El presidio político en Estados Unidos (II)

Valientes mujeres puertorriqueñas

Salvador Capote

01/10/2013

Opinión

^-A ⁺A

El mundo quedó horrorizado cuando supo de las atrocidades que se cometían en centros de detención diseñados para quebrar la voluntad de los prisioneros, como los de Abu Ghraib y Guantánamo. Sin embargo, los primeros ensayos de este tipo de instalaciones carcelarias habían surgido en Estados Unidos varias décadas antes.

Susan Rosenberg, Silvia Baraldini y Alejandrina Torres

Uno de los más diabólicos intentos de mezclar la humillación y la tortura con perversos recursos psicológicos, tuvo lugar en Kentucky con la creación de la eufemísticamente llamada “High Security Unit” (HSU), “unidad de control” experimental para mujeres, situada en la “Federal Correctional Institution” de Lexington.

La HSU fue inaugurada en 1986 durante la administración de Ronald Reagan. Constaba de 16 celdas de aislamiento subterráneas donde las prisioneras perdían la noción del tiempo, pues vivían bajo luces artificiales las 24 horas del día vigiladas por cámaras que registraban absolutamente todas sus actividades. La propiedad personal estaba prohibida. Con frecuencia se les sometía a un régimen de privación del sueño, despertándolas a intervalos cuando intentaban dormir. A menudo eran sometidas a humillaciones como el “chequeo de cavidades” que se convertía en acoso sexual al ser realizado por hombres.

Ya desde esa época se experimentaba con los métodos conocidos como “sensory deprivation” (privación sensorial) o “perceptual isolation” (aislamiento perceptual) que consiste en reducir o eliminar uno o más de los estímulos sensoriales, lo cual provoca efectos devastadores en los prisioneros, como ansiedad, alucinaciones y depresión. Efectos similares provoca el llamado “efecto Ganzfeld” en que, por el contrario, se utiliza un estímulo (luz, sonido, etc.) de manera constante y durante largos períodos.

En la HSU fueron internadas varias conocidas luchadoras puertorriqueñas, militantes de organizaciones independentistas, clasificadas oficialmente como “high risk” (alto riesgo) aunque ninguna se había comportado de manera violenta antes de ser trasladadas a Lexington.

Alejandrina Torres, vinculada con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), fue arrestada en junio de 1983. Al igual que sus compañeras, Alejandrina asumió ella misma su defensa e informó a la corte de distrito que consideraba ilegal el procedimiento y que reclamaba ser juzgada por una corte internacional. Bajo el cargo de “conspiración sediciosa” para intentar derrocar el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, fue sentenciada a 35 años de prisión.

Alejandrina fue ubicada arbitrariamente en una prisión para hombres donde, como era de esperar, sufrió repetidos asaltos sexuales. Luego tuvo que sufrir durante dos años los horrores de la SHU hasta que, finalmente, fue trasladada a la prisión de mujeres en Danbury, Connecticut, donde fue liberada en septiembre de 1999 por el presidente Bill Clinton a instancias del Rev. Desmond Tutu y del ex presidente Jimmy Carter.

Silvia Baraldini nació en Italia pero colaboró activamente con el “Black Power” y con el movimiento independentista puertorriqueño durante mucho tiempo. Silvia se negó a declarar ante el Gran Jurado que investigaba las actividades de los independentistas y fue condenada a 43 años de prisión en 1982. Transferida a Italia en 1999 para que cumpliese allí el resto de su condena, fue liberada el 26 de septiembre de 2006 gracias a una ley de perdón promulgada por el parlamento italiano.

Susan Rosenberg, poeta, escritora y veterana en las luchas por la justicia social, perteneció a muchos movimientos radicales y fue militante activa del movimiento por la independencia de Puerto Rico y del “May 19^th Communist Organization”. Arrestada en 1984 se le acusó, entre otros cargos, de cómplice en la fuga de prisión de Assata Shakur. Fue sentenciada a 58 años de prisión, de los cuales cumplió 16. El 20 de enero de 2001, el último día de su mandato, Bill Clinton le otorgó el perdón presidencial.

Después de su liberación, Susan Rosenberg trabajó como profesora adjunta de literatura del John Jay College de Manhattan pero, después de cuatro semestres, presiones políticas obligaron al centro universitario a rescindir su contrato. En 2011, Susan publicó sus memorias de la prisión con el título “An American Radical: A Political Prisoner in my Own Country” (Una americana radical: prisionera política en mi propio país).

El movimiento independentista puertorriqueño denunció vigorosamente el inhumano tratamiento de sus compañeras. La “American Civil Liberties Union” (ACLU), después de una visita a la SHU la clasificó de “living tomb” (sepulcro con vida). El Dr. Richard Kom, psicólogo clinico, a nombre de la ACLU concluyó en su informe que el objetivo de la HSU era “…reducir las prisioneras a un estado de sumisión esencial para su conversión ideológica. Si esto falla, el siguiente objetivo es convertirlas en sus propias y eficientes antagonistas. Si esto falla también, la alternativa que resta es destruirlas logrando que se destruyan a sí mismas”. Un informe de 38 páginas de Amnisty International concluyó que la HSU estaba violando los estándares internacionales de tratamiento de prisioneros (1). De modo similar se pronunciaron otras organizaciones.

Tras una ardua campaña de denuncia de las atrocidades que se cometían en la HSU, un juez determinó “que las prisioneras habían sido ilegalmente clasificadas en base a sus afiliaciones políticas, declaraciones y credos políticos.” (2). El Buró Federal de Prisiones se vio obligado a cerrar la unidad en 1988, a sólo dos años de su inauguración, y a transferir las mujeres a otras prisiones.

NOTAS

(1) Rosenblatt, Elihu: “Criminal Injustice: Confronting the Prison Crisis”, South End Press, 1996, p.328.

(2) McGowan, Daniel: “Tales from inside the U.S. Gitmo”, Huff Post POLITICS, Sept. 12, 2013.

https://www.alainet.org/pt/node/79758