmente de la población maya, asentada en el campo y en las montañas, con mas vocación de bosque y de turismo, que de producción agrícola; cuya mayoría parecía permanecer indiferente al acontecer nacional, mesoamericano, latinoamericano y mundial, ahora hay cada vez mayor conciencia de que los funcionarios del Gobierno están otorgando concesiones a empresas trasnacionales para exploraciones y explotaciones de recursos naturales, que se instalan en sus regiones, atentando contra los recursos y afectando las formas de vida y de salud de la mayoría de la población, sin dejarles ningún beneficio.

Las comunidades y los sectores pobres y empobrecidos, cuya mayoría es fundamentalmente indígena, rural y femenina, ven ahora mucho mas amenazada su existencia y sus posibilidades de sobrevivencia y mas fuerte el descontrol, la incertidumbre y la represión encubierta, que como se veía en los albores del conflicto armado a finales de los años setenta. Aunque vuelve nuevamente el dilema que ha durado los quinientos años de dominación, de qué es mejor, si someterse al poderoso o enfrentarlo, hay mayor interés en la población por la educación, la organización, la coordinación, el impulso de programas y proyectos, el fortalecimiento de las propias autoridades y la irrupción en los espacios públicos de decisión y de incidencia en el gobierno a nivel comunitario, municipal, departamental y nacional. El referente de la tensión social interna fue el de la autonomía frente al Gobierno y el peso real de las decisiones comunitarias, por ejemplo, en las formas propias de elegir autoridades. Por la calidad de su dirección local dos actores sobresalieron en estos ámbitos, mujeres jóvenes y liderazgos indígenas.

La diferencia ahora con los tiempos pasados, es que por ejemplo, al momento de la invasión española, las lecturas de los tiempos presagiaban un desastre histórico para los pueblos mesoamericanos y en estos momentos las lecturas mayas de los calendarios presagian la terminación de esta época obscura y el inicio del renacimiento, con una nueva era de reconstrucción, de paz, de progreso.

En parte inspirados en estas profecías y en parte por el sentido de conservación, muchos dirigentes, en muchas comunidades y en muchas organizaciones sociales escudriñan el horizonte, tratando de descubrir luces nuevas, sintiendo fuertemente los impactos nefastos de la generalización de la inseguridad, la violencia y la profundización de la pobreza, agudizados por la trasnacionalización neoliberal capitalista, el alza de los precios del petróleo que han provocado las amenazas belicistas de USA y la predicción de una serie de huracanes y sus consecuentes desastres, que ya se anuncian para este año y en general, para el periodo que aún queda para la terminación del actual periodo histórico, señalada en los calendarios mayas para más o menos en diciembre de 2012.

La articulación ha comenzado con la formación de coordinadoras municipales, que integrando comunidades, organizaciones sociales y organizaciones religiosas, trabajan por el fortalecimiento de la misma organización comunitaria, inciden en el Gobierno y la planificación municipal y son un vínculo para coordinaciones mas amplias a nivel departamental y regional. Las autoridades municipales, las autoridades indígenas y las mismas iglesias, están viendo, cada vez mas, que tiene que apoyar y que sumarse a las acciones de estas fuerzas sociales locales, que seguramente tendrán un papel importante en el desarrollo de programas y proyectos, el fortalecimiento de las economías locales y en las elecciones del año próximo.

En los últimos tiempos hay acercamientos significativos, que acortan la distancia que hay entre comunidades rurales y organizaciones locales, respecto a las organizaciones populares, sociales y políticas que tienen la incidencia a nivel nacional. Estas ultimas se están planteando también la importancia de la organización y acción comunitaria y de la articulación en todos los niveles, aunque todavía persisten pequeñas elites dirigenciales que en las organizaciones sociales no gubernamentales y el movimiento indígena, acaparan los contactos, la participación y la información nacional e internacional y no obstante la represión de que han sido objeto, incluso por el propio Gobierno, que no tuvo problemas para agredir anteriormente a comunidades y campesinos que en Sololá se oponían al paso de un aparato que serviría a una empresa minera en el occidente del país, como lo han hecho en el desalojo de muchas fincas ociosas que habían sido tomadas por las comunidades y organizaciones campesinas.

En el movimiento indígena la conformación de Waquib Kiej trata de restablecer unidad y de no repetir los conflictos y errores que desintegraron COPMAGUA, perdiendo un espacio que podría haber insistido y presionado para el cumplimiento de los acuerdos de paz que ahora ha quedado prácticamente relegado.

Resulta significativa la conformación del movimiento campesino, indígena y popular, con una imagen fuerte de unidad, luego que las respuestas ofrecidas por el Gobierno no han llenado las expectativas de sindicalistas, vendedores del mercado La Terminal, organizaciones del adulto mayor, representantes de radios comunitarias, dirigentes magisteriales y campesinos.

Originalmente habían anunciado el inicio de una serie de medidas que denominan “el Levantamiento Nacional Maya y Popular “, pero que se detuvieron por la posibilidad del Dialogo Nacional que está actualmente en desarrollo. Si no se avanza en el nuevo dialogo que han establecido con el Gobierno podría volverse a las acciones en forma gradual que terminaría con el levantamiento. Sin embargo, no es claro que existan todavía condiciones suficientes de unidad y movilización, como para emular los movimientos de la América del Sur.

Aunque es adelantarse todavía mucho en el proceso, es notable también que ciertos grupos locales con poder económico, principalmente de la pequeña burguesía comerciante indígena del occidente, antes vinculados a sectores dominantes regionales y nacionales, que ahora les están dejando por buscar su incorporación a la trasnacionalización, comienzan a ver la necesidad de vincularse y de construir procesos económicos locales y regionales, pero para que esto avance positivamente hace falta mayor conciencia de la situación y la recuperación de la identidad cultural que impulse a la solidaridad.

A estos hechos ha venido ha sumarse la movilización y la rearticulación que han provocado las amenazas en contra de los inmigrantes en los Estados Unidos, cuyas remesas que cada vez ganan mayor importancia en el ingreso nacional y en el sostenimiento de muchas familias y comunidades rurales. Esto hace que las búsquedas de cambios también se trasladen al campo trasnacional, viendo la importancia de los hermanos guatemaltecos que han emigrado a los USA, quienes contribuyendo significativamente a la economía nacional, tienen el derecho de incidir en las decisiones locales y nacionales, organizando su poder económico, político, técnico y cultural. Los movimientos actuales de apoyo a los inmigrantes, han rebelado que muchos grupos han logrado mantenerse en USA como comunidades, vinculadas a sus comunidades de origen en Guatemala, buscando preservar sus valores culturales y costumbres y su relación con el país

Ante este auge que está cobrando las luchas populares el Gobierno han reaccionado abriendo brechas de dialogo, pero en las que normalmente no se llega a nada, o promoviendo la ubicación y el ascenso dentro del Gobierno, de dirigentes sociales, indígenas, campesinos y hasta exguerrilleros, que tampoco logran hacer mayor cosa y terminan, tratando de justificar su permanencia en los cargos que les fueron asignados o como arduos defensores de las políticas y acciones gubernamentales. Actualmente existe incluso una coordinadora de dependencias oficiales ocupadas por indígenas y se estuvo considerando la participación del exalcalde indígena de Quetzaltenango, Rigoberto Quemé Chay, en las elecciones primarias de la Gran Alianza Nacional GANA, en el Gobierno, para designar candidato a la Presidencia de la Republica. El que terminó denunciando la utilización que querían hacer los empresarios de esta participación.

Es evidente que dentro se ha venido superando la supeditación que mantuvieron las organizaciones y coordinaciones del movimiento social respecto a las organizaciones políticas, dándose un movimiento social mas autónomo, aunque todavía persisten dentro del mismo grupos y elites con tendencias a la centralización y hegemonización del movimiento social, que dificultan el aglutinamiento de un sector cada vez mas grande de personas, grupos u organizaciones, especialmente profesionales e intelectuales, que han continuado en diferentes practicas de lucha social, impulsando programas, proyectos y acciones y que, aunque dispersos y atomizados, siguen siendo el potencial de una fuerza social importante.

Entre los ex pac también hubo un parte aguas. El gobierno de Berger comenzó la aplicación del pago exigido por los ex patrulleros bajo la envoltura de un programa de reforestación, lo cual hizo que el movimiento adquiriera en definitiva varias direcciones. Algunos líderes fueron asimilados por el Gobierno, otros le hicieron coro a los partidos de oposición –entre ellos el Patriota y el pan- o a comités pro partido –como Convergencia Nacional dirigido por la plana mayor de avemilgua y otros militares retirados.

2. LOS DESAFIOS DE LA COYUNTURA ACTUAL PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

• Articular la fuerza o movimiento social que se está gestando desde las comunidades rurales y urbanas con los procesos nacionales y mesoamericanos.

La radicalidad de los procesos que está imponiendo la trasnacionalización en nuestro país, ha llegado directamente a las mismas comunidades urbanas y rurales, no solo como la profundización y agudización de la pobreza, sino también como el despojo directo de los recursos naturales con los que hasta la fecha habían logrado sobrevivir. Se ha llegado al momento en el que la mayoría de la población en las comunidades piensa que debe librar una lucha de vida o muerte.

Esto ha dado lugar a que se desarrolle temor y preocupación, entre la población, pudiendo desembocar en una mayor movilización popular, que puede ser para demandar y asumir mayor participación en el ejercicio de Gobierno, en la defensa de sus derechos y la reestructuración de su maltratada economía, o emigrando a los centros urbanos en busca de un empleo que nunca llegará y en los que muchos terminarán integrándose a acciones delictivas y al crimen organizado, agudizando mas una situación que ya promueven los resabios ocultos de la represión y la contrainsurgencia, para justificar su permanencia, la remilitarización del país y el ascenso nuevamente de regímenes autoritarios y violentos, en una nueva alianza con los poderes hegemónicos de la oligarquía y los intereses trasnacionales. Hay que tener en cuenta que se levanta una lucha de vida o muerte de las comunidades rurales.

Todo esto hace necesario entonces impulsar en la población un nivel mayor de conciencia política, de capacidad para atender sus necesidades inmediatas y de participación en las decisiones, que devuelvan la confianza en la organización y en las posibilidades de una lucha social y política para el cumplimiento de los acuerdos de paz, la justicia social, el desarrollo y la construcción democrática del país.

Esto implica la articulación de la lucha política desde las comunidades hasta la participación e incidencia que impulsa a nivel nacional el movimiento social. Para llegar a esto es necesario seguir impulsando la unidad y la coordinación en todos los ámbitos o niveles de la organización política del Estado, con la participación de la organización comunitaria y de las organizaciones locales, subregionales y regionales. La unidad y coordinación en estos diferentes ámbitos o niveles será posible sobre la base de agendas políticas que sean asumidas por la mayoría de la población y las autoridades, desde el Gobierno Municipal con un auténtico proceso de descentralización.

Es urgente y necesario la defensa de los recursos naturales de las comunidades y la defensa de las economías locales, las cuales solo podrán salvarse vinculadas entre si en subregiones y regiones de desarrollo con base en la identidad étnica y las dinámicas económicas existentes. El desarrollo capitalista en el país, al adaptarse a diferentes contextos, ha generado diferenciaciones, llegando a configurar regiones, en las cuales se ha impulsado modelos de acumulación y de relaciones económicas, sociales y políticas diferentes, con diferentes actores y también con diferentes dinámicas y lógicas de resistencia y sobrevivencia desde las cuales es posible generar coordinaciones populares y procesos alternativos de desarrollo autodependiente o autogestivo, que luego podrían articularse entre si. En Guatemala hay seis regiones con características propias y con proceso específicos de acumulación capitalista: Altiplano Occidental, Sur Occidente, las Verapaces, el departamento de Peten, el Oriente, el Área Metropolitana y la Costa Sur.

La estructuración y desarrollo de esta fuerza social implica la organización del poder local fortaleciendo las asociaciones de comunidades o coordinadoras que están surgiendo en los distintos municipios, para la atención, por un lado, de las necesidades y problemáticas inmediatas de la población y la reestructuración de las economías locales, subregionales y regionales y para fortalecer capacidad, por el otro, de incidir y participar en las decisiones y el ejercicio de Gobierno

Para la organización del poder local fortaleciendo las asociaciones de comunidades o coordinadoras en los diferentes municipios es necesario:

1. seguir fortaleciendo a la comunidad rural y urbana como el sujeto económico, social, político y cultural, pues la comunidad organizada sigue siendo el sujeto desde el cual se empieza a conformar el tejido social .

2. impulsar el fortalecimiento institucional de las asociaciones de comunidades y organizaciones sociales y sus coordinaciones desarrollando conocimientos, capacidades y habilidades

3. promover coordinaciones municipales con la participación de todos los grupos y organizaciones, capaces de fortalecer la organización comunitaria y de participar o asumir el gobierno municipal, los consejos de desarrollo y sus comisiones.

4. integrar y conformar coordinaciones territoriales y redes sectoriales, a nivel de subregiones o regiones

5. fomentar la formación, el posicionamiento político y la participación ciudadana política de dirigentes , así como la capacitación técnica y metodológica

6. investigar y estudiar las diferentes realidades y elaborar modelos o agendas de desarrollo

7. desarrollar programas y proyectos para dar respuestas concretas a necesidades inmediatas de la población

8. incidir con propuestas en la elaboración y ejecución participativa de políticas, planes, programas y proyectos en todos esos niveles de gobierno

9. ejercer el derecho de auditoria social a la función publica y a la función social.

10. defensa y promoción de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y las mujeres

Para la reestructuración de las economías locales el desafío está en el acceso de los sectores populares a recursos y medios de producción, especialmente la lucha por la tierra y el fortalecimiento de economías o dinámicas económicas subregionales y regionales que les permitan enfrentar los efectos negativos de los tratados de libre comercio, el Plan Puebla Panamá, la inversión trasnacional y demás mecanismos de la globalización capitalista neoliberal. El fortalecimiento de las economías populares regionales, implica:

1. conocimiento de los recursos naturales, organizativos y técnicos

2. estudio e investigación de potencialidades económicas y de mercado

3. incremento del crédito rural y comunitario

4. formación de redes de consumo y comercialización,

5. reconstrucción de las dinámicas económicas locales, subregionales y regionales.

6. integración de las comisiones de fomento económico en los gobiernos municipales y los consejos municipales de desarrollo y promoviendo su articulación subregional y regional.

7. acceso de los sectores populares a recursos y medios de producción, especialmente la tierra

El encuentro de los procesos locales y los procesos nacionales y regionales, implica:

1. la formación de nuevos líderes y dirigentes populares y sociales, con visión política, capacidad técnica y con metodologías democráticas y participativas.

2. la generación de espacios de encuentro, especialmente de organizaciones campesinas y comunitarias en lo rural, trabajadores y pobladores en las áreas urbanas y en general entre organizaciones sociales y populares

3. la comunicación, intercambio y consulta entre las organizaciones nacionales y las locales o regionales

4. el desarrollo de medios de información y consulta, entre los dirigentes sociales y populares que ejercen funciones publicas con los sectores a los que representan

5. convocar a las personas, grupos y organizaciones de dirigentes, intelectuales y profesionales para integrarse o apoyar las coordinaciones municipales y regionales

6. Superar el elitismo y liberar las fuerzas sociales para que se desarrollen y se integren.

• Reconstrucción de un paradigma unificador

Para reconstruir una plataforma ideológica, a falta de nuevos paradigmas positivos e iluminadores, sirve de fundamento, especialmente para la mayoría de la población que es maya, la interpretación de los calendarios antiguos, según los cuales se está saliendo de un periodo negativo de opresión y se está entrando a un periodo de renacimiento, de paz, de desarrollo, pero para que cumpla realmente esa función paradigmática, se hace necesario que se profundice sobre la cosmovisión y los valores culturales y especialmente sobre la aplicación de los mismos a las realidades y los procesos organizativos y sociales concretos, especialmente lo relativo a la concepción sistémica del universo y de todos los universos, como fundamento en la promoción de la unidad en todos los ámbitos, fortaleciendo y articulando las diversidades.

• Establecer un programa de estudios e investigaciones de la realidad nacional en apoyo a la accion de los procesos populares

La acción inmediata requiere también la creación de un programa de estudio, investigación y reflexión, vinculado a la acción, que promueva planteamientos de desarrollo local y regional que lleven a la configuración de planes o agendas de desarrollo en los diferentes ámbitos y niveles, mediante

1. El apoyo a los estudios de potencialidades económicas locales y subregionales.

2. La promoción de observatorios permanentes sobre la implementación de el sistema de descentralización y participación ciudadana, la implementación del TLC, la distribución de los fondos sociales, las concesiones mineras, hidroeléctricas y energéticas, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, las disposiciones relativas a las micro finanzas

• Defensa de los recursos naturales comunitarios

En estas condiciones el desafío estratégico para una construcción y estabilidad democrática está en el acceso de los sectores populares a recursos y medios de producción y el fortalecimiento de economías o dinámicas económicas regionales, lo cual implica la articulación de las organizaciones y coordinaciones de las comunidades rurales con el movimiento campesino en la lucha por la tierra.

• Enfrentar los efectos negativos de los tratados de libre comercio, el Plan Puebla Panamá la inversión trasnacional y demás mecanismos de la globalización capitalista neoliberal.

1. Promover información, análisis y discusión de los tratados

2. Hacer esfuerzos de sensibilización ante la opinión publica

3. Debate y acción en apoyo a economías locales alternativas equitables y sustentables

4. Debate y acción en políticas sociales

5. La relación con los movimientos sociales y populares de la América del Sur

6. Mantener la relación con los movimientos y la solidaridad internacional

7. El desarrollo de leyes y compensadores frente al TLC y la regionalización neoliberal

• Fortalecimiento de los emigrantes como una fuerza técnica, económica, social y política integrada al desarrollo integral del país

Además de que los emigrantes guatemaltecos en los Estados Unidos sostienen con sus remesas buena parte de la economía nacional, habría que estrechar la relación de los mismos con sus comunidades y con las organizaciones y coordinaciones de las mismas, territoriales y sectoriales, pues ellos son una fuerza que no solo aporta sus remesas al país, sino que además podría ampliar su relación y autoría con el desarrollo económico, social, político, tecnológico y cultural, de las comunidades, las regiones y el país en general, para lo cual habría que :

1. Promover el apoyo del Gobierno de Guatemala a la emigrantes guatemaltecos en USA y México

2. Luchar contra las iniciativas que imponen cobros y gravámenes al envío de las remesas y facilitar sus transferencias.

3. Completar el inventario de las organizaciones y comunidades de emigrantes

4. Relación de las organizaciones locales con los emigrantes mediante el envió de información y promoviendo su apoyo a programas y proyectos comunitarios y sectoriales, especialmente las redes de microfinanzas a las cuales podrían integrarse como asociados

5. Promoción del derecho de voto de los emigrantes

• Mantener la lucha por las reivindicaciones políticas, económicas, sociales y culturales de los campesinos, los indígenas y las mujeres

1. Consensuar agendas y generar propuestas y programas de desarrollo rural, reforma agraria, equidad de genero y participación de la mujer, interculturalidad y reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas

2. Incrementar la lucha por los derechos humanos integrales

3. Promover la participación de las mujeres y la inclusión de sus reivindicaciones y aportes en agendas sectoriales y en diferentes ámbitos

• Impulsar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz

Es necesario aumentar la presión para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en lo cual la solidaridad internacional juega un papel importante, pero al mismo tiempo, también debe fortalecerse los actores dentro del propio país, tanto a nivel nacional como al nivel de las iniciativas y coordinaciones que están emergiendo a nivel regional y local. La aplicación de los Acuerdos de Paz a las problemáticas concretas, así como el fácil acceso a materiales sobre estos y sus propuestas de aplicación, es la forma que mejor está dando resultado para difundirlos y promover la acción de la población en su cumplimiento. Consensuar y proponer una agenda conjunta del movimiento social y popular en los diferentes ámbitos

• Apoyar la desarticulación del crimen organizado

Los grupos clandestinos del crimen organizado son los responsables de la violencia, la inseguridad y la impunidad que se vive en el país, infiltrados y con conexiones con las instituciones del Estado. Dada su capacidad para corromper las instituciones públicas y debilitar el Estado de Derecho, plantean un grave peligro para la totalidad de la sociedad guatemalteca, por lo que es necesario exigir al Estado de Guatemala la voluntad política y la colaboración necesaria para el establecimiento e instalación inmediata de la Comisión para la Investigación de Grupos Clandestinos Ilegales -CICIACS- para que de manera urgente inicie funciones en la investigación y procesamiento para el desmantelamiento de los cuerpos clandestinos y aparatos ilegales de seguridad, enquistados en distintos niveles del aparato estatal y en sectores de la sociedad guatemalteca.

INDICE

LOS PROCESOS QUE CARACTERIZAN EL MOMENTO ACTUAL	01
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS	04
Corredor Biológico Mesoamericano, TLC y Plan Puebla Panamá, determinantes estratégicos en la coyuntura actual de Guatemala	04
El sube y baja de los poderes hegemónicos	07
2.2.1 La posición de las trasnacionales	07
2.2.2 Divisiones dentro del empresariado	08
2.2.3 El Poder y la recomposición del crimen organizado 09	09
El equipo gubernamental y sus vicisitudes	11
Más deterioro económico para los sectores populares	15
El movimiento social y popular	17
LOS DESAFIOS DE LA COYUNTURA ACTUAL PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	19

- Manolo García García es director de Servicios Jurídicos y Sociales, SERJUS