Esperamos que caiga el orteguismo en Nicaragua y hay que apostarle a una alternativa - desafortunadamente todavía no articulada - desde abajo que sea capaz de aglutinar a colectivos juveniles y estudiantiles, así como a movimientos de mujeres, indígenas y campesinos. Y esperamos también que, de alguna manera, gente lúcida que todavía quede en el sandinismo, crítica del tercerismo de Ortega (ver https://wp.me/p6sBvp-Rl), se unan a estos esfuerzos.

En ausencia de una alternativa desde abajo el espacio queda totalmente abierto para la hegemonización del sector empresarial (COSEP) en alianza con la buena sociedad civil. En Nicaragua esta “sociedad civil” incluye a organizaciones como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES, muy cercana a la Alianza Liberal Nicaragüense, conformada por más de 50 empresas del sector privado, quienes voluntaria y periódicamente aportan recursos financieros a la Fundación, pero que se presenta como “institución de pensamiento independiente”), la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y también la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Es ampliamente sabido que FUNIDES, por ejemplo, fue esencialmente creada con fondos de USAid. El objetivo de Washington en todos estos casos es el supuesto “fortalecimiento a la sociedad civil” tanto en Nicaragua como en otros países latinoamericanos en proceso de transformación revolucionaria como Bolivia, Ecuador y Venezuela.

¿Qué es lo que mueve a esta superflua sociedad civil en Nicaragua? No es lo mismo que motiva a los movimientos sociales de abajo. A pesar de que el ciclo presente de protestas se inició abiertamente el 18 de abril cuando el gobierno orteguista publicara su decreto presidencial en La Gaceta oficializando reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), reformas sugeridas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y abiertamente aprobadas por el sector empresarial organizado en el COSEP, el trasfondo social de las protestas contra esta reforma, aunque haya sido suspendida solo cuatro días más tarde, así como el descontento social que generó la torpe e inadecuada respuesta gubernamental ante los incendios forestales de abril de 2018 que arrasaron con 13,500 acres (5,500 hectáreas) en la Reserva Biológica Indio Maíz, se ha desvanecido gradualmente y ha dejado en su lugar solo la demanda exclusivamente política – con muchos intereses nacionales y transnacionales indudablemente espurios detrás de la misma - de exclusiva renuncia de Ortega y Murillo. Como lo pone Zona Frank escribiendo para Tercera:

“La agenda conocida como la “carta al niño dios” presentada por el sector opositor al Gobierno públicamente en la mesa de diálogo, no contiene ningún elemento social o económico, ninguna demanda o reivindicación de esta naturaleza. Esto es tan así, que el último nombre que adoptaron (ya llevan cómo 12), es Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. No demandan seguridad social, empleo, exoneraciones, subsidios, carreteras, financiamiento, seguridad, mejor educación, mejor sistema de salud, únicamente plantean demandas políticas.” (Fuente: http://www.tercerainformacion.es/node/30784).

No puede creerse que el “diálogo nacional” mediado por la Conferencia Episcopal y apoyado por la “comunidad internacional” (léase Washington) sea el vehículo adecuado para “una transición pacífica del Gobierno de Daniel Ortega hacia la democracia en Nicaragua”. Se trata de un diálogo que se inició el 16 de mayo y que fue suspendido el 23 de mayo por el gobierno después que la Conferencia Episcopal presentara una agenda de 40 puntos que, desde la perspectiva del gobierno, se resumían en un mecanismo para adelantar las elecciones, prohibir la re-elección presidencial, reformar al Consejo Supremo Electoral (CSE) y, con ello, consumar un golpe suave contra el orteguismo. Luego, el 19 junio, el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reanudaron el diálogo y el 25 de junio instalaron las comisiones de trabajo del diálogo nacional, particularmente la Mesa Electoral y la Mesa Judicial que están integradas cada una por 3 representantes del Gobierno y 3 de la Alianza Cívica así como representantes universitarios, empresarios, de la “sociedad civil” y de los/as campesinos/as. Ante la escalada represiva del Gobierno y la intensificación de las protestas, representantes del Gobierno ante la comisión de verificación y seguridad han buscado el retiro inmediato de los tranques arguyendo que los mismos impiden “la libre movilización de las personas” y demandando, también, la entrega de los recintos estudiantiles a las autoridades universitarias. Por su parte, representantes de la Alianza Cívica demandan la creación de un “clima de paz y seguridad” en el país. Dada la intensificación de la resistencia y la represión en la ciudad de Carazo, sin embargo, esta mesa de trabajo fue suspendida en la segunda semana de julio incluso antes de iniciar sus funciones. Ortega insiste en seguir viendo la resistencia de los tranques como un intento de “golpe de Estado”.

Lo más siniestro es que de continuar este diálogo en su modalidad presente de mesas temáticas con líderes selectos/as, como lo ha promovido el Cardenal Leopoldo Brenes y como también lo ha pedido el sector empresarial, podría fácilmente resultar en una “transición” exitosa entendida simplemente como el fin del orteguismo y el principio de “la democracia”. Lo que esto significa, sin embargo, es una “democracia” mínima, una poliarquía neoliberal, con, quizás, alguna dosis pequeña de asistencialismo social para sectores urbanos y campesinos empobrecidos (estudiantes, pensionados/as, pequeños/as agricultores/as, etc.) no muy diferente a las políticas sociales actualmente practicadas por el orteguismo mismo. Y eso, precisamente, para desactivar lo más rupturista y revolucionario de la protesta social. Por eso es que, desde el punto de vista de los/as de abajo, y de ninguna manera solo desde el punto de vista del orteguismo, lo que se plantean hacer los/as del centro civil con el apoyo de poderes transnacionales desde Washington hasta la OEA es, en verdad, una especie de golpe suave no solo contra el orteguismo (que es lo que enfatiza la línea oficial) sino contra toda lucha social desde abajo (que es lo que no dice la línea empresarial o transnacional). Por ello es que no hay espacio real en el “diálogo nacional” para las demandas sociales fundamentales – por ejemplo, cese del canal interoceánico, cese de la desposesión coercitiva y fraudulenta de tierras, cese de la destrucción ambiental, etc. - que están poniendo en jaque el avance del neoliberalismo y del extractivismo en Nicaragua desde el campo hasta la ciudad.

La juventud y los/as estudiantes que iniciaron la rebelión popular en abril de 2018, y de modo más amplio y extenso los movimientos indígenas, campesinos y sociales que han venido resistiendo el giro neoliberal del sandinismo (el orteguismo) desde antes son, realmente, movimientos rizomáticos auto convocados. Por ejemplo, la lucha de los campesinos/as y ambientalistas contra la construcción del canal interoceánico impulsado por el Gobierno de Ortega y financiado por una empresa privada y transnacional china controlada por Wang Ying no coinciden en nada sustancial con los intereses geoestratégicos de Washington en Centroamérica. Los/as campesinos/as no son peones en el tablero geo-estratégico del imperio que, en realidad, ha visto en Nicaragua un país aliado en muchos respectos. Al contrario, si la promesa del canal interoceánico fue vendida por el orteguismo como un megaproyecto que finalmente iba a emancipar a Nicaragua de su pobreza crónica, el espejismo se desvaneció tan pronto como entró en vigencia la Ley 840 en 2013. A medida que la gente campesina empezó a cobrar conciencia de las implicaciones agrícolas, ambientales y sociales de la Ley 840, así también creció la resistencia social hasta que surge el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, encabezada por Francisca Ramírez, es decir, una organización de la “mala sociedad civil” por no limitarse a defender derechos humanos de tipo exclusivamente político y por plantearse la resistencia al “orteguismo” desde fuera del sandinismo de línea ortodoxa.

De igual modo, en la medida en que la gente campesina se empezó a dar cuenta que se trataba de un tratado de 100 años a cambio de renunciar a la soberanía nacional y solo por un mínimo pago anual de peaje, el espíritu de indignación que una vez motivó la rebelión y resistencia de las fuerzas sandinistas mismas se convirtió ahora en otro motivo más para la rebelión de los/as de abajo y desde fuera del sandinismo.

Se trata, pues, de una lucha autónoma, auto-constituida, con raíces profundas y que nace de la acaparación fraudulenta de tierras, desplazamiento poblacional, destrucción del medio ambiente y venta de la soberanía nacional que afectan, primeramente, a campesinos/as que llegaron a estas tierras inicialmente desplazados por el avance del capitalismo agrícola en todo el litoral del Pacífico durante la dictadura de Somoza. En eso, creo, la izquierda antiimperialista ciega y acríticamente defensora de Ortega se equivoca y simplemente repite la línea y la narrativa oficial. Pero, por otro lado, considero también que las organizaciones de la sociedad civil que han surgido como “mediadoras” del diálogo nacional – y que han sido colocada ahí por la cobertura anti-revolucionaria y neoliberal que domina la esfera pública privada - han sido previa y cuidadosamente construidas y organizadas por medio de políticas de promoción democrática, no simplemente desde Washington, sino desde dentro de la sociedad civil nicaragüense misma. Son, por ello, la quinta columna, el brazo hegemónico, de la clase capitalista transnacional. Desafortunadamente, sin embargo, no hay ni ha surgido en Nicaragua, hasta el momento, un genuino instrumento político que represente los intereses sociales de abajo.

En otras palabras, hay enorme peligro de cooptación de los movimientos sociales auto convocados por organizaciones civiles bien organizadas y mediatizadas que enfatizan “la política”, el puro cambio de régimen, el fin del orteguismo, pero a expensas de las demandas de los/as de abajo; visto desde el punto de vista desde abajo, un adelanto a las elecciones o la súbita caída del orteguismo sin una alternativa desde abajo también puede ser visto como un golpe contra lo más democrático del alzamiento y la rebelión; finalmente, creo que la izquierda latinoamericana debe darle su apoyo a los/as auto convocados y movimientos sociales que legítimamente resisten al orteguismo sin que ello signifique darle apoyo a la “sociedad civil” y su agenda centrista y pro-empresarial.

¡También esperamos que la OEA se vaya mil veces al carajo! Solo porque se trata de un gobierno neoliberal que ha dado un giro violento, empujado por intereses familiares, neoliberales y transnacionales que la izquierda Latinoamérica no puede explicar o prefiere ignorar en nombre de resistir los avances del imperialismo, no significa que de repente hay que alinearse con la OEA, brazo diplomático de Washington y enemigo de todas las revoluciones en Latinoamérica.

La modalidad de su intervención en Nicaragua ahora es, como lo han propuesto ocho países incluyendo a México, Argentina, Brasil, Estados Unidos y Canadá, crear un grupo de trabajo para apoyar el diálogo nacional en Nicaragua y “encontrar una solución a la crisis”. Solo porque la rebelión de la juventud y los movimientos sociales se encuentra violentamente asediada por el orteguismo y en tremenda necesidad de solidaridad internacional, no significa que ahora aceptemos pactos faustianos con los enemigos tradicionales de la revolución en Latinoamérica.

Marco Fonseca

Doctor en Filosofía Política e instructor de estudios internacionales en la Universidad de York en Toronto, Canadá.