En Chile, un mes de movilizaciones sociales ininterrumpidas que marcan el retorno del sujeto social en la política chilena han cambiado completamente la situación. Ellas botaron al basurero la agenda de profundización neoliberal del presidente Sebastián Piñera. Frente a las violaciones de derechos humanos del gobierno de Piñera, la movilización cuestiona la cultura de impunidad. La movilización continúa, indignada, por la represión y la ausencia de respuesta concreta del gobierno a las demandas s de mejor calidad de vida y reducción de las desigualdades por 46 años de neoliberalismo.

Las movilizaciones remecieron el torpor de la clase política, obligándola a proponer el fin de la Constitución pinochetista, imposible hace apenas un mes, y abrir el paso a una Nueva Constitución. La derecha y parte de la oposición acordaron el nuevo Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución. La letra chica, principalmente el quórum de dos tercios, anuncia un largo y complejo camino para el cambio constitucional. Además, aunque la propuesta responde a una demanda social, pero excluye los dirigentes sociales. Como si, sin la movilización social, la clase política, hubiera pensado siquiera, cambiar la Constitución.

Por ello el Acuerdo fue rechazado por las más de 200 organizaciones sociales, sindicales, de DDHH, medioambientales, pueblos originarios, entre otras de Unidad Social por hacerse “entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales”. Hubo rechazo también por partidos que no firmaron el Acuerdo: Una diputada afirmó que “la gente no ganó nada”…“perdió ojos y vidas, son baleados y torturados, mientras unas cúpulas ilegítimas vuelven a traicionarlos para consagrar la impunidad de Piñera”.

Hay temor que el Acuerdo sirva para desmovilizar el movimiento social. Por lo pronto la estrategia comunicacional de la Moneda hace que la vocera de Piñera llame a “salir de la calle”.

La Unión Portuaria señaló que: “no queremos una Constitución “en la medida de lo posible” criticando que no “hay ninguna referencia a la agenda social” referencia. La declaración de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) va e el mismo sentido. El proceso constitucional no debe servir para postergar las demandas de terminar con los bajos sueldos, con los altos precios de servicios básicos; con las bajas pensiones de las AFP; con el alto costo de la educación; con mejorar la educación para todos; asegurar una salud decente para todos y bajar los altos precios de medicamentos; respetar los derechos de las naciones indígenas; terminar con las zonas de sacrificio, entre otras.

Tampoco debe servir para ocultar la responsabilidad del gobierno de Sebastián Piñera por su intransigencia represiva. El viernes, carabineros impidió el socorro del SAMU al joven Abel Acuña, una nueva víctima de la represión de una manifestación pacífica en la Plaza de la Dignidad. A pesar de críticas, sigue el uso indiscriminado de balines que han causado ceguera parcial de más de 200 manifestantes y total del joven Gustavo Gatica. La oposición exige la renuncia del Director de carabineros. Pero, como indica una columnista: “No hay peor gobierno que el no quiere ver”.

La movilización continúa a pesar del Acuerdo en el Congreso. ¡Chile Despertó! Con levantamiento de octubre, el sujeto social ya se instaló como un actor insoslayable del proceso de cambios que se abrió en Chile. Veamos estas aseveraciones en detalle.

Piñera sobrepasado por la protesta social

Luego de 18 meses de mandato, el impopular presidente ya es un “pato cojo”. Un “lame duck” como se dice en la política estadounidense que tanto admira. En las calles piden su renuncia. No le resultó ninguna de sus movidas de comunicación, culpando a delincuentes por la movilización social. Hasta su propio sector critica abiertamente su mal manejo de la crisis, se quedo sin metas. Sus “tiempos mejores”, se transformaron en tiempos difíciles” porque la calle le cambió su programa, titulaba el derechista diario, la Tercera el 23 de octubre.

La represión no amainó la movilización social. La masividad de las movilizaciones ciudadanas dejó al desnudo el sesgo ideológico y represivo de las fuerzas de “orden” acostumbradas a la impunidad. Piñera trató de intimidar, decretó el primer estado de emergencia en democracia. Intentó criminalizar la protesta. Su gobierno acumuló en un mes violaciones a la libertad de expresión y los derechos humanos, abundantemente denunciados, rompiendo record mundial de represión por balines.

Tampoco sirvió pedir perdón y ofrecer migajas a un pueblo movilizado de Arica a Punta Arenas. Una protesta contra 46 años de políticas neoliberales. Se desmoronó el programa de Piñera. Termina asumiendo el rol en el periodo que le queda, de muro de contención para salvar un sistema del cual él es una secuela detestada. Enredado en su laberinto, pasó a segundo plano.

El martes 12 de noviembre, ante la exitosa huelga general de la Mesa de Unidad Social, realizó una improvisada y confusa alocución. En medio de rumores de Estado de Sitio, no aceptado por los militares, Piñera terminó pidiendo ayuda a la clase política. Pidió que estableciera un nuevo Pacto Político que asegurará la Paz Social. Piñera claudicó, según la BBC, y aceptó la demanda del 87% de los chilenos por una Nueva Constitución. Volvió a prometer una agenda social robusta, sin agregar ninguna nueva medida a las ya formuladas.

Sobrepasado por la movilización social, Piñera abandonó su rol presidencial, entregando el liderazgo al Congreso. Fracasada la represión, busca una salida con mecanismos institucionales, que frenen la rebelión social iniciada el 18 de octubre.

Las violaciones de DDHH de Piñera deben quedar impunes

Persiste la necesidad que las violaciones de los derechos humanos por el gobierno de Sebastián Piñera no queden impunes. Su gobierno ha insistido sistemáticamente en la represión de la movilización social. Ha dado carta libre a FF.AA. y Carabineros. La movilización social sigue exigiendo su renuncia. Los organismos internacionales, no pueden desconocer violaciones de derechos humanos que critican en otras latitudes. La solidaridad internacional contra las violaciones de DDHH se hacen presentes.

En efecto, el jueves 14 de noviembre ya había más de 22 muertos, varios de ellos por agentes del Estado. Más de 2200 heridos, entre ellos 209 con traumas oculares. Más de 5000 detenidos. A ello se agregan acusaciones por torturas, tratos inhumanos y degradantes a hombres y mujeres.

El uso indiscriminado de balines por militares y FFEE de Carabineros han cegado oficialmente más de dos centenares de manifestantes. Hasta el rector de la U. de Chile Ennio Vivaldi, anunció acciones legales por balines de carabineros que causaron la ceguera de un ojo del estudiante Vicente Muñoz. El joven de 21 años, Gustavo Gatica perdió la visión de los dos ojos por balines de carabineros el viernes 8 de noviembre en Plaza Italia, la “Plaza de la Dignidad”, transformándose en símbolo de la represión de Piñera a la movilización social. Diputados de oposición presentan proyecto de ley que prohíbe uso de balines en manifestaciones. El Colegio Médico pidió suspender uso de balines por Carabineros y FF.AA. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) suma 345 querellas contra agentes del Estado.

Es indudable que se trata de violaciones sistemáticas de DDHH. El Director del INDH, Sergio Micco, terminó retractándose luego de ser desautorizado por sus propios funcionarios y la (ANDEDH) y la AFDD al dejarlo ambiguo en un programa de TV. Ellos constatan “patrones de violencia graves, generalizados y sistemáticos a los Derechos Humanos durante las dos semanas de movilizaciones.

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y Guillermo Whpei  llamaron a detener la violencia policial y militar. Amnistía Internacional denuncia. La CIDH ya ha recriminado Chile por violaciones a los DDHH ante la movilización social. Se espera el informe de observadores extranjeros y la visita de una delegación de la CIDH.

Las acusaciones son negadas ellas por el gobierno Piñera en audiencia ante la CIDH. Expertos de la ONU condenaron el uso excesivo de la fuerza contra las protestas, entre ellos 32 niños. A pesar de críticas persiste el uso de balines por FF.EE. de carabineros. El INDH anunció el sábado 16 de noviembre, que interpondrá querella por la muerte por negación de acceso médico a Abel Acuña, afectado por la lacrimógenas en la Plaza de la Dignidad . Diputados plantean acusar constitucionalmente al Director de Carabineros Mario Rozas. Una muerte que galvanizó nuevamente la movilización social en el día mismo en que se firmó el “Acuerdo por la Paz”. La policía sigue reprimiendo las manifestaciones.

Las raíces de la cólera ciudadana

Piñera, ya no respondió a las demandas sociales. La persistencia de la movilización social es coherente, es una oposición generalizada a políticas que han transformado Chile en un infierno neoliberal para las grandes mayorías haciendo de Chile uno de los países más desiguales del planeta. Hasta un observador del NYT ve que en “el caos (los chilenos) ven un ajuste de cuentas” y se expresa el desencanto porque no se ha cumplido la promesa de líderes políticos de izquierda y derecha “que el libre mercado conducirá a la prosperidad”.

Según el académico Carlos Ruiz, el costo de la estabilidad de los últimos 29 años es la desigualdad dándose la paradoja que la reducción de la pobreza se ha acompañado con el aumento de la desigualdad.

Las demandas concretas proponen terminar con los bajos sueldos, con los altos precios de servicios básicos; con las bajas pensiones de las AFP; con el alto costo de la educación; con mejorar la educación para todos; asegurar una salud decente para todos y bajar los altos precios de medicamentos; respetar los derechos de las naciones indígenas; terminar con las zonas de sacrificio, entre otras.

Los “Tiempos Mejores” prometidos por Piñera en su campaña, se tradujeron en una profundización de la agenda neoliberal. Se trataba de desarticular e las reformas de la presidenta anterior, Michelle Bachelet en educación, vulnerando lo avanzado. Una reivindicación sentida de los manifestantes es la exigencia de condonación del CAE. La profundización neoliberal estaba marcada una revisión de la reforma tributaria con la llamada reintegración, que favorecía los adinerados, bajo pretexto de favorecer el crecimiento económico.

Afectados por pensiones miserables, la movilización social y el movimiento No+AFP exige la eliminación pura y simple del sistema de capitalización individual en las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y su remplazo por un sistema solidario.

A ello se agregan demandas para terminar con la precariedad del acceso a la salud y el crecimiento exponencial de las listas de espera de hasta de dos millones de personas (BBC). Se denuncia el alto costo de los medicamentos y la generalización de las farmacias populares.

La protesta engloba la protesta por los efectos nocivos de la privatización de agua: la sequía y crisis como la de la compañía Essal en Osorno. Los manifestantes exigen terminar con el Código de Aguas, constitucionalizado desde 1981 (Artículo 19, numeral 24), que hace que Chile sea casi el único país donde se ha privatizado el agua. A ello se agrega la protesta por el escándalo ecológico de las zonas de sacrificio. Lugares donde se concentran gran cantidad de industrias contaminantes, (termoeléctricas, fundiciones de cobre, petroleras, etc.) del modelo extractivista, afectando poblaciones pobres o vulnerable (Ventanas, Quinteros, Puchuncaví, Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel).

Las movilizaciones recogen emblemáticamente las banderas Mapuche y la necesidad del reconocimiento del carácter plurinacional de Chile. La conmemoración de un año del asesinato del comunero Mapuche Camilo Catrillanca, recordó en múltiples que no ha avanzado un ápice el respeto de los derechos de las naciones indígenas y que continúa la criminalización de demandas de los pueblos originarios.

Se agregan, en periodo de agotamiento del modelo exportador de globalización neoliberal, las alzas de precios de artículos de consumo. Desde los 30 pesos del metro, pasando por el alza de 9% de la electricidad, hasta de los Tag en las autopistas en manos de multinacionales extranjeras. Hasta los camioneros protestan todos los viernes contra un gobierno de derecha.

Ya la movilización terminó con la agenda de profundización neoliberal de Piñera y su coalición Chile Vamos. Cómo el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución no incluye las demandas sociales existe un evidente temor que el retorno de la vieja práctica de los consensos de la mal llamada transición, postergue nuevamente las demandas sociales concretas. Lo concreto es que efectivamente traslada el proceso, a un escenario pletórico de letra chica, y debates complejos entre partidos a puertas cerradas, excluyendo los actores sociales.

¿La clase política desplazó al movimiento social?

En ausencia de representantes de las movilizaciones sociales, como Unidad Social y, luego de negociaciones intensas en el congreso, en lo que algunos calificaron de cocina, 10 partidos políticos concluyeron el Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución.

Por la derecha, firmaron los jefes de partidos de la coalición de gobierno, Chile Vamos Jacqueline Van Rysselberghe de la Unión Demócrata Independiente (UDI); Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional (RN); Hernán Larraín, de Evópoli. El derechista jefe de Acción Republicana, José Antonio Kast, se restó del Acuerdo porque según la Constitución vigente permitió convertir a Chile en el país más exitoso de Latinoamérica. Y anunció que liderará la campaña por el “No”.

Por la oposición, firmaron los jefes de la ex Nueva Mayoría, Fuad Chahin, de la Democracia Cristiana (PDC); Heraldo Muñoz, del Partido Por la Democracia (PPD); Carlos Maldonado del Partido Radical (PR); Álvaro Elizalde del Partido Socialista de Chile (PSCh).

Se restó el ex miembro de la ex Nueva Mayoría, Guillermo Teillier del Partico Comunista de Chile (PCCh). Este denunció que ellos no fueron invitados, sino que hasta después que ya se había llegado al Acuerdo. A pesar de ello valoran el plebiscito y que se incluya la opción de la Asamblea Constituyente (AC), aunque se llame Convención Constituyente. El PC objeta, sin embargo, que 1/3 pueda vetar a los 2/3, porque eso vulnera la democracia. También se restó Camilo Lagos del Partido Progresista (PRO) y Jaime Mulet del Frente Regionalista Verde Social (FRVS).

Por su parte, sólo tres de los 14 partidos del Frente Amplio (FA) suscribieron el Acuerdo: Catalina Pérez de Revolución Democrática (RD); Luis Felipe Ramos del Partido Liberal (PL) y; Javiera Toro, del Partido Comunes. No firmaron siete partidos del Frente Amplio: Convergencia Social, El Partido Ecologista Verde, el Movimiento Autonomista, la Izquierda Autónoma, el Partido Humanista, el Partido Igualdad, Poder Ciudadano.

En efecto, Gabriel Boric, firmó a título individual y, aunque se le dio derecho a hablar en la conferencia de prensa, solo se representó a sí mismo y no a Convergencia Social. Al respecto, Boric manifestó en Cooperativa: “no quiero que haya una Constitución de izquierda; quiero una en que todos los chilenos y chilenas nos sintamos representados.”

La decisión de Boric causó escándalo en Convergencia Socialista, llevando a un quiebre importante de Convergencia Social. En efecto, Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, encabezó 73 personas que renunciaron a ese partido, por rechazo a un Acuerdo, “contrario en esencia a las demandas que las manifestaciones han enunciado en las calles”. Ello, principalmente por el quórum de dos tercios y porque se excluyó ese Chile que despertó. Una posición semejante tuvo, entre otros, el Partido Humanista (PH). Quiebre de Convergencia Social por la firma de Gabriel del Acuerdo de Paz y Nueva Constitución.

Recordemos que el Acuerdo dejó fuera del escenario político a la figura presidencial de Sebastián Piñera, en una materia tan importante como aquella. Mientras la clase política en el Congreso espera liderar y aclarar el proceso de Nueva Constitución. A Sebastián Piñera le corresponde responder a la crisis social con una demanda social que no puede esperar.

La hoja de ruta del Acuerdo, establece los siguientes parámetros. Por un lado, busca restablecer la paz y el orden público y el respeto de los DDHH en el marco de la institucionalidad vigente (pto1). Es así como establece la realización de un plebiscito para el mes de abril de 2020 en el que la ciudadanía responderá a dos preguntas (pto2): La primera, es el apoyo ó rechazo a una Nueva Constitución; La segunda es de decidir entre una Convención mixta Constitucional (pto3) con un número paritario de parlamentarios y miembros elegidos directamente y; una Convención Constitucional, (pto4) con todos sus miembros elegidos directamente. Se indica que, en ambos casos, la elección se hará en octubre de 2020 al unísono con las elecciones municipales y regionales y con el mismo sistema de las elecciones de diputados.

Por otro lado, indica que las personas (pto9) que ocupan cargos públicos o de elección cesarán en ellos cuando se acepte su candidatura a la Convención. Las personas (pto9) que ya ocupan cargos públicos ó de elección, cesarán en ellos cuando se acepte su candidatura a la Convención. Por su parte, los miembros de la Convención tendrán inhabilidad sobreviniente de ser candidatos a cargos de elección popular durante un año desde el cese de su mandato.

También el Acuerdo indica que el mandato exclusivo de la Convención elegida (pto5) será de redactar la Nueva Constitución, después de lo cual se disolverá. Asimismo establece como quórum para la adopción de normas y reglamentos será de dos tercios de sus miembros en ejercicio (pto6). Igualmente se establece que ella no podrá alterar sus quórum ni procedimientos. Son los partidos (pto10) que suscriben el Acuerdo, quienes designarán una Comisión Técnica paritaria entre la oposición y el oficialismo para determinar todos los aspectos indispensables a la materialización del proceso. Agrega el Acuerdo, que los proyectos de reforma Constitucional y ó legal que emanen del Acuerdo, serán sometidos a la aprobación del Congreso Nacional como un todo (pto12)

Además, el Acuerdo determina que la Convención funcionará por 9 meses, pudiendo extenderse sólo una vez por tres meses más (pto11). Se estipula que la Carta Fundamental decidida por el órgano constituyente será sometida a un plebiscito ratificatorio, mediante sufragio universal obligatorio (pto8). Ello ocurriría sesenta días después de su aprobación y no podrá realizarse ni sesenta días antes ó después de otra votación popular (pto11). Finalmente, el Acuerdo, dispone, que será sólo en el momento de su promulgación que la Nueva Constitución comenzará a regir, derogando orgánicamente la Constitución actual (pto7). El plebiscito de entrada sería el 19 o 26 de abril de acuerdo al Servel.

¿Retorno a los consensos de la clase política?

Desde ya las instituciones saludan la medida como un mecanismo de restablecimiento de la paz social. Haroldo Brito de la Corte Suprema (CS), María Luisa Brahm, del Tribunal Constitucional (TC)y Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) valoraron conjuntamente el Acuerdo. El Gobierno por voz del ministro del interior Gonzalo Blumel, valoró también el Acuerdo porque retornaría el orden y la paz social. Varios estiman que se trata de cambiar el escenario desde la calle al parlamento. Desde ya el gobierno insta a “salir de la calle y dialogar en nuestros barrios” (Karla Rubilar).

Por otro lado, el Alcalde de Puente Alto (RN) Germán Codina, del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades anunció que suspendió la consulta ciudadana prevista inicialmente para el 7 de diciembre, entregando al Congreso la conducción del proceso constitucional.

Por su parte, el ministro de Hacienda Ignacio Briones, Luksic, Swett, y otros grandes empresarios valoraron el Acuerdo. Ellos estiman que este permitió la recuperación del mercado. Se evitó la temida recesión económica. La bolsa también recibió muy bien el acuerdo, cayó el dólar y subieron las transacciones en el mercado accionario.

Si hace unos días, tanto la UDI como Evopoli se oponían a cambiar por completo la Constitución. Jacqueline Van Rysselberghe estimaba que no estaban disponibles para negociar mientras no terminara la violencia. Ella estimaba que la Moneda ha cedido mucho, que ella no aceptará nada distinto del Congreso Constituyente. Finalmente, el argumento fue que aceptó el Acuerdo porque en caso contrario “la economía se iba a la punta del cerro”. Al mismo tiempo, adelantó que votará en contra de una nueva constitución en el plebiscito.

Por su parte, Mario Desbordes jefe de RN, que aparecía favorable a reformar la Constitución, había insistido en que votará no a la Convención Constituyente. Desbordes reveló que su objetivo es que: “aislemos a los violentistas”. Luis Larraín del derechista Instituto de libertad y Desarrollo estima que la nueva constitución se hace bajo la amenaza de la violencia. Considera que es un golpe artero a la democracia. Todo indica que desde la derecha se mantiene la oposición a los cambios de la Constitución pinochetista pese a haber adoptado el Acuerdo.

El presidente del PS, Álvaro Elizalde, afirma que el Acuerdo “tiene la virtud de radicar la decisión en el pueblo”. Y agregó, que “serán los ciudadanos quienes definirán si quieren una nueva constitución y cuál es el mecanismo para generarla a través de dos alternativas: una convención mixta y convención constitucional que equivalente a la asamblea constituyente”.

Fuad Chahin de la DC valoró “la oportunidad de avanzar en un país más justo, más solidario que se haga cargo del marco constitucionalidad y también de la seguridad, la paz y la justicia”. Heraldo Muñoz, del Partido Por la Democracia (PPD) y Carlos Maldonado del Partido Radical (PR) hicieron declaraciones en el mismo sentido. Por su parte, respecto de los tres partidos del Frente Amplio que firmaron el Acuerdo, varios critican que hayan entrado a la cocina del parlamento, perdiendo la balanza de poder que le entrega la movilización social..

Las negociaciones de la derecha y la oposición terminaron nuevamente con el PC excluido y sin participación de dirigentes de organizaciones sociales. Ello recuerda lo ocurrido hace treinta años. Lo cierto es que el Acuerdo abre las puertas para una Nueva Constitución para 2022.

Los riesgos del quórum de los dos tercios

No firmantes del Acuerdo como Guillermo Teillier, del PC, pese a valorar el Acuerdo, y prometer participar en el proceso y en el plebiscito por la Convención Constituyente, lamenta que no se han tomado en cuenta los dirigentes sociales. También expresa preocupación porque el quórum de dos tercios otorga nuevamente un derecho a veto a la derecha. Otros también critican el quórum des dos tercios para aprobar la Nueva Constitución, porque les recuerda los fallidos intentos de los últimos 30 años en cambiar significativamente la Constitución pinochetista.

El abogado constitucionalista Fernando Atria, en Combinación Clave, argumenta que es muy diferente el efecto de un quórum de dos tercios del Acuerdo, al que se aplicaba bajo la Constitución pinochetista. Ella estipula que si no se alcanza el quórum necesario para una reforma, permanece la disposición constitucional.

En el caso de una Nueva Constitución, se comienza con una hoja en blanco. Ese es el caso del Acuerdo. Eso hace que nada llegará a la Constitución sino es apoyado por dos tercios de los delegados. En esa medida, Atria argumenta que en los temas donde no se obtenga el quórum necesario entre la derecha y la oposición, las disposiciones podrán ser adoptadas como simples leyes, que se deciden por mayoría, como cualquier ley que no es constitucional.

En el mismo sentido, el abogado Jaime Bassa afirma que al conseguirse establecer que es una hoja en blanco donde se escriba la Constitución, lo que no quede en la Carta Magna, se deberá resolver como leyes que dependerán de la mayoría que se tenga en el Congreso.

Sin embargo, otro experto, el abogado Héctor Testa Ferreira, ve otra posible trampa en los dos tercios. Un riesgo de empantanamiento. Por un lado, cuando las leyes actuales, entren en contradicción con la Nueva Constitución, serán instancias como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional ó la Corte Constitucional las que deberán estatuir la correspondencia.

Según Testa: “nada asegura que materias que ya están reguladas por decretos leyes, leyes orgánicas constitucionales, ó tratados internacionales, vayan a poder ser modificadas, hacia una ley de quórum simple”. En estos casos, la determinación del quórum necesario para hacer los cambios, será definida por el Congreso mismo (pto12). Ello ocurrirá no sólo en materias constitucionales, sino que para todas esas legislaciones. Testa Ferreira recuerda que algo semejante ocurrió en Bolivia en 2009, cuando se abordó la Nueva Constitución.

Es por ello que es importante destacar, que existe la posibilidad de que las leyes orgánicas constitucionales, que rigen aspectos fundamentales del modelo neoliberal, hasta la del Tribunal constitucional, que requiere un quórum de 4/7, puedan no cambiarse en el Congreso.

Atria es optimista. Él espera que la derecha no vete el que todas las leyes orgánicas constitucionales puedan pasar a ser leyes ordinarias. Sin embargo, baste recordar, que en los últimos 30 años, hubo graves dificultades para legislar sobre leyes orgánicas y no orgánicas, y en temas que hoy son parte de demandas sociales de la movilización social. Incluidas disposiciones que no requieren dos tercios.

¿Excluir al movimiento social para volver a la paz social?

Creemos que el Acuerdo es una victoria indirecta del movimiento social. Este abrió el camino para la aceptación por la clase política de una Nueva Constitución.

Sin embargo, en términos prácticos, por el contexto actual, el Acuerdo aparece, indudablemente, como un nuevo intento de contención y desmovilización del movimiento social.

Se trata efectivamente de una reedición de los consensos de  la clase política que caracterizaron una transición que consideraron terminada en 2005. Daniel Jadue, el popular Alcalde de Recoleta, afirma al respecto: “Los mismos que acordaron a espaldas de la ciudadanía mantener la Constitución del 80, con un par de socios y socias nuevas, terminaron por ceder, al menos formalmente, a lo que la ciudadanía y el pueblo movilizado pedía a gritos, aunque nuevamente lo hicieron encerrados entre cuatro paredes.”

Es evidente que el objetivo de paz social y la defensa de la institucionalidad existente, otorga espacios significativos de representación y decisión a la clase política.

Ella aparece capitalizando de un descontento social que, paradojalmente, la incluye. Recordemos que el Congreso está entre las instituciones más rechazadas por los que hoy están movilizados en las calles. (Apenas 3.3% de apoyo, en la encuesta Activa Research del 24 de octubre pasado). Recordemos que una de las reivindicaciones de la movilización social es precisamente la de reducir la dieta parlamentaria, una de las más altas del mundo.

Los temores de componendas entre bambalinas y la desconfianza con la cocina política son evidentes. La Unión Portuaria señaló que: “no queremos una Constitución “en la medida de lo posible” criticando que no “hay ninguna referencia a la agenda social” referencia.

Además, la significativa ausencia de referencias a las demandas concretas del movimiento social, deja en claro que este no ha sido considerado. Lo concreto es que ello permite que el gobierno de Sebastián Piñera, pueda desentenderse de las demandas sociales por el debate constitucional por, al menos, dos años. Las respuestas a las reivindicaciones concretas del movimiento social aparecen supeditadas a las negociaciones entre los partidos.

Varios analistas constatan que el Acuerdo excluye al pueblo y sus demandas e intereses. Ello favorece que la Nueva Constitución responda de manera sobredimensionada al peso demográfico a los intereses de la élite y del 1% de los más ricos en Chile. Es evidente que en ese contexto el Acuerdo, permite efectivamente que el gobierno Piñera pueda ganar tiempo. Un año hasta el plebiscito de entrada  y la elección de la Convención correspondiente. Dos años si se considera el trabajo de la Convención y ya se está en las próximas elecciones presidenciales. Hasta el momento, como respondía una diputada del Partido Humanista a la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez. Con ese Acuerdo: “la gente no ganó nada”…“perdió ojos y vidas, son baleados y torturados, mientras unas cúpulas ilegítimas vuelven a traicionarlos para consagrar la impunidad de Piñera”. El “acuerdo x La Paz” se trata de desmovilizar y reprimir al pueblo q lucha. No se haga parte de eso.”

La lucha contra el modelo neoliberal continúa

Es un intento evidente de desmovilización ciudadana si ese proceso no contempla una agenda verdaderamente robusta que responsa a las demandas sociales y no como la agenda social de Piñera. Se propone postergar las movilizaciones por demandas sociales para facilitar la Nueva Constitución. Y es que el Acuerdo deja en suspenso lo que ocurra con la larga lista de demandas sociales, a las que no ha respondido la agenda social de Piñera.

La huelga general convocada por el centenar de organizaciones sociales el 12 de noviembre fue exitosa. En 322 comunas a Confederación nacional de la Salud Municipalizada (Confusam) adhirió a la paralización. Una adhesión del 95% de los consultorios, de Arica a Magallanes. De acuerdo a carabineros, hubo 398 eventos registrados. De los cuales 189 eran graves. 114 saqueos en el país 25 en la región metropolitana. Hubo ataque a 20 cuarteles de policía (17 en la región metropolitana) y del ejército (incluido el cuartel del ejército en Tejas verdes y en San Antonio (antiguos centros de tortura). El Mercurio anunció que el ejército prometió replicar la próxima vez. Hubo 1020 detenidos habían 342 el martes.  347 funcionarios policiales heridos y 48 lesionados civiles.

En discusión en el Congreso el lunes 11 de noviembre, ningún diputado ni diputada de Chile Vamos estuvo disponible con su voto denunció Karol Cariola del PC. La Moneda reaccionó a la oferta de todos los partidos de oposición desde el PDC hasta el Frente Amplio exigieron una nueva Constitución. En declaración pública afirmaban que “La única posibilidades de abrir un camino para salir de la crisis pasa por una Nueva Constitución”.

La huelga general del 12 de noviembre convenció la derecha de que la sola represión no lograría contener el movimiento social. El pueblo chileno rechazó la “violenta normalidad” que caracteriza Chile. Un sitio alternativo, afirmaba: “Tengan por seguro que si no quemábamos el país completo por un mes, no estaríamos hablando de eliminar la Constitución de Pinochet.”

A pesar del Acuerdo, la lucha continúa. El premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar cree que no es seguro que el movimiento ciudadano se quede tranquilo. “Hay medidas urgentes en el plano social, que son de fondo”, afirma.

Es así como el Acuerdo fue rechazado por las más de 200 organizaciones sociales, sindicales, de DDHH, medioambientales, pueblos originarios, entre otras de Unidad Social por hacerse “entre cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales”. El movimiento social se da la tarea de seguir impulsando sus demandas sociales.

Hubo 32 manifestaciones el jueves, para conmemorar el asesinato por carabineros del comunero mapuche Camilo Catrillanca. A un año todavía se espera la respuesta a las reivindicaciones del Pueblo Mapuche. El mismo viernes, después del Acuerdo, la Plaza de la Dignidad volvió a repletarse de manifestantes. El viernes y el sábado 16 de noviembre siguen las movilizaciones.

Está claro el retorno del sujeto social que ha impuesto la agenda política. Todo se juega en cómo se canaliza el descontento social que no ha amainado desde el 18 de octubre pasado.

http://marcelosolervicens.org/2019/11/chile-nueva-constitucion-sin-el-movimiento-social/#more-1692