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Chile: Conflicto Estado/mapuche (III)

Análisis
14/03/2019
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Parte 3

 

Conflicto entre Derechos territoriales Mapuche y el Estado Neoliberal Chileno

 

En esta tercera parte, exploramos el conflicto entre los derechos territoriales Mapuche y el Estado neoliberal chileno, desvelado por el inaceptable asesinato de Camilo Catrillanca, en noviembre de 2018 en Temucuicui. En 2003, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), restituyó a esa comunidad Mapuche 1.900 hectáreas usurpadas por la Forestal Mininco en 1974, en plena dictadura de Pinochet. La comunidad autónoma de Temucuicui, sigue movilizándose para obtener la restitución de otras 12 mil hectáreas usurpadas padas por Forestal Arauco y Mininco. Las reivindicaciones territoriales Mapuche están al centro del conflicto.

 

El Estado chileno, criminaliza la movilización por las reivindicaciones territoriales Mapuche y, recurre a menudo a la Ley antiterrorista a pesar de críticas . Sin embargo, esas reivindicaciones territoriales son legítimas según el Derecho Internacional (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), entre otros). James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (RE), afirmaba en su informe de 2010 que el “problema de acceso efectivo a la justicia” para los pueblos Mapuche, hace que la movilización se transforme en el único medio para que los indígenas hagan valer sus derechos.

 

Es por ello que fue tan importante el fallo de un Juzgado de Cañete en favor de la comunidad Ignacio Huilipan y contra la empresa forestal Arauco. Mostró que el reconocimiento de los títulos de merced entregados por el Estado Chileno a las reducciones Mapuche después de la invasión de la Araucanía, podría solucionar en parte el conflicto territorial Estado/Mapuche. También, desveló las limitaciones de la Ley indígena 19.253 (1993) Sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas; la dificultad del Estado en respetar los estándares internacionales de aplicación del Convenio 169 de la OIT y; la postergación del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

 

El Fallo del Juzgado de Cañete

 

El 2 de octubre de 2018, el juzgado de Cañete, ordenó que Bosques Arauco restituyera 97 hectáreas a la comunidad Mapuche Ignacio Huilipan, en el sector Huide, comuna de Contulmo.

 

La jueza Carmen Seguel confirmó la vigencia del título de merced # 945, otorgado en 1904 a esa comunidad, por la Comisión Radicadora de Indígenas (CRI), de acuerdo a la ley de 1866. Desechó los documentos de propiedad presentados por la compañía, invocando, el artículo 58 de la Ley indígena 19.253 (1993) y el artículo 14 del Convenio 169.

 

 

La jueza Carmen Seguel, constató, de manera inédita, la mala fe de la Forestal Arauco que explotó las tierras indígenas estando “en conocimiento de los límites establecidos para la faena forestal”. Las denuncias de usurpación de tierras Mapuche son rara vez resueltos. Más aún cuando se trata del litigio contra una empresa forestal del poderoso Grupo Angelini. Ese grupo económico controla, con el grupo Matte, el sector forestal chileno. Forestal Arauco aceptó devolver las tierras. Luego un intento de apelación ante la Corte de Concepción, terminó acatando completamente el fallo, incluido el pago de costas del juicio y la indemnización por el corte y explotación de árboles de 80 años ubicados en las tierras indígenas.

 

En declaración pública, la Comunidad Ignacio Huilipan dio una lección: Afirmó que “el fallo muestra que el Estado de Chile tiene una institucionalidad que es capaz de resolver temas relacionados con la tierra de los pueblos originarios y sin que exista violencia ni destrucción de por medio”. Se trata de un camino que efectivamente podría resolver los litigios de usurpación, que afectan la mayor parte de las 500 mil hectáreas de territorio Mapuche, adjudicados originalmente como reducciones, por la CRI, de 1884 a 1929; luego de la ocupación de la Araucanía (Chihuailaf. 2015).

 

Ley Indígena 19.253 (1993) y los estándares internacionales

 

La Jueza invocó la Ley indígena 19.253 (1993) para aceptar como único título de propiedad válido, el título de merced de la comunidad Ignacio Huilipan, inscrito en el registro público de tierras de la CONADI.

 

En primer lugar, destaquemos que con ello, el fallo respeta efectivamente la jurisprudencia de la Corte IDH. También, el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa jurisprudencia (Caso Awas Tingni), establece, como afirmó James Anaya, (p.150), que los miembros de pueblos indígenas tienen derecho a recuperar sus tierras tradicionales, aunque las hayan perdido involuntariamente ó hayan sido estas trasladadas legítimamente a terceros inocentes.

 

Pero, la Ley indígena 19.253 (1993), no respeta otros estándares del derecho internacional. Ella no reconoce a los pueblos indígenas o sus organizaciones e instituciones tradicionales. Creó la figura de las comunidades y asociaciones indígenas, pero no reconoce instituciones tradicionales como los Lof o los Rewe (Leiva, 2014). Reconoce los pueblos originarios solamente como etnias, sin derechos políticos, sin autonomía o sistemas de justicia indígena (Az Mapu). Tampoco les otorga derechos territoriales y de acceso a recursos naturales.