La política monetarista fracasa para bajar precios y agiganta la desigualdad

18/03/2019
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La inflación de febrero alcanzó al 3,8%, para sumar 6,8% durante los dos primeros meses del año y proyectarse en torno al 30% en todo 2019. El rubro alimentos está a la cabeza con 5,7% para febrero, sumando 9,3 en dos meses. La inflación anualizada alcanzó al 51,3% y los alimentos lo hicieron al 58,3%.[1]

 

Hemos sostenido varias veces que los pobres son los que sufren la inflación, ya que la mayoría de sus ingresos se destinan a la alimentación y sustento cotidiano de la familia. La conclusión se valida con estos datos de los incrementos de precios, especialmente de los alimentos, los que, juntos a la suba de las tarifas de los servicios públicos privatizados, dolarizados y extranjerizados, evidencian a los perjudicados directos de la situación económica actual.

 

La inflación es un mecanismo de transferencia de ingresos hacia el poder económico concentrado. Es un mecanismo de apropiación de plusvalía generada por el trabajo social. Parte de esa plusvalía se transfiere como intereses de la deuda pública, o como renta derivada de inversiones especulativas, lo que incluye la fuga de capitales.

 

Como si fuera poco, ahora el FMI autorizó a vender hasta fin de año en el mercado de cambios unos 9.600 millones de dólares de los desembolsos del organismo internacional.

 

Así, el crédito del FMI es funcional a la fuga de capitales, en el camino de los 29.000 millones de dólares cedidos a la especulación y la fuga en tiempos de Sturzenegger y Caputo al frente del BCRA en el 2018. Después, se critica los planes sociales, ínfimos al lado de estas cifras millonaria en dólares.

 

Para combatir la suba de precios, el gobierno de Macri acude a la receta monetarista, consistente en disminuir la cantidad de pesos en circulación y por eso, junto al déficit primario cero se compromete a un programa monetario durísimo de no emisión durante todo el año.

 

Así, vía emisión de títulos, el gobierno retira de la circulación todos los pesos posibles y con ello acrecienta peligrosamente el endeudamiento público. Las Leliq, Letras de liquidez que emite el BCRA, ya suman más de 1 billón de pesos (un millón de millones), el equivalente de unos 25.000 millones de dólares a 41 pesos por dólar.[2]  

 

Esas Letras onerosas, son préstamos asumidos por el BCRA para retirar pesos de circulación y pagan una tasa de interés promedio del 63,3%. Es un costo gigantesco que asume toda la sociedad en beneficio de los tenedores de esos títulos: los bancos.

 

Con ese nivel de tasa de interés, cualquier traslado al mercado de crédito constituye una usura, especialmente para los sectores de menores ingresos, empresarios o público en general.

 

Estos sectores de menores ingresos son los que financian los vencimientos de sus tarjetas de crédito o compran en cuotas con tasas elevadísimas que aplican los comercios para favorecer las ventas. Ni hablar del crédito productivo obstruido por este costo financiero.

 

No solo el país califica en riesgo con 750 puntos, sino que la familia argentina es la que está en default, como señala la campaña de la CTA Autónoma denominada “yo no llego”.

 

Todo parece encaminado a frenar la cotización del dólar, una variable considerada estratégica de cara a las elecciones de octubre.

 

Se imaginan en el gobierno que retirando pesos de circulación caerá la demanda de divisas, obviando que las grandes oscilaciones de la cotización están asociadas a movimientos especulativos de inversores externos y locales, los que ante la incertidumbre del resultado electoral ya empezaron a cambiar sus activos en pesos por otros en dólares.

 

Dolarización y lucha de clases

 

El camino de la dolarización está en curso y lo que existe es la lógica de la máxima ganancia en funcionamiento, que requiere domesticar cultural y socialmente a la mayoría trabajadora de la sociedad para asumir las nuevas condiciones de vida en la Argentina, muy lejos de estándares de amplia cobertura de necesidades con derechos sociales conquistados en otros tiempos.

 

Convengamos que eso es lo que pretende el capital mundial en la actualidad, sin distinción de fronteras. Solo puede existir el matiz derivado de la fortaleza del movimiento obrero y popular en la resistencia al objetivo de la ofensiva capitalista.

 

Es quizá, una de los problemas que puede mostrar la Argentina a inversores ávidos de ganancias, más allá de los triunfos electorales de la derecha en 2015 y 2017 e incluso de cualquier resultado en octubre próximo.

 

Además de ganar elecciones, las derechas tienen que limitar y/o eliminar el conflicto social, algo difícil en la Argentina, aun con los límites para encarar iniciativas de protesta en profundidad, caso de un Paro Nacional en las condiciones de agresión actual a trabajadores y trabajadoras.

 

La histórica acumulación de poder popular es la que hasta ahora impide se avance en la reaccionaria reforma laboral con la consecuente pérdida de derechos sindicales, sociales e individuales, objetivo principal de la dominación capitalista en el país. Es consecuencia de las particulares condiciones de la lucha de clases en la Argentina

 

El monetarismo ortodoxo, aun cuando lo propagandean los “libertarios”, muestra su fracaso para frenar la inflación, que sigue profundizando la regresiva consecuencia de la distribución del ingreso, con aumentos de alimentos y tarifas que los empobrecidos no pueden pagar. Se trata de una cuestión de poder y cuenta con apoyo del FMI.

 

Por eso, el interrogante es si la errónea estrategia del diagnóstico y la propuesta monetarista, que considera a la inflación como un problema monetario, les habilita el camino de la reelección.

 

Hasta hace poco no había dudas en el poder sobre un segundo periodo de gobierno de Mauricio Macri, pero con la permanencia de elevados índices inflacionarios y aguda recesión con fuerte incidencia en la producción, el comercio y el empleo, las dudas crecen y con ellas las potencialidades de nuevas postulaciones en la disputa electoral.

 

Hasta el poder tiene Plan B, que puede incluir candidaturas de crítico discurso al gobierno, aun cuando asumirán gestionar el condicionante fuerte del acuerdo con el FMI, por lo que no extraña que, aunque el FMI apuesta fuerte por Macri y le facilita recursos para su estrategia antiinflacionaria, al mismo tiempo señala que continuará con su brega por el ajuste y la reestructuración reaccionaria gane quien gane en las elecciones de fin de año.

 

Como siempre hemos sostenido, no solo es cuestión de elecciones, sino de la respuesta generada desde la sociedad y el movimiento popular, no solo para resistir la ofensiva monetarista, sino para instalar otra propuesta de discusión que supere la encerrona del debate actual entre tasas y dólar.

 

En todo caso, lo que se requiere es considerar otras posibilidades de organización de la economía, con el acento colocado en horizontes de satisfacción de amplias necesidades sociales, más aún cuando crece el desempleo y el empobrecimiento de una parte importante de la sociedad.

 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2019

 


 

 

 

[1] INDEC. Índice de Precios al Consumidor (IPC). En: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_03_19.pdf (consultado el 15/3/2019)

 

[2] BCRA. Informe diario de pases y LELIQS. En: http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PoliticaMonetaria/Infopases.pdf (consultado el 15/3/2019)

 

 

Julio C. Gambina
Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

Ciudad de Buenos Aires.
www.juliogambina.blogspot.com

 

 

 

 

 

https://www.alainet.org/pt/node/198761
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