Un entendimiento entre el movimiento indígena y el gobierno de Lenín Moreno logrado en la noche del 13 de octube permitió poner fin al paro nacional que se prolongó por 11 días consecutivos,  mismo que contempla la derogatoria del decreto 883 que liberalizó e incrementó los precios del diésel y de la gasolina extra, la de mayor consumo popular.

Con la mediación del coordinador residente de las Naciones Unidas en Ecuador y de la Iglesia Católica, las dos partes llegaron a un acuerdo mediante el cual el gobierno deroga el decreto 883 y los indígenas suspenden el paro.

En horas de la tarde de ayer, el Presidente Moreno dejó sin efecto el mencionado decreto, lo que implica que los precios de los combustibles y de los pasajes deben volver a sus valores anteriores, a partir del 15 de octubre.

El Ejecutivo también dispone la “elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidio de combustibles, con un enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que estos no se destinen a personas de mayores recursos económicos, ni a contrabandistas de combustibles”.  

Lo que no acepta Moreno es el pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador  (CONAIE) que sean separados la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín,  a quienes responsabiliza de encabezar la represión y la violación de los derechos humanos.

El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo

Tras 11 días de convulsión social, las actividades cotidianas vuelven poco a poco a la normalidad.  En Quito, este 14 de octubre empleados municipales, ciudadanos, estudiantes  voluntarios y los propios indígenas realizaron en la capital una minga (trabajo comunitario) para limpiar la basura y los escombros que dejaron los enfrentamientos entre los manifestantes y de la policía en la  Casa de la Cultura Ecuatoriana y el parque El Arbolito, lugares donde se concentraron los indígenas y sectores populares.

El “paquetazo”, como se conoce al decreto 883, que se enmarca en el acuerdo de servicio ampliado del Fondo Monetario Internacional, firmado por el gobierno de Lenin Moreno a cambio de un préstamo de 4200 millones de dólares, fue diseñado por los grandes grupos empresariales representados por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y nunca se lo sometió a una consulta o debate previos. Su intención era recabar unos 1300 millones anuales para financiar el déficit fiscal y asegurar el pago de la deuda externa. Pero en estos 11 días de paralización, según  la Cámara de Comercio de Quito, el país dejó de percibir 1600 millones de dólares por las protestas,  una cantidad que supera la suma que se pensaba recaudar con el alza de los combustibles, a lo que hay que añadir los gastos que ha incurrido el Estado en la represión, en la que se movilizaron 24.000 soldados y 50.000 policías, que utilizaron bombas lacrimógenas, alimentación, combustible para los helicópteros, carros de combate, etc. A ello se debe añadir, las pérdidas ocasionadas por la suspensión de la producción y exportación de petróleo. Solo para reestablecer la produccion de los los pozos se requiere 30 millones de dolares, según el ministro de Energía  Carlos Pérez.  (1)

Reparar los daños materiales ocasionados a bienes públicos y privados se puede hacerlo y seguramente tomará algún tiempo, pero hay cosas que difícilmente se pueden recuperar:  las vidas pérdidas, los cientos de heridos, los sufrimientos causados a muchas personas que fueron atropelladas, apaleadas, vejadas o torturadas, las afectaciones a las víctimas del desprecio y del racismo, así como los daños económicos, sociales y psicológicos causados a toda la población.