Una de las expresiones más recurridas en estos días respecto al conflicto entre los indígenas amazónicos y el Gobierno ha sido la necesidad de promover el diálogo a toda costa como si el mismo, por arte de m1agia, resolvería todas las discrepancias que han motivado que esta protesta ya lleve más de dos meses sin solución.

Precisamente, la mayoría de voceros gubernamentales han insistido al respecto y descalificado la actuación de los directivos de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) por negarse a seguir negociando los aspectos positivos y negativos de cada decreto. Ellos a su vez han aducido que no tiene sentido proseguir un diálogo cuando una de las partes –los funcionarios del Ejecutivo- no tienen capacidad de derogar las controvertidas normas.

Es en marco previo que quisiéramos formular algunas apreciaciones sobre las razones de fondo de este conflicto y qué elementos tendrían que incorporarse para una resolución del mismo.

1. La mirada gubernamental de este conflicto

Desde el inicio de la protesta amazónica el pasado 9 de abril, la actuación de las autoridades gubernamentales ha sido no sólo errática sino que incluso han reproducido de diversos modos los tradicionales estereotipos y prejuicios que se tienen en el país sobre las poblaciones indígenas.

En tal sentido, la declaratoria del Estado de Emergencia, la autorización de la intervención de las fuerzas armadas y las frecuentes declaraciones confrontacionales han mostrado una careta excesivamente dura e intolerante de parte de un Estado que tradicionalmente ha sido poco receptivo a incorporar las demandas de los peruanos y peruanas más excluidos.

En tal sentido, en nada ha contribuido que sea el propio Presidente de la República o el Presidente del Consejo de Ministros quienes hayan declarado que lo que estaría en juego aquí son los intereses de una minoría amazónica versus el resto de peruanos, por lo que en nombre del “interés nacional” tendría esta minoría que permitir que se afecten las tierras y recursos donde se asientan sus comunidades.

Esta visión de los hechos no sólo resulta equivocada por ser etnocentrista, discriminatoria e incluso racista, sino que es contradictoria con postulados básicos de una sociedad que se dice democrática y respetuosa de los derechos de todos sus ciudadanos. Todo indicaría que en el caso de las comunidades amazónicas, no estaríamos ante ciudadanos que tienen el mínimo derecho a participar de una toma de decisiones que les afecta directamente.

2. El Derecho a la consulta y cómo debiera implementarse
Sobre este tema existe bastante información que nos permite señalar cuando una medida gubernamental afecta específicamente a las comunidades indígenas en su calidad de tales, tiene que serles consultada previamente, lo cual en el caso de los pueblos amazónicos, no ha sido así.

Esta consulta tendría que producirse bajo ciertas condiciones de tiempo, modo y lugar que garanticen que la misma sea representativa y de buena fe de parte de los funcionarios estatales que la promueven. Es por ello que necesariamente tiene que hacerse antes de la expedición de la medida estatal. Por otro lado, la forma tiene que ser sincera y que aspire a recoger las reales prioridades de los pueblos indígenas, por lo tanto, debe haber un esfuerzo por asegurar la representatividad de quienes son consultados. Finalmente, el lugar donde se efectúa la consulta tiene que ser en sitio donde radican las comunidades, de manera que la legitimidad del proceso no se cuestione por este aspecto.

Definitivamente, en el caso de los decretos legislativos recientes que son materia de impugnación por los pueblos indígenas amazónicos no se ha seguido ninguna de estas condiciones, lo cual es indicativo de cómo debieran encaminarse las probables alternativas si se deseara una resolución de este conflicto.

Dicho de otro modo, no vemos más salidas que la consulta organizada y de buena fe de los decretos legislativos en cuestión. Lo cual pasa por la decisión política de dejar en suspenso los mismos hasta que se realice un proceso que recoja el parecer de las poblaciones indígenas afectadas específicamente.

3. Perspectivas a seguir

Después de los recientes hechos de violencia donde habría una serie de personas fallecidas, tanto del lado indígena como de la Policía Nacional, creemos que con mayor razón tiene que irse a las razones de fondo de este conflicto y atenderse la demanda del derecho a la consulta que exigen las comunidades nativas. Sólo después de esto podría iniciarse un diálogo sincero donde se especifiquen aquellos aspectos que son controversiales, los positivos y los negativos, de modo que recién en ese momento se tenga una salida razonable que conjugue los intereses de todas las partes.

Javier La Rosa/ Justicia Viva

Fuente: Instituto de Defensa Legal, Perú.
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