En días anteriores fue asesinado el ex senador conservador Jaime Lozada en el Huila, hecho totalmente condenable, así como lo es el asesinato en días anteriores de algunos de sus militantes denunciado por el Polo Democrático en el Magdalena Medio; igualmente dirigentes del Partido Liberal han denunciado asesinatos de jóvenes militantes de su agrupación en la Costa e intimidaciones a sus candidatos para no realizar actividad política. Esto es solamente una muestra del clima de violencia que la campaña electoral en curso anuncia y que no se diferencia casi nada de anteriores eventos electorales. Pero igualmente es un gigantesco interrogante a la política de Seguridad Democrática y sus resultados; porque la esencia de una política de seguridad para una democracia es justamente que los ciudadanos puedan ejercer libremente sus derechos a ser candidatos, si lo desean, sin que esto les signifique un riesgo para su vida y que los electores igualmente puedan votar por quien quieran, sin ser presionados por grupos ilegales armados indicándoles por quién deben votar. Claro, también hay presiones inaceptables de las lógicas clientelistas (públicas y privadas) que obligan a votar por determinado candidato y si no su trabajo -con el Estado o en empresas privadas- será puesto en riesgo. La relación entre violencia y política (incluidas las elecciones) es larga en la historia colombiana y el presente parece ser una nueva reedición del pasado. En la segunda mitad del siglo XIX, fueron las recurrentes guerras civiles entre los nacientes partidos conservador y liberal, que explican en parte la inestabilidad constitucional, pero además que ayudaron a socializar una cultura política que asocia la guerra con la política. En los primeros decenios del siglo XX, vamos a encontrar frecuentes casos de asonadas municipales, por abiertas manipulaciones de las elecciones, especialmente en el ámbito local; también veremos a la naciente izquierda política caer en la tentación del uso de la violencia para tratar de conseguir objetivos políticos (recuérdese la insurrección de los Bolcheviques en 1929). Luego, con el inicio de las hegemonías partidistas (1930-53), tendremos el largo ciclo de violencia bipartidista que produjo cerca de trescientos mil muertos a nombre de los partidos tradicionales y que incluyó la abstención electoral del Partido Conservador en 1934 y del Partido Liberal en 1950. La salida a este período va ser el gobierno militar primero y luego la cohabitación burocrática del Frente Nacional durante dieciséis años, prolongada hasta la Constituyente de 1991. En ese contexto excluyente del Frente Nacional surgen las actuales guerrillas (FARC, ELN y EPL) y luego una segunda generación de éstas; se trataba de nuevo del uso de la violencia para buscar objetivos políticos; esto luego se va a complejizar con la irrupción de los paramilitares y del narcotráfico, que también van a usar la violencia para buscar objetivos políticos (recuérdese el período de narcoterrorismo de los llamados 'extraditables' contra la vigencia de la extradición). Si bien no estamos diciendo que la historia colombiana haya sido una de violencia ininterrumpida, sí estamos señalando que reiteradamente diversos tipos de actores han acudido al uso de la violencia para conseguir objetivos de naturaleza política -incluido alterar los resultados electorales- y la actual coyuntura, desafortunadamente no parece salirse de esa tradición. Ojalá el actual gobierno sea capaz de garantizar la vida de los candidatos en lo regional y sea eficaz en impedir que actores armados obliguen a los ciudadanos en sus áreas de influencia a votar por quien ellos decidan, so pena de su muerte o su destierro. Si esto no se logra, la política de Seguridad Democrática estará en entredicho, porque los problemas de seguridad se resuelven es previniendo la realización de hechos violentos y no con pronunciamientos discursivos. Por más enérgicos que aparenten ser éstos. - Alejo Vargas Velásquez es profesor de la Universidad Nacional (Colombia).