En 1992 apareció, en Cuadernos de Nuestra América, un ensayo titulado “La economía cubana: los desafíos de un ajuste sin desocialización”, donde Aurelio Alonso saldaba cuentas con los esquemas del socialismo histórico, y analizaba los desafíos del reajuste frente a una crisis coyuntural y estructural.¹

Rescato par de ideas de aquel texto. Según el autor, una alternativa socioeconómica propia e independiente va más allá de una exitosa “administración de la crisis coyuntural”. Las llamadas “medidas de emergencia” suponían ya cambios de envergadura en el conjunto del sistema. A la profunda reforma en busca de un espacio alternativo para Cuba (o sea, de mecanismos eficaces de reproducción socialista), le urgía también, en el plano teórico, una “reconstrucción de la economía política del socialismo”.

Este doble desafío era definido del siguiente modo:

“Existe un problema no elucidado entre las modalidades de la socialización de la propiedad y la naturaleza de la gestión, que se relaciona, a todas luces, con la eficacia global del sistema. La propiedad estatal se vincula a un esquema centralizador en el plano de la gestión, que ha desembocado en una ineficiencia empresarial generalizada. El “socialismo real” o histórico, al convertir al Estado en propietario y administrador, hipertrofia el alcance de los ministerios y otros órganos estatales y produce un relevo del empresariado por el funcionariado. [Y luego] La búsqueda de formas descentralizadoras de dirección se ha confundido frecuentemente con la privatización de la propiedad, perdiéndose de vista las potencialidades de la descentralización dentro de la propiedad socializada…”²

Más que abundar en viejas oposiciones (propiedad “socializada” vs. privada), se trataba de modificar la matriz de dirección y producción de la sociedad. Citaba el autor las medidas de descentralización aprobadas por el IV Congreso del Partido Comunista (1991): la inversión extranjera en el sector del turismo, la autonomía financiera del sector productivo capaz de procurarse divisas, la ampliación de facultades a los órganos municipales de Poder Popular para hacerse cargo de las necesidades de la comunidad.³

2

Dos décadas más tarde, el proceso de reformas oficialmente conocido como “Actualización del modelo económico-social” (2011) fue presentado como una intervención sobre la organización de la economía, sustraída a cambios directos en el modelo político. Procuraba una puesta al día, no de la “política socialista”, sino de una “práctica” capaz de encarar los problemas propios y del sistema de relaciones en que el país ha debido insertarse. El núcleo de esos problemas “prácticos” ha sido ubicado en la “economía”.

En las condiciones actuales de Cuba, despolitizar el problema de las reformas, presentarlas como una cuestión “económico-técnico-social” solo significa una cosa: eludir la cuestión de su sostenibilidad política, en una perspectiva que continúe siendo anticapitalista. Por el contrario, asumir la centralidad política de las reformas, como condición, medio y resultado, supone aceptar como horizonte la “dependencia entre la libertad política y la capacidad de controlar los medios materiales necesarios para la existencia personal y social”.⁴

En consonancia con los documentos rectores de las reformas (Lineamientos, Conceptualización), la nueva Constitución de 2019 conserva el postulado de “socialista” para definir el sistema que rige en Cuba. Tal declaración es referida a un conjunto de valores ético-políticos, sustentada en la (reafirmada) función rectora del PCC y en el sistema económico vigente. Este último, un modelo mixto (que subordina otras formas de propiedad y de gestión) aparece regido por los principios de la “planificación socialista” y la “propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción”, según una relación en la que el Estado es representante/administrador y el pueblo beneficiario/propietario.

Las connotaciones de un socialismo así fundamentado (a la soviética) han sido largamente debatidas dentro y fuera de Cuba (la estructura de la propiedad, las relaciones entre plan y mercado, los vínculos entre gestión y propiedad y un largo etcétera). Lo que suele darse por sentado, para defensores y detractores, es que ese modelo es equiparable al socialismo; es decir, que el núcleo del socialismo consiste en la sujeción del sistema a una planificación centralizada + predominio de la propiedad estatal (= propiedad social o socialista).

Pese a atavismos e incongruencias en su expresión programática, y aplazamientos y distorsiones en su implementación, lo cierto es que el proceso de reformas iniciado hace casi tres décadas ha implicado a la totalidad de la sociedad cubana. Tal constatación resulta ya, como se verá más adelante, del debate cubano sobre sociedad civil de los años noventa. En su conjunto, las reformas han conllevado a un redimensionamiento del Estado, de su estructura y funciones, de las formas de actividad social que le definen, de sus relaciones con la ciudadanía (término este reciente en nuestro vocabulario político).

Omitido o ignorado este proceso de transformaciones políticas, lo cierto es que el reto más inmediato y definitorio del socialismo cubano continúa localizado en la dimensión económica: en la urgencia de un rediseño desde una noción distinta de desarrollo, que despliegue el potencial creado, garantice la subsistencia de la población y restaure un régimen laboral y de participación efectiva que incentive el trabajo.

Por tanto, el problema que Alonso identificara como esencial para la “eficacia global del sistema” continúa, en lo fundamental, irresuelto. ¿Cómo vincular la propiedad socializada con la gestión descentralizadora? Más allá del sesgo jurídico que ha prevalecido sobre la cuestión, ¿acaso la propiedad efectivamente socializada no supone esta clase de gestión? ¿La propiedad estatal ha sido, en Cuba o en otra parte, garante de tal socialización?

Como advirtiera aquel texto de 1992, para constituir una alternativa real entre los dogmas socialista y liberal, el proceso cubano de reformas debe quedar enmarcado en una economía socializada, o sea, en un gobierno de la sociedad sobre la economía. Dicha economía socializada supone, entonces, un poder socializado.

Estas líneas solo pretenden ilustrar la pertinencia de tales interrogantes. Si algún consenso existe al respecto, es sobre la necesidad de conformarlo, en vista de los efectos desintegradores de la crisis y las reformas. El punto de partida, por tanto, no puede ser la unidad.

3

Los problemas en torno a la socialización han motivado grandes debates en la variopinta tradición adscrita al marxismo, y respecto al modo en que se la ha concebido y practicado en el socialismo histórico.⁵

La tradición praxeológica marxista ha pretendido sustraer la socialización de una teleología naturalista (subordinada al desarrollo de las fuerzas productivas), y situarla en el campo dialéctico de una historia abierta (marcada por la incertidumbre y especificidad de la lucha de clases). Vinculada a la actividad consciente de instituir una sociedad socialista, su énfasis va dirigido a las relaciones sociales de producción y al proceso de conformar una sociedad socializada. En consonancia, se han promovido múltiples vías y mecanismos de control democrático de los medios de producción por los trabajadores, para que decidan colectivamente sobre su uso social. Entendida como el proceso por el cual los individuos son cada vez más capaces de controlar colectivamente sus condiciones de existencia, la socialización ha atendido a la reabsorción por la sociedad de sus poderes alienados, tanto por el Estado como por el mercado.

Sobre estas bases, la teoría sobre la política socialista ha insistido en restituir al cuerpo social los poderes usurpados, procurar las condiciones progresivas para la emancipación económica del trabajo. Ello supone su propia finitud (para la política, entendida como intervención del Estado), toda vez que la meta de la transformación socialista, más allá de la distribución, ha atendido a la superación de las condiciones materiales de la producción misma.

Sin embargo, la expresión canónica de “socialización de los medios de producción” supuso tirar hacia abajo el rasero de tales implicaciones para restringirse al prisma jurídico de las relaciones de propiedad y las políticas de distribución estatales.

Identificada con la expropiación de los propietarios privados de la tierra y el capital por la sociedad, esta ortodoxia marxista ha considerado la socialización de los medios de producción esencial en tanto: a) remueve las fuentes de desigualdad colectivas (basada en la distribución desigual de la propiedad) e individuales, de ingresos personales no vinculados al trabajo; b) elimina la institución del trabajo asalariado y la explotación privados; c) priva a los ex capitalistas de los fundamentos de su poder; y d) es condición para una economía centralmente planificada (de otro modo sometida a los propietarios privados).⁶

Al identificar lo estatal a lo social, y oponerlo a lo privado, la gestión y control efectivos de los medios socializados ha sido una de las ambigüedades conceptuales del término, con efectos prácticos evidentes.

En las experiencias del socialismo histórico del siglo XX, se transitó de la expropiación de las tierras y empresas por parte del Estado, hacia intentos por suprimir parcialmente el mercado e incluso el dinero como medio de intercambio entre productores y empresas. Se trató de medidas impuestas desde el Estado, que aparece no solo como el gran propietario sino como medio de intercambio y de circulación de los productos. El esfuerzo por sustituir la ley del valor y el tiempo de trabajo abstracto (valor de cambio) como medida y medio del acceso a otros productos del trabajo útiles para otras personas (valor de uso), no constituyó, sin embargo, una superación económica del valor de cambio, sino una coacción extraeconómica para intentar anularlo.

La preponderancia del valor de uso sobre el valor de cambio funcionó como una norma general, aplicada según cálculo y criterio discrecional de funcionarios estatales, es decir, según una decisión política centralizada (y a la postre, subjetiva). Se trató entonces de una forma de privatización de la gestión del modo de intercambio de riquezas, a cargo de la administración estatal. Tales procesos no dieron lugar a una nueva relación económica que sustituyera la ley del valor y el mercado, sino a una coacción política que la impedía. En lo fundamental, dejaron inalterada la estructura jerárquica de la dominación sobre el trabajo, heredada del capitalismo.

De modo general, enfrentaron varios inconvenientes, en lo que al tema tratado se refiere:

1. La administración del Estado, premisa y garante del bienestar de la sociedad, condujo, en la práctica, a una reconversión del poder económico de las clases propietarias en poder político de los funcionarios del Estado. La lógica del capitalismo fue tendencialmente reinstalada, como administración monopólica de los medios de producción y poder político concentrado.

2. Al tratarse de una relación política que sustituyó a la relación económica, fue circunscrita al interior del régimen, mientras que sus relaciones internacionales de intercambio actuarían como presión económica extra nacional, cada vez más intensa por la mundialización de la producción, el conocimiento y la tecnología.

3. A la postre, se impuso una coexistencia social entre la lógica del valor de uso en los espacios públicos y legales, regulados y controlados por el Estado, y la lógica del valor de cambio en actividades informales y cotidianas, de intercambios internos y externos.⁷

El fracaso de tales experiencias demostró que, a contrapelo de lo que la izquierda creyó durante todo el siglo XX, la estatización de los grandes medios de producción no instaura un nuevo modo de producción ni instituye una nueva lógica económica. Estatizar no significa socializar la producción, toda vez que no procura las condiciones para una autogestión significativa a escala social, capaz de instituir un proceso socialista del trabajo. La función del “Estado revolucionario” no es entonces crear el socialismo. Ello escapa al objeto fundante de su existencia como Estado, en tanto monopolio o “proceso de regulación jerarquizada de los bienes comunes”.⁸

En las condiciones actuales, la transición socialista requiere tipos de relaciones económicas en la producción y de relaciones sociales en el intercambio, que la sola intervención estatal no procura y menos garantiza: política de alianzas entre las clases populares para la gestión nacional de los asuntos sociales comunes; nuevas formas asociativas voluntarias de los trabajadores en los centros de producción y creciente articulación con otros centros de producción, así como con las comunidades; democratización permanente de las estructuras estatales que apoye esos procesos locales y comunitarios; estabilidad económica que garantice las condiciones básicas de vida, y que procure tiempo para tales aprendizajes colectivos.⁹

A este respecto, Cuba ha debido hacer su propio aprendizaje, a partir de la crisis, el reajuste, y el consiguiente disenso de los años noventa.

4

¿Por qué se discutió acerca de la sociedad civil en los años noventa en Cuba? ¿Qué se discutía al emplear este término? ¿En qué consistía y cómo fue definida la sociedad civil cubana? Los problemas que este debate formulara, ¿pueden arrojar alguna luz sobre los ejes y procesos centrales de las reformas en curso?

Tema problemático si lo hay, su tratamiento ha supuesto para Cuba, generalmente, dos grandes dificultades, una teórica, otra política. El de sociedad civil ha sido uno de los conceptos contemporáneos más ambiguos e imprecisos, por su historia larga y tortuosa, su utilitarismo y la remisión usual a parámetros normativos, más que analíticos. Y claro, el término ha sido empleado en discursos políticos divergentes sobre la realidad cubana.¹⁰

Anatemizado por el marxismo soviético preponderante, la polémica en torno al mismo tuvo como referente la redefinición de las relaciones entre el Estado y las distintas esferas de acción social de los individuos, del espacio de lo público, asociado a cambios ocurridos a nivel internacional como nacional.

Tras el colapso del sistema soviético, se produjo en Cuba una crisis que erosionó la eficiencia del “monopolio práctico” del Estado como productor de ideología, es decir, la compatibilidad entre esa ideología y los beneficios que había sido capaz de proporcionar (ej. crecimiento económico, movilidad y justicia social). Restringida su capacidad para organizar los proyectos de vida personales en torno al proyecto social, para muchos las estructuras políticas no se adecuaban a la conmoción sufrida por las relaciones sociales, manifiestas en la vida cotidiana de la población, lo que alentó la aparición de nuevas formas asociativas.

La crisis económica, una integración social erosionada a partir de la aparición de nuevos entes económicos, la pérdida de capacidades del Estado para socorrer las necesidades de la población, la ampliación de relaciones de mercado y la creación de espacios no regulados estatalmente, todo alentaba una rearticulación de la sociedad cubana, proceso en el que el propio Estado redefinió su papel, mediante el conjunto de reformas adoptadas. La escasez de recursos obligó a buscar mecanismos de descentralización para su uso más eficiente y a introducir transformaciones en la estructura político-administrativa, a partir de la reforma constitucional de 1992.

Cuba requirió entonces rearticular el consenso en torno a un nuevo modelo de socialismo (respecto a las dimensiones, objetivos y eje de las transformaciones), en las condiciones de una sociedad cada vez más diferenciada, con un nuevo mosaico de actores sociales.

Por tanto, si el tema de la sociedad civil ocupó la atención de los intelectuales cubanos (incluyendo a los políticos) en los años noventa, no se debió solo a su papel en la confrontación ideológica y en los códigos generados en el seno del debate contemporáneo. O a su empleo como instrumento desestabilizador del régimen por el discurso político-ideológico del gobierno norteamericano, ensayado en el Este de Europa. Su uso resultó, ante todo, de la propia activación de la sociedad civil cubana y del espacio de lo público, provocado tanto por los efectos económicos, políticos e ideológicos de la desaparición del campo socialista, como por la propia maduración que las clases y grupos sociales habían alcanzado en tres décadas de ordenamiento socialista. Esta catálisis de la sociedad civil cubana se manifestó en su apropiación (parcial o completa) de espacios y procesos antes sujetados al aparato estatal, y por la importancia que adquirieron los canales y esferas de realización del debate ideológico.

Jorge Luis Acanda distinguió varias posiciones en el empleo del concepto de sociedad civil durante la década en Cuba; esto es, tres tendencias fundamentales en torno a las relaciones de poder y la naturaleza democrática del modelo político, de cara a un proyecto futuro de sociedad.¹¹

Una, negaba cualquier logro democrático de la sociedad cubana y se atenía a una intención, implícita o explícita, de cambio de régimen. Impugnaba la continuidad del orden socialista, como incapaz de un estatuto mínimamente democrático, y aspiraba a la sustitución del gobierno y del modelo político cubano vigentes. Entendía la sociedad civil, sobre todo, como espacio asociativo voluntario, contrapuesto al Estado y a la sociedad política y reservorio de los valores de progreso, libertad, democracia, derechos humanos.

La ortodoxia isleña, tras rechazar el término como maniobra ideológica, le acogió luego como “sociedad civil socialista”, vía para organizar la participación de masas. Sobreentendía que la sociedad cubana había logrado unos niveles elevados de democracia económica y política, toda vez que las políticas de acceso a servicios y derechos universales garantizaban per se un alto desempeño democrático. Por tanto, el PCC y las organizaciones políticas y de masas figuran como legítimos representantes de la sociedad. Desde esta visión, la idea era fortalecer o perfeccionar los mecanismos creados, con el papel protagónico del gobierno.

Otras visiones, finalmente, proponían un rediseño de la democracia en Cuba, basado en el cuestionamiento de elementos de su modelo político. Al asumir la sociedad civil como central para una recomposición socialista de la hegemonía, proponían fortalecer las instancias del Poder Popular (con énfasis en los poderes locales), mejorar mecanismos democráticos como la rendición de cuentas y apelar a dispositivos culturales no estatales, delimitar las funciones políticas partidistas y las administrativas del gobierno en los distintos niveles, etc. Dentro de esta posición, hubo quienes, a partir del concepto de sociedad civil, argumentaron la imposibilidad de que el Estado pudiera hacerse cargo de las necesidades, los objetivos y los derechos de una creciente diversidad social. Si, más que una identificación, existe una continua tensión entre las estructuras políticas y la sociedad civil, es dicha tensión el fundamento de la democratización del sistema.¹²

Tales desencuentros sobre la sociedad civil, al anudar un conjunto de problemas del pensamiento social cubano, reveló carencias de las ciencias sociales para dar cuenta del proceso revolucionario y de su ordenamiento socialista. Su impacto rebasó lo académico. El debate cubano amplió y redimensionó la comprensión del proceso de la política, al incorporar el análisis sobre sus “condicionamientos socioeconómicos” y culturales. Enfrentó, de hecho, la hipertrofia política en el análisis de la sociedad. La necesidad de reconstruir la sociedad civil cubana propició una amplia reflexión sobre su cultura política: sobre el peso de las representaciones ideológicas y culturales en la articulación del consenso, desde la organización familiar, pasando por el papel de los intelectuales, de los nuevos sujetos sociales y la concepción del Estado. La recomposición de la hegemonía fue asumida como proceso cultural, en su más amplio sentido.¹³

Pues la sociedad civil, entendida como el conjunto de las relaciones sociales productoras de sentido, es el campo por excelencia de la lucha de clases y, por tanto, de la disputa hegemónica. Promueve una renovación socialista si logra enraizar instituciones y relaciones de producción ideológico-cultural a los fundamentos culturales de la nación y a la pluralidad de sus prácticas cotidianas. Ello concierne al papel del mercado y del Estado en el socialismo: a la búsqueda y desarrollo de nuevas formas de propiedad colectiva (o sujetas a su control) en la economía, capaces de suprimir la lógica del valor de cambio como acceso a la riqueza; así como a la promoción de nuevas formas de participación política que disputen las funciones monopólicas del Estado.

5

La deforme socialización del estatismo soviético y el debate cubano sobre sociedad civil resisten a ser relegados a un pasado inoperante. Su discernimiento condiciona nuestra visión de los problemas del presente. La prioridad de maximizar la producción nacional de bienes y servicios no es solo un problema técnico y económico. Involucra además la educación, relaciones y estructuras políticas.

Acaso en Cuba haya ocurrido un peculiar aprendizaje sobre la sustitución estatista, que se expresa en una nueva sensibilidad frente a los límites y legitimación del poder político, y en demandas a favor de un espacio plural de instituciones, relaciones y grupos sociales, relegadas por el modelo de socialismo que pretende ser reformado. Pero la crítica a la monopolización estatal no puede pasar por alto el poder coercitivo de una sociedad civil a la que queda asignado, de modo prevaleciente, todo el espacio entre el individuo y el Estado. Para las condiciones de Cuba, la implementación de mecanismos efectivos de participación y control ciudadano, laboral, comunitario, continúa siendo el imperativo de una sociedad socializada. Junto a una educación política afín y consensuada, son formas de renovar el Estado que no derivan en, o pueden limitar de veras, una mayor mercantilización.

Dr. Wilder Pérez Varona es Subdirector científico del Instituto de Filosofía, La Habana, Cuba