La Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo de las Naciones Unidas que tiene un carácter tripartito (gobiernos, empleadores y trabajadores) tiene en su lista de convenios internacionales varios referentes a la seguridad social. Establece que la misma es "la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían en la desaparición o en una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedades, maternidad, desempleo, accidente de trabajo o en enfermedad profesional, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con sus hijos". Todos estos rubros están contemplados en el Convenio 102, que fue adoptado en 1952 y entro en vigor en 1955. En otras palabras, toda persona debe estar asegurada, como mínimo, contra todas y cualquiera de esas contingencias que pueden ocurrirle en el transcurso de su vida . De ahí que cualquier sistema de seguridad social que no cubra a toda la ciudadanía y que no contemple todos los rubros que hemos mencionado, debe ser mejorado. La escasa cobertura en el sistema tradicional El problema con la seguridad social en América Latina en general y en el Paraguay en particular, radica en que originalmente, empezando en la década del 40, fue ideado solamente para los/as trabajadores/as que estaban en relación de dependencia, o sea para quienes trabajaban para una empresa o un empleador determinado. Esa situación perdura hasta hoy, pero el número de desamparados ha aumentado, con el creciente desempleo que existe. Por otra parte, son muy pocos los países del continente donde hay, por ejemplo, un seguro de desempleo , lo cual deja a la gran mayoría en una situación de tremenda zozobra, mas aun cuando el desempleo ya no es de carácter coyuntural sino estructural. Esto nos lleva a otra situación también critica, pues quienes más necesitan de un sistema de seguridad social son aquellos sectores más pobres, que son los que precisamente no están cubiertos, como los campesinos, por ejemplo. Quienes propugnan la privatización de la seguridad social han criticado duramente estas dos falencias del sistema tradicional, pero en los países donde privatizaron, irónicamente, el problema se ha agravado. En Chile, por ejemplo, a principios de los 70, la cobertura llegaba a un 74% y hoy, con la privatización, ha descendido a poco más del 50%, excluyendo mayoritariamente a las mujeres. Alternativas estratégicas para resolver el problema Hace algún tiempo le pregunté a un representante obrero en el Instituto de Previsión Social (IPS) si él quería hacer historia dentro de la institución o si simplemente quería pasar desapercibido, haciendo de gestor de los pedidos de sus compañeros del movimiento sindical, consiguiendo camas a quien no tiene, turnos a quien necesita urgencias, etc. Le hice esta pregunta con la intención de saber si la representación obrera seguiría fungiendo de mero acompañante de las iniciativas o de la desidia de los otros sectores. Ya hemos visto que la representación en el IPS ha colaborado en incontables ocasiones, por acción u omisión, para que la entidad de seguridad social se halle en la situación en que está. Mi interlocutor eligió la primera opción: Hacer historia. Inmediatamente le dije que, entonces, debía pensar en las estrategias para extender los beneficios de la seguridad social a otros sectores que no tienen relación de dependencia como los cuentapropistas, gente del sector informal, campesinos y hasta profesionales liberales. Para tal efecto, existe solamente tres alternativas, a saber: - Aumentar la cobertura entre quienes tiene empleo formal, es decir entre quienes trabajan en relación de dependencia. - Extender la cobertura hacia otros sectores que tienen capacidad de pagos, sin tener relaciones de dependencia. - Extender la cobertura a todo el mundo, aunque los servicios no fueran tan buenos en un primer momento. Como el desempleo va en aumento y las ocupaciones precarias van creciendo, la primera opción es la más limitada, aunque dentro de ella cabe combatir la evasión y elusion de pagos, porque no es secreto para nadie que, por imposición patronal o por connivencia entre patrones y trabajadores, se declara menos y se aporta menos al IPS, o directamente se evade. Si bien el IPS, según declaraciones de su presidente Irala Amarilla, recibe al año aportes equivalentes a 138 millones de dólares, se sabe que el monto sería mayor si todo el mundo aportara. Entonces, los pasos deberían estar dirigidos hacia la segunda y tercera opciones, más aun si tenemos en cuenta la universalidad de la seguridad social como Derecho Humano. Experiencias en otros países Estas dos opciones fueron la implementadas por múltiples países que tenían la voluntad política de extender el universo de beneficiarios de los sistemas de seguridad social. Desde Costa Rica hasta Filipinas y Corea han optado por una de las dos estrategias, con excelentes resultados. El gobierno coreano incluso sancionó una ley sobre cobertura del seguro social en 1987 y la misma entró en vigor recién en 1995. Lo que hizo en ese lapso de 7 años fue acomodar toda la infraestructura para que la entrada de mas beneficiarios al sistema no colapsara a éste. En ninguno de los casos aquí referidos, estos Estados se desentendieron de su obligación de velar por el goce de sus ciudadanos y ciudadanas del derecho humano a la seguridad social. Traigo a colación estos ejemplos para dejar bien claro que, si existe un poquito de imaginación y una pizca de voluntad política, muchísima gente más puede estar cubierta por el sistema de seguridad social. En la carta Orgánica del IPS no existe ninguna disposición que impida o prohíba que la cobertura se extienda a otros sectores que no sean exclusivamente los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Solapados discursos privatistas y muchas mentiras Por otra parte, mi propósito es desnudar las intenciones de quienes andan por nuestro país diciendo a voz de cuello que "el IPS debe ser manejado por sus verdaderos dueños, que son los trabajadores y los empleadores", desligando al Estado olímpicamente de su obligación de velar por el bienestar social de la ciudadanía. Si bien creo que hay que democratizar y transparentar el IPS y que, además, no es necesario que la presidencia del ente recaiga siempre sobre algún representante del sector gubernamental, estoy convencido de que hay que obligar al gobierno a pagar los aportes que adeuda al IPS y a comprometer más recursos para el sostenimiento de un sistema de seguridad social que sea una verdadera herramienta de lucha contra la desigualdad en nuestro país. Es más, hay que proponer y exigir una política de desarrollo que incluya a la seguridad social como un componente básico. Por ello, cuando se trata de seguridad social, hay que hacer exactamente al revés de lo que se está haciendo. Hay que buscar y exigir un compromiso cada vez mayor del estado paraguayo en la seguridad y el bienestar de quienes vivimos en su territorio. La idea que la propaganda privatista ha sembrado en el país, en el sentido de que en el mundo se están privatizando todos los sistemas de seguridad social, es una más de las muchas mentiras. Según publicaciones de la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos, de 221 regímenes de seguridad social existentes en 173 países del mundo, en 1997, había solo ocho sistemas de administradoras de Ahorro Previsional Privado, todos en este continente, distribuidos en El Salvador, México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Hasta en los Estados Unidos, el sistema previsional básico está a cargo del Estado. Conclusiones Es importante apuntar que altos funcionarios del propio Fondo Monetario Internacional (FMI) como Richard Hemmings, ya han planteado serias dudas sobre la viabilidad de los sistemas privados de seguridad social. La alternativa que queda entonces, y la más viable, es mejorar lo que tenemos, en forma urgente. Por ello, hay que empezar por extender la seguridad social a otros sectores, empezando por los más pobres. Hay que combatir la corrupción, o mejor la impunidad con que actúan tanto los corruptos como corruptores (estos últimos casi siempre son del sector privado). Hay que combatir la atomización de las entidades de seguridad social, ya que en este país existen muchas Cajas de Jubilaciones por oficio y unificarlas. Esta última es una recomendación de la propia OIT. Una ventaja importante para nuestro país es que la gran mayoría de su población tiene menos de 25 años. La edad de las jubilaciones esta todavía muy lejos y la atención médica para los adultos jóvenes requiere de menos recursos. Por último, los sectores representados en el IPS deberían ser mas cuidadosos con la elección de sus representantes. Hace falta que sean no solamente honestos. Deben tener también una visión estratégica y política. Ya estamos cansados/as de representantes que fungen de simples gestores de favores y no ven más allá de sus narices. * Víctor Báez Mosqueira es Secretario de Política Económica y Social de la ORIT-CIOSL. Revista Acción No. 214, Asunción, junio 2001.