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¿Sociedad civil versus gobiernos?
un análisis de los documentos finales

Martha Cecilia Ruiz*

Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil no siempre hablan el mismo idioma ni tienen las mismas prioridades. En la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas de Intolerancia, las propuestas de las ONGs y la sociedad civil muchas veces chocaron con los planteamientos de los gobiernos y la Declaración Final y el Plan de Acción que éstos finalmente aprobaron. Sin embargo, y a pesar de las discrepancias y la decisión de los gobiernos de Estados Unidos e Israel de abandonar definitivamente la cumbre, varias propuestas de las organizaciones de la sociedad civil de las Américas fueron incluidas en el plan global contra el racismo y las múltiples formas de intolerancia y discriminación.

Poner frente a frente las propuestas de las ONGs y los planteamientos y resoluciones de los gobiernos resulta sumamente curioso. En ciertos párrafos y documentos, parecería que los gobiernos y la sociedad civil hablan de dos cosas completamente distintas, a pesar de que ambos se refieren al racismo y sus diversas manifestaciones.

Una de las principales diferencias tiene que ver con el enfoque conceptual y las definiciones que se utilizan para describir y explicar el racismo, el esclavismo, el colonialismo, la xenofobia y la discriminación. Mientras las organizaciones de la sociedad civil de las Américas y el mundo insisten en que el racismo y sus diversas manifestaciones tienen un carácter estructural, sistemático e institucional (Foro Andino, art. 1; Foro de las Américas art. 5; Foro Mundial de ONGs art. 8 y 54), los gobiernos hablan de «tragedias» o «demonios en la historia de la humanidad» (Declaración Final art. 3 y 13), sugiriendo que se trata de hechos aislados y acciones represivas individuales.

En general, los documentos finales presentados por las ONGs, tanto de las Américas como a nivel mundial, son directos y concretos cuando se refieren a los orígenes del racismo, las víctimas y las diversas formas de discriminación (racismo, xenofobia, homofobia, sexismo, etc.), y especifican quienes fueron y quienes son los responsables de ciertos actos violentos y discriminatorios. En cambio, la Declaración Final y el Plan de Acción de los gobiernos tienen un lenguaje más general y contenidos más vagos.

Así por ejemplo, en sus declaraciones finales, las organizaciones de la sociedad civil responsabilizan del racismo y el colonialismo a las potencias europeas y la Iglesia Cristiana occidental (Plan de Acción del Foro de las Américas, art. 32), y señalan que el G7 (compuesto por los siete países más rico del mundo) e instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio «perpetúan las injusticias económicas y sociales» en los países en desarrollo (Plan de Acción del Foro Mundial de ONGs, art. 201).

En cambio, la Declaración Final de los gobiernos es más general (diplomática dicen alguno/as, conciliadora dicen otro/as) y se refiere vagamente a las causas y formas del racismo, como el colonialismo, la esclavitud, la trata de esclavos y otras formas de servidumbre, pero no señala a los responsables de estos actos sino que corresponsabiliza a todos por sus consecuencias (art. 13-30).

Sin duda, las organizaciones de la sociedad civil, así como las delegaciones gubernamentales de varios países árabes y africanos pusieron el dedo en la llaga y muchas veces adoptaron posiciones y resoluciones polémicas.

Pero hay que reconocer que los temas que abordó la Cumbre Mundial de Durban son bastante delicados y controvertidos, y que además esta conferencia mundial reunió a organizaciones muy variadas, así como a participantes de 160 países diferentes, con lenguas, etnias, edades, condiciones socioeconómicas, orientaciones sexuales e identidades de género muy diversas. Por eso, llegar a consensos no fue nada fácil; al contrario, hubo largas discusiones y claras diferencias frente a algunos temas cruciales, no solo en la Conferencia Mundial contra el Racismo sino también en el Foro Mundial de ONGs.

Tomando en cuenta todo este contexto, es importante analizar qué propuestas presentadas por las ONGs, y más concretamente por las organizaciones de la sociedad civil de las Américas fueron incluidas en la Declaración Final y el Plan de Acción adoptados por los gobiernos en Durban, y qué propuestas no fueron incorporadas en las resoluciones finales.

Logros, vacíos y temas sin consenso

Los documentos adoptados por los gobiernos en Durban lograron incluir casi todos los temas (numerosos y muy diversos) que habían planteado las ONGs y organizaciones de la sociedad civil de las Américas y el mundo al comienzo de la conferencia. Sin embargo, no todas las organizaciones quedaron satisfechas con la forma en que sus demandas y planteamientos quedaron reflejados.

Una de las resoluciones incluidas en la Declaración Final de Durban y recibida con gran entusiasmo por los países africanos fue el hecho de reconocer a la esclavitud, la trata de esclavos, el apartheid y el genocidio como «crímenes contra la humanidad». En cambio, el colonialismo NO fue reconocido como un crimen de lesa humanidad, como propusieron las organizaciones de las Américas y más tarde las ONGs a nivel mundial. Así mismo, la Declaración Final de los gobiernos hace muy poca referencia a la ocupación e intervención extranjera (solo hay referencias en relación a los territorios palestinos, art. 63), mientras que la Declaración Final del Foro Mundial de ONGs se extiende mucho en este tema, incluye referencias puntuales sobre la intervención de Estados Unidos en Puerto Rico y condena el bloqueo contra Cuba (art. 21, 33, 34, 97).

Para mucha/os participantes, uno de los grandes logros de la Conferencia Mundial contra el Racismo, así como de los diferentes foros y reuniones preparatorias para este evento, es el hecho de destacar temas que normalmente son ignorados por los gobiernos y medios de comunicación. Este es el caso de los gitanos del Pueblo Rom de las Américas, el sistema de castas en la India o el racismo en el sistema judicial, temas que fueron incorporados en la Declaración Final y el Plan de Acción adoptados por los gobiernos.

Entre los planteamientos más controvertidos de la Cumbre Mundial de Durban estuvo la propuesta de indemnizar a las víctimas del racismo. Así, en el Plan de Acción presentado por el Foro de las Américas se «exige a los estados y organismos internacionales que reconozcan y respeten el derecho de los pueblos a la reparación histórica, a través de la adopción de políticas y acciones inmediatas» (art. 24).

Así mismo, el Foro de las Américas propuso cancelar la deuda externa, como una forma de cerrar la brecha económica entre países pobres y países ricos, producto de los procesos de colonización (Plan de Acción, art. 25 y 45). Sin embargo, en los documentos finales de los gobiernos, lo/as representantes de la Unión Europea y otros países occidentales reemplazaron el término «reparaciones históricas» por «remedios» y «medidas compensatorias» (Declaración Final art. 104; Plan de Acción art. 165, 166), y así evitaron la posibilidad de que se presenten demandas ante la justicia. De la misma forma, sustituyeron la propuesta de «cancelar la deuda externa» por el «alivio de la deuda» (Plan de Acción, art. 158).

Las disculpas públicas y formales exigidas por los países africanos tampoco fueron incluidas en la Declaración y el Plan de Acción adoptados por los gobiernos en Durban. En la Declaración Final, los gobiernos reconocen y condenan el sufrimiento de las miles de víctimas del esclavismo, el colonialismo, el apartheid, el genocidio y la trata de esclavos, pero únicamente «invitan a la comunidad internacional y a sus miembros a honrar la memoria de las víctimas de estas tragedias» (trata de esclavos y colonialismo), y señalan que algunos países han tomado la iniciativa de lamentarse, han expresado remordimientos o han presentado excusas (art. 101).

A pesar de que las organizaciones de la sociedad civil habían insistido en la necesidad de que el Plan de Acción de los gobiernos -que implica acciones y medidas concretas a tomar- incluya los párrafos que condenan el racismo, expresan arrepentimiento y exigen que se restaure la dignidad de las víctimas a través de medidas efectivas, estos párrafos fueron incluidos solamente en la Declaración Final (art. 99, 101 y 102), que es un documento de declaraciones éticas y no implica acciones ni medidas concretas a seguir.

En definitiva, las reparaciones, disculpas formales e indemnizaciones a las víctimas del racismo son temas que quedaron pendientes.

Finalmente, hay algunos temas que fueron planteados por las organizaciones de las Américas pero que no fueron incluidos o son apenas mencionados en la Declaración Final y el Plan de Acción de los gobiernos. Este es el caso del «racismo ambiental», la limpieza étnica, el combate a la corrupción, la propuesta de abolir la pena de muerte y la condena a las políticas promovidas por las instituciones financieras internacionales. Tampoco se pudo discutir, y por ende se excluyó de la Declaración Final, el tema de la orientación sexual como un agravante en los casos de discriminación.

Punto por punto

Pueblos indígenas

Los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil muestran diferencias especialmente importantes cuando se refieren al tema indígena. Quizás por eso, vario/as representantes de las organizaciones indígenas de las Américas se han mostrado decepcionada/os con los resultados alcanzados en la Conferencia Mundial contra el Racismo e incluso han señalado que las resoluciones adoptadas por los gobiernos en Durban representan un retroceso en relación a otros instrumentos internacionales.

La primera y tal vez la más importante diferencia entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil es la forma en que se concibe a los pueblos indígenas. Así, la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Américas (art. Ai) y el Plan de Acción del Foro de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad (art. 94) demandan que la «comunidad internacional reconozca que los pueblos indígenas son pueblos en el sentido que este término tiene en el derecho internacional»: libre determinación, derecho a tierras y territorios, respeto a sus culturas e idiomas.

En cambio, los gobiernos aclaran en su Declaración Final que el término pueblos indígenas -que es constantemente utilizado en los documentos oficiales- «no deberá interpretarse en el sentido que tiene repercusión alguna en cuanto a los derechos reconocidos por normas jurídicas internacionales» (art. 24). Mas aun, los gobiernos dejan muy en claro que se reconoce los derechos de los pueblos indígenas, pero «de conformidad con los principios de la soberanía y la integridad territorial de los Estados» (art. 23).

En Durban, uno de los planteamientos básicos de las organizaciones indígenas y las ONGs de las Américas y el mundo fue justamente el hecho de que se reconozca la libre determinación de los pueblos indígenas. Con este planteamiento, las organizaciones de la sociedad civil se refieren al derecho de estos pueblos a ejercer libremente sus propios sistemas jurídicos; el derecho a decidir su propio desarrollo político, económico, social, espiritual y cultural, y el derecho inherente a la propiedad de sus tierras y territorios ancestrales (Declaración de los Pueblos Indígenas de las Américas, art. Aiii; Foro Mundial de ONGs, art. 142).

Sin embargo, la Declaración Final adoptada por los gobiernos no incluye el tema de la libre determinación cuando se refiere a los pueblos indígenas, aunque los gobiernos sí hablan de este tema cuando se refieren a otros pueblos (ver introducción). Para alguno/as representantes de las ONGs y organizaciones indígenas, estas resoluciones implican la ratificación de que existen pueblos de primera y pueblos de segunda categoría.

Existen otras demandas consideradas prioritarias por las organizaciones y pueblos indígenas, pero que no fueron incorporadas en los documentos finales de los gobiernos. Este es el caso del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, un tema especialmente subrayado en los documentos del Foro de las Américas (Plan de Acción, art. 111) y el Foro Mundial de ONGs (Plan de Acción, art. 363).

También está ausente el tema de la protección de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas (Plan de Acción del Foro Mundial de ONGs, art. 341), así como el reconocimiento de los daños irreversibles causados en el medio ambiente que rodea a estos pueblos, y la indemnización por la perdida de la biodiversidad y la contaminación de estas tierras (Plan de Acción del Foro de las Américas, art. 110).

Entre las demandas que sí fueron incorporadas en los documentos finales de los gobiernos está el reconocimiento del aporte de los pueblos indígenas al desarrollo económico, político, social, cultural y espiritual de las diversas sociedades a nivel mundial (Declaración Final, introducción y art. 40). También se reconoce la realidad especialmente difícil que confrontan las mujeres y niñas indígenas y se pide a los Estados que adopten medidas y programas específicos para esta población (Plan de Acción, art. 18).

De la misma forma, la Declaración Final de los gobiernos reconoce que los pueblos indígenas mantienen una relación especial con sus tierras y territorios, los que constituyen la base de su existencia espiritual, física y cultural (art. 43); sin embargo, en el mismo párrafo los gobiernos debilitan su propio planteamiento, cuando señalan que «siempre que sea posible», se asegure que los pueblos indígenas puedan mantener la propiedad de las tierras y de los recursos naturales a que tienen derecho conforme a la legislación interna.

Se puede concluir que, cuando se hace referencia al tema indígena, los documentos adoptados por los gobiernos en Durban muestran más vacíos que logros. Por ello, sí es posible hablar de un retroceso en relación a otros instrumentos internacionales, como el proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías (resolución 1994/45), en donde se reconoce la categoría de Pueblos Indígenas en los términos planteados por las organizaciones de la sociedad civil de las Américas. Estas organizaciones exigieron que los Estados aprueben este proyecto, pero los gobiernos no incluyeron esta demanda en sus documentos finales.

Afrodescendientes

La resolución de los conflictos de tierras habitadas por la población afrodescendiente; la implementación de programas de acción afirmativa por parte de los Estados, y el reconocimiento de 1os derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes son algunas de las demandas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil de las Américas y el Caribe, reunidas en Quito y Santiago de Chile para debatir el tema del racismo y la discriminación. Algunos de estos planteamientos fueron incluidos en el Plan de Acción que los gobiernos presentaron en el Conferencia Mundial contra el Racismo, mientras que otras demandas no fueron incorporadas en los documentos finales.

Uno de los logros alcanzados en Durban tiene que ver justamente con el tema de las tierras habitadas por la población afrodescendiente, que ha tenido y todavía tiene que luchar contra desalojos masivos y serios daños a su ecosistema. Por ello, las comunidades y organizaciones negras de las Américas propusieron y finalmente lograron incluir en el Plan de Acción de los gobiernos la siguiente propuesta: «se urge a los Estados (...) a resolver los problemas de la propiedad de las tierras habitadas desde épocas ancestrales por afrodescendientes y promover la utilización productiva de la tierra y el desarrollo integral de estas comunidades, respetando su cultura y sus formas particulares de procesos de decisión» (art. 13).

Otro aspecto positivo es que la Declaración Final de los gobiernos reconoce -tal como exigieron las organizaciones de las Américas y el mundo- la contribución cultural, económica, política y científica de la población afrodescendiente, así como la persistencia del racismo y la discriminación racial en contra de este grupo (art. 33).

Sin embargo, muchos de los gobiernos que participaron en la Cumbre Mundial contra el Racismo se negaron a presentar disculpas públicas y formales a los pueblos afrodescendientes, que fueron una de las principales víctimas del apartheid, la esclavitud, la trata de esclavos y el colonialismo. Así mismo, algunas de las medidas y programas propuestos por los gobiernos son demasiado generales, por lo que resulta difícil pensar que puedan crear cambios reales y positivos en la población afrodescendiente.

Una de las demandas especialmente subrayadas, tanto en la Declaración del Pueblo Afrodescendiente como en el Plan de Acción del Foro de las Américas, es la necesidad de que los Estados implementen políticas de acción afirmativa «como parte de las políticas públicas y las políticas de desarrollo en el ámbito nacional y regional» (Plan de Acción art. 133.1). La acción afirmativa tiene que ver con una discriminación positiva y medidas especiales en favor de grupos que han sido especialmente marginados y excluidos de diversos ámbitos de la sociedad.

Los gobiernos mencionan rápidamente el tema de la acción afirmativa, sobre todo como una forma de asegurar el acceso de ciertos grupos discriminados a los servicios sociales, empleo, vivienda, educación y atención en salud (Plan de Acción, art. 5, 99, 100, 104). Sin embargo, mientras las organizaciones de la sociedad civil de las Américas intentan explicar como se deberían aplicar estas medidas (cuotas porcentuales de participación, programas de capacitación, etc.), los gobiernos son bastante vagos cuando se refieren a ellas.

Finalmente, algunas de las demandas presentadas por las organizaciones afrodescendientes y ONGs de las Américas no fueron incorporadas en los documentos finales de los gobiernos. Este es el caso del reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes (solo se reconoce el derecho individual de las personas afrodescendientes); su derecho a la autodeterminación y el reconocimiento de los sistemas jurídicos propios de estos pueblos (se reconoce el derecho a mantener su cultura y su propia forma de organización, pero no se habla de sus sistemas jurídicos ni de sus estructuras económicas propias).

De igual manera, queda pendiente el tema de las reparaciones e indemnizaciones a las poblaciones afrodescendientes, a pesar de que varias organizaciones de las Américas y el Caribe insistieron en la necesidad de restituir moral y económicamente a las poblaciones discriminadas, a través de la entrega de tierras, capital y recursos necesarios para recuperar su dignidad y mejorar sus condiciones de vida.

Pueblo ROM

La población Rom (gitana) de las Américas sobrepasa los cuatro millones de personas. Pese a esta significativa presencia demográfica, este pueblo ha estado y todavía está sumergido en la invisibilidad. Uno de los logros de las reuniones preparatorias de Quito fue justamente el hecho de visibilizar la presencia del pueblo Rom y destacar los problemas y las diversas formas de discriminación que enfrentan sus miembros.

En su Declaración Final, presentada en el marco del Foro de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad, el Pueblo Rom señala con justa razón que «cuando se habla de la diversidad de los pueblos y culturas del continente americano, sistemáticamente se omite y silencia la existencia del pueblo Rom». Quizás por eso, el Plan de Acción adoptado por las organizaciones de la sociedad civil de las Américas incluye una sección especial para explicar los problemas y plantear las demandas del pueblo Rom (art. 141-159) y les otorga similar importancia que a los pueblos indígenas y afroamericanos, dos grupos que han sido especialmente resaltados cuando se habla de racismo y discriminación. Lastimosamente, no sucede lo mismo en los documentos adoptados por los gobiernos, donde «los Rom» no son calificados como pueblos y sus demandas son mencionadas rápida y vagamente en la sección «otras víctimas» (Plan de Acción, art. 37-57).

El Plan de Acción presentado por el Foro de las Américas destaca la necesidad de reconocer los derechos colectivos del Pueblo Rom (art. 144), así como respetar los saberes, prácticas culturales, formas propias de economía y organización socio-política, y reconocer los sistemas jurídicos propios de este pueblo (art. 143 y 146). Estos planteamientos no fueron incorporados en el Plan de Acción de los gobiernos, que incluyen propuestas más generales e incompletas. Así, este Plan señala que los Estados deben garantizar el derecho de las «minorías» (calificativo que es abiertamente rechazado por el Pueblo Rom de las Américas) nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas a «disfrutar de su propia cultura, profesar y practicar su propia religión y utilizar su propia lengua» (art. 47).

Otra demanda que es especialmente subrayada en los documentos adoptados por las organizaciones de la sociedad civil, tanto de las Américas como del mundo, es el hecho de facilitar el derecho al libre tránsito del Pueblo Rom, para garantizar su identidad cultural y su forma de vida nómada e itinerante (Plan de Acción del Foro de las Américas, art. 154); con este mismo fin, se pide a los Estados «adecuar lugares seguros para que se instalen campamentos necesarios para el desarrollo normal de su forma de vida». Estos pedidos tampoco fueron incluidos en el Plan de Acción de los gobiernos, porque lo/as representantes de la Unión Europea decidieron excluir cualquier propuesta que promueva el libre tránsito de personas por las fronteras internacionales, con el fin de controlar la migración y seleccionar a lo/as migrantes que ingresan a su territorio.

En definitiva, los gobiernos recogen algunos de los planteamientos y demandas presentadas por la sociedad civil en beneficio del Pueblo Rom, no obstante, estas demandas son planteadas de manera muy general y difusa. Por ejemplo, se insta a los Estados a asegurar el igual acceso a la educación para los Rom/gitanos/sintis/nómades (Plan de Acción de los gobiernos, art. 39); se urge a los Estados a adoptar medidas adecuadas para erradicar el racismo que afecta a esta población (art. 40), y se pide a los medios de comunicación promover el igual acceso a la comunicación para los Rom/gitanos/sintis/nómades (art. 43).

¿Cómo concretar y llevar a cabo estos y otros planteamientos? Eso es lo que falta en el Plan de Acción de los gobiernos.

Migrantes

Tanto los gobiernos como las organizaciones de la sociedad civil de las Américas y el mundo reconocen que la xenofobia (odio a lo/as extranjero/as) se ha convertido en una de las formas contemporáneas del racismo.

De igual manera, los documentos finales de los gobiernos y las ONGs coinciden en señalar que lo/as migrantes, refugiado/s, exiliado/as y desplazado/as constituyen un grupo especialmente vulnerable al racismo y la discriminación, y al mismo tiempo reconocen el aporte positivo (cultural y económico) de esta personas en las sociedades receptoras y de origen (Declaración de los gobiernos, art. 46; Declaración del Foro de las Américas, art. 42). A pesar de estas coincidencias y reconocimientos públicos, existen claras diferencias en la forma en que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil abordan el tema de la migración.

La Declaración Final del Foro de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad empieza por explicar las causas y consecuencias de la migración, resaltando que el desarrollo desigual entre naciones ha incrementado la migración forzada de trabajadore/as (art. 37).

Así mismo, las organizaciones de la sociedad civil de las Américas (y del resto del mundo) insisten en que tanto lo/as migrantes documentado/as como lo/as indocumentado/as tienen ciertos derechos humanos básicos que deben ser respetados, independientemente de su estatus migratorio. Entre estos derechos está la libre circulación de las personas y la no discriminación por origen nacional (Declaración Final del Foro de las Américas, preámbulo, art. 7; Plan de Acción art. 165). Tomando en cuenta estas premisas, el Plan de Acción del Foro Mundial de ONGs pide que se inicien y revisen políticas que faciliten la regulación de lo/as migrantes indocumentado/as, y que mientras tanto se respeten los derechos humanos y libertades básicas de estas personas (art. 402).

Las organizaciones de la sociedad civil de las Américas son todavía más exigentes, y urgen a los Estados y a la Organización de las Naciones Unidas la «implementación inmediata de una amnistía total para las personas migrantes y desplazadas indocumentadas» (Plan de Acción, art. 170).

Sin lugar a dudas, la migración y las políticas migratorias constituyen un tema muy actual y delicado, y las respuestas a la situación de lo/as migrantes indocumentado/as no son fáciles de determinar. Aunque los documentos finales que adoptaron los gobiernos en Durban se extienden mucho en el tema de la migración, existen algunos vacíos al momento de abordar esta problemática. Así por ejemplo, los documentos de los gobiernos incluyen una sola y muy breve referencia a las causas que han incrementado la migración del sur hacia el norte (Declaración, art. 12) y, a diferencia de las organizaciones de la sociedad civil, no consideran que la discriminación de las personas migrantes se de a través de políticas y prácticas sociales institucionalizadas.

Otro punto a destacar es el hecho de que los gobiernos no hablan de un grupo importante de migrantes, como es el caso de lo/as indocumentado/as. Curiosamente, las resoluciones de los gobiernos sí reconocen la vulnerabilidad de lo/as migrantes sin papeles (Declaración Final, art. 50), aunque después prefieren prácticamente no mencionarlos, y en algunas ocasiones hacen planteamientos exclusivamente en favor de aquellos migrantes que se encuentran en una situación regularizada y que residen largo tiempo en la sociedad receptora (Plan de Acción, art. 32).

Algunas demandas planteadas por las organizaciones de la sociedad civil e incorporadas en los documentos de los gobiernos son: tomar medidas para frenar el tráfico de personas (Plan de Acción de los gobiernos, art. 63 y 64); urgir a los Estados a facilitar la reunificación familiar, que puede tener efectos positivos en la situación de las personas migrantes (art. 28); implementar medidas que fomenten el respecto a la diversidad cultural en aquellos países que son receptores de población migrante (art. 30c); poner especial atención a los problemas específicos que enfrentan las mujeres migrantes, debido a la creciente la migración femenina que existe en la actualidad (art. 31).

Otras demandas presentadas por las ONGs fueron incorporadas a medias y con ciertas aclaraciones que pueden dar lugar a confusiones y ambigüedades. Por ejemplo, la Declaración Final de los gobiernos señala que las políticas migratorias deben estar libres de racismo y planteamientos discriminatorios, pero también indican que cada Estado tiene el derecho soberano de adoptar su propio esquema y políticas migratorias (art. 47).

En conclusión, los documentos adoptados en Durban demuestran que existe interés por hablar de los problemas que enfrentan las personas migrantes, pero también evidencian que los gobiernos han reducido el tema de la migración básicamente al de lo/as trabajadores migrantes. Así mismo, algunos gobiernos prefieren evitar ciertos temas importantes, como es el caso de la creciente migración indocumentada y las políticas migratorias restrictivas que han adoptado varios países industrializados.

Mujeres y género

Las ONGs de las Américas y el Caucus (grupo de trabajo) Global de Mujeres pusieron especial énfasis en su demanda de incorporar el enfoque de género en los documentos y programas que se aprueben en la Conferencia Mundial contra el Racismo. Esta demanda fue acogida por los gobiernos, por lo que su Plan de Acción señala que los Estados tienen que incluir una perspectiva de género en las políticas, estrategias y proyectos contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia, para asegurar que estas medidas aborden efectivamente las situaciones particulares que confrontan hombres y mujeres, así como para enfrentar las formas múltiples de discriminación (art. 50, 59, 66, 94).

Para las organizaciones de la sociedad civil de las Américas y el mundo era muy importante que se reconozca que el racismo y la discriminación se manifiestan de manera específica y diferenciada entre las mujeres (Declaración del Foro de las Américas, art. 10). Este planteamiento fue recogido en la Declaración Final de los gobiernos (art. 69), donde también se reconoce que las mujeres y niñas son un grupo especialmente vulnerable a la discriminación y las diversas formas de intolerancia. No obstante, los gobiernos no lograron reflejar con claridad la problemática de género y no aprobaron el concepto de «intersectorialidad», que permite cruzar el tema de género con diversas problemáticas.

Como señala la Declaración Final del Foro Mundial de ONGs, «una perspectiva intersectorial al tema de la discriminación reconoce que cada persona, sea hombre o mujer, existe en un marco de múltiples identidades, con factores como raza, clase, etnicidad, religión, orientación sexual, origen nacional» y otros factores determinantes en la experiencia del racismo, la discriminación racial y la xenofobia.

Como resultado de estas múltiples identidades, también existe una interacción de múltiples formas de discriminación (art. 119). Con esto, las ONGs intentaron explicar que las expresiones de la discriminación racial, de género y clase (entre otras) no se dan en forma paralela sino que se entrecruzan y manifiestan en formas particulares en contextos sociales determinados, por lo que no todas las mujeres (ni hombres) confrontan iguales experiencias de exclusión (una mujer negra y pobre vive una experiencia diferente a la de una mujer blanca y de clase media).

Sin embargo, en los documentos de los gobiernos se sigue manejando el tema de la discriminación racial y de género como fenómenos excluyentes, y aunque se habla mucho de la discriminación múltiple (Declaración, art. 2, 69; Plan de Acción art. 18, 49, 172), ésta es entendida como las formas diversas de discriminación que afectan a ciertos grupos, pero que se dan en forma paralela y no interconectada.

Hay que reconocer que los documentos adoptados por los gobiernos en Durban ponen especial énfasis en el tema de las mujeres y las niñas. De igual forma, cuando se habla de ciertos grupos discriminados, como indígenas, afrodescendientes y/o pueblo Rom, los documentos de los gobiernos subrayan las realidades particulares y especialmente difíciles que viven las mujeres de estos grupos.

No obstante, existen planteamientos que fueron propuestos por las ONGs pero no fueron incorporados en los documentos de los gobiernos. Este es el caso de algunos temas considerados tabú por algunos gobiernos, como es el respeto a los derechos y libertades sexuales y reproductivas de las mujeres (Declaración del Foro de las Américas, art. 11); la no discriminación a las trabajadoras sexuales (Foro Andino art. 9), y el respeto a la diversidad sexual y los derechos de lesbianas, gays y personas transgénero (Foro Andino art. 10).

Jóvenes

Tanto en los documentos adoptados por los gobiernos como en aquellos planteados por las organizaciones de la sociedad civil se considera que los y las jóvenes son una de las víctimas del racismo y son especialmente susceptibles a la discriminación. Sin embargo, existe una clara diferencia entre los documentos de los gobiernos y aquellos de las ONGs y la sociedad civil: mientras los primeros tienden a presentar la realidad de niño/as y jóvenes como una sola, los segundos consideran que hay problemáticas particulares que afectan a la juventud.

La Declaración del Caucus de la Juventud, así como el Plan de Acción presentado por el Foro de las Américas destacan como necesidades particulares de jóvenes hombres y mujeres la protección, respeto y promoción de sus derechos sexuales y reproductivos (Caucus de la Juventud, art. 10.6). No obstante, en el Plan de Acción de los gobiernos únicamente se hace una breve referencia al «cuidado de la salud reproductiva» (art. 176) y no se dice nada con respecto a los derechos sexuales. Por lo tanto, estos dos temas constituyen grandes y peligrosos vacíos, sobre todo si tomamos en cuenta que, como se manifestó en la Cumbre Internacional de la Juventud, al menos la mitad de las recientes infecciones de VIH se han producido entre la población joven. Por ello, el Plan de Acción adoptado en la Cumbre Mundial de la Juventud señala que la atención pública en salud debe incluir el acceso y distribución gratuita de preservativos así como medidas preventivas, educación, apoyo y tratamiento del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.

Los documentos adoptados por los gobiernos incluyen algunas de estas propuestas, como el hecho de tomar medidas preventivas contra el VIH/SIDA, pero no dicen nada sobre la necesidad y las medidas para que lo/as jóvenes tengan acceso a los anticonceptivos.

El tema del servicio militar es otro de los aspectos que las ONGs y organizaciones de la sociedad civil de las Américas destacan cuando se refieren a la población joven. La Declaración del Caucus de la Juventud -adoptada en Quito- se refiere de manera directa a la «violencia militar» y señala que jóvenes, niños, niñas y particularmente los pueblos afrodescendientes, indígenas y otros grupos discriminados son afectados «por las acciones tomadas por el ejército, la policía, grupos paramilitares y guerrillas» (art. 10.7).

De la misma manera, el Plan de Acción presentado por el Foro de las Américas urge a los Estados a «permitir la objeción de conciencia y a erradicar el servicio militar y las prácticas que no respeten el pleno desenvolvimiento de los seres humanos, especialmente de la niñez, la adolescencia y la juventud» (art. 185). Pero, estas demandas están completamente ausentes de la Declaración Final y el Plan de Acción adoptados por los gobiernos en Durban.

En los documentos de los gobiernos, la educación es uno de los temas que sobresalen cuando se hace referencia a la población joven. En el Plan de Acción, por ejemplo, se habla de inculcar en lo/as jóvenes el respeto a la tolerancia; promover medidas para detener las ideologías neofascistas, especialmente a través de la educación formal e informal, y elaborar currículums que promueven el antirracismo (art. 86 y 130).

Hay que destacar que las declaraciones de los gobiernos y las ONGs de las Américas coinciden en reconocer que la juventud ha sido excluida de los espacios de toma de decisión, por lo que urgen a los Estados a incentivar su activa participación en la elaboración, planificación e implementación de actividades y proyectos que luchen contra la discriminación. De igual forma, los documentos adoptados en Durban, tanto por los gobiernos como por la sociedad civil, coinciden en señalar que se debe facilitar un diálogo internacional juvenil sobre racismo y todo tipo de intolerancia.

Medios de comunicación

Existen algunas coincidencias entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil en el tema de comunicación. Así, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los gobiernos que participaron en la Cumbre Mundial de Durban subrayaron la importancia que tiene el respeto a la libre expresión y la libertad de prensa en la construcción de sociedades democráticas.

Además, gobiernos y ONGs reconocieron el papel fundamental de los medios de comunicación en la lucha contra el racismo, al tiempo de mostrar su preocupación por la información homogenizante y los estereotipos que constantemente difunden los medios masivos (Declaración de los gobiernos, art. 89; Foro de las Américas, art. 20).

Una tercera coincidencia es el reconocimiento que hacen las ONGs y los gobiernos sobre la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación en la erradicación del racismo y la discriminación, pero también su preocupación por los malos usos de la información que se difunde a través de Internet (Declaración de los gobiernos, art. 91) Foro de las Américas, art. 22).

La Declaración sobre Comunicación, presentada en el Foro de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad, explica que los medios de comunicación tienen el poder de ser formadores de opinión pública e influyen en la construcción de ideas, comportamientos y subjetividades. En este documento también se indica que los medios comerciales, con su información sexista, homofóbica y racista, están contribuyendo a la creación de sociedades discriminatorias. Por ello, la propuesta de las organizaciones de las Américas es exigir a los medios y sistemas de comunicación a reafirmar sus principios democráticos, éticos e interculturales, «abriendo sus espacios a la sociedad para incluir la expresión de la diversidad» (Plan de Acción, Foro de las Américas, art. 76).

Así mismo, las ONGs de las Américas señalan que hoy en día las relaciones de poder se miden por el acceso que tiene la gente a la información, por lo que se exigen a los Estados y gobiernos nacionales y locales que elaboren políticas y mecanismos de comunicación que garanticen el acceso a los medios a los grupos marginados, como mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, pueblo Rom y, entre otro/as, la población homosexual (Plan de Acción, art. 77).

Los gobiernos que participaron en la Cumbre Mundial contra el Racismo recogieron las críticas y cuestionamientos que las ONGs y organizaciones de la sociedad civil hicieron en contra de los grandes medios de comunicación (omisiones, imágenes falsas, estigmatizaciones, etc.).

La Declaración Final de los gobiernos también reconoce la necesidad de que los medios representen la diversidad de las sociedades actuales (art. 88), así como la importancia que tienen los medios comunitarios en abrir espacios de expresión para las víctimas del racismo, la discriminación y la intolerancia (art. 93). Sin embargo, los gobiernos decidieron no mencionar la concentración y monopolización de los sistemas de información y tampoco la necesidad de democratizar la comunicación, como propusieron las organizaciones sociales de las Américas (Plan de Acción, art. 76, 79).

A pesar de que el Plan de Acción de los gobiernos urge a los Estados y al sector privado a erradicar los discursos racistas, xenófobos y discriminatorios, especialmente contra migrantes y refugiados (art. 144), los documentos oficiales no reconocen que existe información que atenta contra los derechos y la dignidad de la población homosexual, travesti y transgénero y, por tanto, no se plantean propuestas para erradicar esta información homofóbica.

En los documentos finales adoptados por los gobiernos en Durban, queda pendiente la forma en que los Estados, la sociedad civil y las empresas privadas combinarán el derecho a la libre expresión y la libertad de prensa con la necesidad de regular y monitorear la información y los discursos que difunden los medios comerciales, Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación.

Diversidad sexual

En la Reunión Preparatoria Regional para las Américas, que tuvo lugar en Santiago de Chile, en diciembre del año 2000, los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe reconocieron que la orientación sexual es una de las causantes de la discriminación múltiple y agravada (Declaración, art. 51). Con este reconocimiento, los gobiernos de la región hicieron frente a un tema que por mucho tiempo ha sido considerado un tabú.

No obstante, ya en Durban, los representantes gubernamentales de varios países árabes volvieron a convertir la orientación y la diversidad sexual en un asunto controvertido, por lo que no fue fácil llegar a consensos en relación a este tema. Esto explica que mientras los documentos de las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil se refieren abiertamente a la realidad de gays, lesbianas, bisexuales, travestis y personas transgénero, así como a problemáticas como el sexismo, la homofobia y la lesbofobia, los documentos aprobados por los gobiernos en Durban son sumamente imprecisos y no nombran en lo absoluto a estas víctimas ni mencionan abiertamente estos temas.

Para las organizaciones de las Américas que trabajan el tema de la diversidad sexual, una de las demandas prioritarias es que los Estados y la comunidad internacional reconozca que la diversidad sexual es un derecho humano fundamental de todo ser humano (Declaración de las Reunión Satélite sobre Racismo, Discriminación e Intolerancia a la Diversidad Sexual). Aunque esta demanda fue recogida en los documentos del Foro Mundial de ONGs (Declaración, art. 6; Plan de Acción art. 111, 195), los gobiernos no lo incluyeron en sus resoluciones finales.

Así mismo, los documentos aprobados por el Foro de las Américas subrayan la exclusión permanente y sistemática de las minorías sexuales y exigen a la Conferencia Mundial de Durban que declare a la lesbofobia y a la homofobia como crímenes de lesa humanidad (Plan de Acción, art. 7); además, urgen a los Estados a derogar las leyes que penalicen la homosexualidad (art. 8). Estos dos planteamientos tampoco constan en los documentos de los gobiernos.

La Declaración Final que los gobiernos adoptaron en Durban reconoce que el «sexo» (no orientación sexual ni identidad de género) puede ser un agravante de la discriminación (introducción y art. 2). Igualmente, estos documentos oficiales se refieren repetidamente a las discriminación múltiple y agravada, así como a las libertades fundamentales que tiene todo ser humano (Declaración Final art. 26, 66, 81).

No obstante, estas referencias son demasiado vagas y generales, a pesar de que el Caucus Mundial de Orientación Sexual y el grupo de trabajo de Brasil propuso a los gobiernos incluir en sus documentos finales un lenguaje que reconozca y enumere en forma explícita (y no sobreentendida) las formas conexas, múltiples y agravadas de la discriminación, así como las diversas bases en las que se sustenta esta discriminación, como la orientación sexual, la identidad de género, edad, condición social, condición de salud, discapacidad, o el hecho de estar afectado/a por el SIDA o el virus del VIH.

Algunas de estas propuestas no alcanzaron consensos y, por lo tanto, no fueron incluidas en los documentos finales de los gobiernos.

Intolerancia

Uno de los grandes logros de la Conferencia Mundial de Durban, así como de los eventos preparatorios para esta cumbre, fue el hecho de incluir en las discusiones y documentos finales «otras formas de intolerancia», con lo que se ratificó la idea de que la discriminación no se produce únicamente en base a la raza y el color de las personas.

La Declaración de la Mesa de Trabajo sobre Intolerancia, presentada en Quito como parte del Foro de las Américas por la Diversidad y la Pluralidad, señala que la tolerancia es el «respeto y la aceptación de la otra persona, aquella que es diferente y es parte de la diversidad», mientras que la intolerancia está «ligada a la hegemonía de un grupo», que destaca privilegios para sí y se los niega a los otros. De igual manera, en esta Declaración se explica que no solo existe la intolerancia racial, sino que también hay intolerancias sociales, políticas, étnicas, culturales, religiosas, generacionales, de procedencia, condición de salud, género, orientación sexual, discapacidad, idioma, entre otras.

Hablar de intolerancia nos remite a dos problemáticas que están ligadas entre sí y son sumamente actuales en estos días: la intolerancia cultural y la intolerancia religiosa. Como señala la declaración del Foro de las Américas, actualmente existen intentos por imponer ideologías dominantes (económicas, culturales o religiosas) y modelos de vida hegemónicos (en relación a sexualidad, creencias, comportamientos, etc.), negando así la libertad y dignidad de las personas (Declaración Foro de las Américas, art. 7, 17, 71).

Aunque los gobiernos reconocen brevemente que uno de los efectos negativos de la globalización puede ser el hecho de agravar las disparidades económicas e incentivar la «homogenización cultural» (art. 11), los documentos aprobados por las delegaciones gubernamentales en Durban solo hacen referencias vagas a la intolerancia cultural que padecen, por ejemplo, las poblaciones de migrantes.

Así mismo, mientras los documentos del Foro Mundial de ONGs destacan y se extienden en el tema de la intolerancia religiosa, los gobiernos hacen pocas referencias a esta problemática (Declaración art. 58 y 60; Plan de Acción art. 14), a pesar de que en la actualidad la religión y la teología son la base de violentos conflictos en Irlanda, Yugoslavia, Palestina, Cachemira y Afganistán. Como señala la Declaración Final del Foro Mundial de ONGs, la intolerancia religiosa frecuentemente ha exacerbado la discriminación sistemática y el racismo, a través de la práctica de ciertas creencias y tradiciones que discriminan y marginan a ciertos grupos, por ejemplo, a las mujeres (art. 427, 432).

Afortunadamente también existen coincidencias entre los documentos de los gobiernos y aquellos de las ONGs y organizaciones de la sociedad civil de las Américas y el mundo. Ambas resoluciones destacan la importancia de preservar y proteger la «diversidad cultural» como un bien que enriquece a nuestras sociedades y como una forma de erradicar el racismo, la discriminación, la intolerancia y la violencia que hoy se vive alrededor del mundo (Declaración de los gobiernos, introducción, art. 11; Plan de Acción art. 58, 132, 141; Declaración del Foro de las Américas, art. 52). Además, los gobiernos y la sociedad civil reconocen y resaltan el hecho de que ya no vivimos (si algún día lo hicimos) en sociedades culturalmente homogéneas, sino que hoy predomina la diversidad y el multiculturalismo (Declaración de los gobiernos, art. 5). ¿Cómo respetar e incentivar esta diversidad cultural? El Foro de las Américas propone la educación plural y diversa como una forma de desarrollar el pensamiento, el sentimiento y la acción hacia una cultura de paz (Declaración de la Mesa de Trabajo sobre Intolerancia). Quedan pendiente las medidas, políticas y acciones concretas que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil emprenderán para hacer realidad esta cultura de la paz.


Notas:

* Comunicadora y antropóloga ecuatoriana, colaboradora de ALAI


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