Fraude: nodus político del establishment en México
- Opinión
Una densa acumulación histórica de fardos económico-político-sociales ha tomado sentido de impugnación social y rechazo colectivo al orden económico-político imperante, es decir, al legado oligárquico neoliberal. De un modo diáfano, esto se ha puesto de manifiesto en la presente competencia electoral.
La gran mayoría de encuestas colocan al candidato de centro-izquierda, Andrés Manuel López Obrador, por arriba de 20 puntos en la intención de voto (equivalente a más de 10 millones de sufragios) frente a los competidores situados en segundo y tercer lugar.
Dos genuinos candidatos presidenciales del bloque neoliberal-financierista, que de un modo atípico, no han logrado unirse[1] para defender los intereses del bloque en el poder prevaleciente. Se yergue entonces un profundo cuestionamiento popular (hasta ahora en su expresión electoral) tanto a la forma excluyente de reproducción económica diseñada por los grandes capitales (nacionales-trasnacionales), como a su inescindible forma de régimen político caracterizada por una permanente crisis de representación y de legitimidad que expresa el estado de descomposición del aparato de Estado y de su cuerpo institucional.
A tres días de la elección presidencial del 1º de julio, en cualquier país medianamente democrático, estas cifras serían traducibles en un irrefutable triunfo anunciado. No obstante, en México no es así. En la historia política de este país, el Fraude, nodus perdurable del establishment, es una instancia central del poder político y del aparato de Estado, que hace añicos cualquier narrativa sobre la “transición democrática” y bien puede desafiar a las encuestas más sofisticadas del mundo. Nos referimos al Fraude en su enorme confluencia polisémica de multivariadas acciones, ejercicios y prácticas, que transgreden el cuerpo jurídico, escrito y sistemático correspondiente a las reglas de la democracia electoral definidas dentro del propio ciclo político neoliberal.
En el último día de la campaña (27 de junio), la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza informó que, de acuerdo con sus pesquisas, “30 millones de mexicanos recibieron alguna oferta por parte de partidos políticos para la compra de su voto durante este proceso electoral”,[2] ello de un total de 89 millones de electores registrados en el padrón electoral en 2018, es decir casi el 34% del padrón. Como puede observarse tan sólo con este indicador, la interrogante no puede girar en torno a si habrá o no Fraude.
En realidad, la interrogante reside si la gran confluencia de prácticas que conforman al Fraude Electoral logrará ser suficiente para imponerse sobre el candidato de la “justicia y el bienestar social”, atropellando con ello a los más de 25 millones de electores (más de 50 puntos en la intención de voto) que la mayoría de las encuestas han registrado como “inamovibles”, por lo menos en los últimos dos meses de la campaña electoral.
La “compra del voto”, es tan sólo uno de los principales recursos de la defraudación del demos en el marco de las normas de competencia de la “democracia electoral”[3]. El control de las casillas electorales, la anulación corruptora de los representantes de casilla, el robo masivo de urnas y papeletas electorales, el clientelismo político, la intimidación, la difusión premeditada del “miedo” y el apoderamiento de credenciales de elector previas y durante la jornada electoral, son componentes medulares de la frustración ilícita de esta forma de expresión de la voluntad popular. De igual modo lo son las reiteradas violaciones de muy diversa índole a la legalidad electoral a la que a partir del “debilitamiento institucional” de las instancias electorales (INE, TEPJF, FEPADE), éstas han venido siendo omisas durante el curso de la presente campaña electoral.
Dentro de este cuadro corruptor del aparato electoral, liderado de modo indiscutible por la maquinaria del PRI-gobierno y su ejército de más de 600 mil operadores (defraudadores) electorales, hay que sumar el recurrente ejercicio de grandes empresarios y poderosas asociaciones patronales, que apoyándose en el derecho a la “libre expresión” propagan a los trabajadores de sus empresas discursos manipulatorios para favorecer a sus propios candidatos[4], al tiempo que retrotraen su retórica vacía de las “ciudadanías libres” a una servidumbre política antediluviana contribuyendo al de por sí desgarrado mito de la “igualdad política” o “igualdad electoral”. Y en este sentido hay que agregar el control -muchas veces decisivo- de la maquinaria electoral que ejercen los gobernadores de los estados de la república.
Otra serie de agravios lesivos a las condiciones de la contienda son los “chantajes catastrofistas”, esto es, las amenazas de crisis y “depresión” económica si se sufraga a favor de AMLO, difundidas por empresarios y por los candidatos del PRIAN, quienes como el candidato del gobierno en turno y del lobby financiero (J. A. Meade) adujo desesperadamente en su cierre de campaña: la historia “va a juzgar” a quien vote por AMLO.
También, dentro de este cuadro se insertan las vulgares tareas de tres de los principales ideólogos del bloque neoliberal en México: E. Krauze, G. Zaid y R. Bartra, quienes impotentes de “reconstruir” el estado terminal de su “modelo de desarrollo” económico y político, se han circunscrito de modo casi exclusivo al denuesto del candidato de centro-izquierda con gran indiferencia del estado de catástrofe social en el país, corolario de décadas del modelo oligárquico neoliberal que los ha encumbrado. El caso del otorgamiento del sufragio de Zaid, “al que llegue en segundo lugar” sin importar quién fuese, es síntoma de una significativa derrota argumentativa del paradigma –mejor dicho paradogma– neoliberal.[5] Frente al palmario agotamiento argumental, puede decirse que en México la historia alcanzó a los neoliberales, y esta vez de un modo desbordante. De ahí que el espectro secular del Fraude Electoral reasume cuerpo sólido y energía dineraria.
La violencia social, uno de los principales rasgos no sólo de la actual contienda electoral (caracterizado por el mismo Tribunal Electoral[6]) sino del estado de crisis social en general, se afirma entre otras cosas como un nocivo proceso de despolitización social. El incremento de la criminalización real del aparato estatal en sus distintos niveles institucionales (federal, estatal, municipal) –conformado por una colusión de funcionarios públicos, “crimen organizado” y la creciente participación de grandes propietarios agrarios, mineros, industriales, comerciales– precipitan a vastas regiones y estados del territorio nacional a vivir en condiciones de guerra civil. En estas condiciones, es común tanto el rechazo social a cualquier participación de carácter político organizativo, incluido el sufragio, como a su vez, la auto-organización de pueblos y comunidades en las antípodas de las normas institucionales. De modo sistemático, los distintos órganos estatales en sus distintos niveles y grados de criminalización, administran a su favor el ejercicio de la violencia, esparciendo el miedo y el terror para inhibir y manipular la participación social en las distintas formas de expresión política, las cuales cobran relevancia en grandes regiones del país.
En este sentido, la desmedida proliferación de amalgamas y contubernios entre los actores señalados y las violentas condiciones de protección e imposición de sus intereses, las cuales –dicho sea de paso– están en la raíz de la crisis humanitaria en “Ayotzinapa” y que se han elevado a niveles inéditos en este periodo electoral (de acuerdo con la ONU[7]), siembran lo que puede presentarse como una generalización de esta misma crisis humanitaria si el gobierno entrante no da solución de modo estructural a lo que el presidente Enrique Peña Nieto (y grupos empresariales que lo respaldaron[8]) hereda como un fracaso nacional de su “estrategia de seguridad” y su llamada “vigencia plena del Estado de Derecho”.
El control de la participación política, mediante la gestión estatal de la violencia y el “combate” al “crimen organizado”, adquiere así un significado inequitativo que socava todo principio y garantía de la competencia electoral, deteriora los derechos políticos y niega a todas luces cualquier fundamento democrático.
En síntesis, un acumulado histórico de relaciones de explotación, despojo, dominio y violencia se ha cristalizado en una forma de movilización y participación social anti-neoliberal, actualmente personificada en la intensión mayoritaria del voto por el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”. Grosso modo, los elementos de esta acumulación histórica están conformados por un orden económico y político de estructuración oligárquica, una exclusión social trans-sexenal producto del neoliberalismo, un empobrecimiento general de la sociedad, un violento despojo privatizador de las riquezas nacionales, procesos de descomposición y violencia social, y una centralización del poder político unida al propio nodus del Fraude Electoral.
A tres días de la elección presidencial y legislativa, en sus distintos niveles, el dilema en cuestión es si podrá prevalecer este acumulado histórico por la vía de su propio nodus político o si asistiremos a una inédita victoria de la voluntad popular como resultado desafiante a este mismo proceso de acumulación histórica.
Notas
[1] Sobre esto, ver, “La encrucijada de los neoliberales: Entre el split "catastrófico" y el pacto oligárquico en México”, en: https://www.lahaine.org/la-encrucijada-de-los-neoliberales.
[2] “30 millones de mexicanos han recibido ofertas por su voto: ONG”, EL FINANCIERO, 27/06/2018, http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/30-millones-de-mexicanos-han-recibido-ofertas-por-su-voto-ong.
[3] “Peña impulsa una elaborada estrategia electoral basada en la compra masiva de votos, alertan activistas”, Revista Proceso (en línea), 23/05/2018, https://www.proceso.com.mx/535546/pena-impulsa-una-elaborada-estrategia-electoral-basada-en-la-compra-masiva-de-votos-alertan-activistas
[4] “Grupo México llama a empleados a votar contra el populismo”, El Sol de México, 29/05/2018, https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/grupo-mexico-llama-a-empleados-a-votar-contra-el-populismo-1722998.html; “‘Adoctrinan’ a trabajadores a la fuerza para ‘orientar’ su voto”, Diario AM, León, Guanajuato, 25/06/2018, https://www.am.com.mx/2018/06/25/leon/local/adoctrinan-a-trabajadores-a-la-fuerza-para-orientar-su-voto-486511
[5] “La caballada está flaca, y el desenlace peor sería tener un presidente hospitalizado por un segundo infarto, mientras los personajes que lo rodean se disputan el poder. Votaré por el que llegue en segundo lugar en las encuestas, aunque sea Anaya.” G. Zaid, Reforma, 27/05/2018.
[6] “La violencia es el sello de la elección: TEPJF; llama a reforzar seguridad”, EXCELSIOR, 22/06/2018,https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-violencia-es-el-sello-de-la-eleccion-tepjf-llama-a-reforzar-seguridad/1247270.
[7] “Nunca vista, violencia política en el país: ONU”, La Jornada, 26/06/2018, http://www.jornada.com.mx/2018/06/27/politica/011n1pol.
[8] Véase el aval del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de otras grandes patronales en el “Pacto para el Fortalecimiento del Estado Mexicano, 29/10/2014, http://www.cce.org.mx/pacto-para-el-fortalecimiento-del-estado-mexicano/
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