El ahora tristemente célebre Patrick Crusius, estadunidense de 21 años, autor de la balacera en El Paso, Texas que arrojó un saldo de numerosos connacionales muertos y otros más heridos, algunos de ellos de gravedad, reveló, al ser arrestado por la policía, que viajó por más de 10 horas al lugar de los hechos, con la intención de “matar mexicanos.” Un poco más tarde se divulgó que el asesino simpatizaba con “supremacistas blancos” y que había dado a conocer un manifiesto en el que deploraba “la invasión hispana” de Texas.

Cuando se produjeron los lamentables sucesos del pasado sábado 3 de agosto, la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México fue calificar lo sucedido como terrorismo, señalando que estudiaría las acciones legales que emprendería para garantizar la protección de los mexicanos en el exterior.

Ambas declaraciones -la de Crusius y la de la cancillería- subrayan el problema de “procurar justicia” ante la masacre. Lo dicho por Crusius no necesariamente cabe en la definición de terrorismo, puesto que éste se caracteriza por ser un tipo de violencia con fines políticos. Es un medio, un método. Esto significa que, para que Crusius pudiera ser considerado terrorista, el objetivo de la masacre que perpetró tendría que ser político y la matanza en sí, un medio para revindicar la finalidad política que persigue. Por lo tanto, si el objetivo de Crusius, en sus propias palabras, era “matar mexicanos”, se desprende de ello que la razón del ataque, la finalidad última, era esa. No había reivindicación política de por medio -a menos, claro, que se considere que la arenga nacionalista y anti-mexicana de Donald Trump sea la reivindicación política que “justifica” la masacre realizada por Crusius. Pero incluso en este último caso, Crusius no es un empleado de Trump, por lo que el argumento de que se trata de un acto terrorista, francamente se ve muy forzado. Claro está que no ayuda mucho que la comunidad internacional, a la fecha, carece de una definición de consenso sobre el terrorismo.