En homenaje a Santiago Maldonado

“Pretender saber quiénes son los dueños de la tierra en América Latina

resulta una misión imposible.

La opacidad en las transacciones, el uso de sociedades pantalla,

la titulación a nombre de terceros, el secretismo y las barreras burocráticas

crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios.

OXFAM

Oxford Committee for Famine Relief

Prontuario

Constituyen la continuidad del “terrorismo de los ´70” en la Argentina,

operan en acuerdo con el ISIS y están financiados por las FARC colombianas;

son agentes de la corona británica,

desarrollan estrategias al estilo de Sendero Luminoso,

están relacionados con los independentistas vascos de la ETA

y con grupos kurdos del Norte de Irak.

Son secesionistas, les declararon la guerra a Chile y Argentina, del otro lado de la cordillera provocaron incendios forestales de tal porte que Michelle Bachelet se vio obligada a decretar el estado de catástrofe.

Trasiegan armas entre ambos países a través de los mismos pasos cordilleranos “secretos” que sus antepasados usaban para hacer invernada y veranada de ovejas y cabras antes de la llegada de europeos y criollos.

Son responsables de delitos como privación ilegítima de la libertad,

intento de asesinato, abigeato, usurpación y daño a la propiedad privada,

terrorismo, tenencia de arma de fuego, incendio de propiedad con habitantes adentro

y violación de la ley de extranjería.

Son los mapuches. Una población compuesta por 113.680 personas en todo el territorio nacional que se reconocen en ese origen, sobre el total de 43.590.368 de habitantes que tiene el país según el último censo realizado en la Argentina (2010).

En la Patagonia se distribuyen en las provincias de Chubut (31.771), Neuquén (39.634) , Río Negro (39.869), Santa Cruz (4.408) y Tierra del Fuego (975), para totalizar 78.534 habitantes, con un total nacional de solo 13.237 que viven en comunidades indígenas.

Dibujando un enemigo

Están tratando de presentar a esa pequeña población originaria como un “peligro”, a partir de falsedades contra una comunidad que constituye el 0,3% de los habitantes del país, con solo el 0,09% radicados en Río Negro y apenas el 0,0033 viviendo en comunidad, un puñado de los cuales habita el Pu Lof en Resistencia del departamento Cushamen, al noroeste de Chubut que, además -según sus propios jefes-, no integra la demonizada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Desde marzo de 2015 un grupo de ellos se instaló en tierras que el Estado ahora reconoce como propiedad del grupo Benetton, donde está enclavada la estancia Leleque, pero que desde finales del Siglo XIX documentó como propiedad originaria.

De las 22.322.300 hectáreas usurpadas con las matanzas de su ejército solo en la actual provincia de Chubut, el general Justo Argentino Roca impuso el reparto, en función de los rangos de cada uno de sus militares, de 4.750.741 hectáreas entre los herederos de Adolfo Alsina, su antecesor como ministro de Guerra y Marina, y de 541 oficiales y suboficiales responsables de la campaña de ocupación. Para “corregir lagunas” en el reparto, poco después se entregaron otras 2.828.317 hectáreas a 154 uniformados y algunos civiles asociados a la campaña.

Con la intención confinar a los indios a lugares restringidos, transformarlos en sedentarios para mantenerlos bajo control, evangelizarlos, aculturarlos y sumarlos al servicio militar obligatorio, al amparo de la Ley del Hogar Nº 1501 de 1884 un decreto presidencial “concedió” 50 “leguas de campo” equivalentes a 125.000 hectáreas, para la instalación de las familias lideradas por el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir en la “colonia aborigen pastoril” Cushamen.

Cushamen -voz mapuche que para la mayoría significa “el centro”, pero “caballo quebrado” para otros- , está enclavada en tierras áridas y fue loteada contra las costumbres ancestrales en 200 parcelas de 625 ha cada una, que la hacen no sustentable productiva y económicamente, la mayoría sin acceso a aguadas y sin diferenciación entre campos de veranada e invernada. Prácticamente rodeado por las estancias de la Compañía de Tierras del Sud Argentino Limitada, hoy en poder del Grupo Benetton, nacida como “The Argentine Southern Land Co”, empresa británica que obtuvo las mejores tierras y las más cercanas a la línea del ferrocarril, favorecida por el gobierno argentino por haber financiado el exterminio de la “Conquista del Desierto".

La mayoría de la población vive en situación de extrema pobreza, marginación y con dificultades de acceso a salud, educación y alimentación, a pesar de lo cual se construyó una fantasía bélica, convertida en hipótesis de conflicto militar por el Ministerio de Seguridad argentino, las Fuerzas Armadas a las que incita el senador justicialista rionegrino Miguel Ángel Pichetto y por los diarios de mayor circulación nacional.

Esta visión, exacerbada a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se apoya en los prejuicios, el racismo y el etnocentrismo subyacentes, reverdecidos en los últimos años, que aloja parte de la sociedad y es empujada y orientada por las patronales rurales del país, especialmente de la Patagonia, en este caso con la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) a la cabeza. (1)

Es una construcción semejante a la del “enemigo interior” desarrollado por la Doctrina de Seguridad Nacional para enmarcar y justificar las represiones antipopulares de las dictaduras cívico-militares de los ´70, que desembocaron en genocidios y matanzas como los de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Guatemala, El Salvador… y “reordenaron” los modelos productivos nacionales en beneficio del capital transnacional, ávido en controlar e importar y en exportar mecanismos financieros.

La acumulación de acusaciones que abre esta nota, fue diseñada por el gobierno de Mauricio Macri y los dueños de las tierras, amparada por el aparato judicial y diseminada y amplificada por medios de comunicación y periodistas de sus plantillas que apuntan a estigmatizar a los indígenas, justificar su persecución, incumplir con las leyes que los protegen y confirmar el despojo de sus tierras que lleva siglos y avanza hacia la desaparición de esos pueblos.

La vida, el patrimonio y la cultura de los pueblos originarios no es lo único que está en juego, ni es el objetivo exclusivo de la maniobra. Las tierras, el subsuelo y los bienes comunes de la Tierra -concebidos como recursos naturales por los perseguidores- constituyen la verdadera presa.

El 80% de la producción de petróleo y gas natural -una de las grandes reservas de agua dulce del planeta junto al acuífero Guaraní- y un potencial hidroeléctrico sin límites, gracias a que trece de las cuencas pluviales más importantes del mundo se encuentran en la extensión gigantesca de la Patagonia. Una región que también acuna bienes estratégicos como uranio, oro, plata, el principal yacimiento de carbón del país, plomo, cinc, cobre y arenas pesadas usadas para la obtención de concentrado  de titanio.

Las acusaciones contra el pueblo mapuche, los intentos de desalojo y hasta la desaparición forzada de Santiago Maldonado se despliegan en ese tablero, tan rico como extranjerizado. Entre los objetivos intermedios de esta ofensiva figuran la anulación de un conjunto de leyes impulsadas y sancionadas durante los gobiernos kirchneristas como la 26.160, que declara la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”; la 26.737 de “protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales” destinada a regular y frenar la extranjerización de la tierra, con un papel central en la regulación de compras y transferencias de tierras y ya destruida por el decreto Macri 820/2016, o la 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar”, que legisla la suspensión de los desalojos a familias campesinas. (2)