El 16 de mayo pasado, el Gobierno nacional, en cumplimiento de su programa de gestión, anunció de manera pública que en los próximos meses realizará ajustes normativos en materia agraria y que estas iniciativas están contenidas en un proyecto de modificación parcial de la ley agraria 1715 y en seis decretos supremos. Para nadie es desconocido que el proceso agrario en nuestro país está a punto de colapsarse. De no tomarse decisiones políticas urgentes e importantes para reconducir dicho proceso, con seguridad se estará en vísperas de una reactivación masiva de los conflictos sociales, vinculados con el acceso a la tierra rural, que actualmente se encuentra en una especie de cuarto intermedio. La complejidad y la alta sensibilidad en esta materia se explican en parte porque el próximo 18 de octubre vence el plazo de diez años establecido por la Ley 1715 para concluir el proceso de saneamiento de la propiedad agraria. Hasta la fecha el INRA, pese a haber gastado cerca de $US 100 millones, sólo tituló el 18% de los 107,47 millones de hectáreas de tierra bajo objeto de saneamiento en el país, mientras que el 30% está en proceso y el restante 52% está sin sanear. Por otro lado, es importante mencionar que en 2000 el presidente, Hugo Bánzer Suárez, atendiendo las demandas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), liderada por Felipe Quispe, el Mallku, se comprometió mediante decreto supremo a distribuir 3,8 millones de hectáreas de tierras fiscales a indígenas y campesinos. Este compromiso no se cumplió; más bien, la superficie de tierras fiscales ofertadas fue disminuyendo como por arte de magia, pues el año 2003 la cifra bajó a 800 mil hectáreas, el año 2004 a 120 mil y, finalmente, en 2005, autoridades del INRA indicaron que sólo existían 12 mil hectáreas de tierras fiscales disponibles para campesinos e indígenas. Y lo que es peor, hasta la fecha no se sabe qué pasó con dichas tierras fiscales, y uno se pregunta: ¿por qué no se ejecutaron los programas de asentamiento humano que establece la ley agraria 1715? Por estas razones, se debe valorar positivamente la iniciativa y la actitud del actual Gobierno, que está privilegiando inclusive el debate público, el diálogo y la concertación entre todos los actores sociales involucrados en este tema como condición previa a la aprobación y la aplicación de dichas normas legales. Es importante recordar que el presidente Carlos Mesa, a pocos días de dejar su cargo, de manera arbitraria y en acuerdo con el sector empresarial agropecuario y forestal, emitió 54 decretos supremos el 17 de mayo de 2005, cinco de los cuales establecían reformas en materia agraria y forestal. Y según el registro de denuncias públicas de las organizaciones indígenas y campesinas aglutinadas en el Bloque Oriente, dichas normas violan los derechos de los pueblos indígenas y campesinos. Por lo tanto, no parecen objetivos los argumentos y menos las actitudes de quienes se oponen de manera radical a estas medidas agrarias propuestas por el actual Gobierno. Dichas iniciativas son legítimas, están enmarcadas en la legalidad y son prioritarias y necesarias porque están principalmente orientadas a redistribuir, de manera planificada, cerca de dos millones de hectáreas de tierras fiscales a campesinos e indígenas; proponen ampliar el plazo para concluir el proceso de saneamiento de tierras; pretenden declarar prioridad nacional el proceso de saneamiento de tierras; plantean simplificar el proceso de saneamiento, y establecer mecanismos legales y transparentes para revertir tierras que no están cumpliendo la función económico-social tal como establece nuestra Constitución Política del Estado y la propia ley agraria. - Eulogio Núñez Aramayo es agrónomo de CIPCA Santa Cruz