Los desastres nada tienen de naturales

En nuestro país, los desastres sociales provocados por fenómenos naturales, son consecuencia de la exclusión social. Son desastres que el Estado no sabe, no puede o no quiere enfrentar.

08/06/2018
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Fotografía difundida por la municipalidad de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.

 

En Guatemala sucede una tragedia tras otra. Pareciera como si este país estuviera condenado a pasar cada tanto tiempo por una situación en la que el resultado, irremediablemente, es la muerte de personas que, no importa el lugar donde ocurra, tienen en común el hecho de vivir en condiciones de pobreza o extrema pobreza, para utilizar estas categorías que los “teóricos” del “desarrollo” usan para referirse a un amplísimo segmento de la clase social cuya única posesión es su fuerza de trabajo para ser explotada por la otra, la que concentra la riqueza y el capital.

 

Ya sea porque fueron desalojados violentamente, con armas de fuego, gases lacrimógenos y quemadas sus viviendas y cultivos por fuerzas policiales, del ejército y “guardias blancas” (grupos armados) al servicio de grandes terratenientes y corporaciones que acaparan grandes cantidades de tierras para monocultivos, tal como suele ocurrir con frecuencia; o bien porque son reprimidos grupos de población y comunidades que se manifiestan exigiendo sus derechos; o por los efectos de fenómenos naturales ante los cuales, pudiendo preverse y tomar medidas preventivas, la institucionalidad del Estado que camina a paso de tortuga y hasta con indiferencia no mueve ni un solo dedo sino hasta cuando ya es demasiado tarde. Por lo que sea, lo cierto es que es el resultado de un modelo económico de acumulación desmedida de riqueza, de capital, y de irradiación de pobreza como nunca antes.

 

Si se hace un breve y superficial repaso de los “desastres naturales” solamente de las últimas dos décadas, desde el huracán Mitch en los primeros días de noviembre de 1998 hasta lo ocurrido entre el sábado y domingo últimos, no sorprende para nada encontrar que los afectados siempre, con muertos, heridos y pérdida de sus pocas pertenencias, es la población que carece absolutamente de todo porque ha sido “vulnerabilizada” por este sistema excluyente, criminal e inhumano.

 

Los desastres no tienen nada de naturales; no son provocados por la naturaleza. Lo que hay son fenómenos naturales que tienen efectos sociales desastrosos simple y sencillamente porque la mayoría de la población, especialmente la de las áreas rurales, carece de lo más mínimo indispensable para vivir; vive en condiciones de miseria y riesgo permanente. Tenemos un sistema económico excluyente, sobre explotador y desigual en la distribución de la riqueza, que ha “diversificado” los mecanismos de acumulación de capital: sobre explotación de la fuerza de trabajo, despojo y mercantilización de los bienes comunes y públicos.

 

Es un capitalismo atrasado y dependiente que privilegia la producción de materias primas para la exportación, principalmente monocultivos como la caña de azúcar, palma aceitera y café, extendiendo ampliamente las áreas de estos cultivos mediante la reconcentración de tierras, con serios efectos para la seguridad alimentaria de la mayoría de la población; empeñado en las últimas dos décadas en expandir las actividades extractivas como la minería, abriendo de par en par las puertas para que el capital transnacional se apropie de los bienes comunes despojando a las comunidades.

 

Tenemos un Estado construido para defender, a punta de bala si es necesario (como lo demuestran el genocidio y todos los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra interna) los intereses de una clase social, la burguesía nacional y todas sus expresiones, que acumula más riqueza y capital como producto del sistema económico impuesto, así como los intereses de la burguesía transnacional. Por eso no deja de ser jocoso cuando se dice que el Estado está para procurar el bien común, según reza el artículo 1 de la Constitución, y que, por lo tanto, debe velar por los intereses y atender y satisfacer las necesidades de toda la población. Mentira. El Estado está para garantizar los negocios y la ganancia (plusvalía) de la burguesía, para facilitar la acumulación de capital; porque es su Estado; es un Estado burgués.

 

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El mismo día del desastre, la CONRED afirmó que no era necesario realizar evacuaciones de personas.

 

Unas cifras bastan: a) del 2006 al 2014 la pobreza pasó de afectar al 51% de la población al 59,3%, y la extrema pobreza aumentó del 15,20% al 23,4%; esos mismos años en el área rural la pobreza afectaba al 70,5% y 76,1%, respectivamente. b) En cuanto a ingresos, una quinta parte de la población empleada tiene ingresos promedio de alrededor de Q350 mensuales y otra quinta parte ingresa Q875 al mes, es decir, no les alcanza ni para comer. ¡Y recordemos que alrededor del 41% de la población en edad de trabajar, no está empleada! c) La concentración de la tierra es una de las más altas a nivel mundial: un coeficiente de GINI de 0.84; el 86,5% de productores agrícolas (micro y pequeños) poseen solamente el 16,26% de la tierra cultivable, mientras que el 1,86% de productores (comerciales y exportadores) poseen el 57% de tierra apta para cultivos.

 

Como afirmo en un trabajo anterior (Villatoro, 2015, p. 65): ello “Es un problema que tiene causas estructurales que derivan de un modelo de producción y de distribución de la riqueza: el capitalismo, cuya fase neoliberal se viene implementando en Guatemala desde hace unas tres décadas, particularmente agresiva a partir del gobierno de Arzú (…)”.

 

Todo esto es lo que encontramos en el fondo de los desastres sociales, como el ocurrido a raíz de la erupción del volcán de Fuego el sábado y domingo anteriores. Hay un trasfondo de exclusión y profundas desigualdades que hacen que la inmensa mayoría de la población se encuentre permanentemente en riesgo de sufrir graves daños por fenómenos naturales. En Cuba, por poner un ejemplo, donde el Estado está al servicio de la población, fenómenos naturales mucho más fuertes no provocan los daños humanos que vemos en Guatemala. Porque allí para el Estado la gente está antes que todo; la población no está “vulnerabilizada”.

 

En nuestro país, los desastres sociales provocados por fenómenos naturales, son consecuencia de la exclusión social. Son desastres que el Estado no sabe, no puede o no quiere enfrentar. A duras penas hace algo frente a la emergencia, pero pasada esta, la gente vuelve a las mismas condiciones que tenía, o incluso peores. Siendo el Estado incapaz de hacer frente a situaciones complejas como la de ahora, se hacen llamados desesperados a la solidaridad de la población. El pueblo guatemalteco es solidario, históricamente se ha visto cómo las personas que menos recursos tienen son las primeras en acudir en auxilio de quienes lo necesitan. En esta ocasión, ancianos y niños donando lo poco que tienen; mientras grandes empresas se aprovechan: instalan centros de acopio, y se hacen propaganda entregando lo recolectado como donación propia, a la vez que se frotan las manos por los negocios que luego de la tragedia pueden hacer.

 

Es extraordinariamente buena la solidaridad del pueblo guatemalteco, pero atender a la población es una obligación del Estado, aunque sea un Estado creado para garantizar los derechos de la burguesía. Porque, después de todo, ¿quiénes son los que producen la riqueza en este país? ¿Quiénes hacen posible la acumulación de capital? Sí, es el trabajo de la gente, de hombres y mujeres que trabajan por míseros salarios. Sin el trabajo de ellos, la burguesía parasitaria no podría acumular riqueza ni capital. Pero el de Guatemala es un Estado con instituciones débiles y funcionarios incapaces y corruptos.

 

El desastre social recién ocurrido, es responsabilidad del Estado. Pero también hay responsabilidades de instituciones en particular y de personas en lo individual. Aun siendo evidente que la actividad del volcán iba en aumento, la CONRED afirmó que no era necesario evacuar a la población más cercana; aquí hay una indudable responsabilidad por negligencia y por omisión. También tiene harta responsabilidad el Ejecutivo por su inmovilidad e incapacidad. En cualquier otro país, los responsables ya hubieran renunciado o hubiesen sido destituidos.

 

Referencia

 

Villatoro R., Nery. (2015). “La pobreza, una pandemia social”. En Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, IPNUSAC. Revista Análisis de la Realidad Nacional, No. 87, 16 al 31 diciembre 2015, 58-66. Guatemala: IPNUSAC.

 

Nery R. Villatoro Robledo

Historiador, investigador social, analista político y columnista de prensa.

 

http://gazeta.gt/los-desastres-nada-tienen-de-naturales/

 

 

https://www.alainet.org/es/articulo/193390
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