Desde hace muchos años, advertimos no pocos periodistas, sobre la inminente necesidad de enfrentar, en aquel tiempo el naciente crimen organizado; precisamente advertíamos de que nuestro país sé colombianizara y ninguna autoridad asumió la responsabilidad que le era propia. Hoy México está prácticamente a la merced de las los cárteles del narcotráfico, aunque se trate de minimizar con el argumento falaz de que los ajusticiamientos son entre ellos, no se toma en cuenta el daño a la salud pública de la nación, de ahí que destaquemos el exhortó del Congreso de la Unión al Gobierno Federal, a todos de los estados, al Distrito Federal y a todos los municipios para poner un freno al fenómeno social de la narcoviolencia. Las cifras son pavorosas: sólo en este año han muerto en forma violenta más de mil 44 personas, de ellas ochocientas están relacionadas con la narcoviolencia y de éstas cien fueron miembros activos de diferentes corporaciones policíacas. El porcentaje habla por sí sólo: 4.4 personas asesinadas por día. El Congreso de la Unión, en un punto de acuerdo que tomaron todas las fracciones parlamentarias representadas en la Comisión Permanente, exigen la implantación urgente de un Plan Rector para acabar o cuando menos frenar la violencia, que se ha convertido en una verdadera escalada de asesinatos en los cuatro últimos años. Dicho plan, explica el acuerdo, debe ser de emergencia con medidas enérgicas que garantice la seguridad de los mexicanos. La iniciativa provino del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, lo que se considera un adelanto de la actuación de sus legisladores en la ya inminente LX Legislatura, que además incluye un llamado al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que, en el marco de la coordinación interinstitucional previsto en la Constitución mexicana y demás leyes, realice acciones que garanticen la justicia y paz en el territorio nacional. Según los cifras de la Cámara de Diputados, nos hacen saber del aumento de terror de esos asesinatos que se registraron en el primer semestre de este año, todos ellos ejecuciones directamente relacionadas con el narcotráfico, sobre todo en cinco entidades del país: Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Michoacán y Distrito Federal. Le siguen en menor escala sin dejar de representar un deterioro de la vida en comunidad: Morelos, Estado de México, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Baja California Sur, Colima, Puebla y Tlaxcala. Adicionalmente se informó que el valor de la criminalidad en nuestro país se ubica en un rango que va de 10 a 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, para la jerga económica el PIB, por lo que el costo de la violencia para este año se ubicará entre los 72 mil y 100 mil millones de dólares, y estas son apreciaciones tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Seguramente, por primera vez estamos de acuerdo con el Banco Mundial, cuando afirma, que aun cuando la violencia no es un fenómeno nuevo que se presenta en la mayor parte de los países de América Latina, el crimen organizado y la violencia aumentaron notoriamente en los últimos años y son ahora reconocidos como un problema económico y social serio, particularmente en las grandes urbes. - Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.