AMLO: La disyuntiva

03/07/2018
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AMLO  ganó las elecciones en México con algo más del 53% de los votos. Pero casi ningún medio informa es que un 38% del electorado  se abstuvo de votar. Lo que reduce el capital electoral real de AMLO  al 33%.

 

En cambio, la mayoría de los medios coinciden en destacar la ambigüedad del discurso del futuro presidente con una tendencia claramente centrista y su alianza con grupos y personas de orientación conservadora.

 

No obstante, el triunfo de AMLO  es un acontecimiento importante para México, pues puede abrir una pequeña brecha estimulando tentativas  para  comenzar a cambiar la situación extremadamente penosa, agravada en los últimos tiempos, que sufren las clases populares mexicanas.
 
A principios de 2015 escribí una nota titulada Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, que puede encontrarse en https://www.alainet.org/es/active/79762  y en otros sitios.


Fue el resultado de mis intercambios con sindicalistas, campesinos, familiares de desaparecidos/asesinados, profesionales, trabajadores/as de las maquiladoras, activistas, etc y de la documentación que pude recoger  durante mi estadía en México DF y Ciudad Juárez como participante en una de las sesiones del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos.


En la nota decía : Se estima en 80.000 el número de asesinados y desparecidos en México en el último decenio.Una buena parte de las víctimas son mujeres, mayoritariamente jóvenes, o emigrantes centroamericanos en tránsito por México con la esperanza de entrar a los Estados Unidos, indígenas, trabajadores y también gente de clase media, estudiantes, periodistas, profesionales, etc. Entre las mujeres se cuentan muchas víctimas de agresiones sexuales que terminan en homicidio y entre los victimarios están los traficantes de drogas, miembros de las fuerzas armadas y policiales y también en algunos casos las parejas de las víctimas. Dentro de esta criminalidad cotidiana ejecutada, promovida, fomentada o tolerada por el Estado, en materia de represión estatal y paramilitar contra estudiantes, indígenas, campesinos - hombres, mujeres y niños- en la memoria de los mexicanos han quedado grabados, entre otros, cuatro nombres y cuatro fechas: Tlatelolco 1968, Aguas Blancas 1995, Acteal 1997 y Atenco 2006. Este aspecto tan brutal y dramático, y por ello más visible de la realidad mexicana, es parte y resultante de una serie de factores sinérgicos que componen un cuadro de descomposición de las instituciones y de la sociedad mexicanas.
 
Seguía diciendo :


Por ejemplo en Ciudad Juárez (los asesinados por año se cuentan por miles), fronteriza con la ciudad de El Paso de los Estados Unidos, muchas mujeres trabajan en las “maquiladoras” en condiciones laborales penosas (salarios ínfimos y horarios prolongados) con el agravante de la inseguridad: viajan al trabajo de madrugada, en parte en ómnibus y en parte a pie, caminando en zonas prácticamente desérticas cuando todavía no hay luz de día y vuelven a sus domicilios ya de noche en las mismas condiciones. Algunas de ellas son atacadas y desaparecen. A veces se encuentran sus cadáveres y a veces no.
 
La “permeabilidad” fronteriza, que proporcionó trabajo a numerosos mexicanas/os pero en condiciones laborales miserables, aumentó de manera considerable con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, NAFTA en inglés) , entre Estados Unidos, Canadá y México, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. La subordinación de México a su vecino del Norte resultante del TLCAN se completó en 2005 con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN).
 
Y simultáneamente con esta permeabilidad aumentó en proporciones enormes el tráfico de drogas desde México hacia los Estados Unidos, lo que dio lugar a la formación de poderosas mafias de narcotraficantes que se disputan de manera violenta y sanguinaria el control del negocio, lo que explica, en parte, las matanzas cotidianas. A ello se suma que dichas bandas proponen a los centroamericanos que transitan por México teniendo por objetivo los Estados Unidos que transporten drogas a dicho país. Es decir que trabajen para ellos como “mulas”. Y si éstos se niegan los asesinan. Lo que explica el frecuente hallazgo de grupos de cadáveres mutilados e inidentificables.
Lo mismo suele ocurrir con mujeres mexicanas cuando se niegan a trabajar como “mulas” para los narcotraficantes.


 “Fast and fourious” (rápido y furioso) no es sólo un film sino es también el nombre de uno de los programas con que los Estados Unidos, a través de funcionarios de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives -ATF), ha contribuido a la “lucha” contra el tráfico de drogas en México, como parte de la “Iniciativa Mérida”. Ha consistido en permitir e incluso alentar el tráfico ilegal de gran cantidad de armas de todo tipo de Estados Unidos a México destinadas a los narcotraficantes. La explicación de este procedimiento, por lo menos original, supuestamente destinado a combatir a los narcotraficantes, fue que siguiendo la pista de las armas se localizaría a los narcotraficantes. El resultado fue que se “perdió” la pista de la gran mayoría de las armas, las que quedaron en manos de los mafiosos.


… el tráfico de drogas es una de las principales fuentes de beneficios de una pirámide que tiene su base en el pequeño “dealer” de barrio y las bandas locales y su cúspide en el gran capital transnacional.


 …Las cosas han evolucionado de manera tal que se puede decir que México –que es un Estado de larga tradición semicorporativa - está dirigido por una tríada interconectada por numerosos vasos comunicantes, formada por funcionarios gubernamentales, administrativos, judiciales y de las fuerzas armadas de todos los niveles, incluidos los más altos, totalmente corrompidos, por las mafias de los narcotraficantes y por la oligarquía local subordinada al capital transnacional. Esto, naturalmente, tiene graves consecuencias para el conjunto de la sociedad mexicana y sus instituciones.


Las modalidades de un Estado corporativo se reflejan claramente en México en materia de derechos sindicales de asociación y de negociación colectiva de los trabajadores.


La autoridad laboral, ejercida por la Secretaría de Trabajo a nivel nacional y a nivel local por Juntas locales, restringe los derechos de asociación, de acceso a la justicia y de debido proceso al imponer requisitos al margen de la ley, al intervenir en los programas de trabajo y las acciones de las organizaciones, al exigir la modificación de sus normas internas para la elección de sus dirigentes y para el reconocimiento de su personalidad jurídica, viéndose con ello seriamente afectado el principio según el cual las organizaciones sindicales pueden existir a partir de la voluntad de quienes las constituyen. Con ello provoca la desarticulación sistemática de organizaciones sindicales que no se someten al poder, lo que se lleva a la práctica mediante los sistemas de registros, de tomas de nota y de radio de acción, mencionados en la ley pero sin especificación alguna.


 El “registro sindical” que es una especie de autorización para la existencia legal de un sindicato, es negado sistemáticamente a organizaciones independientes con argumentos tales como errores de redacción en su documentación de solicitud del registro.


La “toma de nota”, que es un documento que otorga personalidad jurídica y reconoce a los representantes sindicales, es negada con argumentos similares a los del registro sindical, aun cuando la organización ya esté registrada. Esto implica que la organización cae en una total indefensión jurídica, tal como ocurrió con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) o el sindicato minero, de modo que con esta maniobra la autoridad se adjudica la capacidad de reconocer o desconocer a las dirigencias sindicales, sin importar que hayan sido elegidos por los miembros de dichas organizaciones.


El Secretario de Trabajo otorga registros sindicales a personas de su confianza y propicia la firma de Contratos Colectivos de Trabajo, conocidos como “Contratos Colectivos de Protección Patronal”, que ponen en relación a las empresas multinacionales que llegan al país con los titulares de dichos registros, que son verdaderos sindicatos-fantasma.


El 90% de los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) registrados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son Contratos de Protección Patronal; es decir son una simulación, pues están firmados y gestionados por un supuesto “líder sindical” al margen de los trabajadores quienes, la mayoría de las veces, ignoran que están encuadrados por un CCT y ni siquiera saben que están afiliados a un sindicato. Estos “contratos de protección patronal” permiten una mayor flexibilidad laboral pues sólo incluyen las condiciones mínimas previstas en la ley, y no necesariamente se cumplen en la práctica. Aseguran un control absoluto sobre los trabajadores por parte de la patronal a costa de la libertad sindical y los derechos de los trabajadores.


Estos sindicatos corporativos y de protección patronal no abarcan todos los sectores de la industria y los servicios, pues en algunos de ellos subsisten sindicatos independientes. Y es así que el Estado se ha dado a la tarea de atacar al sindicalismo independiente desde varios frentes. El más utilizado y que mejores frutos rinde es el ataque por medio de las instituciones encargadas de la justicia laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Juntas Local y Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyas prácticas se encaminan a negar la existencia de nuevas organizaciones independientes, a entorpecer la existencia de las ya establecidas y a actuar para desaparecer a las consolidadas, principalmente en sectores estratégicos de la economía nacional.


Con estas “herramientas” el sistema desarticula organizaciones que además de no estar inmersas en el sistema de control corporativo, implican un serio obstáculo para privatizar industrias estratégicas, como ocurre con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 


Además, una de las más viejas prácticas y de las más utilizadas para someter a los trabajadores es el uso de bandas de personas dedicadas a atentar contra la integridad física de los trabajadores. Estas bandas de “golpeadores” operan cotidianamente en las Juntas de Conciliación en contubernio con funcionarios, con abogados, con patrones, con sindicatos y con fuerzas de seguridad.


Los sindicatos corporativos, los contratos de protección patronal, la precarización, los bajos salarios, el desempleo, la represión a los trabajadores y a los sindicatos independientes, son la alfombra roja tendida por el Gobierno mexicano a la invasión del capital transnacional, con su secuela de privatizaciones de industrias y servicios fundamentales para la economía mexicana.


…El 10 de octubre de 2009, para “matar dos pájaros de un tiro”, iniciar un proceso de privatización de la energía eléctrica y golpear duramente al Sindicato Mexicano de Electricistas, Felipe Calderón, entonces presidente de México, hizo ocupar con la policía y el ejército la empresa pública Luz y Fuerza del Centro –que provee de electricidad al Distrito Federal y regiones vecinas- y horas después decretó la extinción de la misma, el traspaso de su gestión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el despido de 44000 trabajadores. El despido a quienes estaban trabajando en la empresa en el momento de la ocupación militar –policial les fue notificado de una manera muy singular: amenazándolos con sus armas, la tropa los intimó a abandonar el puesto inmediatamente. Aunque después muchos de ellos fueron obligados a seguir trabajando para asegurar el servicio eléctrico.
La explicación gubernamental para decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro fue la habitual en estos casos: la creciente ineficiencia de la empresa, ocultando el hecho de la falta de inversiones estatales destinadas a modernizar las instalaciones. Lo que no pudo justificar de ninguna manera el Gobierno fue el despido de 44000 trabajadores, amparados por el derecho a continuar trabajando bajo el nuevo patrón. Tal derecho les fue reconocido por el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia del Trabajo, fallo que fue revocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. a petición del Poder Ejecutivo, en enero de 2013.


Con las reformas constitucionales y legislativas de 2013 y 2014 efectuadas bajo el actual gobierno de Peña Nieto, se ha emprendido, en efecto, la privatización de los principales recursos naturales mexicanos.


En “Sembrando viento”, una publicación del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (http://www.biodiversidadla.org/Portada_Principal/Recomendamos/Sembrando_...) puede leerse:


 “El Estado mexicano, habiendo emprendido hace años las reformas estructurales que los tratados de libre comercio hicieron inamovibles y cada vez más coercitivas, ha decidi­do impulsar unas reformas energéticas que entregarán al capital extranjero riquezas naturales (gas, petróleo, electricidad, agua y minería), y la infraestructura correspon­diente para extraerlas. Según datos del investigador Juan Danell estas riquezas representan más del 50% del producto interno bruto (PIB).El paquete de reformas constitucionales, leyes y reglamentaciones que abrirán el sector a la ini­ciativa privada, a la inversión extranjera directa, no sólo rompen la supuesta “custodia estatal” de los bienes de la Nación (aunque en varios apartados de los artículos se insista en que no es así, y que el Estado mantendrá la supervisión y el cuidado central sobre los recursos naturales, que ha tenido desde 1917). De hecho estas reformas rompen con el concepto mismo de “propiedad ori­ginaria de la nación” —que fue una innovación del constitucionalismo mexicano y que aun hoy es una pieza clave en la defensa de los derechos territoriales de pueblos y comunidades”.


En la misma publicación se describe cómo desde la contrarreforma agraria de 1992 se está destruyendo la principal conquista de la Revolución Mexicana de 1910 que distribuyó la tierra a millones de campesinos bajo la forma de ejidos y comunidades agrarias.
 
Una correcta síntesis de la situación mexicana actual puede encontrarse en :


Carlos Fazio,  AMLO y el poder real, La Jornada, México, 2 de Julio de 2018:

http://www.jornada.com.mx/2018/07/02/opinion/027a1pol
 
Y mucha información pertinente  en:


BBC Mundo Noticias. 3/7/18

 

Las 3 bombas de tiempo que López Obrador hereda como sucesor de Enrique Peña Nieto en México


http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42334420


Hoy formulo una pregunta (retórica porque la respuesta es obvia) : ¿El gobierno de AMLO podrá cambiar algo sin la participación y el protagonismo conciente, activo y organizado de las clases populares mexicanas y convencidas de la necesidad de cambios radicales económicos, sociales e institucionales?
 
Si ello no ocurre (lo que no avanza decididamente se estanca y retrocede) al futuro Gobierno de AMLO le aguarda  el triste destino de otros Gobiernos «progresistas». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alainet.org/es/articulo/193866
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