Arribamos a dos años de la firma de un pacto de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, el 24 de noviembre de 2016; coincide el momento con los primeros 100 días del gobierno ultraderechista del presidente Duque.

Desde los gobiernos del Frente Nacional hasta los 8 años del régimen de la “seguridad democrática” se ensayaron infructuosamente diversas estrategias para un triunfo militar sobre los alzamientos armados populares. El agotamiento de la vía armada y la terrible degradación de la guerra convencieron por igual a las partes de buscar una solución política a la confrontación.

Los Acuerdos de la Habana representan una conquista democrática de enorme significación histórica. Representan una derrota para los sectores oligárquicos ligados con los intereses norteamericanos y en particular, los de las empresas negociantes de armas, interesadas en prolongar el conflicto armado interno. Estos acuerdos cuentan con un enorme reconocimiento internacional por el pragmatismo y la celeridad con el que fue alcanzado en comparación con otros procesos parecidos.

Se buscó que la paz fuera un imperativo de Estado, pero tanto el Congreso de la República como la Corte Constitucional quedaron en deuda con el país, renegociaron y modificaron ilegalmente lo pactado a la imagen y semejanza de los intereses del sistema y a pesar de ello no se han implementado. No obstante que las Farc ha dado cabal cumplimiento a cada uno de sus compromisos, en cambio el gobierno de Santos solo estuvo interesado en la dejación de las armas por los guerrilleros. El nuevo partido de la rosa señala que sólo se ha cumplido el 20% de la implementación de los acuerdos de paz, que hay grandes dificultades en la reincorporación a la vida civil, la libertad de los detenidos, en la sustitución de cultivos, el fondo de tierras y las circunscripciones de paz, entro otros.

Al posesionarse el Presidente Duque, señaló que haría “correctivos” al acuerdo de paz con las Farc y se tomaría un mes para evaluar la mesa de negociaciones con el ELN; sin embargo, el nuevo gobierno no ha expresado un interés mayúsculo en consolidar escenarios para una paz estable y duradera, por el contrario, como lo anunció en su campaña, sus acciones conducen a generar las mayores incertidumbres en el proceso de implementación del acuerdo con las Farc y busca un pretexto que le dé la oportunidad de liquidar los diálogos de paz con el ELN.

Sin duda que tendrá gran impacto en este proceso la importante votación obtenida por la coalición de sectores que acompañó a Gustavo Petro en las recientes elecciones, 8 millones de votos se manifestaron por la opción de la paz, las transformaciones democráticas y el rechazo al actual modelo económico basado en el extractivismo.

A pesar del acuerdo de paz, la violencia institucional-paramilitar aún predomina. Desde la firma de los acuerdos, hay 426 líderes y lideresas asesinados, 70 integrantes del nuevo partido. Es un número que tenemos que llegar a que sea cero. Y en esa lucha estamos, en que hacer oposición no sea motivo para que nos desplacen o nos asesinen como está ocurriendo.

La paz es una conquista del pueblo colombiano, las posturas fatalistas o derrotistas no corresponden a una visión revolucionaria de la lucha política que sabe reconocer que en los procesos históricos las contradicciones y los obstáculos responden a correlaciones de fuerza que no son eternas y pueden revertirse si se cuenta con las decisiones y la acción ideológica y política acertadas. La potencia de este movimiento social y político por la paz, pasa por una acción más coordinada y unitaria en todos los niveles nacional y territorial y por un proceso de debate y formación sobre la democracia que debemos construir, las formas de participación de la gente común en la lucha y la construcción de la paz.