La realidad de las fuerzas armadas uruguayas ha sido, en los últimos decenios, muy poco transparente. Hasta ahora poco se ha avanzado en aclararla. El tipo de mensaje que se usa habitualmente invita a creer que todo sigue dentro de los cauces de la normalidad, sin explicar qué se entiende por ‘normal’. En el seno de nuestra fuerza política, pese a los invalorables aportes del Compañero General Victor Licandro, la discusión sobre estos temas ha sido pertinazmente desalentada. 1- La fuga del ex coronel Gilberto Vázquez, al romper durante cuatro días las reglas de las relaciones entre el gobierno y las fuerzas armadas, al protagonizar un episodio de desenlace imprevisible, alteró los límites de ‘lo normal’ y amplió fugazmente el área de problemas acerca de los que se habla en forma pública. Las 96 horas de incertidumbre achicaron el campo al discurso de rutina, hecho de silencios, anestésico y fosilizado. Esta vez, los medios de comunicación amplificaron el contacto del público con los hechos. Es lógico que así fuera. No se termina de entender el reproche que se les ha formulado por haber dado importancia al episodio. La fuga de G. Vázquez y los avatares posteriores fortalecieron la posición del gobierno, mostraron una policía adecuada a las circunstancias y debilitaron y dividieron al núcleo más duro de la represión en el período del terrorismo de Estado. Entre los hechos que afloraron quedan para ser examinados varios puntos. 2- Para empezar, las referencias reiteradas por parte de las autoridades civiles y militares a la significación de los compromisos emanados del ‘código de honor’ que caracterizaría a los militares. Cabe preguntarse, como lo hacía Raúl Olivera en un intercambio de opiniones reciente, cuál es el alcance de este concepto ‘código de honor’ que posee tanta y tan espectacular eficacia. Un código que proporciona el derecho a estar en libertad cuando los magistrados han ordenado la prisión preventiva. Un código de tan espléndidos efectos que paraliza la acción de los jueces. Que coloca al estamento militar por encima de las obligaciones que circunstancian la vida del resto de sus conciudadanos. ¿Dónde latía ese sentido del honor hace 33 años, cuando integrantes de una institución del Estado, se transformaron en instrumento de la devastación de ese Estado y de su transformación en una aparato destinado a paralizar la acción ciudadana mediante el terror? Desde hace 33 años, Gavazzo, Vázquez, etc. se han comportado como delincuentes: en dictadura cometiendo los peores crímenes. En democracia ocultando la verdad, mintiendo. 3- Hace unos pocos días, Búsqueda (1.360) informaba en su página 1 “Jefe del Ejército cree que la única forma que existe para evitar extradición de militares a Argentina es que sean enjuiciados en Uruguay”. Para llegar a ese fin, la opción razonable, la única legal y pertinente es la anulación de la ley de Caducidad. Pero no es ese el camino que ha preferido transitar la cúpula del Ejército. Las propuestas manejadas que, en nota de análisis publicada ayer en El País son confirmadas por fuentes militares a Alfonso Lessa, son de otro carácter. Y no se caracterizan, precisamente, por su apego a la Constitución y la Ley ¿Como es posible que la máxima jerarquía del Ejército nacional mantenga reuniones con los acusados por la Justicia argentina en las que se aborda la problemática de cómo evitar la extradición? ¿Qué asidero legal tiene la posibilidad que se manejó en el sentido que los oficiales acusados por la justicia argentina se hicieran responsables de alguno de los delitos (se llega a hablar del ‘caso Adalberto Soba’ y hasta del número de años en prisión que costaría hacerse cargo) para de este modo evitar ser trasladados a Argentina. ¿Tiene el mando del Ejército potestades para negociar carátulas, delitos, penas? ¿Por qué habría que negociar en materia tan delicada? ¿Cuál es la fuerza del grupo de Gavazzo, que frente a ellos se suspende el orden legal y hay que negociar? ¿Cuál es la fuente de legitimidad de esa fuerza? 4- Si esa fuerza existe no puede ser sino como un factor residual de la dictadura. Un poder nacido del accionar clandestino, de las manos sucias, de los crímenes repugnantes, al decir de Tabaré. Un poder ilegítimo, basado, más que en la fuerza en el recuerdo, en el reflejo, de la fuerza. La amenaza desde el pasado con respaldo en las autoridades militares de hoy. Ese es el asunto. Y un gobierno popular, democrático y defensor de los valores de la legalidad republicana no puede tener una actitud distante, neutral o ‘pragmática’ ante la supervivencia de esa gravitación cuya sola existencia desmoraliza al estado de Derecho. La democracia republicana se asienta en valores y esos valores son incompatibles con los que personifican Silveira, Gavazzo, Vázquez y Medina, herederos y beneficiarios de los miedos paralizantes del terrorismo de Estado. 5- Finalmente, un día sí y otro también, la prensa se hace eco de la existencia de logias dentro del Ejército. Logias, vale decir, organizaciones clandestinas de oficiales con mando de tropa. También se reitera la existencia de vínculos de alguna de estas logias con sectores políticos entre los que se incluyen a grupos del Frente Amplio. La existencia de estos vínculos constituye un grave error. Cabe preguntarse ¿qué fundamento tiene en el ordenamiento legal vigente la existencia de estas relaciones? Esto es lo decisivo. Hemos elegido acumular fuerzas a partir del desarrollo y la profundización democrática, acrecentando la transparencia de los asuntos políticos y la más amplia participación de los ciudadanos. Ese ha sido, desde sus orígenes, la impronta estratégica fundamental del FA. Si en algún territorio de la realidad estatal las normas no ayudan a resolver los problemas, como ocurre ahora con la ley de impunidad, habrá que movilizarse y convencer para cambiar las normas con arreglo al Estado de derecho y con la más amplia participación democrática del pueblo. Las relaciones con logias clandestinas es una opción que no va en esa dirección. Habría que preguntarse cuáles son los fundamentos políticos de esta línea de trabajo hacia las fuerzas armadas y explicar cómo empata ese accionar con los puntos de vista y el programa de la izquierda acerca de la necesidad de ganar para el pensamiento democrático a los integrantes de los cuerpos armados del Estado. El FA no triunfó solamente para cambiar los titulares de las viejas palancas del poder estatal. Se propuso cambiar, en un sentido democrático y popular, una estructura del Estado heredada que había sido montada durante decenios por los conservadores para respaldar al orden capitalista dependiente. Este Estado es, para la izquierda, un campo de lucha. Lucha frente a los residuos de la doctrina de la seguridad nacional, frente al servilismo ante los grandes corporaciones y organismos internacionales, frente al burocratismo, el clientelismo y demás formaciones parasitarias que traban la acción social del Estado, que impiden su rol en el desarrollo de nuestra identidad cultural y de nuestra soberanía. - Hugo Cores PVP-567 Frente Amplio