Una multitudinaria y masiva marcha nacional en Bolivia exigió el 28 de julio que se realicen las elecciones el 6 de septiembre, las que fueron postergadas por el gobierno de facto por tercera vez para el 18 de octubre, con la excusa de la pandemia, pese a que son numerosos los países que han llevado a cabo en este contexto sus elecciones con éxito.

La movilización fue convocada a primera hora de la mañana en el simbólico lugar de Senkata, La Paz, donde el 19 de noviembre del 2019 ocurrió una masacre, desde donde millares de manifestantes marcharon rumbo a la región de la Ceja, donde se llevó a cabo un cabildo multitudinario.

Esta masiva movilización marca el inicio de una nueva etapa de lucha en el país, en la que participaron todas las organizaciones sociales de Bolivia, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el pacto de unidad de organizaciones indígenas y vecinales, a los que se sumaron miles de personas de a pie, no aglutinadas en una organización social o partido político.

Esto demuestran el descontento de la sociedad en general frente a las políticas y el accionar antidemocrático del gobierno de facto. Además, la movilización se replicó en diferentes puntos del país.

En el cabildo la COB, su presidente Juan Carlos Huarachi dio un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se dé marcha atrás en la postergación de las elecciones y se lleven a cabo el 6 de septiembre. De no ser escuchada esta demanda, a partir del lunes 3 de agosto se iniciará una huelga general indefinida con bloqueo nacional de caminos en los nueve departamentos de Bolivia.

Su discurso consistió en expresar el sentir del pueblo: “El problema en el país no es el Covid-19, el problema es este gobierno incapaz que no ha brindado atención en el momento oportuno (…) politizan la pandemia y juegan con la salud y la vida de las personas”, dijo, tras rechazar las acusaciones del gobierno de que las marchas implican contagio de Covid-19. Señaló que los responsables de los contagios que hay en el país es de los gobernantes por no abastecer de insumos de bioseguridad y respiradores a los hospitales.

Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, sostuvo que “hoy están empezando a sonar los tambores de lucha y va a empezar a sonar el clarín de la victoria de los movimientos sociales del país (…) Estamos en contra de este gobierno tirano (…) esta marcha es una pequeña muestra de que los trabajadores estamos más unidos que nunca en contra de estos gobernantes, que son el peor error político de la historia de Bolivia”.

“El pueblo va a reclamar sus derechos por lo tanto el pueblo unido jamás será vencido”, añadió.

Gutiérrez exigió el respeto de las vías legales y rechazó que avasallen la constitución: “Exigimos que respeten la constitución política de estado, el camino legal de pasar por la Asamblea Legislativa que es quién debe promulgar una ley para modificar otra ley, (respecto a la decisión unilateral del TSE de postergar elecciones) nosotros estamos en defensa del sistema democrático del país”.

Bolivia es el país que más dictaduras ha tenido en la región, pero también es un país vanguardia de resistencia con una experiencia de lucha de más de 500 años con un triunfo histórico arrollador en 2005, que inauguró un proceso revolucionario inédito a nivel mundial, parido desde las entrañas del continente de Abya Yala.

El pueblo boliviano rescata la memoria larga de lucha ancestral y la memoria corta de las luchas por el gas y por el agua que consagraron a Evo Morales como presidente , que trazaran el camino., dijo Gutiérrez, al rememorar la historia de Bolivia: “No existe dictadura alguna que ha estado contra del pueblo que haya podido con el pueblo, la historia nos va a cantar el movimiento de lucha”.

Las demandas del pueblo: democracia, salud, educación y trabajo

En defensa de la democracia: La principal demanda durante el Cabildo fue la exigencia de que se lleven a cabo las elecciones el 6 de septiembre, para elegir un gobierno democrático y legítimo con el fin de poder enfrentar la crisis política, social, económica y sanitaria que atraviesa el país.

Estas sucesivas postergaciones de la fecha electoral permiten que el gobierno de facto se siga autoprorrogado en el poder con el fin de ganar tiempo y desplegar diversas estrategias que garanticen poder quedarse indefinidamente en el gobierno. Entre ellas, vehiculizar la proscripción del Movimiento Al Socialismo (MAS) o planificar el gran fraude al estilo Honduras, dar un autogolpe militar y si no pueden cerrar la Asamblea Legislativa, pretenden gobernar solo mediante decretos y utilizar a esta de fachada “democrática” a una dictadura.

Otra alternativa es intentar vericuetos legales a fin de lograr una nueva convocatoria para el proceso electoral, que implicaría una indefinición en el tiempo y daría tiempo a la derecha para presentar una alianza que una a todo su arco y lograr mejores condiciones.

El objetivo es consolidar un proyecto político neoliberal y un estado terrorista, policial y militar a punta de pistola con represión, persecución política y judicial (lawfare), tortura, secuestros, encarcelamientos ilegales de dirigentes, militantes y todo aquel que reclame sus derechos o piense diferente.

También, promete niveles altos de violencia al estilo colombiano con autoatentados (falsos positivos), grupos paramilitares, creación de grupos terroristas, encarcelamiento selectivos de dirigentes, incluso asesinatos, para convulsionar el país y suspender las elecciones. Este es el panorama que se avizora de acuerdo a los últimos sucesos en la represa de Misicuni, Kara Kara y el trópico de Cochabamba.

Salud: Una demanda es que establezca un plan de contingencia contra el Covid-19, que hasta la fecha no existe en la agenda del ministerio de Salud: lo que se vive es una mera administración de contagios y muertes. La situación es de extrema gravedad con cuerpos en las calles, hospitales colapsados, falta de medicamentes, de médicos, equipos de bioseguridad, insumos de salud, etc.

Cada vez es más evidente de que el gobierno de facto ha planificado un genocidio indígena dejando al pueblo sin atención médica frente al Covid-19 para utilizar la crisis sanitaria a fin de evitar elecciones. Los pacientes suplican atención médica en hospitales, sin recibirla debido a que están colapsados.