Introducción

Raúl Rodríguez Rodríguez

(CEHSEU-Cuba)

Trump y Kissinger: La política mundial del desequilibrio

Marco A. Gandásegui, hijo

(Coord. GT de Estudios sobre Estados Unidos de CLACSO, Investigador asociado del CELA, Panamá)

Miedo ambiente. Inmigración, identidad y percepciones de amenaza en Estados Unidos

Jorge Hernández Martínez

(CEHSEU-Cátedra Nuestra América y Estados Unidos-UH, Cuba)

Estados Unidos-América Latina: sociedad civil y subversión político-ideológica en el siglo XXI

Yazmín B. Vázquez Ortiz

(CEHSEU-Cátedra Nuestra América y Estados Unidos-UH, Cuba)

Estados Unidos y el lawfare (o la guerra por la vía judicial) en América Latina

Silvina M. Romano

(CONICET-IEALC-CELAG, Argentina)

El factor de las percepciones en la política de Estados Unidos hacia Cuba

Luis René Fernández Tabío

(CEHSEU-UH, Cuba)

Introducción

Raúl Rodríguez Rodríguez (CEHSEU-UH, Cuba)

El grupo de trabajo estudios sobre Estados Unidos, de CLACSO, como parte de su quehacer académico ha dado continuidad a las reflexiones que realizan de manera sistemática sus miembros, en un esfuerzo por caracterizar e interpretar el curso de la política de la Administración Trump, que se encuentra ya a mediados de su tercer año.

El contenido del número anterior del boletín se concentró en el examen de diferentes vertientes de la política exterior de Trump, incluyéndose trabajos sobre su estrategia imperial global y las proyecciones hacia Venezuela y Cuba.

En esta nueva edición del Boletín, aunque las contribuciones de los autores están también inspiradas por el dinamismo impredecible con que ese gobierno enfrenta, la situación interna en ese país y su relación con los demás actores del sistema internacional, tanto los considerados aliados como los que ve como adversarios, se ha procurado, como en el caso precedente, trascender la inmediatez de la coyuntura, al abordar diferentes aristas del acontecer actual en Estados Unidos y aportar algunas interpretaciones.

La realidad política de la sociedad norteamericana está envuelta hoy con mucha anticipación en la contienda electoral de 2020, con elecciones para el legislativo y elección presidencial. Esa dinámica de campaña condiciona, podría decirse, la mayor parte de los procesos allí, con lo cual se desdibuja la significación real de muchos fenómenos internos y las proyecciones externas, en la medida en que las acciones del presidente, que busca la reelección, se proyectan a partir de la consideración de su posible impacto para que siga como inquilino de la Casa Blanca en el periodo 2020-2024.Por su parte la oposición demócrata, que ha ganado terreno en el legislativo, aprovecha las oportunidades para descreditar la gestión del presidente.

De otra parte, la situación interna de los dos partidos es sumamente compleja. En el caso de los republicanos, si bien, se ponen de manifiesto algunos movimientos orientados a presentar otros precandidatos, como ha sido el caso de Bill Weld, ex gobernador de Massachusetts, caracterizado como un republicano moderado, o se escuchan los pronunciamientos de Jeb Bush, ex gobernador de Florida, que ha llamado al partido a postular otra figura ,este Partido se ha movido con Trump hacia la ultraderecha y el nativismo. Es bastante probable que en los meses que restan hasta noviembre de 2020, Trump se imponga como candidato, dada la centralidad que han logrado en las filas republicanas los temas de culturales y raciales y observarse una especie de macarthismo renovado.

En el caso de los demócratas, se presenta la competencia entre más de veinte precandidatos a la nominación, cuando aun el inicio de las primarias que determinarían el nominado no comienzan hasta febrero de 2020. Consecuentemente se dificulta vaticinar cuál sería la figura nominada por la convención nacional partidista, que hasta el momento parece rivalizaría con Trump.

Más allá el impacto de la campaña electoral, las complejidades en el ámbito político interno, no son pocas: Está marcado por una creciente polarización política y social en un Estados Unidos en transición demográfica. Otras situaciones no menos complicadas -la concerniente a las perspectivas económicas y a la posibilidad de una recesión en el corto plazo-, pueden tener consecuencias relevantes a ese ámbito.

En el plano exterior hay que seguir el desenvolvimiento de los principales conflictos internacionales, (reales y potenciales) en los que está involucrado el imperio, algunos de ellos de naturaleza bélica (Siria, Irán y Corea del Norte), la evolución de las relaciones exteriores con países que el gobierno norteamericano considera como adversarios o enemigos (China, Rusia), junto a aquellos incluidos en la llamada troika de la tiranía, en el caso de nuestro hemisferio (Venezuela, Nicaragua y Cuba).

Todos estos aspectos requerirían de tratamientos investigativos más extensos, que desbordarían las limitaciones y propósitos del presente boletín. De ahí que, al valorar los posibles temas a tratar en este número, prevaleció el criterio de enfocar las reflexiones sobre cuestiones cuyo desarrollo permiten escrutar tanto el plano interno como externo de Estados Unidos en la coyuntura actual, pero sobre la base de antecedentes y de una contextualización que sobrepasa, como tal, el análisis coyuntural.

Teniendo en cuenta, además, que durante el mes de junio el GT presentó dos paneles en la Conferencia Internacional de Estudios sobre Estados Unidos y Geopolítica Hemisférica, organizado por el CEHSEU en la Universidad de La Habana, donde participaron con ponencias diez de sus miembros, se incluyeron en el boletín algunos de los trabajos presentados allí.

El artículo de Marco A. Gandásegui, hijo, establece un nexo analítico entre las concepciones de Henry Kissinger, conocido como arquitecto intelectual de la fase de distensión internacional, basada en su tesis acerca del equilibrio de fuerzas y en la visión referida a un mundo mulitipolar que se apartaba de la bipolaridad que sustentaba la Guerra Fría; y las proyecciones mundiales de Trump. Desde esa perspectiva, pondera las tendencias en curso en el sistema de relaciones internacionales y esboza ideas concernientes a las relaciones de Estados Unidos con China y Rusia.

La inmigración, tal y como es percibida por la actual Administración, en tanto problema que pone en peligro la Seguridad Nacional y la identidad cultural de Estados Unidos, es el tema que trata Jorge Hernández Martínez en su artículo, colocando antecedentes que reflejan la persistencia de esas percepciones de amenaza, codificadas mediante una simbología de vieja data, palpable en anteriores etapas.

Los artículos de Yazmín Bárbara Vázquez Ortíz y Silvina Romano se ocupan de la política norteamericana hacia América Latina en la actualidad en su dimensión subversiva, orientada a influenciar y manipular los procesos sociales y políticos mediante instrumentos ideológicos y legales. En ambos casos, el análisis incluye una contextualización que evidencia la línea de continuidad, matizada con reajustes que responden a los cambios en las condiciones históricas.

El trabajo de Vázquez Ortíz tiene como objeto la subversión político-ideológica, definida como el conjunto de acciones dirigidas a cambiar valores, creencias e ideologías mediante una estrategia enfocada sobre la sociedad civil, que apela a la evangelización como instrumento político y a la institucionalización de la dominación. El de Silvina Romano indaga en los mecanismos de la guerra jurídica (lawfare), consistente en el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política y el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Se trata del llamado proceso de judicialización de la política, que coloca al poder judicial y a los jueces por encima del ejecutivo y el legislativo, apoyándose en una articulación con los medios de comunicación y redes sociales, que operan manufacturando consenso en contra de los líderes de izquierda, progresistas, antiimperialistas.

Por último, el artículo de Luis René Fernández Tabío se detiene en el análisis de los principales factores que intervienen en el proceso de conformación de la política de Estados Unidos hacia Cuba, especialmente en el rol de las percepciones subjetivas sobre la situación en la Isla. En el análisis se profundiza en la importancia de ese factor, así como en su relación con el ámbito doméstico en Estados Unidos, el proceso electoral de 2020, la situación interna en Cuba y el contexto de la correlación de fuerzas políticas en América Latina y el Caribe. De esa articulación dependerá el futuro del actual retroceso en la política de la Administración Trump hacia Cuba.

En conjunto, los cinco trabajos que conforman esta segunda entrega del boletín constituyen aproximaciones al desarrollo de los procesos políticos e ideológicos en Estados Unidos, cuyos contenidos y direcciones están fuertemente marcados por el voluntarismo “trumpista” y los intereses de los grupos de poder que accionan a través del entramado institucional y gubernamental, los círculos financieros, las corporaciones privadas, los medios de comunicación, la sociedad civil y los centros académicos.

Los trabajos arrojan también luz sobre los reajustes experimentados en el esquema de dominación en América Latina, incluyendo los nuevos instrumentos, y exponen argumentos acerca del diseño e implementación de la política hacia Cuba, incluyendo sus perspectivas.

Trump y Kissinger: La política mundial del desequilibrio

Marco A. Gandásegui, hijo

(Coord. GT de Estudios sobre Estados Unidos de CLACSO, Investigador asociado del CELA, Panamá).

Tomando al mundo de sorpresa, Donald Trump y Kim Jong-un se volvieron a reunir por tercera vez en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas, del sur y del norte, respectivamente. Sin agenda ni programa previos, si tenía un claro objetivo tanto para el presidente norteamericano como para el líder norcoreano.

Desde fines de la segunda guerra mundial, Estados Unidos se esfuerza por hacer desaparecer el Estado de Pyongyang. A fines del siglo XX su política de ‘cambio de régimen’ tomó otro camino. En la actualidad, la Casa Blanca continúa con su política de confrontación y exige la desnuclearización de Corea del Norte. Desde 2017, Donald Trump ha matizado esta exigencia promoviendo una diplomacia de ‘cumbres’ sucesivas con Kim, comenzando en Singapur y Hanoi y la más reciente en el área desmilitarizada.

Trump busca algo más de este aparente acercamiento a Corea del Norte. Por un lado, está pensando en la política electoral interna de Estados Unidos donde necesita una carta que lo presente como un ‘campeón’ en el plano global. Por el otro, un arreglo entre Estados Unidos y Corea – después de 75 años de enemistad irreconciliable – convertiría al ocupante de la Casa Blanca en un candidato al Premio Nobel de la Paz.

A su vez, Kim – que recibiría también el Premio Nobel – pretende sacar como resultados de este ir y venir con Trump dos objetivos. Por un lado, eliminar las ‘sanciones’ económicas de Estados Unidos que asfixian la economía de Corea del Norte. El fin del bloqueo le permitiría a Kim mayor flexibilidad en el desarrollo del país y, al mismo tiempo, un acercamiento a Corea del Sur que desea establecer un programa de integración a largo plazo. Por el otro, Kim se convertiría en una pieza central en una zona donde convergen vecinos con pretensiones globales como China, Rusia y Japón.

Los vecinos, especialmente Corea del Sur, ven este ‘baile’ diplomático entre Kim y Trump de manera positiva ya que les permitiría incorporar a Pyonyang a un plan de desarrollo regional de enorme potencial.

Trump: El gran disruptor

A Donald Trump se le ve como el gran disruptor del orden establecido creando caos en muchos círculos de poder. Según RevaGoujon, analista de Stratfor, “un gran estratega como Henry Kissinger, quien es conocido por haber asesorado a Trump en alguna ocasión, probablemente detecte esa oportunidad en una presidencia de Trump. Kissinger, ahora de 95 años pero lúcido como siempre, se ha puesto a disposición de varios presidentes y candidatos para ayudar a configurar la política exterior y participar en la diplomacia silenciosa del transbordador. Su guía, emitida en monólogos largos y duros, se centra en su búsqueda para configurar un nuevo orden mundial que tenga la oportunidad de hacer frente a los desafíos centenarios”. (Goujon, 2018)

Goujon sugiere que Kissinger aún añora ser una pieza en la configuración de las fuerzas que se enfrentan en el plano mundial. “Como el hombre que dividió el eje chino-soviético durante la Guerra Fría y dio origen a la frase "Nixon va a China"... ahora trata de ayudar a crear un nuevo orden en un entorno que cambia rápidamente, comenzando con una solución a uno de los mayores dolores de cabeza de Estados Unidos: Corea del Norte”.

Goujon utiliza la metáfora de ‘espacio fluido’ para describir los movimientos geopolíticos. Aún no se atreve a anunciar la declinación de Estados Unidos, pero observa el ‘crecimiento’ de China. “Al observar al mundo actual, dice Goujon, es fácil identificar las tensiones en el orden global posterior a la Guerra Fría. EE.UU. sigue siendo poderoso, pero tiene rival. China está creciendo rápidamente como un competidor similar a Estados Unidos, mientras que una Rusia más débil y cautelosa, atraída por la perspectiva de debilitar el orden liderado por Estados Unidos, se ha alineado estratégicamente (por ahora) con Pekín. Apretada entre estos dos polos, Europa se encuentra demasiado dividida para desempeñar el papel de un mediador eficaz, mientras que los gigantes regionales como Japón, Turquía e India todavía están tratando de encontrar su posición en el espacio fluido entre estas grandes potencias”.

Goujan identifica como tema central en el pensamiento de Kissinger la noción de desequilibro. Señala que el mundo está en un estado de desequilibrio creciente. China y Estados Unidos, dos países en extremos opuestos de la tierra, cada uno con su propia pretensión de excepcionalidad histórica, forman juntos el centro de gravedad en el sistema internacional actual. Después de ser el centro de su propio mundo durante siglos, China fue empujada a un orden dirigido por Occidente, aunque no tomó parte en la escritura de las reglas del sistema. “Con el tiempo, como advierte Kissinger, China esperará revisar las reglas del orden contemporáneo para adaptarse mejor a sus necesidades. Independientemente de si Trump se encuentra en la Casa Blanca o Xi Jinping sigue siendo el presidente, el impulso global de China para la seguridad económica está en curso de colisión con Estados Unidos, a menos que éste pueda encontrar una manera de coexistir y equilibrarse contra una China en ascenso”,

La conexión Rusia – Trump

Según otra analista, Bethany Allen-Abrahimian: “Henry Kissinger sugirió al presidente Donald Trump que Estados Unidos debería trabajar con Rusia para contener a una China en ascenso. (Él) diseñó (en la década de 1970) la táctica de establecer relaciones diplomáticas con China para aislar a la Unión Soviética, lanzó casi lo contrario de esa idea a Trump durante una serie de reuniones privadas durante el período de transición presidencial. La estrategia consistiría en estrechar relaciones con Rusia, junto con otros países de la región, para combatir el creciente poder e influencia de China”.

Según Allen, sus fuentes le dijeron que “Kissinger también presentó la idea a Jared Kushner, el principal asesor de la Casa Blanca cuya cartera incluye asuntos de política exterior”. Todo indica que Kushner ha dedicado más tiempo a fortalecer la alianza de los árabes sunitas (Arabia Saudí) con Israel. En todo caso, Allen asegura que “dentro del gobierno de Trump, la propuesta ha encontrado oídos receptivos, con algunos de sus principales asesores, además de funcionarios en el Departamento de Estado, el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional. Lo ven como una estrategia de usar relaciones más estrechas con Moscú para contener a Pekín, según los miembros de la Casa Blanca y el Congreso. Pero la idea se ha visto complicada por la deferencia del presidente hacia el presidente ruso Vladimir Putin”. (Allen, 2018).

Kissinger se reunió con Trump por lo menos tres veces desde la campaña de 2016, según Allen. “Es un testimonio de su tremendo poder de permanencia en los principales círculos políticos, a pesar de un controvertido historial de política exterior que incluye acusaciones de crímenes de guerra. También es un reflejo de cómo han cambiado dramáticamente las relaciones geopolíticas a lo largo de su vida”.

Allen señala que “Kissinger (aparentemente) tiene una línea directa con el presidente chino Xi Jinping.  Tampoco es rusofóbico. Se ha reunido con Putin 17 veces a lo largo de los años. Kissinger ha abogado repetidamente por una mejor relación de trabajo entre Washington y Moscú. Sobre la cumbre en Helsinki entre Trump y Putin, dijo que "era una reunión que debía tener lugar”. Un ex funcionario de la administración de Trump se refirió a la postura del ocupante de la Casa Blanca hacia Putin durante la cumbre de Helsinki como "el revés de la jugada de Nixon en China". La misma fuente dijo que "Rusia y China se están juntando lo que representa una combinación letal".

La conexión China – Trump

Durante la campaña presidencial de 2016, Allen asegura que varias figuras en la órbita de Trump, no solo Kissinger, discutieron una estrategia para reforzar las relaciones no sólo con Rusia, sino también con Japón, Filipinas, India, los países del Medio Oriente y otros como contrapeso internacional a la insurgencia china.

Allen concluye que “desde que Trump llegó a la presidencia, su postura real hacia China ha sido difícil de definir. El presidente halagó el liderazgo político del país, se asoció con él en asuntos clave de política exterior y adoptó posiciones altamente conflictivas sobre el comercio. Todo lo que se asemeje a una política de ‘contrapeso” coherente aún no ha ganado una tracción seria. Una de las principales palancas económicas que se concibió para lograr este tipo de resultado -el acuerdo comercial conocido como TransPacificPartnership- fue abandonado por Trump incluso cuando el propio Kissinger lo apoyó”.

Matthew Kronig, de la publicaciónForeignAffairs coincide con Goujan cuando dice que Henry Kissinger quizás tenga razón cuando señala que la presidencia de Trump presenta una ‘oportunidad extraordinaria’ para la política exterior estadounidense. Sin embargo, en el Foro de Aspen sobre Seguridad el director del FBI, Christopher Wray, dijo que China es “la amenaza más significativa que enfrentamos como país” (Wray). En el mismo escenario, el asistente del subdirector de la CIA para asuntos del este asiático, Michael Collins, aseguró que China le ha declarado una ‘Guerra Fría” a Estados Unidos.

Según el director de Estudios de Defensa del Center forTheNationalInterest, Harry Kazianis, “la Casa Blanca de Trump considera el fortalecimiento de China – en el campo del comercio, su política de dominación de Asia y su interés en desplazar a Estados Unidos como potencia militar en la región – como el principal reto a su seguridad nacional. No me sorprende que consideren a Rusia como un aliado para contener el surgimiento de China”. (Allen)

Miedo Ambiente: Inmigración, identidad y percepciones de amenaza en Estados Unidos

Jorge Hernández Martínez

(CEHSEU-UH. Cuba)

De manera muy visible, en Estados Unidos han cobrado fuerza renovada en el presente siglo viejas preocupaciones, como las relacionadas con las percepciones de amenaza a la nación, que influyentanto en la conciencia colectiva como en los enfoques gubernamentales. Arraigados por razones históricas como símbolos en ciertos sectores de la opinión pública durante el siglo XX, en el que alternan de manera latente o manifiesta sus expresiones -con disímiles alcances legales y amplificados por los debates partidistas, estudios académicos, los medios de comunicación tradicionales y las novedosas redes sociales-,tales desasosiegos atraviesan hoy la sociedad civil y el sistema político. Bajo la Administración Trump, se retomanvisiones excluyentes que satanizan a los inmigrantes y estimulan su rechazo, al considerarles como peligros para la nación.

El enemigo en casa

Una vez más se coloca a la inmigración en el centro de una construcción cultural que se troquela en torno a percepciones negativas del “otro”,cuya imagen se presenta como la de un enemigo cuyo idioma, costumbres, creencias religiosas e ideas políticas, contaminan a la sociedad, por lo cual debe ser objeto de control social, legal y de represión. La pujanza y reproducción de esa mirada “del otro” ha conformado una ideología del miedo, que permea la cultura, al instalar en la vida cotidiana y las definiciones gubernamentales un síndrome de asedio a la sociedad norteamericana que brota con intermitencia en su historia reciente.

No se trata, desde luego, de un fenómeno nuevo, si bien el patrón sociológico de prejuicios, intolerancia y discriminación que le sostiene se manifiesta hoy con más fuerza, al finalizar la segunda década siglo XXI, en medio de transformaciones clasistas, socioeconómicas, ideológicas, demográficas, productivas, tecnológicas y geográficas.

Ello tiene que ver con el hecho mismo de que desde las últimas décadas del siglo XX, la inmigración en Estados Unidos ha crecido de manera exponencial, sobre todo la de carácter irregular. De ahí que las reacciones de intolerancia y de fanática supremacía blanca, se conjugan en un entorno sociopolítico y cultural de rechazo que se expresa en la profundización de un sentimiento antiinmigrante -difuminado en la sociedad norteamericana, aunque alcanza expresiones concretas y tangibles en los sectores conservadores del movimiento social y de los partidos, así como en niveles gubernamentales, académicos y de los medios de comunicación-, que los considera una amenaza para la economía, el Estado de bienestar, la Seguridad Nacional y la identidad cultural estadounidense. Aunque ya conocida, esta situación alcanza hoy una repercusión sobresaliente, a partir del discurso y actuación presidencial, junto al enfoque ideológico profundamente racista, xenófobo y nativista, que impregna a diversos sectores de estructura clasista, marcada por el ideario waspal considerar la imposibilidad de la “americanización” del inmigrante. Sobre esa base se impulsa una serie de ajustes de tipo legal y normativo para controlar la inmigración, y se manipula el tema en coyunturas electorales.

En épocas cercanas, con Obama, ya se había puesto de manifiesto esa tendencia, atribuyéndosele incluso el mayor número de deportaciones en la historia norteamericana reciente. Entre otros antecedentes, más lejanos, pero conocidos y trascendentes para la articulación del clima anti-inmigrante en Estados Unidos, vale la pena recordar la promulgación en 1952 de la ley McCarran-Walter, muy influido por el macarthismo y la histeria anticomunista de la Guerra Fría, que profundizaba los límites a la inmigración; la ley Simpson-Rodino, en 1986,sobre la llegada de inmigrantes ilegales procedentes de América Latina; así como la Proposición 187, en 1994, que limitaba derechos sociales a los indocumentados.

La espiral del miedo: de ayer a hoy

Los antecedentes remontan a tiempos decimonónicos y los comienzos del siglo XX, en tanto que desde períodos más cercanos adquieren notoriedad y hasta cierto consenso, en el marco del gradual proceso de derechización ideológica que vive Estados Unidos durante los últimos cuarenta años. En este sentido, el decenio de 1980 fue escenario, bajo los dos períodos de la presidencia republicana de Ronald Reagan, del florecimiento de iniciativas legislativas anti-inmigrantes y acciones discriminatorias, alentadas por la llamada Revolución Conservadora, y durante el doble gobierno demócrata de William Clinton, en la década de 1990.Prácticas similares se materializaron con la conocida Operación Guardián y el reforzamiento fronterizo con México.

Esas acciones evidenciaron similitudes partidistas, e incluso ideológicas en el tratamiento del asunto, al ser compartidas por republicanos y demócratas, conservadores y liberales. La percepción de la inmigración, como símbolo del enemigo en casa, quedaba así ubicada en el imaginario estadounidense hacia el umbral del nuevo milenio, con un estereotipo reforzado que, luego de la desaparición de la amenaza comunista, heredaba los prejuicios y la desconfianza con que se vió a ésta.

La sensación de temor y la convicción de que existía una amenaza que debía ser enfrentada sin dilación abonael terreno psicológico e ideológico de la nación, y propicia un ambiente sociopolítico marcado por el miedo, que se afianza luego de la crisis creada en septiembre de 2001 por los atentados terroristas, y refuerzan a nivel nacional --en el plano legal, institucional, sociopolítico e ideológico--, la cultura de intolerancia. Este brote, desatado por la doble Administración republicana de George W. Bush al fabricar los “nuevos enemigos” en torno a la guerra global contra el terrorismo a la luz de un nacionalismo chovinista patriotero, no se agota al concluir su mandato. Prosigue durante el doble gobierno demócrata de Barack Obama, quién superó la cifra de deportaciones ilegales alcanzada por su predecesor.

Las proyecciones de la presidencia republicana de Donald Trump, por su parte, han podido reflejar mayores reacciones deracismo, xenofobia e intoleranciaanti-inmigrante. Las manifestaciones más cercanas de su actuación y retórica quedaron claras a finales de 2018 e inicios de 2019, con el cierre temporal del gobierno a causa del diferendo con el Congreso, referido al debate sobre el presupuesto para la construcción del muro en la frontera con México y la militarización de la zona, consonantes con sus tempranas declaraciones de rechazo a la inmigración latinoamericana y la originada en el Medio Oriente, de religiosidad musulmana.

Con ese telón de fondo, bajo la actual Administración Trump resurge una simbología cultural basada en representaciones que, inspiradas en la concepción de supremacía blanca, hacen de los inmigrantes una presunta amenaza a la seguridad e identidad nacional en los Estados Unidos, bajo coordenadas como las que se han esbozado, focalizando a latinoamericanos, árabes y musulmanes.

La identidad en peligro y la funcionalidad de la xenofobia

La diversidad que desde entonces caracteriza esa población se revela con dramatismo, como es conocido, a partir de los datos del censo de 1990, cuando se tomó conciencia de que uno de cada cuatro estadounidenses pertenecía a una de las denominadas minorías etno-raciales más grandes, y de que con el tiempo aumentaría en forma considerable tal diversidad demográfica del país, debido por un lado al lento crecimiento de la población blanca mayoritaria, y por otro, al rápido crecimiento de las minorías asiáticas y latinas. Esa diversidad ha hecho más compleja la configuración de una nacionalidad que incorpora a los ciudadanos de ese país alrededor de una identidad común, a pesar de que, desde el punto de vista histórico, las colonias de inmigrantes que se establecieron en Estados Unidos han mantenido su propia identidaddentro del marco de una asimilación que puede considerarse como bastante definida a la nación que los iría recibiendo, y que es asumida, bien como un crisol donde se funden orígenes diversos, bien como un mosaico en el que persisten diferenciaciones. Así, tanto la metáfora del meltingpot como la del salad bowl, conciben a la sociedad norteamericana de manera engañosa y esquemática, no dan cuenta de la dinámica real de resistencia y de asimilación.

El arraigo del conservadurismo actual se beneficia de factores culturales que le aportan soporte o basamento, como la xenofobia, la cual expresa temor y aversión hacia los extranjeros, a la "otredad", lo "extraño" y diferente. Surge y permanece cuando un grupo de personas de origen extranjero, crecientemente visible, que habita en un lugar determinado, es rechazado porque los nacionales desean distanciarse y diferenciarse de ellos. Las crisis económicas recurrentes, el desempleo y la vulnerabilidad económica, así como las características y valores inherentes de ciertas etnias -lenguaje, comportamiento, apariencia física, entre otras-, enclavadas en un lugar específico de un país como Estados Unidos, importador de inmigrantes, se convierten en factores que provocan actitudes y movimientos antiinmigrantes o xenofóbicos.

El nativismo, el populismo y el nacionalismo como recursos ante la amenaza

El nativismo es otro de los factores que pretenden conservar la nación predominantemente blanca, de origen europeo y preferencia protestante. Bajo esta perspectiva, se percibe a los inmigrantes como un grupo potencialmente problemático, social y culturalmente diferente. Representa la oposición más radical a las minorías internas, sobre la base de sus lazos o relaciones extranjeras. La oposición a los extranjeros se funda en un ferviente nacionalismo. Se trata de una visión que les ve como una amenaza para la nación, considerando que ciertas influencias originadas en el exterior amenazan la vida interna de la nación.

De acuerdo con los nativistas, cualquier influencia externa tendría el potencial de contaminar la esencia nacional del país y restarle esplendor y autenticidad. En toda expresión nativista hay una exaltación del patriotismo estadounidense -o para ser más preciso-, del sentimiento patriotero. Es un “acto heroico por el bien de la patria” repudiar, o al menos despreciar, todo gesto no estadounidense que atente contra la identidad nacional.

La identidad se comprende por el hecho de "pertenecer" o, por el contrario, de ser excluido de una colectividad en particular. La identidad contiene, pues, conceptos de inclusión y exclusión: para ser "nosotros" se necesita de unos "otros", que al traspasar las fronteras traen consigo “lo diferente”. Por eso el nativismo de la segunda mitad del siglo XX puso énfasis en las fronteras, especialmente en la del sur, a fin de contener un inmenso flujo de vagos y semicriminales, personas "no deseables" que, según ellos, contaminaban, agredían, su primacía blanca. Las posiciones de Trump hacia México sirven hoy de ejemplo elocuente.

En el siglo XXI, la mejor expresión intelectual de los llamados de “alerta” nativista, racista y xenofóbicase halla en la racionalidad que aporta Samuel P. Huntington, al argumentar las amenazas que la migración desde América Latina -y sobre todo, la mexicana- representa para la identidad de Estados Unidos.

Junto a lo señalado, se advierte el papel de otro nutriente, entrelazado o superpuesto con todo lo anterior: el populismo, que es también un fenómeno esencialmente ideológico, si bien se ha expresado desde un punto de vista institucional en determinados agrupamientos formales, de la sociedad civil, del movimiento social, así como en partidos políticos y entidades que funcionan al interior de éstos. Posee, desde luego, una connotación política, en la medida en que se proyecta contra la autoridad del gobierno, del status-quo, en quetambién apela a la violencia verbal y física, y en que se expresa, interrelaciona y hasta funde con la derecha radical o extrema derecha, sus organizaciones políticas, insertándose en el movimiento conservador. El populismo forma parte del imaginario estadounidense, al reclamar la identidad del hombre común, el del “pueblo”, definido generalmente de modo difuso, pero alejado de la aristocracia, de la burguesía y las élites financieras e intelectuales.

A la sensación de amenaza se le agrega el afán por restablecer un orden anterior, restaurar o recuperar algo perdido. La proclividad a creer en una teoría conspirativa es otro rasgo bastante común en la ideología populista:la búsqueda de fantasmas, fuerzas ocultas que ponen en peligro lo que ellos representan, simbolizan la esencia de la nación y de su identidad. En ese ambiente, signado por el miedo, Trump invoca al viejo nacionalismo jacksoniano, asociado al populismo de Andrew Jackson, como recurso legítimo para superar el temor, y proteger la identidad de la nación.

Estados Unidos-América Latina: sociedad civil y subversión político-ideológica en el siglo XXI

Yazmín B. Vázquez Ortiz

(CEHSEU-Cátedra Nuestra América y Estados Unidos-UH, Cuba)

La subversión político-ideológica es identificada como uno de los elementos centrales en los procesos inherentes al cambio en la correlación de fuerzas políticas que se produce en América Latina desde la segunda década del siglo XXI. Definida comola acción o conjunto de acciones que pretenden revolver, destruir e invertir, primero, las conciencias individuales con sus respectivos componentes emocionales, volitivos y cognitivos;comprende un conjunto de acciones que se proponen el cambio e inversión de gustos, preferencias, valores, creencias e ideologías; y tiene como meta la transformación de la conciencia social vigente. Asimismo,los análisis sobre las formas que asume la misma en este contexto han estado presentes en los debates académicos y políticos que el mismo ha generado.

En tal sentido, nuestro propósito es reflexionar sobre tres líneas de acción que consideramos han sido efectivas para incidir sobre los corazones y las mentes de los hombres y mujeres que conforman la sociedad latinoamericana:

• La disputa de sentidos promovida por redes de intervención hacia la sociedad civil.

• La evangelización como instrumento de cambio político.

• La institucionalización de la dominación política y la subversión.

Alrededor de estos puntos estructuraremos nuestro análisis, asumiendo los grupos que constituyen a la sociedad civil: las redes, logias, sindicatos, órdenes religiosas, redes familiares, masonería, grupos empresariales, gremios, ONG, fundaciones, organizaciones juveniles y estudiantiles, entre otras.

La disputa de sentidos promovida por redes de intervención hacia la sociedad civil

La disputa de sentidos, entendida como el proceso de apropiación y reconstrucción del imaginario social en función de incidir en la orientación de la conducta individual, así como de los proyectos de familia y sociedad a los que le apuesten los hombres y mujeres que la conforman, ha sido trabajada en su función de dominación por múltiples autores. La utilización de instrumentos de legitimidad racional y moral en función de este objetivo no es de reciente data, tiene una historia a través de la cual se han diversificado y perfeccionado sus modos de acción.

La promoción desde Estados Unidos de redes de intervención para incidir en esta disputa es identificada desde los años 80 del siglo XX por Willian Robinson. Como parte del Proyecto Democracia con el objetivo declarado de “fortalecer movimientos políticos amigos”, no solo articuló las posibilidades de acción complementarias de instancias del gobierno estadounidense con actores privados, sino que destacó la posibilidad-necesidad de incluir a los actores nacionales como modo de legitimación de los procesos de cambio político propuestos, y como medio para ocultar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos nacionales de los que se trataba.

Si en los años de 1980 la Red de Intervención incluía en el nivel de diseño más general y el montaje de programas a la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA; en el intermedio a organismos norteamericanos e internacionales estrechamente ligados con el Estado y con la política exterior de Washington -como el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Instituto Democrático Nacional para Asuntos Internacionales, el Instituto para el Sindicalismo Libre y la Solidaridad Laboral Internacional, el Fondo Nacional la Democracia (NationalEndowmentforDemocracy-NED), el Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE)-, todos ellos como poleas de transmisión de dinero, ideas a través de la capacitación y otras acciones; y en los espacios locales o nacionales a grupos afines en el país intervenido; en este momento esa relación de actores – internacionales y sobre todo nacionales-, espacios de acción y medios de instrumentación se ha diversificado, enriquecido y articulado mucho más. A ello han contribuido especialmente los procesos de interconexión a escalas regional y mundial de múltiples actores, así como las posibilidades de influencia cultural inherentes a los mismos, generados en el contexto de la globalización neoliberal y la construcción de redes virtuales desde la revolución científico-técnica asociada a la misma.

Desde la última década del siglo XX y en especial, durante lo transcurrido del siglo XXI, la diversificación de temas, procesos y actores incorporados a estas redes ha sido un fenómeno creciente. Desde el CEHSEU se han investigado al menos dos de estas redes: la que se despliega a niveles regional, nacional y territorial alrededor de los procesos de gestión del desarrollo; así como la que se estructura en torno a los procesos de comunicación política.

La utilización de los procesos consustanciales a la gestión del desarrollo como espacios de disputa de poder, de sentidos, colonización y dominio político-cultural a través del despliegue de acciones concertadas y articuladas de la derecha hemisférica, el capital transnacional y el gobierno de Estados Unidos a nivel territorial, nacional y regional, ha mostrado cómo incorporar de forma subordinada y manipulada los espacios de organización, movilización y acción social al esquema de reproducción ampliada del capital y su fundamento ideológico-cultural. Para estos fines se ha trabajado con organizaciones de gestión de desarrollo comunitaria, instituciones de los gobiernos y universidades, entre otros.

La acción de la red de influencias hacia la sociedad civil en torno al proceso de comunicación se inscribe en el modus operandi del modelo de comunicación política por el cambio cultural. Como parte de los actores del mismo cabe destacar el rol de las fuerzas militares estadounidenses, especialmente a través de las Operaciones Militares de Apoyo a la Información (MilitaryInformationSupportOperations, MISO por sus siglas en inglés), definidas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Desde las mismas se planifica la transmisión de “información e indicadores seleccionados hacia las audiencias foráneas con el objetivo de influir en sus emociones, motivaciones, razonamiento objetivo y finalmente en la conducta de individuos, grupos, organizaciones y gobiernos extranjeros de una manera favorable a los objetivos de las que lo origina” (JP 3-13.2, 2011, p.I-1). No obstante, son difíciles de identificar porque no se presentan abiertamente como tal y ningún funcionario público estadounidense va a admitir que su gobierno se involucra en acciones de propaganda.

Las MISO han incidido en los procesos de influencia política cultural para el cambio social-político, aportando a la profundización del conocimiento de la sociedad latinoamericana, a la determinación de los públicos metas, aquellos favorables para la inserción y propagación de mensajes, la conformación de estrategias para ello, así como a la medición del impacto de las mismas y su ajuste.La incidencia de este modelo en los procesos de cambio político regional se ha visto acrecentada por las posibilidades que ofrecen las redes virtuales, como espacios de despliegue de lo que se ha denominado la acción de la territorialidad virtual. Una disputa de sentidos en la que se insertan online medios de comunicación, corporaciones e iglesias, que se han levantado como factores de triunfo en las elecciones presidenciales ganadas por Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y NayidBukele en El Salvador.

Como parte de la concepción que sustenta la acción desde las redes mencionadas, las proyecciones del Comando Sur para el periodo 2017-2023, plantean una posibilidad de incidencia aún mayor, pues apuestan por una Red de Redes para “enfrentar los desafíos de Estados Unidos en la región”, aludiendo como componentes de la misma las redes ya existentes de naciones aliadas y copartícipes, de la sociedad civil, el sector académico, privado y las poblaciones que extienden la gobernabilidad, junto a agencias y redes del gobierno de Estados Unidos.

Se trata de una proyección ante la cual se presenta como gran desafío los alcances que pudieran tener los procesos de construcción de consenso a nivel social, con los recursos de los gobiernos y las fuerzas militares.

La evangelización como instrumento de cambio político

La religión, especialmente la evangélica por sus modos de acción, ha constituido un importante factor de influencia entre los sectores más humildes y vulnerables de la sociedad latinoamericana. Su capacidad en tal sentido, ha sido beneficiada, entre otros, por el crecimiento de la población que se adscribe a estas denominaciones religiosas, y según informe de PewResearch de 2014, se multiplicó en la sociedad latinoamericana en el lapso de una vida, entre 30 y 40 años la potencialidad política de la organización atendiendo a la capacidad de los pastores para orientar el voto de sus feligreses desde una profunda adhesión construida mediante la utilización del trabajo social como medio de capitalización política y la multiplicidad de medios de comunicación, que incluye desde radios comunitarias, nacionales, televisoras, revistas, muchos con presencia online y capacidad de acción e influencia en tiempo real. Todo ello sin desestimar, sino todo lo contrario, la importancia del intercambio presencial como mejor vía para incidir en las emociones y la racionalidad de las personas.

La acción de los segmentos evangélicos tiene sus lazos probados con Estados Unidos a través de lo que se ha denominado desde la década del 70 del siglo XX como la Nueva Derecha Cristiana. Constituida en actor político nacional desde ese tiempo e insertada en las estrategias de dominación política y subversión que se implementan desde la política exterior de los Estados Unidos, su acción ha sido destacada como sustento de planes intervencionistas hacia lugares como Iraq, Argelia, Marruecos, Egipto, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Palestina, entre otros, añadiendo, más allá de lo concerniente al mundo árabe, a Japón, África, Europa, India y China. En el caso de Iraq, por ejemplo, el extremismo religioso se convirtió en elemento esencial de la geopolítica del Medio Oriente, promovida con el apoyo de la Casa Blanca, el Congreso y la CIA.

Un importante factor de influencia cultural para el cambio político ha sido el Evangelio de la Prosperidad. Desde un contenido que relaciona causalmente la prosperidad material con una buena o mala relación con Dios, la prédica religiosa que se despliega ha aportado en dos sentidos. El primero, a la consolidación de la noción del emprendimiento como solución a los problemas económicos del individuo y su familia, ante un Estado, que por sus carencias morales (corrupción) no puede resolverlos. El segundo, a la demonización de partidos de izquierda y sus líderes, así como de la acción de protesta social cuando la misma es contra los intereses oligárquicos, imperiales y de mercado. El caso de Brasil es sustancial para mostrar cómo ha operado esta fórmula, sin embargo, la misma ha estado presente, en uno u otro sentido,en Argentina, Costa Rica, Chile y Ecuador.

La institucionalización de la dominación política y la subversión

La institucionalización de la dominación política y la subversión, definida como la incorporación de instituciones, leyes, políticas públicas y formas de gobierno a los instrumentos de trabajo para la cooptación de la sociedad civil, o la eliminación de aquellos que como parte de la misma persistan en oponerse al sistema, tiene sus antecedentes en la Perestroika y el posterior proceso de reformas de mercado en la URSS. En América Latina, las redes de intervención a través de las cuales se han promovido estos procesos han incorporado y articulado los múltiples actores que desde los años 80 del siglo XX operaron como parte de la Red de Intervención del proyecto Democracia en Centroamérica, junto a los insertados de manera creciente durante el siglo XXI en torno a los proyectos de “Prosperidad” y “Seguridad”.

Las formas a través de la cuales se da este proceso se distinguen a partir de los contextos histórico-concretos y las características de los sistemas de poder económico y político que existen en los países donde actúa, pero su matriz general de despliegue se ha articulado en torno a cuatro áreas de acción. En tal sentido se destacan las fórmulas asociadas a: Ajustes legales, fortalecimiento institucional, modernización de políticas públicas y perfeccionamiento de formas de gobierno.

Los procesos de ajuste legal han sido utilizados para acotar y moldear la existencia de espacios de organización, movilización y representación política de la sociedad para ejercer su derecho de participación política. La Reforma Laboral en países como México y Brasil ha sido utilizada para delimitar la existencia y acción de los sindicatos, las leyes electorales; en el caso de México para delimitar el reconocimiento y financiamiento de los partidos como condición de su existencia y modo de acción. Por su parte, las Leyes de Seguridad Pública en Chile, han sido puestas a la orden para la criminalización de la protesta social.

En el mismo sentido, los procesos de fortalecimiento institucional que han acompañado a los ajustes legales han cerrado el marco para el despliegue de la judicialización de la política en aras de boicotear la concreción de proyectos de desarrollo en función del pueblo, así como inhabilitar políticamente a líderes con posibilidad de mantener y consolidar proyectos de país que hagan posible la generalización de los mismos.

La eliminación de fuerzas de izquierda a través de las modalidades de intervención institucional antes referidas se complementa con procesos de modernización de políticas públicas mediante los cuales se domestica a la sociedad latinoamericana. En tal sentido, las políticas de inclusión ciudadana que suponen la promoción del consumo como base de superación de la pobreza, pero no desde cambios en la estructura socio-económica y política, sino desde el acceso a los créditos, incluye la educación financiera correspondiente diseñada desde la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, e incluida en el currículo escolar oficial, desde el preescolar hasta el final de la secundaria. En igual sentido, en México y Chile se identifican políticas públicas, específicamente las relativas a desarrollo social, con un discurso común que tiende a forjar una cultura con un rol determinado para el ciudadano, acorde al patrón del proyecto neoliberal como parte del trabajo para forjar un “sentido común” que permita el funcionamiento en la práctica de la sociedad neoliberal.

Los programas de gobierno abierto y lucha contra la corrupción, por la forma en que se han aplicado, han facilitado esta acción. La manera en que se han trabajado ha resultado, según las investigaciones sobre el tema, en una forma de gobernación a través de la cual ONG, asociaciones de negocios y uniones de comercio, entre otras, han dirigido sus formas de cabildeo hacia instituciones gubernamentales locales, nacionales y transnacionales.

El perfeccionamiento de las formas de gobiernos a través de modelos como el de gobierno abierto ha potenciado la dominación política y la subversión por vía institucional, en tanto ha hecho posible la inserción de las corporaciones, desde su supuesta condición de sociedad civil, en las decisiones de cómo llevar a cabo cada uno de ellos de la mejor manera. Lo que nos lleva a destacar que no hay una sociedad civil homogénea, sino una pautada en su diferencia por el antagonismo de los intereses de las clases sociales que la componen.

Es pertinente aclarar que la utilidad de la aplicación de cada una de las matrices teóricas que sustentan estas formulaciones en función de concretar programas de gobiernos y políticas en interés del mercado o de la sociedad, se relaciona directamente con la capacidad de asumir de forma contextualizada los mismos. Sin embargo, en el caso de países con proyectos de horizonte socialista o fuerzas de izquierda en el poder ejecutivo impulsando procesos emancipatorios, no debe perderse de vista la capacidad mostrada por las redes de intervención para utilizar argumentos racionales y adecuar matrices teóricas en función de la dominación política y la subversión. Un proceso apuntalado desde el manejo de las ciencias, las matrices teóricas y las metodologías de la investigación que tendría su contraparte ideal en un despliegue articulado de ciencias sociales y fuerzas de cambio político-económico-social para cimentar el pensamiento crítico emancipador.

Estados Unidos y el lawfare (o la guerra por la vía judicial) en América Latina

Silvina M. Romano

(CONICET-IEALC-CELAG, Argentina)

Recientemente, el Papa Francisco (uno de los principales influencers en redes sociales, junto con Trump a nivel mundial) advirtió sobre la existencia de una “nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procesos legales y tipificaciones judiciales”, afirmando que “el lawfare pone en riesgo la democracia de los países” pues habilita “una impropia actuación judicial en combinación con prácticas mediáticas paralelas”. Casi al mismo tiempo, un grupo de periodistas de investigación nucleados en TheIntercept(Brasil), publicaron documentos secretos que proporcionan evidencia contundente sobre el modo en que los abogados más poderosos de ese país, que hace años insisten en que son apolíticos, complotaron para evitar que el Partido de los Trabajadores ganara las elecciones presidenciales en 2018. Brindan ejemplos sobre el abuso político por parte de los abogados del Lava Jato (la mayor operación anti-corrupción en la historia de Brasil, que involucra principalmente a Petrobras) y la clara tendencia político-ideológica (siempre negada). No debe olvidarse que a partir de esta “guerra contra la corrupción”, se realizó un golpe de Estado a DilmaRoussef y el encarcelamiento a Luis InacioLula Da Silva, uno de los líderes más importantes de la política brasileña y latinoamericana del siglo XXI.

Definición y componentes delLawfare

El Lawfare (o guerra jurídica) puede ser definido como el empleo indebido de herramientas jurídicas para la persecución política, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial. Considerando el escenario latinoamericano en la última década, donde se ha exacerbado la tensión entre gobiernos/alternativas pos neoliberales y gobiernos/alternativas de derecha neoliberal, este proceso de judicialización de la política ha tenido un fuerte impacto operando “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y Ejecutivo, colocando a los jueces por encima de los demás poderes, a la vez que recorta los componentes deliberativos y representativos de la democracia.

En este marco se hace evidente el doble rasero de la ley, puesto que algunos casos se presentan como más escandalosos o “corruptos” que otros, en virtud de la coyuntura e intereses políticos en pugna (alejándose de la “imparcialidad” y “apoliticismo” con el que intenta asociarse la aplicación de la ley).

Esta “selectividad de casos” que resulta fundamental en la guerra jurídica, requiere de una articulación con los medios de comunicación y redes sociales que operan manufacturando consenso en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos. La aceptación, eliminación y desmoralización del adversario político se concreta especialmente en el plano de la opinión pública, en momentos políticos “clave” (durante campañas electorales, por ejemplo).

No obstante, para lograr éxito en la manipulación de la opinión pública, se requiere de una “opinión experta” que defina con antelación una agenda y puntos de vista, así como posicionamientos políticos determinados frente a ciertos eventos y actores. El “relato de la corrupción” como principal problema es un ejemplo del modo en que el discurso de losthinktanks y voces expertas o especialistas, tanto desde Estados Unidos como desde América Latina, proveen el andamiaje ideológico sobre el que se monta la posterior campaña mediática en contra de determinados sectores políticos, construyendo un sentido común en torno a los políticos, la política y las experiencias progresistas.

El discurso experto, siempre en clave neoliberal, sostiene que la corrupción en el Estado debe ser extirpada apelando a las “buenas prácticas” del sector privado (eficiencia y transparencia) para desplazar la lógica de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos” (léase: militantes, funcionarios con trayectoria en partidos políticos), apostando a la formación de “técnicos” (supuestamente apolíticos).

Es por esto que si bien el lawfare no opera únicamente contra una izquierda progresista, ni fue articulado exclusivamente para obstaculizar la permanencia del progresismo en el gobierno, en los hechos opera con mayor celeridad e intensidad (y en momentos políticos clave) contra líderes o ex funcionarios y funcionarias que propiciaron la intervención del Estado, o que propician el costado bienestarista del Estado. Esta tendencia parece habilitarnos a utilizareste concepto para caracterizar una batalla política de largo aliento que se dirime en terreno judicial.

El concepto y el sistema internacional asimétrico

El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar” y fue publicado en un libro de estrategia militar titulado UnrestrictedWarfare(1999), escrito por el general de la Fuerza Aérea estadounidense Charles Dunlap. Un texto similar escrito por el autor fue publicado luego por la DukeLawSchool, posterior al ataque a las Torres Gemelas, en el contexto de “guerra contra el terrorismo”. Dunlap acuñó el término para “denunciar” las guerras asimétricas contra Estados Unidos y sus aliados (por ejemplo, el modo en que grupos de la sociedad civil palestina se valen del derecho internacional para cuestionar la injerencia de Estados Unidos e Israel).

En el contexto latinoamericano, considerando el modo en que ha sido implementado, comprendemos el lawfare también desde una perspectiva negativa, pero desde una óptica diametralmente opuesta a la de Dunlap: Estados Unidos utiliza el lawfare como parte de una guerra librada contra cualquier alternativa político-económica real que obstaculice la vía neoliberal. Esta guerra irrestricta implica, en casos como el de Venezuela, la articulación del lawfarecon una guerra híbrida.

La existencia de guerras irrestrictas, irregulares o híbridas libradas por potencias contra países periféricos con enormes asimetrías, pone al lawfare en el centro de las relaciones desiguales a nivel internacional, en tanto el mal uso o abuso de la ley contribuye a reproducir la colonialidad y la dependencia. El movimiento político, académico y social conocido como ThridWorldApprochesto International Law (TWAIL), derivado de la Conferencia de Bandung, hace décadas que denuncia esta dinámica colonial inscrita en la ley internacional, en perjuicio de los países periféricos. Esto es evidente en el caso de Estados Unidos y América Latina, donde el primero viene utilizando la vía jurídica, entre otras herramientas de poder blando, para imponer/reforzar un determinado orden que les resulta conveniente a sus intereses (económicos, políticos, de seguridad nacional, etc.).

Estados Unidos y el lawfare en América Latina

El modo en que operan los tribunales por encima de otros poderes del Estado, y el visto bueno y apoyo de la prensa, así como de voces consideradas expertas, guarda importante relación con la presencia del sector-público privado estadounidense en diferentes instituciones y dinámicas de América Latina a partir de la expansión del neoliberalismo y en las últimas décadas.

En primer lugar, la presencia de Estados Unidos fue clave en el proceso de “modernización del Estado” en los años de 1980. Uno de los objetivos del ajuste estructural, entre otros, era acabar con la corrupción y la ineficiencia del Estado achicando su costado bienestarista. La modernización se dio en la práctica, a través de las instituciones y dinámicas asociadas a la asistencia para el desarrollo. Contó con el papel estelar del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo(USAID), además de allanar el terreno para la proliferación de organismos no gubernamentales, “el tercer sector” (para suplantar el rol socio-económico del Estado).

En el marco de estas transformaciones también se modernizaron los aparatos judiciales y hasta el día de hoy existen diversos programas de asesoría, actualización, etc., que definen las doctrinas y herramientas legales más convenientes o recomendables para garantizar la gobernabilidad. A manera de ejemplo: el modo en que se adoptan en América Latina los acuerdos de cooperación eficaz o la inclusión de la delación premiada (o modalidad del “arrepentido”) como instrumento clave para los juicios. En este rubro que articula la asistencia para el desarrollo y la reforma jurídica se incluyen los cursos como el “proyecto puentes” que se llevó a cabo en Brasil en 2009, al que asistió nada más y nada menos que el Juez Sergio Moro.

Otro ámbito de injerencia son las Embajadas estadounidenses, que participan en los procesos de judicialización de la política a través de sus vínculos con sectores políticos y empresariales, por medio de las relaciones con “informantes clave”: funcionarios o ex funcionarios que operan como bisagra entre los intereses de Estados Unidos y la política local (Lasso, Ecuador, Nisman, Carrió)

De modo más general, el Estado estadounidense interviene expandiendo (sin límites) su jurisdicción hacia cualquier parte de América Latina y el mundo, a través de leyes “universales” como la ForeignCorruptPracticesAct, que permite a Estados Unidos juzgar entidades y personas de cualquier otro lugar del mundo, vinculadas a actos de corrupción con entidades o personas de Estados Unidos. A través de esta ley, el Departamento de Justicia abrió la causa contra Odebrecht en diciembre de 2016, otorgándole un impulso y visibilidad espectacular, además de aceitar todo tipo de intercambio de información e injerencia directa en aparatos judiciales de aquellos países con funcionarios y empresarios sospechados de estar implicados.

Por último, pero no menos importante, los thinktanks y universidades norteamericanas, junto con los principales medios de prensa, son actores privilegiados y fundamentales en la formación de una opinión experta que luego impacta en la manufacturación (manipulación) de la opinión pública. Baste una revisión sobre los informes, artículos y eventos realizados por el Inter American Dialogue, la Brookings Institution, el Wilson Center o el Center for Strategic and International Studies, sobre la corrupción como el principal problema de la democracia en América Latina (especialmente durante los gobiernos progresistas).

Los objetivos (políticos y económicos) del lawfare

A corto plazo, el objetivo del lawfare es sin dudas restaurar la vía neoliberal (evitar que el Estado intervenga en la economía) por medio de una “limpieza” de la política y los políticos, pero que lejos de aplicarse contra “la política y los políticos en general”, opera con una clara selectividad de los casos, con castigos más marcados y prolongados para funcionarios, funcionarias y ex funcionarios de gobiernos progresistas.

A mediano-largo plazo, el objetivo es profundizar las conductas antipolíticas, provocar una desertificación de la misma e incentivar el distanciamiento de cualquier tipo de participación política por parte de la ciudadanía. El “que se vayan todos porque son todos corruptos” está articulado invariablemente con el “no te metas en política” (pues tarde o temprano serás un corrupto).

Por último, pero no menos preocupante, en un contexto de retorno de las derechas (conservadoras o liberales), el lawfare habilita un Estado de excepción para “salvar” al Estado. Así, se legaliza la anulación de derechos constitucionales que otrora era característica de los “Estados de sitio” aplicados por las Fuerzas Armadas. Hoy, los tribunales asumen el rol de “poner orden” frente a la (supuesta) fiesta de corrupción desatada por los políticos. Y en este nuevo escenario, se allana también el terreno para un potencial retorno de militares o ex militares a la esfera política formal, como una suerte de outsiders justicieros de mano dura.

El factor de las percepciones en la política de Estados Unidos hacia Cuba

Por Luis René Fernández Tabío

(CEHSEU-UH, Cuba)

Entre los factores principales en la conformación de la política de Estados Unidos, las percepciones sobre la situación en Cuba, sean o no ciertas, ocupan un lugar decisivo en su interrelación con problemas de la política interna de ese país – y en 2019 y 2020 dentro del llamado ciclo electoral, así como el contexto de la correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe.

Se asume que el actual retroceso en la política de Estados Unidos hacia Cuba, si bien conserva rasgos de continuidad, introduce ajustes que podrían explicarse fundamentalmente por la interrelación de esos tres contextos: los desafíos internos por los que atraviesa la presidencia estadounidense; las percepciones sobre la vulnerabilidad cubana; y una más favorable correlación de fuerzas a Estados Unidos en la región de América Latina y el Caribe.

Una inspección sumaria de la situación en Cuba, debe reconocer que no es el gobierno cubano el obstáculo en ese proceso migratorio, sino el de Estados Unidos. Los ciudadanos que desean abandonar el país, sea por una salida temporal, o los que quieran establecerse en otros países, encuentran las facilidades para retornar a su patria manteniendo sus derechos, que incluye propiedades como la vivienda o la tierra, y el acceso garantizado a los vitales servicios de salud, educación universal y gratuita refrendada en la Constitución de la República de Cuba.

Las elecciones en Cuba de los nuevos diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y finalmente la votación de un nuevo Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros del país concluida en 2018, no fue un acontecimiento menor para las relaciones bilaterales. Representó un proceso de rejuvenecimiento de los dirigentes políticos del país, que alcanza ahora su eslabón más alto con la elección de un nuevo presidente: Miguel Díaz-CanelBermúdez. Los analistas en política internacional han presentado diversas interpretaciones sobre el significado y perspectivas del proceso de perfeccionamiento y actualización del sistema socialista cubano, pero lo que resulta importante a este trabajo es la presumible evaluación de los oficiales de inteligencia de Estados Unidos, que perciben esa nueva realidad como un momento de vulnerabilidad interna de Cuba. Tal interpretación sería favorable a que se mantuviera una política de presión, fuerza y recrudecimiento de bloqueo a Cuba, esperando el avance la política de “cambio de régimen”.

Por primera vez desde el triunfo de la revolución, el gobierno cubano no está encabezado por un líder histórico del proceso. Miguel Díaz-Canel ha sido una figura preparada conscientemente para darle continuidad a las transformaciones estratégicas del sistema iniciadas en esta fase de la Revolución desde por lo menos el año 2011; pero el nuevo gobierno lleva sobre sus hombros la responsabilidad de estabilizar la situación en las actuales y difíciles circunstancias, y avanzar todo lo posible a pesar de la guerra económica contra Cuba y Venezuela.

Frente al estilo provocativo de Trump, la política cubana mantiene un rumbo basado en principios y valores, sin caer en el juego a las ofensas irrespetuosas y mentiras en que se basa su política. Plantea continuar las negociaciones bilaterales cuando existan las condiciones a partir del respeto a las diferencias y construir un diálogo para elevar la cooperación en temas de interés común, hasta la exploración de soluciones de aquellos asuntos más complejos para alcanzar una convivencia civilizada para beneficio de las partes, los gobernantes y los pueblos.

En medio del retroceso general de las relaciones bilaterales desde la Directiva de Trump sobre Cuba del 2017, ocurren acontecimientos alentadores en esferas muy importantes de la colaboración científica con inversiones para la producción de medicamentos de alta tecnología contra el cáncer. En septiembre de 2018 se conoció la formación de una empresa mixta enclavada en la Zona de Desarrollo del Mariel (ZDM) entre el Centro Roswell Park sobre el Cáncer de Búfalo, NY y el Centro de Inmunología Molecular de Cuba para desarrollar terapias contra el cáncer. Otro ejemplo posteriormente frustrado fue el acuerdo entre la organización de las grandes ligas (Mayor League Baseball, MLB) de Estados Unidos y la Federación Cubana de Béisbol (FCB), sin perder sus vínculos con su país de origen. Lamentablemente después, bajo las presiones de los sectores anti cubanos del gobierno estadounidense, la OFAC las reinterpretó y han quedado sin efecto inmediato.

El escenario más probable dadas las circunstancias actuales en Estados Unidos, Cuba y el contexto de la correlación regional de fuerzas, al menos hasta las elecciones de 2020, parece ser cuando menos el estancamiento de las relaciones, sin poder descartar algún incidente que pudiera hacerlas retroceder todavía más.

La lista negra de empresas cubanas excluidas de relaciones con estadounidenses se incrementa constantemente hasta el absurdo. Con la implementación del Título III de la Ley Helms Burton desde mayo de 2019, pueden hacerse demandas en cortes de Estados Unidos contra estas y otras empresas extranjeras; nuevas multas y sanciones por tener relaciones financieras y económicas con Cuba estarán presentes, y no se descarta que se restablezca el programa migratorio para favorecer el robo de médicos cubanos en colaboración con otros países después que de nuevo se incorporó injustamente a Cuba en la lista de países con violaciones de tráfico humano.

Sin embargo, se deben ir acumulando fuerzas y develarse incentivos a favor de un nuevo ajuste progresivo en la política de Estados Unidos hacia Cuba, asumiendo el avance de procesos y acontecimientos que pudieran consolidarse como tendencias. En realidad, no ha sucedido un cambio interno en Cuba que justifique el retroceso de las relaciones y ante la falta de pruebas, los llamados ataques sónicos o acústicos quedan como pretextos.

Internacionalmente la activación del Título III ha generado el rechazo político de gobiernos aliados de Estados Unidos. Países de la Unión Europea, como España, o incluso Canadá han reiterado su rechazo a esa ley por su ilegalidad y la aplicación de leyes y medidas antídoto.

En la práctica, Estados Unidos podría ser nuevamente objeto de demanda en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Las demandas que se van presentando en Estados Unidos contra empresas cubanas o extranjeras no han sido tantas como se esperaba. Cabe recordar que la ley estadounidense tampoco tiene efecto directo en Cuba. La ley cubana en general y la Ley 80 en particular actúan en defensa de su soberanía y sanciona a los que se incorporen a esos procedimientos.

El objetivo de la aplicación del Título III de la Helms Burton va dirigido a frenar el flujo de inversiones hacia Cuba y a incrementar el riesgo país y por lo tanto el costo de los créditos que se puedan asumir. Aunque esas medidas sin duda van a perjudicar adicionalmente a la economía cubana y agravar en alguna medida la situación socioeconómica del pueblo, no cabe esperar una situación que haga colapsar el gobierno, o genere el tan ansiado por Estados Unidos “cambio de régimen”. El incremento del bloqueo, las sanciones de todo tipo y las medidas para reducir los intercambios bilaterales, las remesas, los viajes y los aportes al turismo perjudican desproporcionadamente al pueblo, frenan los ritmos de crecimiento y desarrollo del país, pero no lograran hacerlo colapsar.

De momento el escenario cubano a finales de 2019 no es de crisis, pero se observan dificultades socioeconómicas. Se estima preliminarmente para este año un crecimiento en torno al 1.5% del Producto Interno Bruto, que puede ser menor Tampoco puede descartarse una crisis económica en 2020, aunque su gravedad sea inferior a la ocurrida a principios de la década de 1990.

Resultados importantes desde el punto de vista socioeconómico como el reciente aumento de los salarios del sector público constituyen un paso importante en la dirección correcta muy bien acogido por el pueblo. Aunque restan otros como la unificación monetaria, por citar algunos de los problemas más importantes que son objeto de atención.

Dado el restablecimiento del servicio de la deuda, favorece para recibir nuevo financiamiento, los ingresos por exportación son insuficientes para cubrir todas las necesidades. El tenso balance del sector externo conlleva a una mayor exigencia y eficiencia económica. Por esa razón el gobierno ha llamado a incrementar las exportaciones y restringir las importaciones a los rubros imprescindibles.

El bloqueo económico y financiero ha representado pérdidas por ingresos del país superiores a los 4000 millones de dólares en 2018, que deben aumentar por el recrudecimiento de la guerra económica contra el país. Cabe esperar que los costos del bloqueo en 2019 sean superiores.

Las respuestas del gobierno cubano ante las agresiones verbales o decisiones políticas contra Cuba han sido basadas en principios reconocidos del Derecho Internacional, rechazando las injerencias del gobierno de Estados Unidos con firmeza y dignidad, pero sin caer en la trampa del discurso ofensivo. En esos términos se ha reiterado la disposición de abordar todos los asuntos de la agenda bilateral por la vía diplomática. Al mismo tiempo, se ha rechazado las agresiones contra Venezuela y las acciones golpistas contra su gobierno.

En la continuidad y el cambio de la política, las percepciones desempeñan una función fundamental en el curso de las relaciones bilaterales. Las mismas se basan en apreciaciones del país emisor sobre los efectos en el país receptor. Aunque los factores internos son un componente principal en la política exterior estadounidense, cada vez se aprecia una interrelación más dinámica e intensa entre los intereses internos en la formación de la política exterior y los del contexto internacional y regional. El caso de la política de Estados Unidos hacia Cuba no es una excepción. Hasta las elecciones de 2020 la política de Estados Unidos hacia Cuba será influida por las evaluaciones de los asesores de Trump, que pueden cambiar dado las discrepancias con el Presidente, en función del efecto de las mismas sobre el ciclo político electoral centrado en el estrecho balance político en la Florida.

El diseño de la política de Estados Unidos hacia Cuba conserva los elementos del enfoque dual; a saber, la llamada política de dos carriles incorporados desde la aprobación de las principales leyes anti cubanas: Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996). En la tendencia actual se observa una continuidad ajustada hacia la preferencia por los instrumentos de fuerza(el llamado poder duro), sobre la comunicación, la negociación y el diálogo.

Como elemento novedoso, la política se encuadra en un enfoque estratégico regional, que coloca a Cuba en una dimensión regional y en el marco de una especia de nueva guerra fría, en una “Troika de Tiranías”, compuesta por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, ello no debe conducir al error de pensar que el poder inteligente y las acciones subversivas han sido desterrados, sino que se acomodan en la retaguardia a la sombra del discurso agresivo de Trump.

Cuba y su proceso revolucionario son considerados un adversario y una fuerza desestabilizadora para el sistema de dominación en el hemisferio, como se presentó en la Estrategia de Seguridad Nacional en 2017, dado que el endurecimiento de la política hacia Cuba se basó inicialmente en el Memorando de junio de 2017 y las decisiones políticas para prácticamente congelar las relaciones bajo el pretexto inicial de los ataques sónicos a sus diplomáticos en La Habana; y las más recientes falsedades sobre la colaboración médica cubana en Venezuela, para responsabilizar a Cuba del fracaso de su plan para el cambio de régimen en ese país. Como ya se conoce, las posturas más agresivas contra Venezuela y Cuba se dinamizaron desde la designación de John Bolton, un conocido guerrerista, como Asesor de Seguridad Nacional desde el segundo trimestre de 2018. Nuevas medidas para recrudecer el bloqueo, disminuir las remesas familiares y los viajes, y frenar los flujos financieros y las inversiones se asocian a la activación del Título III de la Ley Helms Burton y prometen seguir con esas acciones.

En las actuales circunstancias la percepción de vulnerabilidad en Cuba, referida fundamentalmente tanto a la debilidad del dinamismo económico y la dilatada solución de problemas socioeconómicos sensibles, no debe modificarse en el corto plazo. A ello se suma el proceso electoral concluido en 2018, que modificó la composición del gobierno de la nación desde los niveles de base hasta las más altas autoridades de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Presidente del Consejo de Estado y de Ministros. El actual presidente cubano es una figura joven y profesionalmente preparada con alta experiencia en el más alto nivel del gobierno, pero no es un líder histórico. Asimismo se realizó una profunda reforma constitucional, que incluyó una consulta popular aprobada mediante referendo y actualmente se debate la nueva Ley electoral.

El cambio en la composición del Congreso de Estados Unidos en 2018 permitió a los demócratas recuperar la Cámara de Representantes, pero no el Senado. Ello condiciona el ajuste de la política de Estados Unidos hacia Cuba que esta temática sea tratada por un Congreso dividido, por lo que la posición del Ejecutivo y Trump, y los agresivos miembros de su equipo de política exterior, como el Secretario de Estado Mike Pence y el Asesor de Seguridad Nacional John Bolton, resultan decisivos y claramente desfavorables a un mejoramiento de las relaciones con Cuba. Estos personajes le han hecho creer a Trump que esas políticas pueden ser decisivas para su elección en 2020 por contribuir a ganar los 29 votos electorales de la Florida. Una ruptura o diferencia entre las interpretaciones de Trump, Bolton y Pence, en correspondencia con la evolución de la situación con Venezuela, las percepciones sobre Cuba, las tenciones en Irán o en otros focos de tensión, puede ajustar esa política y colocarla en un segundo plano de las prioridades globales, dando lugar a un enfoque más realista en la política norteamericana hacia Cuba.

El transcurso del tiempo, los resultados de la política y las consecuencias estimadas de las mismas en términos electorales pueden modificar la política, aunque manteniendo las direcciones fundamentales observadas hasta mediados de 2019.Dada la complejidad de los problemas observados en el contexto interno, tanto de Estados Unidos como de Cuba, la evolución del golpe de Estado contra Venezuela, así como otros importantes desafíos para el gobierno estadounidense en otras latitudes, se espera la continuidad del conflicto bilateral a los niveles actuales, e incluso su empeoramiento, con pocas variaciones hasta después de las elecciones presidenciales del 2020.