La satanización de las organizaciones sociales y de la protesta social
- Opinión
¿Seguirán siendo política de Estado? o ¿Serán palabras sueltas de un ministro bravucón?
Durante el Congreso de Confecámaras, en Cartagena, el ministro de Defensa Guillermo Botero realizó graves declaraciones contra la protesta social al decir: “que los grupos armados organizados -como disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, Pelusos y Puntilleros- son responsables de financiar la protesta social”.
“Con los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social”, declaró Botero, quien agregó: “Cada vez que ustedes ven que cierran la panamericana, detrás de eso siempre hay mafias organizadas”.
De igual manera, señaló que las “mafias han sido las que han creado la mala fama del glifosato”.
Cuando un funcionario de tan alto nivel y con tanta responsabilidad no solamente sobre las fuerzas armadas sino sobre millones de personas bien ancladas en los poderes nacionales y territoriales que copian sus declaraciones como órdenes de ataque, lanza tan graves acusaciones, las preguntas que nos hacemos muchos demócratas con el sueño de que las instituciones y sus funcionarios actúen en el marco del Estado de Derecho que implica el respeto por la diferencia son:
¿si el Señor Ministro Botero tiene idea de las implicaciones que tienen sus declaraciones para miles de organizaciones y dirigentes?
o si por el contrario, ¿tiene tan claro el tema que su objetivo es enfrentar la protesta y movilización social con las viejas políticas heredadas de la doctrina de seguridad nacional?
Lo más grave sería, si estas declaraciones correspondan a una bien diseñada estrategia en el marco de la política de seguridad nacional, una de cuyas líneas es la estigmatización, la satanización y la persecución contra la reclamación ciudadana, como tristemente sucedió durante muchos gobiernos anteriores, desde 1947, intensificada durante el Gobierno del Presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) con su Estatuto de Seguridad invocado para contrarrestar los diferentes movimientos rebeldes surgidos en la década anterior, cuando entonces se llevaron a cabo torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos, que provocaron el exilio de numerosos intelectuales, entre ellos el escritor Gabriel García Márquez. El caso más reciente, es el del presidente Álvaro Uribe Vélez quien dijo que los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos eran: “Hablantinosos”, “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos humanos”, “compinches de las guerrillas”, “áulicos”, “politiqueros” y hasta “chismosos”.
Al respecto dijo la agencia de prensa del IPC el 23 de octubre de 2009: “En discursos, declaraciones a la prensa nacional e internacional, intervenciones televisadas y en consejos comunales de gobierno, el presidente Uribe ha arremetido contra personas y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, así como en tareas de denuncia contra las acciones perpetradas por organismo de seguridad del Estado violatorias de derechos fundamentales de la ciudadanía.
El asunto no pasó desapercibido para Margaret Sekaggya, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. En la declaración entregada el pasado 18 de septiembre, cuando finalizó una visita al país, resaltó que “un motivo fundamental de la inseguridad de los defensores de derechos humanos radica en la estigmatización y el señalamiento sistemáticos de que son objeto por parte de funcionarios del Gobierno”.
Sekaggya refrendó ese cuestionamiento el pasado 21 de octubre durante una audiencia realizada ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, donde volvió a solicitarle al Gobierno colombiano que evite cualquier estigmatización contra los defensores de derechos humanos.
¿Pero ha sido tan directo el Presidente Uribe en sus ataques a los defensores de derechos humanos? Un rastreo de algunos de sus intervenciones entre los años 2003 y 2009 permite responder afirmativamente la pregunta y dada la frecuencia de sus afirmaciones, es posible advertir una peligrosa sistematicidad que no sólo generan inseguridad, sino que elevan los niveles de riesgo de aquellos activistas que desde diversos sectores sociales reivindican la defensa de derechos fundamentales.
El 8 de septiembre de 2003, pasado un año de su primero mandato y durante la posesión del general Edgar Alfonso Lesmes, como nuevo comandante de las Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el mandatario colombiano descalificó el trabajo de los defensores de derechos humanos.
“Son politiqueros al servicio del terrorismo – afirmó el Presidente –. Cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y la ciudadanía le ha quitado”.
Quienes hemos dedicado una vida a la lucha por un verdadero Estado democrático que garantice plenamente el conocimiento y ejercicio de derechos a sus ciudadanos, a sus organizaciones comunales y sociales y que por este hecho no seamos segregados, satanizados, perseguidos ni asesinados como tristemente sucede hoy en la mayor parte del territorio nacional, siendo este el problema político más grave en Colombia y ante el mundo; quienes seguimos en esta lucha venimos buscando caminos de interlocución con el nuevo Gobierno para construir colectivamente entre el Estado, las organizaciones, los medios de comunicación masiva y la sociedad estrategias estructurales de solución definitiva, convencidos que el problema es tan grave que nos compromete a todos sin distingos de militancias sociales, políticas, religiosas, raciales ni de otra índole.
Aún queremos creer que esta ruta es posible, sin embargo, otro hecho conocido el mismo 13 de septiembre, día de las declaraciones del señor ministro Botero ensombrece las esperanzas; en el Municipio de Acacias-Meta aparece un afiche impreso en membretes de la Policía Nacional, bajo el título “Plan de Choque 100 días, EL QUE LA HACE LA PAGA”, en el que se indica el “perfil criminal” de dirigentes comunales por lo que están siendo procesados por la Fiscalía General de la Nación en que se dice lo siguiente:
“Sandra Patricia Ruiz Riaño: “inicia su actuar delictivo como presidenta de la junta de acción comunal de la vereda del Centro del municipio de Acacías y de la corporación del área de influencia directa del municipio de Acacias (CJAID,…”.
“Persona que lidera manifestaciones, bloqueos en contra de la estatal petrolera ECOPETROL y sus diferentes empresas prestadoras de servicios en las diferentes locaciones, plantas y gerencia de Ecopetrol S.A, en el departamento del Meta, generando mitin con los empleados para detener el desarrollo de la operación y de esta manera afectar la economía del País…”
Otros nombres son:
Flaminio Mendoza Bojacá, líder comunal según el afiche.
Gustavo Correa Neira, líder comunal, según el afiche.
José Fernando Barbosa, Líder comunal, según el afiche.
Denis Sánchez Sánchez, líder comunal, según el afiche.
Nidya Yaneth Muñoz, Líder comunal, según el afiche
Yéssica Liliana Hernandez Quevedo, Líder comunal, según el afiche.
Dentro de los procesados por defender el ambiente, oponerse al fracking, exigir responsabilidad ambiental a las petroleras también está Edgar Cruz, presidente de Corpohumadea y Consejero Departamental de Planeación por el sector ambientalista.
Sabemos muy bien que la judicialización en el departamento del Meta contra dirigentes comunales y ambientalistas hace parte de la “Estrategia Territorial por el Desarrollo de los Hidrocarburos”, encabezada por la estatal ECOPETROL y uno de cuyos objetivos es ahogar la protesta social por lo que el listado de dirigentes judicializados en la región supera a los veinte.
Esta estrategia, desde el Gobierno anterior, ha sido acompañada por el Ministerio del Interior, quisiéramos conocer la percepción del nuevo Gobierno, a la vez que saber cuál ha sido el papel del PNUD en el diseño e implementación de esta estrategia.
Siempre hemos dicho que en los asesinatos contra dirigentes comunales y sociales, la estigmatización sistemática desde diferentes instancias de poder, entre ellas del Estado es el factor de mayor peso, pues con este tipo de declaraciones y actuaciones, muchos poderes hegemónicos locales y bandas sicariales se amparan para atacar todo ejercicio de derechos, de reclamación o protesta.
Por eso hemos requerido del Gobierno Nacional y de los organismos de control e instancias de derechos humanos del Estado:
Su pronunciamiento público frente a los hechos.
Su reivindicación del derecho ciudadano y de nuestras organizaciones y dignatarios al ejercicio de derechos y a la protesta.
Su seguimiento y acompañamiento a los dirigentes comunales y sociales judiciales en el departamento del Meta por defender el ambiente, oponerse al fracking y en general ejercer derechos para que se les garanticen plenamente sus derechos y su vida.
Desarrollar acciones disciplinarias a las instituciones que estigmatización a nuestras organizaciones y dignatarios, entre ellas por las declaraciones de octubre pasado del señor Rodrigo Lara.
Campañas regulares apoyadas desde el Gobierno valorando y dignificando la calidad de dirigente comunal, dirigente social y de defensor de derechos.
Aún quisiéremos creer que el presidente Iván Duque no comparte este tipo de declaraciones ni de estrategias oscuras contra los dirigentes comunales, sociales y la democracia y aunque ya ha indicado desacuerdos con lo dicho por el señor ministro de Defensa, si requerimos compromisos más estructurales. Que el Dios de cada quien nos oiga porque no quisiéremos volver a épocas tan trágicas y oscuras como las recordadas. La razón, las ideas y el ejercicio de derechos, la historia son nuestras únicas armas, las suficientes como para que se impongan por sí mismas.
Guillermo A. Cardona Moreno
Dirigente Comunal
Presidente Observatorio Nacional Comunal
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