Mujeres contra el ALCA: razones y alternativas
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Argentina: Desregulación, crisis e impactos sobre el mercado de trabajo
Norma Sanchís - Liliana Casanovas*
El contexto en la América Latina de los 90
América Latina se encuentra sumergida en ondas de “realismo mágico”, como bien refleja García Márquez, que no dejan de impactar las miradas de quienes habitan en otras regiones del planeta. Esta visión literaria y cultural puede aplicarse también a algunos aspectos de la realidad económica.
Desde los países centrales -cuna de la promoción del intercambio comercial como vía por excelencia para elevar los niveles de vida de la población- se observa que recurrentemente, a lo largo de las últimas tres décadas, se recrean nuevas institucionalidades multilaterales de comercio, las mismas que refuerzan progresivamente su liderazgo económico. Por su lado, la realidad socioeconómica de los países latinoamericanos, que se espera que integren estos acuerdos, aparece, década tras década, cada vez más debilitada desde el punto de vista político y económico, como para desarrollar sólidas estrategias de negociación comercial externa.
Es bajo este esquema que el ALCA es considerado como un proceso de protección de intereses particulares, en detrimento de intereses comunes de la región. Resulta evidente que debido a la composición productiva de las principales economías de la región, este acuerdo constituye una amenaza. En este sentido, es necesario que el diseño de políticas de comercio exterior integren estrategias que tiendan a elevar los niveles de eficiencia y equidad en las negociaciones, a fin de impulsar un crecimiento genuino para la región.
La apertura comercial en los 90
Tradicionalmente, los impactos del intercambio comercial de bienes y servicios entre dos o más economías fue visto como beneficioso, en la medida que es capaz de generar efectos de especialización internacional de la producción, con una consecuente reasignación más eficiente de recursos. Según esta visión, el intercambio comercial permite aumentar las opciones de consumo al tiempo que genera nuevas oportunidades de inversión y nuevos empleos.
Sin embargo, las tendencias en la apertura comercial en América del Sur, contrariamente al fuerte incremento de las exportaciones de México, mostraron, a lo largo de los 90, la existencia de un intercambio poco dinámico. Además, se dio un mayor incremento relativo de las importaciones, las cuales ejercieron un impacto negativo sobre algunas áreas de la producción, que habían logrado un importante grado de desarrollo en la región.
Aún con la implementación de políticas de competitividad basadas en el abaratamiento de mano de obra y el uso intensivo de los recursos naturales, los resultados no fueron promisorios. América Latina en su conjunto fue y es la región que registra la menor expansión en términos cuantitativos y cualitativos de sus exportaciones en el mundo1 .
Es significativo señalar también que la participación de empresas transnacionales en las exportaciones durante los 90 creció de manera notoria en la mayoría de los países de la región. Para el caso de Argentina, esa participación fue del 10.6% en el periodo 1990-1992, se elevó al 26.9% en 1995-1997 y alcanzó el 35.7% en 1998-20002 .
Si bien es cierto que las normativas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros acuerdos multilaterales restan capacidad a los Estados menos desarrollados para el diseño e implementación de políticas comerciales, cabe señalar que uno de los principales determinantes en la conducta macroeconómica de la realidad de la región fueron las elevadas tasas de interés, muy superiores en promedio a las de otras regiones. Estas tasas propiciaron el flujo de capitales especulativos, más que el ingreso de capitales destinados a inversiones genuinas, dirigidas a promover las exportaciones.
En efecto, a lo largo de los 90 se fortalecieron aquellas tendencias de distribución regresiva, que ya eran claras a principios de la década, y que continúan caracterizando a la región como una de la más inequitativas en términos de ingresos per capita.
Pese a la relativa recuperación del crecimiento que se observó, sobre todo en el primer quinquenio, en varios países de América Latina no se lograron contrarrestar los marcados deterioros distributivos que se habían observado en los 80, y en algunos casos la situación fue más crítica aún. El Panorama Social de la CEPAL de 2001 muestra que, salvo Costa Rica y Uruguay, en el resto de los países el 10% de la población de mayores recursos se apropia del 30% o más de la riqueza, llegando esta proporción al 45% en el caso de Brasil (el país con más altos índices de concentración de riqueza de toda la región). En cambio, la participación del 40% más pobre ronda en todos los países el 10%, con excepción de Uruguay, en donde llega al 22%.
En el conjunto de los países de la región, durante el trienio 97-99 se produjo un importante shock distributivo negativo, el cual tuvo como consecuencia el incremento de la desocupación en el conjunto de la región y el creciente aumento del la informalidad y precariedad laboral. Durante la década creció la participación femenina en casi seis puntos, pero se mantuvo una brecha en el desempleo en detrimento de las mujeres.
En términos generales, las condiciones socio-laborales en América Latina se deterioraron profundamente afectando a la población trabajadora en su conjunto y particularmente a las mujeres, más expuestas a relaciones laborales precarias y en áreas de menor productividad.
La crisis de Argentina hoy: broche de oro de las decisiones de los 90
Con el objeto de insertarse activamente en la dinámica del contexto global, desde el inicio de los 90 y al igual que en la mayoría de países de América Latina, en Argentina comienzan a aplicarse políticas de ajuste estructural e importantes reestructuraciones productivas.
Se buscaba, a través de estos ajustes, alcanzar estabilidad macroeconómica, mediante, entre otros, la aplicación de mecanismos de desregulación financiera, liberalización comercial, privatizaciones de las empresas que estaban en manos del Estado. Otro importante conjunto de reformas, por ejemplo en el mercado de trabajo, iba a acompañar la profundidad de estos cambios. El ajuste del gasto público a costa de severos recortes en cantidad de agentes, la descentralización del sistema educativo y de salud, y la transferencia de estos servicios a las provincias formaron parte, así mismo, de los cambios estructurales. Al sector público ingresaron importantes recursos financieros de organismos multilaterales de crédito para desarrollar programas de reestructuración del sector, a fin de que se consolidaran los cambios que según esas fuentes de financiamiento iban a garantizar un crecimiento sostenido y sustentable.
El modelo firmemente impulsado y avalado por las principales entidades financieras internacionales afirmaban que este esquema garantizaba el crecimiento de sectores productivos estratégicos, cuyos posteriores efectos de derrame para el conjunto de la producción daba como resultado un genuino aumento para toda la economía.
Este mecanismo de crecimiento se confirmó hasta mediados de la década, pero las tasas de crecimiento en el PBI no se sostuvieron. Tanto las exportaciones como la inversión y el empleo se mantuvieron muy por debajo de las expectativas: el modelo comenzó entonces a producir insatisfacción y malestar, principalmente en los sectores a los cuales no alcanzaron los “éxitos de las reformas”.
El factor clave y principal en el esquema de reformas fue la convertibilidad cambiaria. En efecto, con el objetivo de frenar la hiperinflación del 89-90, a principios de 1991 se fijó por ley la paridad uno a uno entre el peso y el dólar.
Este esquema, que resultó exitoso en sus inicios, imponía serias restricciones al funcionamiento de la economía y terminó constituyéndose, como era técnicamente previsible, en un corset de hierro que desalentó, entre otras, las posibilidades exportadoras para un importante conjunto de productos y promovió el ingreso desmesurado de bienes importados. Algunos de estos bienes, provenientes del sudeste asiático, desconocieron cláusulas legales y arrasaron la capacidad productiva nacional de muchos sectores productivos.
A lo largo de los primeros años de la década del 90, el comercio y la inversión intrarregional resultaron favorables para los principales socios del MERCOSUR: Argentina y Brasil. Pero el cielo de ambos países comenzó a llenarse de nubarrones a partir de la crisis mexicana de 1994. El acceso a los mercados internacionales de capital se deterioró sensiblemente y siguió agravándose aún más luego de la crisis del este asiático de 1997 y el “default” de Rusia de 1998. Este deterioro en las condiciones de acceso al financiamiento externo puso claramente de manifiesto la vulnerabilidad de la economía argentina y la de otras economías de la región, frente a cambios en las condiciones internacionales.
A partir de estas señales, se agudizaron procesos de turbulencias macroeconómicas internas, las cuales operaron sobre un proceso recesivo, que cobró crítica singularidad desde 1997. La desaceleración global del 2000-2001 empeoró aún más la situación socioeconómica que Argentina venía ya padeciendo.
Algunos de los efectos negativos que ya estaban presentes en el mercado de trabajo desde mediados de los 90 no tardaron en hacerse notar, particularmente y con mayor intensidad sobre la población trabajadora femenina. Las quiebras sucesivas de empresas pequeñas y medianas, asociadas con actividades productivas que tradicionalmente ocupan mano de obra femenina, el traslado de las corporaciones a otras plazas, con salarios depreciados en relación al dólar (como fue el caso de las industrias de la alimentación o el vestido), llevó rápidamente a la brusca caída del empleo total en esas actividades y, consecuentemente, provocó el incremento de las tasas de desempleo de las mujeres de todos los grupos etáreos.
Cabe resaltar que desde 1991 comenzaron a introducirse importantes modificaciones en las regulaciones del mercado de trabajo. Estas medidas, en consonancia con el conjunto de reformas macroeconómicas, procuraban que la flexibilización de la mano de obra y la disminución de los costos laborales totales operaran favorablemente sobre los sectores productivos.
Hacia fines de 1994, se dispusieron reducciones en las contribuciones patronales a la seguridad social para todo tipo de contratos realizados por empresas productoras de bienes transables, con diferente intensidad, dependiendo de la localización del establecimiento. Luego de una disminución transitoria en 1995, el beneficio se restableció y extendió a todos los sectores. No obstante el efecto buscado y deseado, estas políticas no lograron recomponer el mercado laboral, ni promover la creación de empleo genuino y/o de calidad.
Los contratos establecidos originalmente en la Ley de Empleo de 19913 , y luego modificados y ampliados a través de otros instrumentos legales en 1995, buscaban incentivar el empleo global y de ciertos grupos objetivos, a través de mecanismos de reducción del costo laboral, la rebaja de las contribuciones patronales y las indemnizaciones por despidos, generando patrones de relaciones laborales mucho más flexibles y desprotegidos.
Por su parte, el actual funcionamiento del mercado de trabajo puede resumirse en: a)un volumen de ocupación agregada y por nivel de calificaciones, influenciado sólo en una proporción reducida y transitoria por las políticas de empleo4 , b) una falta de adecuación entre las características de la oferta y la demanda, c) un bajo grado efectivo de protección de los trabajadores en general y de las trabajadoras en particular, en cuanto a la estabilidad de los puestos de trabajo, en los ingresos, en la cobertura de la seguridad social.
Todo esto naturalmente está influenciado por la situación global del mercado de trabajo, pero el debilitamiento de las normas protectoras tienen un efecto más fuerte aún en contextos de elevada desocupación, como es el caso de Argentina.
En este marco, resulta de interés presentar otros indicadores conexos al mercado de trabajo, que corresponden a la situación social y a las transformaciones derivadas del mercado de trabajo en este período, y mediante los cuales se indican acentuaciones o reversiones de tendencias a partir de la crisis actual:
* La retención escolar y el nivel educativo se ha incrementado ampliamente en la década. Esta tendencia ha sido mucho más notoria para las mujeres: en 1999, el nivel de escolaridad entre los 15 y los 18 años era de 8 de cada 10 mujeres, mientras que entre los varones era de 7,3 cada 10. En ese mismo período, las mujeres superan a los varones en más de dos puntos porcentuales en los niveles de instrucción de nivel superior incompleto o más.
* Según datos recientes5 , casi 3 de cada 10 hogares (28,8%) de las regiones urbanas de Argentina tienen como principal sostén a una mujer. Esta cifra constituye un récord histórico. En 1991 la proporción alcanzaba al 22,4% y tras el impacto de la crisis del Tequila trepó al 26%. La distribución regional muestra fuertes diferencias, llegando a cerca del 35% en grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Santa Fe.
* Mientras que en los años 60 la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo encontró sus raíces en los cambios de los patrones sociales y culturales, en las últimas décadas y particularmente en los períodos de crisis, este crecimiento está asociado con la destrucción de puestos de trabajo típicamente masculinos, particularmente en la industria y la construcción. En el Gran Buenos Aires, el 34% de las mujeres trabaja o busca trabajo. En los 80, ese porcentaje rondaba el 25% y a principios de los 90 era del 27%. El aumento en la tasa de participación femenina, aunque sigue siendo notoriamente inferior que la masculina, se asocia a los períodos de crisis: la hiperinflación 89-90, el Tequila o la recesión iniciada en 1998.
* Algunas fuentes hacen notar que la crítica situación social está revirtiendo una tendencia histórica de mayor desempleo femenino. Los datos de mayo de 2002 revelan que en la región metropolitana, el desempleo masculino (23,2%) supera al femenino (20,1%).
* La diferenciación de ingresos por el trabajo de mujeres y varones continúa sus tendencias históricas (alrededor del 73% para las mujeres), aunque esto también está asociado a la carga horaria de los trabajos de unos y otras.
Cabe así mismo resaltar los resultados de las políticas de principios de 2002 sobre los niveles de bienestar de la población en su conjunto, con consecuencias no previstas. El shock producido por el cambio de las principales variables macroeconómicas6 y su impacto directo sobre el nivel de actividad y en la asignación de recursos condicionan de manera total, tanto al mercado de trabajo como a los niveles de distribución y de pobreza.
Las políticas sociales deberían asumir un rol clave en lo inmediato, para tratar de paliar estos efectos regresivos en la distribución de los ingresos primarios, además de influir más inmediatamente sobre la formación de las capacidades productivas de las personas y, por lo tanto, sobre la distribución futura de ingreso.
Cabe consignar que algunas de las consecuencias desvastadoras de la crisis actual están presentes en varias de las observaciones que a continuación se presentan:
* hoy más de 5 millones de argentinos/as no consiguen ingerir una dieta imprescindible para sostener su salud y crecimiento y la mitad de la población se ubica por debajo de la línea de pobreza.
* dentro de la población que cae en la pobreza, hay un claro predominio de niño/as y mujeres. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, 7 de cada 10 habitantes que se encuentran en el grupo del 20% con menores ingresos son mujeres.
* hace cuatro años, el decil del 10% más rico de la población ganaba 19 veces más que el más pobre; en la actualidad, gana 34 veces más. Tomando nuevamente el caso de Buenos Aires, que es la concentración urbana más rica del país, puede observarse que el 10% más rico se queda con el 54,6% de los ingresos totales. En el otro extremo, el 50% de menores ingresos de la población participa de un 8,7% del total de ingresos7 .
En resumen, la prolongada recesión, la falta de confianza en la economía por parte de todos los actores que participan en ella y también en el sistema político, agudiza día a día el entorno socioeconómico. Pero más grave aún, la pérdida de confianza se extiende a las propias instituciones y es, en efecto, uno de los problemas más graves de Argentina. El verdadero peligro no radica tanto en el desprestigio de sus dirigentes sino en esta pérdida de confianza en las instituciones, que carecen de bases sólidas, transparentes y participativas.
El dramático estado de cosas requiere identificar responsabilidades. Por primera vez en la historia y a propósito de la crisis Argentina, la CEPAL denuncia el papel preponderante que tuvo el FMI en el proceso de toma de decisiones que condujo al actual desenlace.
Es importante señalar también la responsabilidad insoslayable de quienes toman las decisiones a nivel nacional, quienes, desde su lugar de poder, no cuestionaron el alcance de las recomendaciones, ni implementaron medidas preventivas o paliativas, cuando comenzaron a percibirse señales económicas que comprometían recursos no sólo de corto plazo sino que moldeaban también el largo plazo.
Es en estos aspectos, observamos que las posibilidades de dinamizar nuestra capacidad productiva se encuentran restringidas y, por lo tanto, todos aquellos acuerdos multilaterales que se establezcan en este escenario quedarán signados por las actuales condiciones de fragilidad que hoy caracteriza la realidad socioeconómica y política de Argentina.
Los desafíos hacia adelante
Las negociaciones del ALCA se insertan en este contexto de debilidad de las políticas económicas, comerciales y sociales de la región, acentuando las asimetrías entre las economías y el poder de negociación de los países participantes del Acuerdo.
Por lo tanto, algunas de las reformas a implementar deberían centrarse en “incluir” principalmente a aquellos que fueron “excluidos” de una u otra forma del sistema productivo, educativo, de salud, etc. Vale decir que quedaron excluidos de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, y que únicamente alcanzan a ejercer su ciudadanía formalmente al momento del voto para elegir a sus representantes.
Hoy existe una importante posibilidad de revertir -mediante un mayor compromiso con y para toda la sociedad- las políticas que se dirigían a sostener exclusivamente los intereses económicos, y cuyos únicos objetivos eran obtener importantes ganancias en el corto plazo, desentendiéndose de las necesidades para el desarrollo productivo del país y del bienestar de las nuevas generaciones por venir.
Por ejemplo, desde las políticas laborales, se requiere volver a poner en el centro el eje de la equidad. Para ello, será necesario desarrollar acciones destinadas a colaborar activamente con la reducción de los niveles de desempleo, elevar la calidad del trabajo y disminuir la brecha de remuneraciones en un contexto de incremento del salario medio. Sólo si la producción agregada se expandiera a una tasa sostenida, será viable reducir en algunos puntos porcentuales las tasas de desempleo abierto. Pero se requieren propuestas que sean realistas y que estén acompañadas por un conjunto de medidas que resulten consistentes.
Las políticas a implementarse también deben facilitar la elevación de la productividad del trabajo. El desafío, desde el punto de vista de género, consistirá en plantear medidas que tiendan a aumentar el bienestar de las trabajadoras, sin que operen negativamente contra la eficiencia.
Las propuestas en materia laboral deberán detener la tendencia verificada en los últimos años de erosionar el carácter distributivo y protector de las regulaciones. Aún en el supuesto de que las propuestas de medidas flexibilizadoras tuviesen, por su magnitud, algún impacto positivo sobre el empleo, éstas podrían derivar en un grado de precarización de la relaciones laborales que no pueden ser aceptados en los umbrales del siglo XXI.8
Por su parte, los nuevos ajustes externos, a partir de la salida del régimen de convertibilidad, deberán orientarse a obtener amplios superávits comerciales. El desafío consiste en pensar una estructura de las exportaciones vis a vis las importaciones, que permita capitalizar, desde lo productivo, el elevado tipo de cambio, post-devaluación.
Por lo tanto, es de esperar que tengan un rol apreciable aquellas industrias que puedan incorporar mayor nivel de valor agregado a su producción. Si una parte importante de la misma se destina al mercado externo, se podrá favorecer un intercambio más equitativo con la producción de los países desarrollados. Las actuales condiciones macroeconómicas y productivas no permiten afirmar que ello será viable en el corto plazo.
Mientras tanto, deberán arbitrarse mecanismos y estrategias de negociación que prevean defender la producción local, lo cual implica defender puestos de trabajo actuales y/o nuevos puestos de trabajo, producto del potencial crecimiento del mercado externo.
Desde la perspectiva del ALCA, las asimetrías que prevalecen entre los países del Norte y los del Sur de la región, y que hoy se encuentran en niveles superiores a promedios históricos, expresa que no existen posibilidades realistas de un acuerdo equitativo. Las ecuaciones básicas entre países no ofrecen las garantías mínimas para que los intercambios resulten positivos para quienes se encuentran en condiciones comerciales menos ventajosas, de manera tal que pueda subsanar las limitaciones que operan en sus sistemas productivos.
Los acuerdos comerciales demandan, así mismo, credibilidad en los compromisos, transparencia en la aplicación de las cláusulas, la abstención de presiones que no sean las estrictamente económicas, el incremento de las posibilidades conjuntas de investigación y desarrollo, distribuyendo equitativamente costos y beneficios.
Se requiere, por lo tanto, una integración positiva, que permita a los países miembros desarrollar una mayor comprensión frente a los cambios permanentes de competitividad, así como desarrollar mecanismos de mayor transparencia para administrar costos de ajustes y consecuencias de shocks no previstos.
Notas:
* Red Internacional de Género y Comercio, Argentina.
1 Ventura Dias, Vivianne: “Comercio, liberalización y equidad: notas para la discusión”, 2002.
2 Ventura Dias, Ibidem.
3 La legislación proponía contratos de trabajo a tiempo determinado para el caso del lanzamiento de una nueva actividad, como medida de fomento del empleo. Otros contratos promovidos son los de práctica laboral para jóvenes, de trabajo-formación, de trabajo eventual, de temporada, etc. En estas modalidades se incluye también a las mujeres como grupo objetivo. En todos los casos, se tratan de modalidades de contratación desprotegidas y exceptuadas de las regulaciones vigentes.
4 Entendiendo por éstas no sólo a las medidas activas y pasivas sino también a las regulaciones del mercado de trabajo.
5 Instituto Nacional de Estadística y Censos, Encuesta Permanente de Hogares, Mayo de 2002.
6 Introducción de un tipo de cambio flotante, aplicación de un régimen de depósitos con cláusulas de montos fijos para el retiro de fondos, pesificación de los préstamos en dólares, entre otras.
7 INDEC, Encuesta Permanente de Hogares, octubre de 1999.
8 Beccaria, Luis, 2002.