En el Valle del Cauca se concentra el 97% de la agroindustria azucarera colombiana. Allí 13 ingenios ocupan un área sembrada de 200 mil hectáreas de caña y producen 2.7 millones de toneladas de azúcar al año, que en el 2004 les dejaron ganancias por $174.000 millones y generaron 36.000 empleos directos, lo que lo hace el sector productivo que más impacto tiene en el empleo de la región. Son cifras que, sin embargo, esconden la situación de inequidad laboral en que viven los “corteros”, como se llama a quienes realizan el corte de la caña en el campo. Las cooperativas de trabajo asociado a las cuales pertenece el 90% de ellos, tiene mucho que ver con esa situación de inequidad.

Entre mayo y julio de 2005 los corteros de la agroindustria azucarera, en un número cercano a once mil, realizaron una serie de paros escalonados en ocho de los trece ingenios vallecaucanos. Lo particular de estos paros estuvo en que no fueron realizados por trabajadores sindicalizados sino por los corteros de las cooperativas de trabajo asociado, como una forma de protesta contra estas cooperativas y sus administradores. Vale preguntarse: ¿De qué magnitud serían los atropellos e injusticias que estas cooperativas cometían contra los trabajadores, para que éstos se sublevaran de manera espontánea y generalizada en casi toda la zona azucarera?

Protestaban contra los malos manejos y el olor a corrupción de los contratistas y administradores de las cooperativas. Porque no fue delgada la lista de denuncias y acusaciones que acompañaron aquellas jornadas de protesta, que por cierto no estuvieron exentas de violencia. En uno de sus episodios la fuerza pública arremetió contra los huelguistas y los espontáneos que los apoyaban en Puerto Tejada, con saldo de 14 heridos y muchos detenidos.

Los corteros, quienes realizan la labor más extenuante de la agroindustria azucarera y el eslabón menos especializado de la cadena productiva, han sido también los más afectados por el proceso de “deslaboralización” que se ha venido dando en esta agroindustria desde principios de los años 90, cuando se promulgó la Ley 50. En aquellos años se dio inicio a un proceso de sustitución de mano de obra directa y se introdujo el sistema de contratistas, que desde entonces han proveído a los ingenios de mano de obra para tareas como corte de caña, mantenimiento y servicios varios.

Los contratistas crecieron al amparo de la confianza y beneplácito de los empresarios y los ejecutivos de los ingenios, por razones de parentesco incluso en no pocos casos. Algunos, los grandes contratistas, llegaron a ser dueños de parque automotor y maquinaria pesada para alquilar a los ingenios. En un principio estos contratistas suministraban trabajadores bajo la modalidad de contratos de trabajo. Pero a partir del 2000 encontraron una nueva forma de expoliar más a los corteros y de paso ayudar a los empresarios de los ingenios a minimizar los costos laborales: empezaron a crear Cooperativas de Trabajo Asociado – CTA- y a contratar mano de obra a través de ellas.

En el 2005 se estimaba en 16 mil el número de corteros, o sea poco menos de la mitad de toda la fuerza laboral de los ingenios (36.000), en un 90% asociados a las cerca de cien CTA que operan en la zona. Estas cooperativas no funcionan como organizaciones de trabajadores para hacer empresa y de esa manera procurarse su propio empleo, según lo establece la ley, sino como auténticas bolsas de empleo, o sea como una forma de hacerle gambeta a la ley menoscabando las condiciones laborales de los corteros. Una gambeta que por cierto a la industria azucarera le representa una importante rebaja de costos operativos.

Diego Escobar, presidente de la CUT Valle, ve así las cooperativas de trabajo asociado: “Toda su terminología es sacada de los libros de cooperativismo. Habla de asociados y no de obreros, de oferta mercantil y no de convención colectiva; y al salario lo llaman compensaciones. Los corteros saben que no tienen las garantías ni el salario que ganan los corteros que trabajan directamente para los ingenios, pero lo aceptan sin chistar porque entonces se quedan sin trabajo. Como hay sobreoferta de corteros se reemplazan fácil”.

Bajo el ala coja de los contratistas

La cadena de arbitrariedades, injusticias y corrupción cometidas por las cooperativas bajo el control y el beneficio de los contratistas, se hizo tan evidente y descarada que rebozó la paciencia de los trabajadores “asociados”.

Para empezar, está el problema del precio de la caña cortada, con todas las arandelas que este tema tiene en los ingenios. Según el convenio de prestación del servicio entre el ingenio y las CTA de los corteros (que se llama oferta mercantil), éstas reciben una suma global por cada tonelada cortada, que incluye la remuneración del cortero (que no se llama salario sino compensación económica), sus prestaciones sociales y algunos costos de la operación, como el transporte, la dotación de implementos y la administración.

Las compensaciones, para decirlo en términos cooperativos, distan mucho de los salarios que ganan los corteros vinculados a los ingenios, empezando porque los de las CTA no trabajan los lunes festivos, la Semana Santa, el 25 de diciembre y el primero de enero, y por tanto por esos días los corteros no tienen paga. Las diferencias salariales son grandes: mientras en el 2005 los corteros vinculados a los ingenios recibían $5.682 por tonelada, los asociados a las CTA recibían $3.900, o sea casi dos mil pesos de diferencia por hacer el mismo trabajo. Y es apenas una de las gabelas que tienen los primeros sobre los segundos. Basta decir que mientras el 80% de los vinculados tienen casa propia y escuela subsidiada para sus hijos, los corteros de las CTA, aun teniendo el mismo tiempo de antigüedad que los vinculados, viven en su mayoría en casas alquiladas, en muchos casos en condición de hacinamiento.

El peso mismo de la caña es otro punto álgido de confrontación. El trabajo de los corteros es a destajo, o sea lo que alcancen a cortar en una jornada, sin beneficio de tiempo extra, de modo que los más hábiles y fuertes cortan más tajos y ganan más. Antes el cortero calculaba el peso de la caña cortada por el número de “uñadas” que recogía la máquina, y así tenía el control del pesaje. Ahora no es así, porque ya rige el sistema de “alza global”, que consiste en que máquinas más grandes recogen toda la caña de un lote, la pesa en báscula y el total lo dividen por el número de corteros, así unos hayan cortado más que otros. Y éstos tienen que conformarse con el reporte de la báscula, lo cual no sería inconveniente si no fuera porque con el nuevo sistema la misma cantidad de caña ya pesa menos. Antes un cortero despacioso se hacía seis toneladas diarias y uno rápido unas diez o doce. Hoy el rápido corta a lo sumo siete toneladas y el lento tres. A varios ya ni les alcanza para ajustar el salario mínimo.

Para Mauro Angulo Prada, de la CTA Real Sociedad, la explicación que a este fenómeno dan los ingenios, tampoco es satisfactoria: “Nos dicen que eso se debe a las mejoras en la productividad de nuevas especies de caña, que salen con menos jugo pero con más contenido de sacarosa, y que por eso pesa menos. Además ahora la caña se corta a menor edad, y eso también influye. Nosotros creemos que el problema está en la manipulación del software que usan en el pesaje. Pero eso no hay forma de demostrarlo”.

Pero así en la práctica las CTA no son más que bolsas de empleo disfrazadas de cooperativas, tienen que funcionar orgánicamente como cooperativas, manejar excedentes y retener a sus asociados un aporte mensual, que oscila entre el 4% y el 5% de lo que ganan. Son ahorros que se supone van a engrosar el patrimonio cooperativo, pero que los corteros no ven como tal sino como un odioso impuesto, que les afecta significativamente sus ingresos. Para no hablar de las prácticas irregulares en las que por debajo de la mesa incurrían los contratistas que manejaban sus cooperativas. Es más, para neutralizar y mantener a raya una posible protesta, en el contrato de afiliación algunas cooperativas hacían firmar al cortero una cláusula en la cual éste expresaba su decisión de retirarse voluntariamente, con fecha abierta. Es decir, la cooperativa quedaba habilitada para echarlo cuando quisiera, pues ya tenía su renuncia firmada.

Una práctica irregular de común ocurrencia era cotizar la seguridad social y las prestaciones con base en el salario mínimo, pero descontándole al cortero con base en el salario real, diferencia que engrosaba el bolsillo del contratista y mermaba el monto de la pensión de jubilación del cortero.

En cuanto a salud ocupacional también había —y sigue habiendo— muchas irregularidades. Por la ley sustantiva de trabajo toda empresa debe tener comités paritarios para hacer mapas de riesgos y ejecutar acciones para mitigarlos. Pero en las CTA esto no se da, siendo el del cortero un oficio riesgoso y de mucha exigencia física, que le exige al cuerpo movimientos y posiciones severas. Según un estudio del Sena, cada día un cortero hace 5.400 movimientos del brazo, con el machete subiendo y bajando en golpes rápidos y exactos.

Las cortadas accidentales en brazos y canillas, y los lumbagos son las mayores causas de consulta médica de los corteros. Cuando la incapacidad es por accidente la cooperativa reconoce una compensación por el 100% del promedio mensual, y el 70% cuando es por enfermedad común. El problema son las incapacidades de menos de tres días, que no las pagan las EPS ni las cooperativas, las pierde el cortero. Es por eso que desestiman las afecciones menores, no las consultan al médico porque en ese trámite pierden plata. Juan Cambindo, de la CTA La María, lo expresa más gráficamente: “El bono por la consulta me vale $5.900 y otro tanto me vale reclamar la droga, y la droga es casi siempre acetaminofén, con la enfermedad que uno vaya. Entonces sale más barato ir a la farmacia y comprar de cuenta de uno el acetaminofén”. Y hay un problema adicional: el cortero recibe el pago de su incapacidad cuando la ARP se la paga a la cooperativa, y eso puede tardar varios meses.

En el aspecto de la dotación de implementos el cortero también lleva las de perder. En algunos ingenios la dotación la hace directamente la empresa, y en otros su costo está incluido en el precio global por tonelada. En cualquier caso son tres dotaciones anuales, de guayos, pantalones, camisas, machetes, limas, dulceabrigos, guantes, canilleras, capas; que no son suficientes porque la rudeza del oficio los desgasta rápido. Por ejemplo, en invierno o cuando el terrenos es pedregosos un machete apenas dura una semana. Y el cortero tiene que reponer de su bolsillo todo lo que se le desgaste o acabe antes de recibir la siguiente dotación. Juan Cambindo calcula que por este rubro a él se le van unos $100 mil al año.

Otra práctica denunciada durante los paros, y que se acabó como resultado de la protesta, fueron los almacenes de grano y abarrote que los contratistas montaron para vender al fiado a los corteros, y que resultaron siendo un pingüe negocio para ellos. Cuando se le acababa la plata de la quincena el cortero tenía que recurrir a estos almacenes, que vendían a precios más altos que el mercado de Cali. Por poner un ejemplo, una arroba de arroz que en el almacén le valía $22 mil (en Cali podía costar $20 mil) el cortero la revendía a un reducidor por $16 mil, para con ese dinero comprar otros insumos de la canasta familiar que no ofrecía el almacén.

Lo que el paro les dejó

Con los paros los corteros no lograron su objetivo central, que era acabar con la intermediación de las cooperativas y los contratistas y que se les vinculara como trabajadores directos. En ese punto las empresas no cedieron, con el argumento de que la contratación directa no era viable porque rebajaba la competitividad de la agroindustria azucarera, y más en un escenario de revaluación del peso, sobreoferta en el mercado mundial y perspectivas de TLC con Estados Unidos. En otras palabras, el gremio azucarero confesaba que la subcontratación a través de las cooperativas les rebajaba importantes costos de producción, a los cuales no iba a renunciar.

La disolución de las cooperativas manejadas por los contratistas y la conformación de cooperativas nuevas, manejadas por los mismos corteros, vino a ser entonces la principal conquista de los paros. Además, consiguieron aumentos importantes en el precio del corte y la garantía del respeto a sus derechos legales en cuanto a compensaciones y seguridad social; también que se eliminara el cobro de la “materia extraña” (basurillas que quedan en los lotes de caña cortada) y acceso al control del pesaje. La administración y dotación de implementos fueron sumados al costo global de la tonelada y quedaron a cargo de las cooperativas.

Sin embargo, los corteros cayeron en el error de permitir la proliferación desmedida de cooperativas. En ese sentido desatendieron la sugerencia que les hizo la CUT Valle, que los asesoró en sus negociaciones con las empresas. Les sugirió que crearan pocas cooperativas, porque eso no sólo les daba mayor fortaleza y poder de negociación, sino también menos dispersión de esfuerzos y recursos. Pero en ese punto los ingenios se impusieron. Con un trabajo de persuasión y dos meses de cursos intensivos a los corteros, sobre temas cooperativos, lograron multiplicar el número de cooperativas. Hoy son casi cien.

“La empresa —dice Juan Cambindo— fue llamando uno por uno a los gerentes de las cooperativas y les llenó la cabeza de cuentos. Les dijo que organizaran cooperativas con sus compañeros, que no atendieran a los sindicalistas de la CUT. Entonces la gente fue aflojando”.

Por su parte, Diego Escobar, de la subdirectiva de la CUT Valle, anota al respecto: “Cuando los corteros con los paros lograron crear y manejar sus propias cooperativas, los empresarios los azuzaron para que crearan más, por aquello de divide y reinarás. Entre más dispersos estén los corteros mejor para la empresa. Es una manera de retomar el control que antes ejercían a través de los contratistas. Para eso aprovecharon los cursos de capacitación que les dieron”.

En el ingenio Manuelita, donde se había pensado crear seis cooperativas, se crearon veinte, lo mismo en Central Castilla. En Incauca hay ocho y en Providencia diez. Y hay cooperativas de sólo 40 corteros, que resultan fácilmente manipulables por las empresas, amén de costosas en su administración.

A manera de colofón

La situación de los corteros del Valle nos indica a las claras que a la codicia de las empresas azucareras no les ha bastado con apelar a todas las formas de “flexibilización” laboral para bajar sus costos operativos. No les ha templado el pulso para deformar a capricho los principios y la misión de las cooperativas de trabajo asociado, para convertirlas en simples bolsas de empleo, rebajando aún más las condiciones salariales y la calidad de vida de los corteros.

Las ofertas mercantiles incluyen una cláusula que autoriza al ingenio a declarar unilateralmente la terminación anticipada del contrato, sin necesidad de declaratoria administrativa o judicial previa. O sea que hoy los corteros no tienen ninguna estabilidad, que son dueños de su cooperativa pero realmente no son dueños de nada, porque en el momento en que la empresa no les contrate más corte de caña dejan de existir como cooperativa. Por eso Diego Escobar sostiene que lo que lograron con los paros lo han ido perdiendo en las ofertas mercantiles, o sea la negociación que cada cooperativa hace por separado con la empresa.

Son CTA sin autonomía, pues están totalmente condicionadas a las empresas que las contratan. Tampoco son sólidas en materia organizativa, tienen bajo soporte administrativo y dificultades para cumplir los estándares de productividad que les exigen los ingenios. Además, tienen poca claridad en el tema cooperativo. Son simplemente asociados que se juntan con el único fin de vender su fuerza de trabajo, para usufructo de unos empresarios voraces que las usan como gambeta a la legislación laboral.

Y como si el problema de la “deslaboralización” progresiva fuera poco, ahora los corteros enfrentan una amenaza más seria todavía: su desplazamiento por las máquinas. Los empresarios de la industria azucarera defienden la mecanización como una opción necesaria dentro de las perspectivas del TLC, y como estrategia de protección ante eventuales paros. Nada más en noviembre del año pasado el Gobierno Nacional aceptó la importación de 24 máquinas cortadoras; y se dice en los mentideros sindicales que dentro de las metas de Asocaña para el 2006 está la de tener mecanizado el 30% del corte de caña.

Las máquinas introducidas recientemente ya están causando estragos laborales, pues una sola puede reemplazar el trabajo de 80 hombres. En Incauca las cooperativas ya salieron de 325 corteros. Y las que no han querido salir de ellos han optado por rotarlos. La CTA de Vitorino Caicedo lo hace: en cada jornada pone a “descansar” a unos veinte corteros, que ese día no reciben paga.

Y llama la atención que este proceso de precarización de las condiciones de trabajo de los corteros de la caña, contraste con el buen momento que atraviesa la industria azucarera, sobre todo por los beneficios que ha obtenido con la adjudicación del negocio del etanol (alcohol carburante) por parte del Gobierno Nacional, que además la subsidió con 60 millones de dólares para que pusieran en marcha la producción de etanol. Lo que de contera ha avivado el choque de intereses con los proveedores de caña (colonos), gremio que reclama mayores beneficios por el negocio del etanol, al fin y al cabo ellos son los que suministran la materia prima. Son 1.600 y se agrupan en Procaña, que en comunicado público reciente solicitó un aumento del 20% en el precio de la caña que venden a los ingenios.


- Ricardo Aricapa. Escuela Nacional Sindical, Medellín – Antioquia

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
www.vivalaciudadania.org