El último informe de Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y figura clave desde 2012 en los esfuerzos de paz, es un retrato hablado de un país cuya sociedad civil sufre la indolencia del Estado, la incapacidad de imaginar una nueva forma de hacer las cosas, la ambición de empresas legales e ilegales, la corrupción, la impunidad y la actitud de élites más obsesionadas con la politiquería que con la paz o la calidad de vida de los habitantes.

Este 16 de marzo, Howland iba a presentar el informe anual 2017, pero su oficina anunció que deja su cargo y que la discusión pública del informe quedará a la espera de la persona que lo reemplace. Igualmente, el informe será presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El mismo hace especial hincapié en la Colombia rural donde “la presencia del Estado, únicamente a través de sus fuerzas de seguridad que buscan imponer autoridad a través de la fuerza, no contribuye a generar cambios positivos y sostenibles para las comunidades. La falta de un enfoque de intervención integral del Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del país”.

Plantea el informe una precaria implementación del acuerdo de paz firmado entre Gobierno y FARC, una ocupación de los territorios abandonados por esa guerrillas por grupos armados relacionados con las economías ilegales (narcotráfico), unas comunidades asediadas por esos actores que no han visto llegar al Estado para ocupar los espacios en disputa.

Denuncia una situación crítica para las defensoras y defensores de los derechos humanos en el territorio, una impunidad selectiva que pone en cuestión la voluntad del Estado de poner a las víctimas en el centro del proceso, un Congreso que ha reinterpretado a la baja los acuerdos de paz y… en definitiva, una situación voluble y peligrosa para los civiles.

El duro informe muestra cómo el Estado sigue sin ser Estado y cómo “ha habido mucha resistencia a la implementación del Acuerdo en varios sectores de la sociedad, incluyendo actores políticos y económicos, instancias legislativas y judiciales, así como funcionarios públicos” y muestra la preocupación por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios: 441 ataques, incluyendo 121 asesinatos solo en 2017.

El informe señala que aunque la mayoría de los asesinatos han sido cometidos por sicarios y eso complica el seguimiento del rastro de los autores reales, “los presuntos autores materiales de los asesinatos fueron principalmente miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a ex miembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares (54 casos); ex FARC-EP (tres casos); individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (19 casos); y miembros de la fuerza pública (tres casos)”.

L2 oficina del Alto Comisionado “documentó 11 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales en 2017, en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima. Ocho fueron presuntamente cometidos por miembros del Ejército y tres por la Policía”. Y a esta realidad no ayuda la impunidad enquistada que afecta a los casos actuales y a los miles de ejecuciones extrajudiciales que se amontonan bajo ese eufemismo gerencial de “falsos positivos”.

Respecto de los hechos pasados, la OACNUDH dice estar preocupada por “la impunidad selectiva en casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las fuerzas armadas que involucran a Generales, y señala que esto pone en riesgo los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad.

La ONU no entiende que oficiales de alto rango en la cadena de mando, incluyendo algunos actualmente investigados por varios casos de ‘falsos positivos’, hayan sido “ascendidos en los últimos dos años, en vez de haber sido sometidos a un proceso de depuración que garantice que aquellos que participaron o no actuaron para detener estos crímenes atroces deberían, al menos, ser separados del servicio activo”.

El informe considera que el Sistema Integral de Justicia, Verdad, reparación y No Repetición ha sido peluqueado al extremo: “El Congreso no aprobó el Sistema Integral tal y como había sido conceptualizado y, hasta el momento, su implementación no ha cumplido con las normas internacionales”. Y eso se traduce en decepción y en impunidad, una vez más. Es decir, la justicia, de existir, será incompleta y no permitirá saber la verdad de lo ocurrido ni identificar a los actores reales del conflicto.

La ONU constató que mientras las FARC han cumplido en su mayoría los acuerdos firmados, el Estado ha mostrado una ineficacia lacerante a la hora de acompañar el proceso de reintegración de sus miembros. Señaló que casi un año y medio después de la firma de los acuerdos “aún no están disponibles los recursos anunciados por el gobierno en el marco de la Estrategia de Respuesta Rápida para generar impactos inmediatos en las antiguas zonas de influencia de las FARC-EP”.

Señaló que esto se traduce en que “el vacío de poder que dejaron las FARC-EP (…) permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia”.

Se denuncia en el informe que “uno de los principales obstáculos que enfrenta el Estado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales es la tentación del uso del gasto público en centros poblacionales con el fin de obtener votos en vez de priorizar los recursos para garantizar el acceso y disfrute de derechos básicos de las zonas rurales marginadas y menos pobladas”.

La ONU “observa con preocupación los graves obstáculos a la implementación del capítulo del Acuerdo relacionado con la participación política, debido a los ataques por parte de los sectores políticos interesados en mantener el statu quo político o que tienen alguna otra razón para oponerse al Acuerdo. Es de especial preocupación que el Congreso no haya aprobado las Circunscripciones Especiales de Paz, establecidas en el Acuerdo como un medio para aumentar la participación política de aquellas personas que viven en las zonas afectadas por el conflicto”.

Pero no pareciera que la corrupción y el secuestro del Estado escandalicen a la élite colombiana. Y tampoco al premio Nobel, claro. Lo cierto es que Todd Howland tuvo que dejar el cargo y salir de Colombia…

Rengifo Marín

Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )