La propuesta fujimorista de la creación de un Ministerio de la Familia e Inclusión Social, y la posibilidad de fusionar los sectores de la Mujer y de Desarrollo e Inclusión Social, nos pone en la necesidad de recordar cuál ha sido la evolución del ministerio de la Mujer y su trabajo en defensa de la igualdad de género y los derechos fundamentales de las mujeres. 

Creado el 29 de octubre del año 1996, inicialmente como Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano, PROMUDEH, este sector fue posteriormente denominado Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) desde el 11 de Julio del 2002 y una década después, desde el 20 de  enero del 2012, se denomina Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, MIMP, creándose un viceministerio de Poblaciones Vulnerables, el que ejerce rectoría sobre diferentes grupos poblacionales (niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, desplazados y migrantes, todos en condiciones de vulnerabilidad). Debo destacar que durante nuestra gestión planteamos la denominación de “Ministerio de la Mujer y Ciudadanía”, propuesta que fue modificada tras el cambio de gestión. 

El ministerio ha sido histórica y progresivamente permeable a incorporar el enfoque de igualdad de género en las políticas públicas que ha asumido e impulsado, con una mirada integral  y transformadora, superando enfoques precedentes y que se diferencia del Ministerio de Inclusión Social (MIDIS), dada su naturaleza distinta, cuyo objetivo es cerrar la brecha de pobreza, mas no así la de desigualdad entre los géneros, convertida en inequidad. 

El MIMDES (posteriormente MIMP) incorporó el concepto, principio y derecho a la igualdad como objetivo estratégico del desarrollo, centrado en la persona como ciudadana/o titular de derechos, lo que se tradujo en el Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG 2012-2017), norma elaborada tras un proceso participativo desarrollado en el segundo semestre del 2011, durante mi gestión.

En el 2012 se le redujo el 82% de su presupuesto público. Esta reducción se dio en paralelo a la creación del MIDIS, por lo que no es difícil ver dónde se fueron, presupuestalmente, las partidas reducidas al sector Mujer (aunque no fueron los únicos fondos destinados al MIDIS).

Pero no sólo eso. Si bien es cierto se fue incrementando la asignación progresivamente desde el 2012 hasta el 2015, al MIMP se le aumentó solo un 0.85% para su partida del 2016; mientras que el presupuesto público nacional creció en 6.6%. Para el año 2017 su partida fue incrementada, destinándose principalmente a la atención de la reducción de la violencia de género, subordinando otras autonomías, en lo que se refiere a la inversión de su presupuesto. 

Esto habla claramente que la igualdad de género no fue un tema prioritario en la agenda pública del gobierno. El piso económico que tiene hoy el Ministerio de la Mujer dentro del presupuesto público, 0.25%, es absolutamente marginal para la dimensión de las tareas que debe abordar. Un presupuesto público razonable para sacar adelante una política en favor de las mujeres y la igualdad de género representaría por lo menos duplicar progresivamente este 0.25% al 0.50%, hasta llegar al 2% en el 2021.

En relación al bajo presupuesto, la ex ministra Marcela Huaita señala “que hay otros sectores con un presupuesto aún más pequeño que el MIMP (PIM 2017: 438,191,166), como por ejemplo el MINTRA (PIM 2017: 406,199,408), y sobre los que nunca se cuestiona su necesidad en la estructura del Estado”. 

Hoy, a punto de cumplir 21 años de labor el próximo 29 de octubre del 2017, se ha presentado el proyecto de ley N° 01782/2017/CR, para fusionar el MIMP con el MIDIS y convertirlo en el Ministerio de la Familia e Inclusión Social (MUFADIS). 

Por ello es que se debe rechazar el Proyecto de Ley N° 01782/2017-CR, que propone la creación del Ministerio de la Familia e Inclusión Social, (MUFADIS), a partir de la fusión del MIMP y el MIDIS. 

Cabe resaltar que el Estado asume compromisos internacionales en el deber de fortalecer y dotar de mayor presupuesto al MIMP, tal como ha recomendado en reiteradas oportunidades el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que en su informe del 2014 señaló: 

“ El Comité reitera sus anteriores recomendaciones al Estado parte y lo insta a reforzar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en cuanto principal mecanismo para la aplicación de la Convención incrementando sustancialmente los recursos humanos y financieros destinados al cumplimiento de su mandato relativo a la aplicación de políticas y leyes en pro de la igualdad de género, promover la descentralización de las políticas públicas de adelanto de la mujer, y mejorar la coordinación de todas las ramas y niveles de gobierno mediante una presupuestación eficaz con perspectiva de género.”

El MUFADIS, como propuesta de Fuerza Popular, contraviene por ello compromisos internacionales del Estado y la normatividad existente de leyes y planes nacionales en favor de la igualdad de género. Durante más de dos décadas el Perú cuenta con el primer mecanismo de alta jerarquía en el Estado desde 1996, ejemplo que se convirtió en referencia en nuestro continente, siendo el primer Ministerio de la Mujer constituido en el contexto de post Beijing 1995. 

En Sudamérica, Venezuela lo implementó en el 2009, Paraguay en el 2012 y recientemente, durante el mandato de Michelle Bachelet, fue implementado en Chile, en el 2016. Se ha tomado como referencia el modelo peruano para que antiguos institutos o secretarías de la Mujer encuentren un espacio en los consejos de ministros de los diferentes países de la región. Ese nivel en la jerarquía del Estado garantiza una participación en igualdad de condiciones para la implementación de políticas públicas favorables a la mujer, la ciudadanía y las poblaciones vulnerables, buscando garantizar de manera transversal en todos los sectores la brecha de inequidad o desigualdades de género, las mismas que son de naturaleza diferente a aquellas que buscan cerrar brechas de orden socioeconómico vinculadas a la lucha por erradicar la pobreza.

La política de igualdad de género, así como el propio MIMP, enfrentan una ofensiva conservadora y es por ello que las diferentes organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y de la sociedad civil demandamos al Legislativo, al Ejecutivo y la ciudadanía a desestimar y archivar el proyecto de ley antes mencionado y cerrar filas en defensa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Debemos recordar que uno de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) el N° 5, señala que los Estados deberán hacer esfuerzos para garantizar la Igualdad de Género y el empoderamiento de las mujeres y niñas.

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