En la última década la figura de Nayib Bukele ha gozado de alta aprobación y gran popularidad. En febrero de 2019, en una situación inédita en toda la posguerra (1992-2019), el ahora mandatario se impuso en los comicios presidenciales con un amplio margen, en primera vuelta y contra todo un aparataje político, institucional y mediático en su contra. Una vez en el gobierno y en sus primeros cien días al frente del ejecutivo, la administración Bukele obtuvo una calificación de 8.37 (IUDOP, 2019) que cayó a 7.8 a finales de 2019 (IUDOP, 2020a). La pandemia y las primeras medidas de contención implementadas por el ejecutivo, sin embargo, parecen haber incrementado la popularidad del mandatario: para finales de mayo, por ejemplo, una encuesta reportó que el 95.7% de la población aprobaba la gestión presidencial ante la pandemia (Segura, 23 de mayo de 2020)¹.

Sin embargo, y tras esa solidez de apariencia indestructible, en el último año han comenzado a aparecer indicios de fisuras importantes en la empresa Bukele. Las diversas crisis por las que atraviesa el país (incluida la crisis sanitaria), las venideras elecciones de febrero de 2021 y el ruido ensordecedor de una adelantada campaña electoral no permiten ver con claridad las grietas que han empezado a amenazar la reproducción a largo plazo de la hegemonía cultural del ejecutivo y de su proyecto político, pero una cosa parece segura: de no cambiar las lógicas y el patrón del ejercicio del poder del que hasta ahora ha hecho gala la actual administración, las fisuras van a ensancharse. Este artículo tiene el propósito de rastrear los indicios de estas fisuras y analizar la forma en que las mismas amenazan el proyecto político y empresarial de los grupos nucleados alrededor de Bukele.

De la composición de gobierno al presupuesto general

Las fuerzas que se nuclearon alrededor de Bukele en los dos años previos a la elección presidencial fueron de lo más variado: desde antiguos líderes radicales, intelectuales y políticos de centroizquierda, demócratas y reformadores sociales, hasta viejos dirigentes de ultraderecha (con rasgos neofascistas algunos de ellos) y brókeres políticos apoyaron el proyecto y la campaña presidencial de Nayib Bukele. No faltaron, por supuesto, los empresarios y políticos de confianza del presidenciable, aquellos que le acompañaron desde su primera aventura electoral en Nuevo Cuscatlán en 2012.

Esta informal, heterogénea e inusual “coalición”, como era de esperarse, estuvo sujeta a diversas tensiones ya en los primeros días de gestión. El primer encontronazo vino con la composición del gabinete ejecutivo: predominó en términos absolutos el círculo de confianza de Bukele (Alvarado, Labrador y Arauz, 07 de junio de 2020; Labrador, Quintanilla, Arauz y Alvarado, 02 de junio de 2019). Las fuerzas democráticas más a la izquierda no fueron consideradas en el gobierno, mientras que los sectores más a la derecha ocuparon algunas direcciones en el ejecutivo, pero en una posición claramente subordinada al círculo cercano al presidente. Los brókeres políticos también entraron al gobierno, aunque su rol es más bien técnico: son operadores que buscan viabilizar el ejercicio del poder por vías que en su mayoría no son del dominio público.

Si la composición del gabinete de gobierno puso en duda a muchos y generó las primeras tensiones fuertes, las acciones posteriores se ganaron la oposición de antiguos aliados y el rechazo de otros tantos que esperaban del gobierno de Bukele una gestión que avanzara en materia de justicia (al menos tributaria, como se había prometido en la campaña), protección y bienestar social y desarrollo económico inclusivo. El gobierno, sin embargo, se movió en sentido contrario: en sus primeros meses de gestión disolvió cinco secretarías, algunas de ellas vinculadas a temas de transparencia, política social y planificación estratégica (Pacheco, 03 de junio de 2019), realizó varios cientos de despidos arbitrarios de empleados públicos (Ávalos, J., 30 de septiembre de 2019), nombró a cuestionadas personalidades al frente de la seguridad pública (Ávalos, H., 06 de junio de 2019) y echó a andar un plan de seguridad de corte manodurista que ha exaltado de forma reiterada a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional Civil (PNC).

El proyecto de Presupuesto General de la Nación que el ejecutivo presentó al Órgano Legislativo y que al final terminó siendo aprobado por este con pequeños cambios, además, confirmó que las prioridades del gobierno no iban en la dirección de fortalecer las políticas sociales y las instituciones públicas claves en materia de derechos humanos y controles al capital privado, transparentar el ejercicio de la función pública a altos niveles y avanzar en la construcción de un Estado moderno con una mínima agenda de protección y bienestar social. Por el contrario, el presupuesto reflejó más bien un incremento abultado en el gasto policial y militar, específicamente del 26.7% para el Ministerio de Defensa y del 11.1% para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (Barrera, 18 de noviembre de 2019; CISPES, 06 de diciembre de 2019; Roca, 26 de noviembre de 2019).

El 9F y la amenaza autoritaria

El 9 de febrero de 2020, bajo la orientación del presidente Nayib Bukele y después de tres días de gran tensión política, la Asamblea Legislativa fue tomada militarmente por el ejército². Formalmente la disputa comenzó después de que los diputados se negaran a autorizar al ejecutivo a suscribir un préstamo por $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinado a financiar la Fase III del Plan de Control Territorial, pero una investigación periodística sugiere que El bukelazo “no se debió a ningún préstamo de seguridad”, sino que “tuvo su origen en una crisis de agua y algas, en el problema de imagen que esa crisis generó al Gobierno” (Lemus, Martínez y Martínez, 11 de marzo de 2020); fue pues, según esa investigación, un estrategia de marketing político para revitalizar la popularidad del presidente.

Sea como sea, el hecho es que el 9 de febrero la Asamblea Legislativa fue tomada por “medio centenar de militares y policías fuertemente armados” (Guzmán, Rauda y Alvarado, 10 de febrero de 2020) mientras Bukele irrumpía sin mediar palabras y sentenciaba: “ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”. A las afueras del parlamento unas 5mil personas convocadas por el mandatario exigían la disolución del órgano legislativo. La situación, condenada como un intento de golpe de Estado por la oposición, deterioró la imagen del gobierno a nivel internacional.

“La imagen –dijo entonces el embajador de España en el país– no fue buena; es decir, fue mala, para qué vamos a decir una cosa por otra, y eso afectó a la buena imagen de El Salvador y a la buena imagen del Gobierno y también nos afecta a los países amigos que estamos trabajando con un Gobierno democráticamente elegido” (Lemus, Martínez y Martínez, 11 de marzo de 2020).

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y la prensa local también reclamaron al presidente Bukele por el 9F (DW, 10 de febrero de 2020). En la misma noche de El bukelazo, por ejemplo, la directora para las Américas de Amnistía Internacional rechazó el “ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa” y dijo que el mismo

“Nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos (…). Las múltiples denuncias de francotiradores apostados en las proximidades de la Asamblea Legislativa, la presencia militar innecesaria y las restricciones a la libertad de prensa podrían marcar el inicio de una ruta peligrosa para la institucionalidad y para los derechos humanos en el país” (Amnistía Internacional, 09 de febrero de 2020).

Covid-19 y emergencia sanitaria

Es casi del consenso nacional que la rapidez y firmeza de las primeras medidas implementadas por la administración Bukele para contener el avance de la pandemia en El Salvador fueron exitosas (Véase por ejemplo Picardo, 08 de julio de 2020; Valencia, 30 de junio de 2020). Lamentablemente el éxito de las primeras medidas no es equiparable con la gestión posterior. No vamos a entrar aquí al debate sobre si las medidas implementadas fueron las más adecuadas, pero es claro que las mismas se planificaron y ejecutaron a espaldas (y desde cierto momento en contra de la opinión) de la comunidad académica y los gremios médicos del país. Mientras los casos confirmados de Covid-19 se mantuvieron bajos y las medidas adoptadas por el gobierno parecían efectivas no hubo mayores reclamos (o, más exactamente, estos no alcanzaron mayor amplitud mediática), pero la situación cambió cuando las mismas mostraron su flaqueza, el número de casos creció considerablemente y la veracidad de la información oficial al respecto se puso legítimamente en duda.

Las críticas hacia la gestión de Bukele ante la pandemia ganaron terreno, sobre todo, desde mediados de abril en adelante, cuando se hizo evidente que el gobierno se estaba excediendo en sus facultades constitucionales (Calderón, 16 de abril de 2020; Sala de lo Constitucional, 08 de junio de 2020) y el discurso autoritario del mandatario (Serrano, 2020), sumado a las medidas de confinamiento implementadas, estaban dando lugar a un incremento significativo en las violaciones a los derechos humanos de la población (Alas, 05 de mayo de 2020; PDDH, 2020).

Entre junio y julio, además, salieron a la luz múltiples casos en los que el gobierno, amparado en decretos ejecutivos que a la postre fueron declarados inconstitucionales por el tribunal competente (Sala de lo Constitucional, 08 de junio de 2020), realizó compras de bienes a empresas estrechamente vinculadas con altos funcionarios gubernamentales (Arauz y Alvarado, 30 de junio de 2020; Escobar, 11 de junio de 2020; Romero, 17 de junio de 2020) y con un aliado político en el parlamento (Labrador y Rauda, 25 de junio de 2020). Por esos días, así mismo, una revista digital de la Universidad Francisco Gavidia publicó una nota (Disruptiva, 29 de junio de 2020), sustentada en una base de datos de circulación restringida del Ministerio de Salud, con información detallada del número de muertes por casos confirmados y sospechosos de Covid-19 que corroboraba un temor ampliamente difundido (Machuca, 20 de junio de 2020): la información oficial del avance de la pandemia en el país (principalmente en cuanto al número de casos positivos y muertes confirmadas por Covid-19) no estaba reflejando la realidad.

En todo caso, la gestión de la crisis hecha por la administración Bukele condujo a la mayoría aplastante de diputados a anclarse obstinadamente en una posición de no ceder ante las peticiones del ejecutivo mientras este no ceda en las suyas, primordialmente en temas relacionados a la transparencia y la elaboración de un plan concertado del combate a la pandemia más allá del cierre de la economía y las cuarentenas obligatorias totales. En el mismo sentido, la gestión Bukele de la crisis sanitaria ha terminado de granjearle al gobierno la oposición de las gremiales y asociaciones profesionales de médicos, por un lado (Hernández, 29 de junio de 2020; Jiménez, 15 de julio de 2020; YSUCA, 15 de junio de 2020), y de una red de intelectuales nucleados alrededor de la figura de Oscar Picardo y la revista Disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia, por el otro (véase, por ejemplo, Ávalos, J, 16 de julio de 2020; Picardo, 08 de julio de 2020).

Conclusiones

En los tres procesos que acabamos de revisar hay un denominador común: la pérdida paulatina de apoyo y simpatías políticas de ciertas redes y círculos de intelectuales y sectores medios urbanos del país por parte del ejecutivo. Es probable que el resultado de esta situación aún no se exprese del todo en los estudios de opinión pública (aunque la última encuesta del IUDOP a la que nos hemos referido refleja ya una caída tendencial en la popularidad del mandatario), sin embargo, la misma apunta indefectiblemente en una doble dirección: a) la potencialidad transformadora (en un sentido progresista) del proyecto Bukele se ha agotado; y b) la capacidad hegemónica del gobierno y de su proyecto político (esto es, su capacidad de dirección cultural de la vida societal del país en general) se han puesto ya en aprietos, por lo menos en la perspectiva del mediano y largo plazo.

En efecto, no solo el que el gobierno se haya terminado decantando hasta ahora por una agenda más cercana al autoritarismo de derecha, sino también el hecho de que después de un año de gestión Bukele se ha peleado y ha roto políticamente con la única base social que eventualmente pudo haberle posibilitado promover cualquier mínima reforma progresista de carácter democrático, demuestra que Bukele y su círculo cercano no están interesados en construir e impulsar un proyecto mínimo de justicia y reforma social, como en algún momento pudo pensarse.

En el mismo sentido, el hecho de que el gobierno se haya granjeado la oposición decidida de los sectores a los que nos hemos referido también es un indicador de que la alta popularidad de Bukele y su proyecto político comienzan a verse amenazadas en el mediano y largo plazo. Y esto es así porque, fuera de los aparatos técnico-funcionarial del partido Nuevas Ideas y técnico-burocrático del gobierno, el ejecutivo no dispone ahora de ningún dispositivo y/o red que le permita reproducir la hegemonía cultural de la que goza hasta ahora. Queda únicamente la relación directa del mandatario con la población. Esto, como resulta obvio, no es en absoluto una garantía de mediano y largo plazo y mucho menos puede servir de base, en este país, para impulsar transformaciones históricas que precisan, cuando menos, de un par de quinquenios.

Referencias

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Notas