En una escueta carta fechada el 30 de septiembre y acogiéndose a la Justicia Especial de Paz, JEP, tres excomandantes de la extinta guerrilla de las FARC en proceso de reintegración, asumen la responsabilidad por haber ordenado y perpetrado seis asesinatos, ocurridos entre 1987 y 2002, entre ellos el del líder político conservador y expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Álvaro Gómez Hurtado, crimen perpetrado en la ciudad de Bogotá el 2 de noviembre de 1995.

En la misma comunicación aceptan responsabilidad por los asesinatos del exconsejero de Paz y profesor universitario, Jesús Antonio Bejarano, asesinado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia el 15 de septiembre de 1999. También del exministro de Defensa y general (r) Fernando Landazábal Reyes, perpetrado el 12 de mayo de 1998 y del representante a la Cámara instigador de la organización de los grupos paramilitares, Pablo Emilio Guarín, ocurrida el 15 de noviembre de 1987.

Por último asumen la responsabilidad por el asesinato de los exguerrilleros José Fedor Rey, alias Javier Delgado, disidente de las propias FARC (30 de junio de 2002) y de Hernando Pizarro León-Gómez el 25 de febrero de 1995.

La carta firmada por Julián Gallo Cubillos, “Carlos Antonio Lozada” como se le conoció en la guerra; Pastor Álape Lascarro y Pablo Catatumbo, señala que dirán la verdad en la justicia para la paz y que lo hacen como una contribución temprana a la verdad alrededor de estos seis asesinatos que han permanecido durante más de 25 años en la más completa impunidad.

Esta confesión sobre la responsabilidad de las FARC en los asesinatos mencionados ocasionó diversas reacciones y vuelve a poner en el centro del debate la confrontación de los enemigos del proceso de Paz a la cabeza de los cuales no cabe hoy la menor duda se encuentran el presidente Iván Duque y su jefe y mentor, Álvaro Uribe Vélez, hoy recluido en detención domiciliaria por cometer presuntamente los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Duque ha salido a poner en duda la confesión de las FARC, por supuesto sin argumentos serios y ha pedido a la fiscalía general de la Nación en cabeza de su amigo y condiscípulo, Francisco Barbosa, que continúe con la investigación sin descartar ninguna hipótesis. En el propio acto de posesión de Barbosa Duque la había solicitado que esclareciera el crimen de Álvaro Gómez.

Diligente como siempre con las orientaciones de Duque, la fiscalía de Barbosa en cabeza de la fiscal Elva Beatriz Silva Vargas, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, ha llamado a versión libre a los excomandantes de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, hoy presidente del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y a Carlos Antonio Lozada. Por supuesto Londoño ha señalado que no concurrirá pues su juez e investigador es la Justicia Especial para la Paz, JEP, como también lo ha señalado claramente la presidenta de la JEP, Patricia Linares. Londoño dijo “Semejante citación es absolutamente contraria al Acuerdo, a los actos legislativos, leyes y sentencias de la Corte Constitucional. Constituye una flagrante violación de los más elementales principios jurídicos y de procedimiento. Todo el mundo sabe que los procesos judiciales deben cumplirse ante el funcionario competente. Y ese funcionario es la JEP.

Cada día me convenzo más que este gobierno y su partido, ni siquiera se han tomado la molestia de leer el acuerdo de paz que quieren hacer trizas”. (La citación a la Fiscalía es contraria al acuerdo. El Tiempo, 8, 10, 2020).

Ahora en esa guerra sin cuartel del gobierno y sus áulicos en contra del proceso de Paz vendrá la confrontación entre la Fiscalía de Barbosa y la JEP para determinar quién tiene la competencia, ellos saben que esa pelea la perderán pues las normas son claras, en este caso la competencia es de la JEP y la Fiscalía debe trasladar todo el acervo investigativo y probatorio a la JEP para que sean sus investigadores y sus jueces quienes determinen tanto la responsabilidad como las sanciones a los autores de estos crímenes. Pero aquí de lo que se trata es de obstaculizar, poner trabas. Impedir que las investigaciones avancen, obstruir. Esa es la lógica de este gobierno.

Ahora bien lo que pasa es que con la confesión de las FARC sobre estos abominables crímenes, que además no tienen justificación ninguna, se desbaratan hipótesis que le eran muy convenientes a Álvaro Uribe, sobre todo la hipótesis que además ha sido respaldada durante años por la familia de Gómez Hurtado. Según esa hipótesis se trataría de un crimen de Estado ordenado por el entonces presidente de la República, Ernesto Samper y su ministro del Interior, Horacio Serpa y ejecutado por el cartel del Norte del Valle. Uribe como se ha denunciado recientemente busco durante estos últimos años reforzar esta hipótesis que por lo demás beneficiaría a su hermano a punto de ser condenado por la organización de grupos paramilitares quien está a la espera de condena en la justicia ordinaria.

Durante años está hipótesis fue la que se manejó en los grandes medios de comunicación. Álvaro Gómez según esta narrativa se habría involucrado en un golpe de Estado en contra de Samper debilitado por la infiltración y financiamiento de su campaña electoral por el cartel de Cali. En ese complot habrían participado sectores de las Fuerzas Armadas. Al final Álvaro Gómez no habría estado de acuerdo y por eso lo habrían asesinado.

Con la confesión de las FARC esta hipótesis se derrumba y con ella salen a relucir las gestiones de Álvaro Uribe, que buscaría con el beneplácito de Barbosa hoy al frente de la Fiscalía, para involucrar a Samper y a Serpa en el crimen. Ahora será la JEP la que tenga que esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que las FARC perpetraron esos crímenes. De la solidez de esta investigación dependerá en buena medida su credibilidad y por supuesto también la credibilidad de las FARC y del proceso de paz.

Pero también la confesión de las FARC y su solicitud de perdón a las víctimas de estos execrables crímenes muestran el daño que esta guerrilla hizo al país. Gómez Hurtado si bien en su juventud fue amigo de las acciones intrépidas y antidemocráticas y fue él como senador de la República, quien instigó al gobierno de Guillermo León Valencia para que atacara a los campesinos en el sur del Tolima en el año de 1964, con la teoría que lo que había allí no eran asentamientos campesinos sino Repúblicas Independientes, que deberían ser confrontadas militarmente, como en efecto lo fueron y dieron nacimiento a las FARC. Gómez Hurtado, en sus últimos años, fue un personaje de paz y uno de los artífices de la Constitución Política de 1991. Su asesinato fue un error garrafal de una guerrilla cruel y desfasada de la realidad del país. Como también lo fueron los crímenes que ahora confiesan.

Pero el proceso de Paz es eso, un proceso en que los actores deben reconocer sus errores y asumir sus responsabilidades. LAS FARC comienzan a hacerlo y es una buena señal y por ello hay que respaldarlo sin vacilaciones. Nos estamos jugando el futuro del país. El proceso no puede fracasar.

Bogotá, octubre 8 de 2020.

- Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur