Ese informe, como esta actualización, pretende confrontar el discurso gubernamental que no reconoce su responsabilidad sobre hechos de graves de violaciones a derechos humanos que presuntamente comprometen a funcionarios policiales y militares y que por el contrario promueve procesos de criminalización contra la movilización y la protesta social y perpetúa el olvido, abriendo la posibilidad de repetir estos hechos.

 Por ello, este informe y el trabajo de la Alianza a lo largo de estos 12 meses es, en sí mismo, un ejercicio de memoria y un aporte en la construcción de verdad, justicia y reparación integral para todas las personas, familias, comunidades y organizaciones que enfrentaron estos hechos, en medio del ajuste estructural neoliberal que sigue implementando el gobierno ecuatoriano.

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