El bloqueo de carreteras realizado por unas veinte mil de personas aglutinadas en la Alianza Cívica por la Democracia, el pasado martes 25 de Julio, en diversas regiones del país y que fue coordinada por la Diócesis de Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras, provocó la interrupción vehicular por espacio de 12 horas en la carretera panamericana que comunica las fronteras de Guatemala y El Salvador. La acción obligó al mandatario hondureño, Manuel Zelaya Rosales, que días antes había amenazado con reprimir a los manifestantes si la protesta se llevaba a cabo, a buscar el diálogo y comprometerse con el obispo de Copán, Luis Alfonso Santos, a reunirse el martes primero de agosto, en San Pedro Sula para discutir las demandas. La Alianza Cívica por la Democracia, compuesta por la Iglesia Católica, patronatos, grupos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y comunidades afectadas por la explotación minera a cielo abierto, demandaron el cumplimiento de doce puntos, entre los cuales se destacan las reformas a la Ley de Minería, Ley de Agua y Saneamiento Ambiental y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Al filo de las seis de la tarde, la carretera Panamericana quedó despejada en su totalidad, debido a que el bloque se levantó gradualmente en cada uno de los cuatro retenes ubicados entre La Flecha Santa Bárbara y San Marcos de Ocotepeque. El Obispo de Copán, Luis Alfonso Santos, expresó que si el gobierno no cumple con su promesa de diálogo, la Alianza Cívica por la Democracia se reunirá con miembros de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular el próximo 5 de agosto en Siguatepeque, departamento de Comayagua, para preparar una nueva manifestación para el 22 de agosto. José Benjamín Castillo celebrador de la palabra de la Parroquia de Macuelizo Santa Bárbara, dijo que “protestamos contra las mineras que trabajan a cielo abierto y éste gobierno prometió terminar con esto y no se ha visto nada todavía”. Por su parte el párroco de la Iglesia San José Obrero de Copán Ruinas, Daniel Corea, sostuvo a COMUN que en la comunidad de San Andrés en la Unión Copán, la minera ha derramado al río Lara 29 millones de galones de agua conteniendo cianuro, provocando la muerte de miles especies de seres vivos en los ecosistemas, además de los daños respiratorios y de la piel producidos en los habitantes, producto del agua contaminada. “Quiere decir que una minera no trae muchos beneficios a la gente necesitada, que es la que está ávida de que sus derechos se escuchen, así que es una lástima que el pueblo de San Andrés sea hoy un gran barranco”, afirmó el presbítero. En comunicación telefónica sostenida entre el obispo Santos y el Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheleti, éste prometió aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y asegurar que los 700 millones de lempiras destinados a la Estrategia para Reducción de la Pobreza (ERP) sean manejados por las municipalidades más pobres del país. Según el obispo copaneco, el presidente Manuel Zelaya anunció vía telefónica que el gobierno decretará una veda en el departamento de Santa Bárbara para detener la explotación maderera en la zona. Sin embargo el líder religioso dijo que el cumplimiento de este punto debe ser “vigilado por los patronatos”. En cuanto a la aprobación de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre se ha pedido un estudio a la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), sin embargo “sabemos que la COHDEFOR no ha sido de desarrollo, sino de destrucción forestal, de modo que no creemos en dicho estudio y hay que vigilar para que se haga una buena Ley Forestal”, dijo Santos. En relación al cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que está contenido en el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Santos señaló que ese tema “ni lo conocía el presidente del Congreso Nacional Roberto Micheleti, a pesar que lleva 20 años como diputado”. Añadió que como obispo y delegado de la Conferencia Episcopal para las Etnias “tengo que estudiarlo, leerlo, socializarlo y formar comisiones de estudio, porque no podemos exigir que se cumpla algo que no conocemos”. El Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, fue tajantemente al manifestar en una reunión sostenida en San Pedro Sula con los miembros de la Alianza Cívica por la Democracia, hace 2 días que no derogaran la Ley de Minería porque implica demandas internacionales.