La transformación en cifras

Eduardo Paz Rada

08/02/2013

Opinión

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Cimientos: el Estado Plurinacional de Bolivia cumplió tres años, en coincidencia con el séptimo aniversario de la “revolución democrática y cultural”. Evo Morales reivindicó las políticas de nacionalización de hidrocarburos, obras públicas, crecimiento del mercado interno, bonos sociales y producción comunitaria. Ante la Asamblea Legislativa el Presidente planteó 13 pilares para llevar adelante la llamada Agenda Patriótica de 2025, a través de la cual busca llegar al bicentenario de la Independencia del país sin población en extrema pobreza y alcanzando la industrialización de los recursos naturales. Sobre esta base se apoyan los desafíos de oficialismo y oposición en este año, previo a las elecciones presidenciales de 2014.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la soberanía económica de su gobierno permitió expandir la economía, impulsar el mercado interno, mejorar la asistencia social, aumentar las inversiones y generar obras públicas. Al rendir el informe del período 2012 ante la Asamblea Legislativa Plurinacional e iniciar el octavo año de la “revolución democrática y cultural”, destacó también la recuperación del “aparato productivo comunitario y plural, que había sido desplazado por la política capitalista y de saqueo que adoptaron los gobiernos de corte neoliberal”.

El jefe del Estado Plurinacional elogió el crecimiento del mercado interno y aclaró que, si bien “el mercado externo es importante, no puede ser definitorio”. Señaló que “ahora dependemos más del mercado interno (que) siempre garantizará el movimiento económico” de Bolivia.

Durante su detallada rendición de gestión, Morales ejemplificó que en los años de gobierno, entre 2006 y 2012, el mercado interno influyó, en promedio, cinco veces más en el crecimiento económico del país, en comparación con el período que lo antecedió (1999 y 2005). Además, dijo que Bolivia ocupa los primeros lugares entre los países de mayor crecimiento en la región, “gracias a la nacionalización de su economía y de sus recursos naturales”.

El Presidente presentó su informe el 22 de enero, fecha en la que se celebró el tercer año de la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, nacido a instancias de la nueva Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009. Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia el 22 de enero de 2006, tras ganar la elección con el 53,7%, y fue reelegido en 2009 con el 64% de los sufragios. Este segundo mandato de cinco años concluirá en diciembre de 2014.

Crecimiento y autocrítica

Durante el acto de balance, Morales ponderó con cifras el crecimiento económico del país. Precisó que el Producto Interno Bruto (PIB) se incrementó 4,8% en promedio durante sus siete años de gestión, mientras que en el período 1999-2005 fue de 2,6%. Destacó que entre ambas etapas el PIB per cápita pasó de 956 dólares a 1.775.

El jefe de Estado se refirió además a la superación del déficit fiscal heredado de las administraciones anteriores y la obtención de superávit, que en 2012 fue de 1,8% del PIB. Dijo que la participación de Estado en la economía pasó de 18,5% en el período 1999-2005 a 30,6% en los últimos años. Recordó que la inversión pública llegó a 3 mil millones de dólares en 2012.

También destacó el rol del Estado para garantizar la seguridad en el acceso a los alimentos y proteger la economía de productores y consumidores y reivindicó las medidas para controlar el índice de la inflación en un contexto de crisis internacional y aumento de los precios de alimentos y materias primas y alimentos. Esto permitió reducir la pobreza media en el país a 45% en siete años, “lo que significa que un millón de bolivianos pasó a la clase media”. La pobreza extrema pasó de 40,6% en 1999 a 20,9% en 2012.

El mandatario reseñó también los logros del programa gubernamental Mi Agua, que tiene como objetivo lograr las Metas del Milenio fijadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 2015 en materia de agua potable y saneamiento. Esta política –anunció Morales– benefició a más de un millón 600 mil habitantes, con un incremento del 116% sobre los beneficiarios entre 2001 y 2005.

Las familias alcanzadas por el programa de asistencia de riegos pasaron de 15.374 a 58.424, entre ambos períodos de gobierno. La inversión estatal alcanzó los 1.887 millones de pesos bolivianos (269 millones de dólares), con un crecimiento de 289%, mientras que las hectáreas bajo proyectos de riego pasaron de 20 mil a algo más de 75 mil. Por último, indicó que la inversión en proyectos relacionados con el agua pasó de 2.325 millones de bolivianos (330 millones de dólares) entre 2000 y 2005 a 4.664 millones de bolivianos (665 millones de dólares) durante la actual gestión.

En un tramo de su balance, Morales realizó una autocrítica: cuestionó la productividad del complejo minero de Colquiri, expropiado hace un año a capitales suizos. Admitió que le preocupa el hecho de que la producción nacionalizada obtuviera peores resultados económicos que cuando era privada. “Antes, con poca gente se producía más; ahora con más gente, poco. Si la nacionalización es para producir menos, no hay por qué nacionalizar”, advirtió.

Tras este llamado de atención, el secretario general de los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri (EMC), Severino Estallani, aclaró que la empresa privada tenía “una producción de mil a 1.200 toneladas diarias (pero) ahora estamos haciendo de 1.300 a 1.500 toneladas diarias de carga bruta”. Sin embargo reconoció que hubo bajas en la producción durante el proceso de nacionalización por un duro conflicto entre su sector y los trabadores de una cooperativa que pugnaban por la explotación de un yacimiento.

Metas del Bicentenario

Además del balance económico y macroeconómico, Morales realizó anuncios concretos como la decisión del Estado de pagar el Bono Juancito Pinto hasta el tercer año de secundaria. Este bono está destinado a bajar la deserción escolar, que en siete años pasó de 6,1% a 2,04%. Otro bono social, para atender las necesidades básicas de las personas mayores de 60 años que no reciben ningún tipo de renta, también será mejorado, aunque Morales aclaró que ese beneficio adicional está siendo analizado por sus ministros.

El jefe de Estado recordó también que la nueva Ley de Pensiones permitió la jubilación de 22 mil personas en los últimos dos años. Comparó esa cifra al recordar que en los 13 años que van de 1997 a 2010 se jubilaron apenas 29 mil personas e invitó a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) a volcar “razones técnicas y financieras para seguir mejorando el proceso de jubilación en el país”.

El Presidente prometió que ejecutará la llamada Agenda Patriótica para celebrar en 2025 el bicentenario de la Independencia de Bolivia sin población que viva en la pobreza extrema y en pleno proceso de industrialización de sus hidrocarburos. Enumeró 13 pilares para concretar esa idea y “levantar una nueva sociedad y Estado, más incluyente, más participativo, mas democrático, sin discriminación, sin racismo, sin odios ni división”.

Entre esos pilares, Morales destacó la erradicación de la extrema pobreza; socialización y universalización de los servicios básicos; soberanía científica y tecnológica; soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero y soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, sin la dictadura del mercado capitalista.

Agregó el compromiso por la búsqueda de soberanía sobre los recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra; soberanía alimentaria; soberanía ambiental respetando los derechos del planeta y soberanía y transparencia de la administración bajo los principios de no robar, no mentir y no ser flojo.

Año de pruebas y exigencias

La rebelión popular de octubre de 2003 marcó el nuevo escenario de la política boliviana. Aparecieron nuevas fuerzas protagónicas, de tendencias emergentes y otras decadentes, sobre la base de la derrota y huída de los partidos tradicionales que ejecutaron los planes neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM) durante los anteriores 20 años.

En el período de transición de 2003 a 2005, el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario, de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Zuazo y Gonzalo Sánchez de Lozada), ADN (Acción Democrática Nacionalista, de Hugo Banzer Suárez), NFR (Nueva Fuerza Republicana, de Manfred Reyes Villa) y MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de Jaime Paz Zamora) fueron expulsados del escenario y quedaron sólo resabios regionales que cambiaron de nombre o adoptaron otras formas de organización.

La polaridad posterior se presentó entre el gobierno de Evo Morales, impulsado por el ascenso electoral y político en 2005 y 2006, y las oligarquías locales. Estas organizaciones cívicas y políticas tradicionales de Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Tarija, estuvieron apoyadas por las transnacionales de hidrocarburos, minería, banca y finanzas, construcción, comercio y agroindustria, sectores que se consideraban amenazados por las políticas de nacionalización y fortalecimiento económico del Estado.

Las nacionalizaciones, el discurso nacionalista y antimperialista, la emergencia de los movimientos sociales populares, la “revolución democrática y cultural”, y las alianzas bolivarianas y regionales del Gobierno fueron enfrentados por la oposición. Estos sectores políticos, sociales y económicos levantaron un elemento articulador: reivindicaciones regionales y especialmente de las Autonomías Departamentales frente al centralismo paceño y occidental de Bolivia.

Durante 2008 se produjeron violentas acciones contra las autoridades de Gobierno incluidos el Presidente y su Vicepresidente. Esta tensión tuvo su punto culminante en los enfrentamientos armados de Porvenir (Masacre de Pando) y Santa Cruz, con muertos y heridos. La acción de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) evitó una guerra civil, ya que tanto los grupos paramilitares de Santa Cruz como los movimientos sociales estaban armados. Una de las respuestas del Gobierno fue la expulsión del embajador de Estados Unidos, Phillip Goldberg, acusado de apoyar el movimiento conspirativo.

Si bien las elecciones generales de 2009 mostraron un respaldo al Movimiento al Socialismo (MAS) y a Evo Morales del 64%, las elecciones municipales y de gobernadores de 2010 significaron un retroceso del oficialismo, aunque no se posicionó una fuerza opositora unificada, sino varias fracciones, sobre todo regionales. La suma de todos alcanzó a casi un millón de votantes distribuidos entre Verdes, de Rubén Costas en Santa Cruz; Movimiento sin Miedo, de Juan del Granado en La Paz; Camino al Cambio, de Mario Cossio en Tarija; Primero, de Ernesto Suarez en Beni; y otros con menor cantidad de sufragios.

Más recientemente, el movimiento opositor a Evo Morales emergió como consecuencia de decisiones políticas y económicas del Gobierno, como el llamado “gasolinazo” (fuerte aumento en el precio de los combustibles, luego anulado); movilizaciones de los sindicatos y la Central Obrera Boliviana (COB) por mejores salarios; marchas de los indígenas de la zona del Tipnis; denuncias de parlamentarios opositores y críticas de disidentes oficialistas, apoyados por ONGs.

En este panorama general aparece una gama muy amplia de opositores, unos con sigla política o sectorial y otros sin ella: Juan Del Granado, Alejandro Almaraz, Raúl Prada, Rafael Quispe, Adolfo Chávez, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, Rubén Costas y otros. Por otra parte la oposición gremial y social se presenta caracterizada por demandas sectoriales de distinto tipo y fraccionadas por conflictos entre comunidades, sindicatos, municipios y departamentos.

El Gobierno, como lo ha venido haciendo en los últimos años, se apoya en la dinámica de Evo Morales por todas las regiones del país, con inauguraciones de obras, caminos, agua, aeropuertos, entrega de dinero y materiales.

Los dirigentes de oposición buscarán primero capitalizar el millón de votos que consiguieron separados en 2010 para luego intentar avanzar sobre otros sectores y regiones.

En ellos se pueden encontrar distintos matices. Hay editorialistas y columnistas críticos que utilizan los medios de comunicación para vapulear al Gobierno pero no tienen incidencia en la operación política. Con ellos conviven gobernadores, alcaldes, jefes partidarios, dirigentes, parlamentarios y otros actores políticos que, utilizando los recursos propios de organizaciones y fuerzas políticas, realizan actividades para desarrollar sus prácticas, incluidos la jerarquía de la Iglesia Católica y los propietarios de los medios de comunicación. Las organizaciones políticas, sin embargo, no presentan propuestas alternativas o proyectos que encarnen una opción para Bolivia.

El oficialismo, aprovechando los resultados económicos y financieros (ver nota principal), continuará con su campaña de fortalecimiento. La oposición, o mejor dicho las oposiciones, intentarán ganar algunos espacios de influencia en las ciudades, en los sectores medios afectados por el Gobierno, y en las organizaciones indígenas disidentes, en un panorama general poco favorable. 2013 será un año de prueba para verificar la solidez del “proceso de cambio” y sus proyecciones y, al mismo tiempo, un examen para una oposición alternativa para 2014, hoy prácticamente inexistente.

La Paz, 01/02/13

AméricaXXI, Año X, Número 93 – Febrero 2013

http://www.americaxxi.com.ve/revista/articulo/93/la-transformaci-oacute-...

https://www.alainet.org/fr/node/164503