“Danza en puntitas sobre cambio climático. Camino del G-20”

02/07/2019
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Concluye el mes de junio con una aguda ola de calor y exacerbados los indicadores del cambio climático.

 

Junio acogió la Conferencia de la ONU sobre el clima de 2019 (SB50), donde supuestamente se preparó las temáticas para la Conferencia COP25 que se celebrará en Chile desde el 2 al 13 de diciembre. Al respecto la Secretaria Ejecutiva del CMNUCC, expresó: “necesitamos resolver todas las cuestiones pendientes antes de la COP25 para estar a la altura de nuestra responsabilidad colectiva, y asegurarnos de que se plantee la ambición en la medida en que se puedan evitar los peores impactos del cambio climático”.

 

¿Qué paso en la SB50?

 

9 países en desarrollo presentaron sus acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 16 países desarrollados su acción climática; una vez más los países más ricos exigiendo a los países en vías de desarrollo cifras concretas, sin mostrar las suyas, dedicándose al diseño de acciones climáticas.

 

Se acordó un programa sobre adaptación que deberá adoptarse en COP25, en que se integrará los conocimientos de los pueblos indígenas para la mitigación y la adaptación y la problemática de este grupo de población

 

Rescatando la fracasada COP de Katowice, se reunió por primera vez el Comité de Expertos sobre Medidas de Respuesta, lo que se considera un refuerzo al Acuerdo de París, estableciendo procedimientos y mecanismos que permitan ponerlo en práctica, como el respeto a las diferentes capacidades y realidades económicas de cada país, información sobre los objetivos nacionales de mitigación, que los Gobiernos proporcionen sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC); establecimiento de un comité para facilitar la aplicación del Acuerdo de París; evaluar el progreso del desarrollo y la transferencia de tecnología; cómo proporcionar información sobre el apoyo financiero a los países en desarrollo y el proceso de establecimiento de nuevas metas de financiación de 2025 en adelante.

 

También incluye el funcionamiento y la utilización de un registro público de contribuciones, la propuesta de extender el uso del Fondo de Adaptación, (originalmente establecido en el marco del Protocolo de Kioto de 1997), junto al Fondo Verde para el Clima y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial al servicio del Acuerdo de París.

 

Hasta 2022, el Comité de Adaptación trabajará con el IPCC en la redacción de orientación complementaria sobre la información relativa a la adaptación que hay que comunicar. En 2025 las Partes harán balance de la orientación para la adaptación y, si es necesario, la modificarán.

 

Se aprobó directrices para la adopción de las partes del Acuerdo de París del Mecanismo Internacional de Varsovia para pérdidas y daños, los países más vulnerables pueden informar de los daños y las pérdidas relacionados con el clima, incluyendo medidas para afrontar estos desafíos, previsiones de pérdidas y daños futuros e información sobre qué tipo de apoyo se necesita.

 

Como era de esperar los intereses del capital se mueven también al ritmo del cambio climático, reiteran los países desarrollados lo manifestado en COP24, que no acaba de hacerse realidad, aportar 100 000 millones de USD anuales para 2020 y hasta 2025, para medidas tanto de adaptación como de mitigación en países en desarrollo.

 

A partir de 2020, el Comité Permanente de Financiación presentará informes sobre la determinación de las necesidades de apoyo que tengan los países en desarrollo para aplicar la Convención y el Acuerdo de París.

 

La Transferencia de Tecnología queda al arbitrio del Mecanismo Tecnológico de la Convención del Cambio Climático, sin que especifique cómo y cuándo, proponiendo evaluar su eficacia a finales de 2021.

 

Para 2023 se plantea un balance mundial del cumplimiento del Acuerdo de París, estableciendo repetir el mismo cada 5 años, dónde se analizarán la mitigación, adaptación, financiación y equidad, teniéndose en cuenta no solo la información de los Estados, también interesados directos y organizaciones, de lo que cabe interpretar que todo ciudadano podrá presentar informaciones determinadas.

 

Post 2019 se plantea finalizar las directrices para la cooperación voluntaria, introducción de mecanismos de mercado, (hacer del cambio climático un negocio), se anuncia que 477 inversionistas con 34 billones de dólares, instan a los Estados mediante el apoyo al Acuerdo de París, para alcanzar los objetivos del Acuerdo, declaración que antecede la Cumbre del G20, lo que piden los inversores es: acelerar la inversión del sector privado en la transición a una economía baja en carbón, promover asociaciones público-privadas e incentivos que conlleven a más tecnología climática y más innovación, crear instrumentos económicos tales como el comercio de las emisiones para ayudar a mejorar el nivel de ambición.

 

Sin la menor mención al Convenio de Aarhus, instrumento de Naciones Unidas para garantizar la transparencia de la información, participación pública y acceso a la justicia climática, se acordó un proyecto de decisión para COP25 “para fortalecer la participación pública en el marco de la CMNUCC”. Chile sede de la COP25 y una de las promotoras del Acuerdo de Escazú, tiene un buen momento para suscribir el convenio que viabiliza en América Latina y el Caribe el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia climática, inspirado en el Convenio de Aarhus.

 

El Secretario General de Naciones Unidas por su parte convoca para el próximo mes de septiembre una Cumbre de Acción Climática, asume que no todos los Estados (los más ricos) están en disposición de jugar el papel histórico que les corresponde, por ello previó comienzo de la Cumbre del G20 (representan el 80% de las emisiones de gases invernadero y más del 80% del PIB mundial) pide a los países que lo integran compromisos contra el cambio climático (tema que llevan en su agenda), expresando:

 

“El ritmo del cambio es más rápido que el nuestro. Estamos viendo olas de calor en Europa, sequías en África, tormentas en África y el Caribe, incluso en los Estados Unidos. Somos testigos de una multiplicación de desastres naturales que son cada vez más intensos, más dramáticos, con unas consecuencias humanitarias cada vez más graves y frecuentes. Estamos observando los glaciares derritiéndose, los corales blanqueándose, la capa de hielo en el Ártico en sus niveles más bajos de la historia (…) es extremadamente preocupante”; “va a ser muy difícil que el G20 vaya a llegar a un acuerdo en esta reunión sobre los algunos de los desafíos internacionales más importantes”

(https://www.un.org/sg/es)

 

Previó al G20 se anunció que el fórum, “busca fomentar la cooperación económica global”, entre lideres financieros, entre los participantes de la cumbre estarán el FMI y el Banco Mundial, dónde analizarán disputas comerciales, inversión y supuestamente acuerdos ante el cambio climático.

 

Concluida la Cumbre G20, emitida la Declaración Final Conjunta de 43 puntos (no vinculantes), los países más ricos de mundo quedan aún más distantes frente al cambio climático, ratifican su interés de libre comercio y protección de sus economías, o sea, más explotación de recursos naturales y más consumo, para ello proponen cambiar las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), intensificar esfuerzos para luchar contra la corrupción, que los países del G20 tengan instrumentos legales que castiguen ese tipo de prácticas, Estados Unidos en particular presiona para continuar aplicando leyes fuera de su territorio (Venezuela, Cuba, China, Irán, etc.).

 

En materia de Cambio Climático continúa la danza en puntitas, sin soluciones al eterno baile de jugar con la vida del planeta. Glamurosamente G20 reafirma la irreversibilidad del Acuerdo de París (sin concreciones), excepto que Estados Unidos reafirma su salida del Acuerdo, (a pesar de ser considerado por G20 líder en protección ambiental), fija para 2020 la actualización de las contribuciones nacionales (NDC), donde cada país reflejen "sus responsabilidades diferenciadas y capacidades respectivas, según sus circunstancias nacionales", reducir a cero la contaminación marina adicional de plástico para 2050 (quedando, nunca mejor dicho, en papel mojado) la pretensión que los ministros de Medio Ambiente y la Unión Europea, llevaban en cartera de alcanzar un acuerdo tasado y vinculante en este aspecto, (1) con el agravante proteccionistas a la industria del plástico de “reconocer el papel importante del plástico para la sociedad”.

 

No falto el llamamiento a fomentar la participación privada en la lucha contra el cambio climático.

 

La defensa del planeta ante el cambio climático, la protección del Medio Ambiente, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la igualdad de oportunidades, el reparto equitativo de la riqueza que la naturaleza pone a nuestra disposición para existir y desarrollarnos, debe ser considerado un bien común, un Derecho de todos los habitantes del planeta.

 

La participación en la toma de decisiones de los pueblos sobre el bien común, la institucionalización de la Justicia Ambiental a nivel planetario, es imprescindible, y hay que conquistarla. La situación actual nos sitúa en un “momento revolucionario”, (2) en consecuencia hay que trabajar.

 

Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad frente a la crisis climática, deben cumplir las obligaciones asumidas al adoptar el Acuerdo de París. Seguir el ejemplo de los países más vulnerables que lideran los planes de acción climática hacia 2020.

 

Los países desarrollados no asumen la urgencia del planeta, la falta de voluntad política de la mayoría del G20 sigue siendo una verdad. Con esta danza mortal, instituciones y acuerdos que conforman mecanismos de defensa de nuestros recursos naturales dentro del Derecho Internacional son insuficientes e inefectivos, es así como Japón (sede de la cumbre G20) concluida la reunión reinicia la caza comercial de ballenas, después de 30 años de moratoria aparente.

 

Concluye un mes caluroso, de convenciones y cumbres que atañen a todos, con insuficientes medidas en materia de cambio climático, quizá lo sensato sea al decir del Presidente Francés Macron, "cambiar el formato del G20" para lograr acuerdos eficaces sobre todo en el tema medioambiental, y se ha preguntado "para qué sirven" comunicados como el cerrado hoy en Osaka.

 

Hacer ese cambio en todas las instituciones internacionales que definen las políticas ambientales, es un buen motivo de movilización.

 

NOTAS

 

(1) https://derehoambiental.wordpress.com/2019/06/18/los-plasticos-y-las-aguas-terrestres/

 

(2) “El “momento revolucionario” que se vive, permite constatar que el capitalismo, estudia, transforma y aplica a sus fines, medidas que hasta el momento no le eran afines.

 

Hay objetivos para hacer del “momento revolucionario”, momento de cambios.

 

Las revoluciones surgen de las crisis, hechos históricos independientes a ellas, incluso a la voluntad de los hombres que están llamados a materializarla, a ellos cabe identificarlos, interpretarlos y aprovecharlos, convertirlas en “momento revolucionario”…

 

La legalidad capitalista es un recurso fundamental para el sostenimiento de la estructura de clases, es imprescindible cambiar su esencia, sus leyes; la actual actuación de las masas populares, indican que existe, una nueva situación revolucionaria; clase revolucionaria, masas revolucionarias, organizaciones revolucionarias, y lo imprescindible, la acción de las masas; sin embargo, toda situación revolucionaria no genera revolución. Tendrá que la acción de las masas ser suficientemente para modificar el orden jurídico y social, para encauzar la situación revolucionaria, organizarse, tener una estrategia, acumular experiencia práctica de las formas y objetivos que persigue…

 

El uso, control y acceso a los recursos naturales es fuente de conflicto, involucrando intereses con modos diferenciados de apropiación, uso y significado de los bienes naturales. Tienen carácter territorial al imponer distribución de derechos, uso y manejo del recurso…

 

Hay que lograr que prevalezca el reconocimiento de derechos colectivos mediante acciones legales, no solo de los afectados, también por quien represente sus intereses... No basta la acción legislativa, basada en el enunciado jurídico normativista… falta la acción de aplicarla...

 

La normativa procedimental (administrativa y judicial), carece de efectividad, las acciones administrativas no contribuyen a la legitimidad del derecho ambiental; el derecho en su conjunto no resuelve, no alcanza las expectativas y urgencias de un conflicto ambiental; muchos órganos administrativos son meras tribunas, (Defensor del Pueblo), se requiere autonomía e iniciativa legislativa amplia y suficiente…

 

La problemática ambiental requiere autoridad científica para validar la trascendencia de los conflictos, autoridades de administración pública sin dependencia, que ejerza función medioambiental, atención mediática… solo interesada en la preservación del medioambiente, del ser humano, promoviendo la representación no solo visual, también simbólica del conflicto ambiental que trate… se clama por quien asegure legitimidad y continuidad a la solución de los conflictos ambientales.

 

Se requiere mayor acceso a la información… construcción de una teoría jurisprudencial… participación ciudadana con estrategias consensuadas colectivas y particulares, roles definidos para todos los involucrados, saber y hacer saber preventivamente los límites medioambientales en cada caso, en cada recurso, en cada territorio, codificar e institucionalizar conceptos, acompañadas de las correspondientes medidas coercitivas que la gravedad de los hechos y circunstancias. Estrategias para solucionar los problemas creados, órganos colegiados independientes a los conflictos ambientales con soluciones legales fundamentadas en argumentos racionales…

 

Para todo ello resulta imprescindible la incorporación de la justicia social en la agenda ambiental de los Estados, sin ello, nunca será completa la solución del problema, hay que hacer políticas públicas ambientales.

 

Hay que construir un Estado de Derecho responsable para sus ciudadanos, para todos y para el bien de todos… con leyes claras, publicas, estables y justas, estudiadas, discutidas, aprobadas y aplicadas con nitidez, eficacia y eficiencia…

 

Nuevos conceptos comienzan a penetrar… “Estado de Derecho Responsable”, “Democracia Avanzada”, hay que estudiarlos y no cejar en que su definición sea inclusivo de la igualdad social y la protección del medioambiente, que no quede en enunciado el planteamiento, de que… “existe necesidad de establecer políticas de redistribución de la riqueza y derechos ecológicos en beneficio de la sociedad en su conjunto”…, hay que tomar parte, hay que hacerlo realidad, para llegar a todos… se impone aprovechar el “momento revolucionario” para alcanzar estos objetivos, sin dejar que el engaño para la restricción de derechos de “estado preventivo”, si bien desarrollado para enfrentar retos terroristas, también han servido para limitar derechos e intervenir en la vida de los ciudadanos…

 

Un “Estado de Derecho Responsable” tiene que desarrollar políticas públicas para instrumentar la distribución más equitativa de las riquezas, la prestación de servicios públicos, que permita garantizar el goce de los derechos humanos reconocidos en la carta de las naciones, incluidos la protección, uso y distribución de los recursos naturales y desarrollos tecnológicos...

 

No puede haber mayor responsabilidad para los Estados que garantizar la seguridad jurídica en la equitativa distribución de la riqueza, toda acción deberá justificarse bajo el principio del interés público, en busca de materializar el cumplimiento de los derechos humanos...

 

Los tratados, convenios internacionales deberán tener como premisa ese fin, su incumplimiento, violación, no instrumentación, tiene que ser objeto de control, crítica, enjuiciamiento y sanción, como delito material y ético contra la humanidad.

 

El “momento revolucionario”, requiere nuevas reglas de juego, nuevas leyes, un pensamiento global, como la forma de vida que nos imponen, global para lograr una vida más equitativa para todos, es momento del pensamiento, de la acción, del imperio de la ley inclusiva para todos, de igualdad y transparencia.

 

Son tiempos de construir instituciones que promuevan las iniciativas de la llamada sociedad civil, las iniciativas del pueblo, nos toca a los ciudadanos preocuparnos y ocuparnos por todos los aspectos de la sociedad y su principio más humano, la igualdad social, calificar y exigir a las administraciones, construir herramientas que superen la mimética acción del voto electoral; se impone una mejor utilización de los recursos nacionales, mayor solidaridad, una administración acorde con los tiempos.”… (Sauri Alberto, “Un momento revolucionario”, (trabajo inédito)

 

 

 

https://www.alainet.org/es/articulo/200763
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