EEUU y los migrantes retornados catrachos (as)

15/11/2017
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Foto: Proceso Digital
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El Presidente Donald Trump sigue firme con la promesa de deportar de los EEUU a todos aquellos y aquellas que han viajado al país del Norte huyendo de la violencia y pobreza que, como en el caso de la mayor parte de los países centroamericanos, son desde hace tiempo problemas estructurales.

 

Una de las promesas próxima a cumplirse, es la deportación de cerca de 70,000 ciudadanos y ciudadanas jóvenes de países latinoamericanos que gozan de la protección de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 y eliminado por Trump. La eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) es otra nueva para ciudadanos (as) centroamericanos, afectando directamente a países como Nicaragua y Honduras. En este último país, el TPS se amplió solo por seis (6) meses y no por dieciocho meses (18) como había sido la regla.

 

La preocupación de organizaciones defensoras de derechos de migrantes en EEUU y Centroamérica es manifiesta, igual la lucha por restituir este régimen de protección lo más pronto posible (antes de que expire el plazo). Una de las estrategias es la presión al Congreso para parar a Trump en esta cruzada, pero a criterio del Presidente esta es una política de Estado que no puede retroceder, y se insta a los gobiernos para que se preparen de mejor manera para recibir a los deportados.

 

Después de la crisis económica internacional de 2008, la región centroamericana en su conjunto enfrentó una crisis de migrantes, sobre todos niños (as) solos o acompañados por sus madres. La respuesta del presidente OBAMA, lo fue el apoyo a las familias para que regresen a sus países de origen, en especial los niños, en tanto no existían garantían efectivas para albergar dicha población. En EEUU se ejecutaron acciones para resguardar la frontera, retornar a los migrantes a sus países de origen y apoyar a estos para reinsertarlos en la vida económica y social de sus municipios, departamentos o ciudades.

 

Esta crisis se ligó a otra de mayor dimensión: la crisis de la democracia amenazada por el narcotráfico y la violencia manifiesta en la región, lo que orilló a los EEUU a aprobar el Plan de la Alianza para la Prosperidad de los Países del Triángulo Norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero además, a lo interno de los países, se ejecutaron varias acciones para facilitar el regreso de los migrantes, incluyendo una nueva legislación en la materia.

 

En el caso particular de Honduras, destaca la aprobación del Decreto N. 106-2013 del 15 de febrero de 2014 que crea la Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus familiares, complementado con el Acuerdo N. 001 DGACPM-2015 de abril de 2016, contentivo del Reglamento de dicha Ley. En este marco, se habla de una nueva institucionalidad para atender a los migrantes, al conformarse la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante, la Oficina de Asistencia para el Migrante Retornado (OFAMIR) y el Consejo Nacional para la Protección del Hondureño Migrante (CONAPROHM).

 

“La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) inauguró en dos municipios hondureños, la denominada Ventanilla de Información sobre Migración, una iniciativa que busca informar sobre los derechos fundamentales con los que cuentan las personas migrantes o retornadas. La iniciativa forma parte del programa regional para fortalecer la protección y asistencia a los migrantes en Mesoamérica y está financiada por el departamento de Estado de los Estados Unidos”

 

Igualmente, se crea el Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño (FOSMIH), por un monto máximo de 5 millones de dólares, financiado por el diferencial de la compra y venta de divisas que ingrese a las arcas del Banco Central de Honduras. Con estos fondos se financiará la repatriación de los cuerpos de hondureños fallecidos en el exterior, de los hondureños en calamidad económica y social solicitados por los Consulados y el funcionamiento de los Centros de Atención al Migrante Retornado.

 

Tanto la institucionalidad como el Fondo han resultado disfuncionales. En primer lugar, se desconoce el reglamento de funcionamiento del fondo y el monto de recursos con que opera en la actualidad, incluyendo aquellos que fueron trasladados producto de la liquidación del Fondo Social del Migrante Hondureño (FOSOMIH), los migrantes se quejan que no existe una estrategia sólida para ejecutar proyectos de desarrollo e inserción al mercado de trabajo en forma sostenida, por lo que la opción sigue siendo cruzar de nuevo la frontera con todos los riesgos que conlleva. Esta solución se vuelve viable cuando se devuelve al migrante a los barrios y colonias de donde proceden, siendo una característica la presencia de maras y el reclutamiento de nuevos miembros; lo que incluso también involucra a niños y niñas.

 

Por otra parte, todavía la plata ofrecida por EEUU para apoyar la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte no ha sido hecha efectiva, por lo que no existe disponibilidad de recursos para combatir la violencia con programas y proyectos de desarrollo productivo donde los principales beneficiarios sean los migrantes retornados, o los que están pensando irse del país ya que las condiciones materiales de vida no les son favorables.

 

No cabe duda que los mayores beneficiados con esta política del retorno del migrante a toda costa son los EEUU, ya que en el caso de Honduras retornaron al país desde 2013 a marzo de 2017, un total de 135, 916 migrantes, de los cuales más de un 50% son hombres, el resto mujeres y niños. No habiendo garantía de apoyo a los migrantes, ni voluntad política por garantizar su reinserción en la sociedad hondureña, la reincidencia se convierte en necesidad.

 

Esta falta de voluntad política se observa en los pocos recursos de inversión pública que el gobierno de la Republica de Honduras destina para apoyar la generación de empleos sostenibles y de buena calidad en sectores como el agroalimentario, forestal construcción, y los emprendimientos de las mi pymes, donde se evidencia un alto potencial; pero también en los bajos niveles de inversión extranjera directa (IED), aun cuando según el presidente Juan Orlando Hernández (JOH) volvimos a ser uno de los países más seguros de la región centroamericana y más estables económica y financieramente ( ajuste neoliberal) según el FMI.

 

Una luz de esperanza se abre para los migrantes y sus organizaciones, ya que esperan que el nuevo gobierno en Honduras defina políticas claras para su apoyo a lo interno del país, en tanto las organizaciones en EEUU son del criterio que las decisiones del presidente Trump serán más duras en los próximos años.

 

Tegucigalpa, DC, 15 de noviembre de 2017

 


 

 

 

https://www.alainet.org/es/articulo/189245
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