La Procuraduría: un obstáculo para las minorías y para la oposición

Pedro Santana Rodríguez

05/05/2013

Opinión

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En una excelente crónica el diario El Espectador en su edición del domingo pasado (28/04/2013) describe las jugadas políticas realizadas por Alejandro Ordóñez al frente de la Procuraduría General de la Nación en que se ve muy claramente el sesgo político que tienen sus acciones y sus actuaciones al frente del ministerio público. En esa crónica se señala cómo Alejandro Ordóñez tiene en jaque a Gustavo Petro, alcalde del Movimiento Ciudadano Progresistas y uno de los más aguerridos adversarios del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, con quien el señor Procurador se habría reunido varias veces en lo últimos meses. A Petro lo tiene en investigación disciplinaria por el descalabro inicial que tuvo el nuevo esquema de recolección de las basuras en la ciudad de Bogotá. La defensa de Petro en el proceso disciplinario que se le sigue en la Procuraduría General de la Nación renunció a la defensa del Alcalde alegando carecer de garantías en el proceso, Daniel Prado, señaló dificultades y falta de tiempo para conocer los documentos al tiempo que denunció como en este caso se marcha a toda velocidad mientras que la Procuraduría no se ha manifestado por ejemplo frente al cartel de la corrupción que se destapo en la ciudad en los últimos años. Ordóñez ni siquiera se manifestó frente a las denuncias y frente a las obstrucciones en que habría incurrido en el proceso según denuncia pública del abogado de la defensa del Alcalde.

Así mismo el Procurador señala El Espectador tiene en investigación al gobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama por la concesión de una licencia minera al conyugue de una de sus secretarias departamentales, Beatriz White, así mismo señala el diario mantiene abierta una investigación disciplinaria en contra del ministro de la Vivienda, Germán Vargas Lleras, por sus presuntos nexos con los grupos paramilitares de Casanare. Así pues tres figuras que no son afectas al uribismo sino de oposición o por lo menos lejanas de esta causa política estarían en la mira de Ordóñez.

En Colombia y contrariando la Convención Americana de los Derechos Humanos que estipula que a los funcionarios elegidos solo se los puede destituir o condenar por autoridades judiciales, avanzan procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría, que pueden terminar tanto en la destitución como en la inhabilidad política a funcionarios elegidos por voto popular. De buena fuente se sabe que el Procurador en el caso de Gustavo Petro buscaría sancionarlo con dos meses de suspensión para después destituirlo e inhabilitarlo por varios años como ya hizo con la senadora Piedad Córdoba o más recientemente con el secretario de Gobierno de Bogotá, Guillermo Asprilla. En este último caso actuó totalmente en contra de un fallo judicial de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Bogotá y Cundinamarca quien había exonerado a Asprilla por los mismos hechos investigados por la Procuraduría General de la Nación.

El caso de Fajardo es menos conocido pero con el informe del diario El Espectador sale a la luz pública. Como se sabe tanto Petro como Fajardo suenan desde ya como candidatos por la franja independiente para las elecciones presidenciales del año 2018. Si se cumplen los vaticinios del Espectador, Ordóñez estaría descabezando a los sectores progresistas e independientes que han contribuido a oxigenar el mapa político colombiano.

El asunto es más grave en el caso de Gustavo Petro, independientemente si se equivocó en las medidas que tomó frente al tema de la recolección de las basuras, una suspensión y una destitución no solo sería exagerada sino que enviaría un pésimo mensaje a la mesa de negociación entre el gobierno y la insurgencia armada de las FARC en La Habana y ello por cuanto Gustavo Petro representa a los desmovilizados del grupo guerrillero M19 que se reintegró a la vida civil después de un exitoso proceso de negociación de este grupo guerrillero con el Estado. Petro y sus compañeros del M19 han cumplido con la democracia y han honrado con sus actuaciones los pactos suscritos en el año de 1990. El mensaje es que un poder arbitrario y desmedido puede sacar del juego político a los dirigentes que han cumplido con los acuerdos de paz firmados con el Estado.

Como se sabe Ordóñez se opone al proceso de negociación con la insurgencia de las FARC y muchos sectores de la derecha política en el país le calientan el oído para que se lance a la contienda presidencial del próximo año. Ordóñez no ha rechazado públicamente esos ofrecimientos. Lo que sí es público es su oposición a los diálogos de La Habana. Cómo es claro también que contrariando el mandato constitucional que lo obliga a abogar por los intereses de las minorías se ha opuesto a los matrimonios civiles de parejas del mismo sexo en que ha librado con sus funcionarios una cruzada contra estas minorías. También es claro que sus funcionarios han actuado en favor de los procesados por paramilitarismo en los estrados judiciales y que no van más de 12 sanciones de parlamentarios condenados por la Corte Suprema de Justicia por los nexos probados con estos grupos de extrema derecha. A pesar de que la Corte ha proferido condenas a 43 parlamentarios Ordóñez sólo ha sancionado disciplinariamente a 12 de ellos. Una justicia disciplinaria con claros sesgos ideológicos y ahora políticos. Si se concretan las sanciones a éstos funcionarios públicos electos se estaría contribuyendo a la deslegitimación del Estado y se estaría violentando la soberanía popular.

- Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 349

Semana del 3 al 09 de mayo de 2013

Corporación Viva la Ciudadanía

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