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Los militares jugaron su carta: quieren a Lula en prisión

Análisis
05/04/2018
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Con una ajustada votación decidida en la madrugada del jueves por seis votos contra cinco, el Supremo Tribunal Federal brasileño, con el doble voto de su presidenta Carmen Lucía, rechazó el hábeas corpus solicitado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

 

Si bien el ataque armado contra la caravana de Lula la semana pasada en Paraná fue un punto de inflexión en el uso de la violencia política de cara a las elecciones de octubre, la embestida de los militares marcó una nueva etapa del golpe -una herramienta mediático-policial-judicial- que derrocó a Dilma Rousseff hace dos años, ahora cuenta con el apoyo militante del partido militar, que se sacó la careta.

 

Hoy se puede asegurar que fue y es un golpe cívico-militar, con la diferencia que esta vez los uniformados no dieron la cara desde el principio. Junto a los políticos corruptos, la policía federal, los fiscales y jueces está el poder fáctico de Brasil: directivos de la monopólica Red Globo, el banco Itaú, Gol, la constructora MRV, Electrobras, Mittal Aceros, entre tantos otros: los grandes medios, las grandes empresas, los grandes bancos, los mismos que dirigieron el golpe parlamentario de 2016 contra Dilma Rousseff.

 

No es solo el fallo sino las circunstancias en que se dio lo que hoy cierra el cerco político alrededor no solo de Lula sino de todo el sector progresista y democrático del país. Las élites recurren a la violencia directa. Los nueve tiros contra la concejal de Río Marielle Franco dejaron en claro que era un asesinato profesional, una advertencia.

 

Es una fantástica farsa jurídica alrededor de un departamento que nunca fue propiedad de Lula. Con eso se generó un proceso absurdo, sin pruebas, con una condena en base a las “convicciones” de quienes lo tratan como enemigo político. Si Lula fuese preso se entraría en un período todavía más turbulento de la vida política brasileña, señaló el intelectual Emir Sader. Sin crimen ni pruebas ni hábeas corpus

 

Mientras, el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) anunció que defenderá en todas las instancias la candidatura presidencial del ex mandatario y sostuvo que la Corte Suprema "rasgó la Constitución" al rechazar por 6 a 5 un hábeas corpus para evitar su detención.

 

En los últimos días la tensión había crecido en Brasil, de la mano de la inquietud de la derecha brasileña que, tras imponer en la agenda política la posibilidad de la prisión de Lula, descontando la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Pero un conteo preliminar daba empate, lo que significaba un quiebre del consenso por una condena sin crimen ni pruebas, que se había impuesto hasta ese momento.

 

La presión no solo quedaba en manos de los golpistas alineados en el Congreso y en el Palacio de gobierno, los medios de comunicación hegemónicos y el aparato policial-judicial, sino que se hizo más patente cuando el mismo comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas, se manifestó a favor de la prisión de Lula en un comunicado en el atacó la “impunidad” y dijo estar junto a la “gente de bien”, tras el pedido de intervención militar del general de la reserva Schroeder Lessa.

 

El capitán retirado, diputado y precandidato presidencial ultrderechista Jair Bolsonaro, posible ganador en unas elecciones sin Lula, reconoció que el pronunciamiento filogolpista del general Villas Boas pudo haber tenido influencia y respaldó al “partido del Ejército que se llama Brasil”. Los del gobierno surgido a raíz del golpe institucional no tienen un candidato viable y el empresariado y los dueños del capital lo saben.

 

No existe juicio legal, sino una despiadada persecución política, basada en el uso unilateral de leyes para perseguir a adversarios políticos, lo que ahora se llama lawfare , encabezada por el juez Sergio Moro, quien también tienen sus apetencias presidenciales.

 

Con todo, el arresto de Lula no será inmediato porque aún hay margen para que sus abogados soliciten la revisión de algunos puntos del fallo. Roberto Batochio, defensor del ex presidente, anunció que pedirá al tribunal que se garantice la libertad de Lula hasta que el STF resuelva acerca de la constitucionalidad de encarcelar a una persona antes de que se agoten las instancias jurídicas, o sea la cuestión de fondo, sobre la cual la corte no se ha pronunciado.

 

El revés en la Justicia no impedirá que Lula continúe con las caravanas por el interior del país ni su campaña hacia las elecciones del 7 de octubre, en las que se perfila como favorito con entre el 35 y el 38 por ciento de respaldo.

 

Pero lo cierto es que Lula no tiene relevo y durante doce años de gobierno del PT no se construyó una alternativa. Ningún dirigente del PT tiene fuerza como candidato. Si la Justicia Electoral le cierra el camino, el 15 de agosto, el dedo de Lula deberá decidir el recambio para tratar de recuperar los derechos sociales que se están perdiendo con el gobierno de facto de Michel Temer.

 

Juraima Almeida

Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Traducción de Betinho Sodré.

https://www.alainet.org/es/articulo/192063

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