Parecía que una nueva maniobra contra Cuba de los sectores terroristas en la política exterior del gobierno estadounidense había sido expuesta y neutralizada cuando la agencia Associated Press (AP) publicó una información fechada el 15 de septiembre de 2017 acerca de los daños ocasionados por el ciclón Irma y la penetración del mar que afectó el edificio que alberga a la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

Según la AP, un funcionario del Subcomité Nacional de Seguridad (NSSC, por sus siglas en inglés) que pidió no ser identificado, reveló a sus corresponsales que el NSSC preparaba una demanda contra la American Technology Corporation (ATC), fabricante de los equipos LRAD-RX que utiliza el NSSC para comunicarse con sus agentes en Cuba.

La demanda se fundamentaba en la afectación auditiva que dichos equipos habrían causado a operarios del NSSC, sus funcionarios y familiares. Según el demandante, los equipos en cuestión fueron adquiridos menos de un año antes y los expertos de la ATC que entrenaron a quienes se encargarían de utilizaros en ningún momento les advirtieron contra problemas auditivos.

Fuentes anónimas habían dicho entonces a la agencia AP que la pérdida auditiva pudo estar relacionada con dispositivos de sonido que emiten ondas inaudibles capaces de causar sordera.

Según la fuente, la demanda que presentaría el NSSC incluía compensación económica por los daños ocasionados a operarios de los equipos y los familiares de éstos afectados, así como por los perjuicios operativos sufridos por el NSSC.

Inmediatamente que el NSSC conoció de los problemas auditivos ocasionados a los operadores, ordenó descontinuar la utilización del LRAD-RX pero esto implicó un cambio inmediato en los medios de comunicación con sus agentes, lo cual conllevó mayores gastos que sobrepasaban lo presupuestado.

Sin embargo, en mayo de 2017, que el Departamento de Estado dispuso la expulsión de dos diplomáticos cubanos en respuesta a “incidentes" ocurridos en su embajada en Cuba sin precisar a qué o quién consideraba culpable.

La penetración del mar en la Embajada a causa de un huracán complicó la investigación acerca de los aspectos tecnológicos del caso porque una parte del equipamiento quedó bajo las aguas del mar y aunque se había planificado el viaje a Cuba de un número de técnicos y especialistas para verificar las condiciones de los equipos, ya este aspecto de la pesquisa no tenía sentido. Sólo se limitó el acceso de público y del personal a la Embajada a fin de desmontar los equipos y enviarlos a Estados Unidos para su eventual revisión por los fabricantes sin que se sepa del resultado.

Se afirma que, aunque la ATC es una firma estadounidense por su registro comercial, se trata de una entidad creada por las fuerzas de seguridad del Estado de Israel y, según se ha publicado, la LRAD es un arma que emite un sonido que deja temporalmente sordo al adversario. Por los elementos evidenciados hasta el momento es claro que la maniobra tenía el propósito de involucrar a Cuba en un acto de terrorismo, flagelo en el que la Isla jamás ha ensuciado su bandera aunque ha sido constantemente víctima de éste.

Sin embargo, cuando las sospechas parecían concentrarse en problemas tecnológicos imputables al suministrador, escandalosas declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio “pidiendo sangre contra Cuba” evidenciaron al político republicano de Florida como probable eje de la manipulación terrorista.

Poco después Washington retiró el 60 % de los trabajadores de su Embajada en La Habana y luego expulsó 15 diplomáticos de la misión cubana en Estados Unidos arguyendo la “inexistencia de medidas cubanas adecuadas para proteger a nuestros diplomáticos de los ataques sónicos” pasando por alto el hecho de que, desde el primer momento, Cuba dijo que haría todo lo posible por indagar los hechos y había invitado al FBI a compartir las pesquisas en Cuba.

Unas 2.000 personas involucraron las autoridades cubanas en esta investigación, incluyendo agentes de orden público y los mejores científicos del país. Entrevistaron a 300 vecinos y llevaron a cabo decenas de exámenes médicos para ver si alguien fuera del cuadro diplomático había sido afectado.

Examinaron las habitaciones de dos hoteles donde vivían varios empleados de la Embajada de Estados Unidos, entrevistaron a 300 vecinos en un barrio donde muchos vivían casas. Analizaron muestras de aire y el suelo, verificaron sí podrían ser insectos los culpables y consideraron una gama de productos químicos tóxicos e incluso de ondas electromagnéticas. Sin embargo, Estados Unidos se ha negado a permitir a los médicos cubanos acceso a las historias clínicas de los afectados o a dejar que los cubanos hablen con los médicos de Estados Unidos. Tampoco se permitió a los peritos cubanos visitar los hogares de los diplomáticos estadounidenses implicados para llevar a cabo pruebas periciales.

Octubre 28 de 2017

Manuel E. Yepe

Publicado originalmente en el diario POR ESTO! de Mérida, México.

Blog del autor: http://manuelyepe.wordpress.com/