Una transición inconclusa En 1989, tras el golpe de Estado que derrocó al Gral. Strossner, se inauguró en Paraguay un proceso de transición hacia la democracia aún no concluido que ha presentado momentos de expansión y otros de retroceso. El primero, vivido durante los primeros seis años donde se dieron cambios importantes como el ejercicio de la libertad de expresión, la posibilidad de competir en elecciones progresivamente transparentes, la ratificación de casi todos los convenios, pactos, protocolos y tratados internacionales que garantizan los derechos de las personas, la sanción de una Constitución Nacional democrática, y de una legislación nacional que fue incorporando garantías ciudadanas, impulsadas por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, ha habido aspectos que no han avanzado, como la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, el cumplimiento de la legislación nacional e internacional de derechos humanos, la alternancia partidaria en el gobierno, entre otros. Desde 1947, ha sido el Partido Colorado -el mismo al que pertenece el dictador Alfredo Strossner- quien gobierna el país gracias a un sistema de control basado en la prebenda de favores y cargos públicos. Los presidentes, que se han sucedido desde entonces, han hecho muy poco por disminuir las brechas de pobreza y desigualdad y han llevado al Paraguay a una serie de crisis del sistema financiero, de quiebres políticos, y fragmentación social, que han sumergido a la población en la desesperanza. El primer presidente de la transición fue el Gral. Andrés Rodríguez en el período de 1989 a 1993 (ex consuegro del Gral. Alfredo Strossner y autor del golpe de Estado que lo derrocó). Rodríguez fue el presidente de la apertura política que instauró las principales libertades públicas y la modificación de la Constitución Nacional. Le siguió el presidente Juan Carlos Wasmosy (1993 a 1998), cuyas políticas favorecieron una crisis económica que acabó con el sistema financiero nacional, ocasionando el quiebre de la mayoría de bancos nacionales y despojando de sus ahorros a un sector de la población, cortando el círculo crediticio- productivo, que ocasionó el cierre de numerosas empresas y un aumento del desempleo y la economía informal. Entre 1998 y 1999 fue Raúl Cubas, delfín del Gral. Lino Oviedo, quien asumió el poder Ejecutivo. Una de sus primeras medidas fue liberar al Gral. Oviedo de manera ilegal en contra de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, lo que produjo un quiebre institucional que, junto con el asesinato del Vicepresidente Argaña, atribuido a Oviedo, desembocó en una movilización ciudadana que acabó forzando la renuncia del presidente y la huída del Gral. Oviedo del país. Tras el exilio concedido a Raúl Cubas en Brasil, éste fue reemplazado en el cargo por Luís Ángel González Macchi (1999 a 2003), segundo en el orden de sucesión constitucional, por ser presidente del Congreso. González Macchi inició una época de desgobierno y corrupción que profundizó la crisis social, económica y política, y en la que se alcanzaron los niveles más altos de pobreza y desigualdad. Crisis social y económica En el 2003 asume Nicanor Duarte Frutos como presidente de un país sumido en una profunda crisis social y económica. Logra estabilizar la macroeconomía y mejorar la recaudación fiscal disminuyendo la evasión impositiva, aunque eso no se percibe en los bolsillos de la ciudadanía, ni en la generación de empleo, ni en la mejora de políticas públicas sociales. En cambio, mantiene su liderazgo mediante un estilo populista y autoritario a través de vehementes discursos, en los que realiza promesas de progreso y bienestar, mientras procura un cambio de la Constitución, para lograr su reelección y se candidatiza a presidente de la junta de gobierno de su partido, en abierta oposición a lo que prevé la legislación nacional. En este escenario de crisis, una de las claves que encontramos es la pobreza y la desigualdad, cuyos indicadores han aumentado pasando del 30,3% en 1995 al 39,2% en el 2004 (2.232.868 personas) (EPH, 2004). La inequidad de los ingresos de la población es uno de los factores que han contribuido al aumento de la pobreza ya que “en 2003, el 10% más rico de la población concentraba el 43,9% de los ingresos, mientras que, en el otro extremo, el 40% de la población más pobre solo alcanza a percibir el 9,6%. En 2003, en promedio el ingreso del 10% más rico es 47 veces más que el ingreso del 10% mas pobre” (Bogado, 2005:352) Otros factores que explican la pobreza es la desigual distribución de la tierra en el sector rural donde el 1% de los propietarios concentra el 77% de la tierra (Censo Agropecuario, 1991) y la ausencia de empleos. El desempleo alcanza al 10,9% de la población y el subempleo al 24,2%, afectando especialmente a mujeres y jóvenes (EPH, 2004). El menor nivel de actividad y mayor desempleo de las mujeres pobres está muy relacionado a la división del trabajo por sexo, siendo el empleo doméstico el que ocupa al 25% de mujeres de la población económicamente activa, y que tiene una muy baja remuneración. Las políticas de reducción de la pobreza no han conseguido disminuir los indicadores, y la insatisfacción social aumenta. A esto se suma la persecución que desde el Poder Judicial, especialmente desde la Fiscalía General del Estado, se hace a los sectores organizados más empobrecidos, en una reinstalación de una política de criminalización de la protesta social, y una administración de justicia favorable a las personas con mayor influencia y poder adquisitivo. Especialmente, las ocupaciones de tierras rurales y urbanas y las movilizaciones campesinas han sido objeto de represión y encarcelamientos masivos. Esta sería otra del claves para leer al Paraguay. Actualmente se encuentra en marcha una contrarreforma del sistema penal, que, bajo el argumento de la inseguridad ciudadana plantea modificaciones al Código Penal, Procesal Penal y Penitenciario, buscando endurecer las condenas a ciertos delitos y limitar más aún las garantías y derechos de las personas, restringiendo el acceso a la justicia y al debido proceso. En el 2004 el presidente Duarte, buscando controlar los otros poderes del Estado, impulsó un juicio político, con el apoyo del Parlamento, a cinco de los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia por supuestos hechos de corrupción. Dos de ellos renunciaron antes del juicio, dada la falta de garantías, y otros tres siguieron en proceso y fueron finalmente separados de sus cargos. Posteriormente se conformó la nueva Corte Suprema con una mayoría de miembros del partido gobernante designados por el presidente Duarte, incluyendo a la primera mujer ministra, que tendrán que decidir sobre temas sensibles para la permanencia del Estado de derecho. Entre el MERCOSUR y EE.UU. La tercera clave que citamos es la política exterior de Paraguay. Respecto a las relaciones internacionales el gobierno de Duarte Frutos ha tenido una estrategia oscilante entre el bloque MERCOSUR y el gobierno norteamericano. Con el primero, y especialmente con Brasil, solicitando el reconocimiento de las asimetrías al interior del mismo, buscando mayores oportunidades de comercio y renegociando los tratados de las hidroeléctricas. Con el segundo, aumentando la cooperación no reembolsable norteamericana, profundizando los ejercicios militares y la presencia de tropas norteamericanas en el país, instalando una oficina del FBI, donando terrenos para las oficinas de la DEA, firmando un Plan Paraguay (similar al Plan Colombia pero adecuado a la realidad paraguaya) del que todavía se desconoce su contenido y alcance, etc. En este marco, es de resaltar la visita del Ministro de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, que remarca el acercamiento estratégico entre los dos países, basado en una agenda de seguridad más que de comercio. Esta política oscilante trata de generar una dinámica de beneficios crecientes al situarse entre dos polos de interés y negociar sobre las ventajas que unos y otros le proporcionan. La ciudadanía expectante El comienzo de la transición trajo un incremento significativo de los niveles de organización y movilización ciudadana, especialmente del movimiento sindical y campesino, pero también de grupos de mujeres, jóvenes, indígenas, etc. Después de una primera etapa de eclosión comenzó un decaimiento que tuvo en el movimiento sindical su exponente más señalado. Actualmente, parece que estamos asistiendo a un nuevo ciclo de organización y movilización donde los movimientos sociales incrementan sus movilizaciones y se articulan de una forma más efectiva entre ellos. Un ejemplo de ello se puede apreciar en que tan solo este año, organizaciones sociales se articularon para presentar tres informes sombra a los que presentó el gobierno nacional: el primero de la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el segundo el informe alternativo de la sociedad civil a los Objetivos del Milenio; y finalmente informe sombra del Pacto de los Derecho Civiles y Políticos.