Guatemala, 24 agosto 2018. El tema recurrente de abusos, agresiones sexuales y consecuentes embarazos de niñas y adolescentes, es cada vez más grave. Según el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) en Guatemala de enero a julio 2018, se registran 61 mil 649 embarazos en menores con edades de 10 a 19 años. Ese total, significa un incremento de 5 mil casos más, comparado con el mismo periodo del año pasado. Los departamentos de Guatemala, Huehuetenango y Alta Verapaz, registran los datos más elevados de embarazos en niñas y adolescentes.

De esta sumatoria, 59 mil 584 embarazos corresponden a adolescentes entre 15 y 19 años y 2 mil 102, de niñas entre 10 y 14 años, estos últimos, de conformidad con la ley penal son considerados delito de violación con agravación de la pena, debido a la escasa edad de las agraviadas.

Expertos en el tema afirman que en Guatemala, los elevados índices de pobreza, limitaciones de acceso a la educación, prácticas culturales, el papel social asignado a las mujeres, el carácter patriarcal y machista de la sociedad, son algunas de las causas de esta problemática.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia es: “…el período de vida de una persona que tiene entre 10 y 19 años. Sin embargo, esta queda interrumpida cuando una joven queda embarazada. Es tan común este problema que si hablamos de estadísticas: 1 de cada 5 mujeres en el mundo queda embarazada antes de tener 18 años y cada año existen 16 millones de nacimientos de madres adolescentes. En regiones donde la pobreza abunda, la estadística es más alarmante pues 1 de cada 3 mujeres se convierte en una madre adolescente.”

Ante esta problemática el Estado parece inerte, según Mirna Montenegro, Directora del OSAR, la respuesta del Estado es menor a la magnitud del problema; se identifican los casos, hay denuncias y todo parece que se enfoca en la persecución penal, pero reclama que a las niñas víctimas se les debe en cuanto a la restitución de sus derechos.

No cabe duda que la magnitud social del problema tiene sus efectos, sobretodo porque el Estado guatemalteco carece de políticas públicas y leyes orientadas a prevenir, perseguir, enjuiciar, condenar y erradicar los abusos y violaciones sexuales a niñas y adolescentes, por ello, es pertinente avanzar en la discusión y aprobación de la iniciativa de ley 5376, denominada, “Ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas” presentada por diputados de la bancada de Convergencia CPO-CRD, Sandra Nineth Morán Reyes y Erwin Enrique Álvarez Domínguez, misma que fue conocida por el pleno del Congreso Nacional el 15 febrero 2018.

Por cierto, esta iniciativa de ley adversada por las élites y sectores ultra conservadores ya empezó a cortar cabezas, es la deducción que se desprende luego de la orden del presidente Jimmy Morales de destituir a la Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM), la socióloga Leticia Aguilar, precisamente porque ella se pronunció a favor de la citada iniciativa 5376.

Frente a esto no se puede dejar de considerar que los aspectos mencionados, plantean la necesidad de ponerle mayor atención al problema, lo que implica aprobar leyes como la mencionada iniciativa de ley, de elevar la calidad de la educación, de facilitar acceso a información, de enseñar a niñas y adolescentes que lo relacionado con la salud sexual y reproductiva es un derecho que el Estado debe promover y proteger, en tal sentido, el país y la sociedad deben avanzar, no retroceder.

Factor Méndez Doninelli

Maestro e investigador.

Consultor en Derechos Humanos y métodos alternativos de resolución de conflictos.