El presente informe está realizado por un equipo de investigadores expertos en economía que trabajan para nuestra Central, la CTA de los Trabajadores de la Argentina.

Este informe contiene un análisis de la coyuntura económica que actualmente estamos viviendo en Argentina y que se caracteriza por la aplicación, desde hace 8 meses (tiempo que lleva en el gobierno el Ingeniero Mauricio Macri), de un plan de ajuste acompañado de medidas que benefician a los sectores concentrados de la economía que han producido un vuelco dramático en la situación social existente hasta diciembre de 2015.

El incremento en los índices de pobreza, la caída de la actividad económica, el déficit fiscal incrementado por la decisión de eliminar las retenciones que pagaban los exportadores cerealeros y los cánones de las grandes mineras, más el incremento de la salida de divisas y la decisión de pagarle a los fondos buitre y volver al esquema de un fuerte endeudamiento, se combina con la caída en la recaudación para generar un cuadro en el que el déficit fiscal crece al mismo tiempo que se eleva la fuga de capitales vinculada a la especulación financiera.

La receta neoliberal del gobierno de Macri golpea a los asalariados y a todos aquellos que dependen de un ingreso fijo y beneficia solamente a un reducido sector, compuesto por multinacionales cerealeras, banca financiera y sectores vinculados al agro.

La CTA de los Trabajadores de la Argentina pone a disposición de nuestros hermanos de las distintas centrales sindicales del mundo este material, porque estamos convencidos que el fenómeno que estamos viviendo ahora en nuestro país y al que los medios de la derecha califican como el “fin del ciclo populista”, nos pone a los trabajadores argentinos ante los mismos desafíos y problemas que se viven en la distintas regiones del planeta.

Esperamos que este aporte les sea de utilidad y que podamos fortalecer los vínculos de acción en común a través del mismo.

Hugo Yasky, Secretario General CTA

Roberto Baradel, Sec. de Relaciones

CTA de los Trabajadores

Ver el estudio completo en el pdf (enlace abajo)

Se reproducen aquí las conclusiones:

Conclusiones

La evolución económica del primer semestre ratificó que, tal como se vislumbraba con las primeras medidas, el objetivo central del gobierno consiste en lograr una drástica modificación en la relación entre el trabajo y el capital a favor de este último. En ese contexto, todo parece indicar que las diversas e importantes promesas incumplidas más que errores fueron, y en muchos casos lo siguen siendo, afirmaciones dirigidas a asegurar la viabilidad social y política de ese objetivo primordial.

Tanto es así que la devaluación como la quita de retenciones y el tarifazo en los servicios públicos (aún inconcluso) provocaron el nivel de inflación más significativo desde el inicio de las hiperinflaciones de 1989 y comienzos de 1990, siendo la variación de precios esperada del 45% anual y no del 25% como había sostenido el gobierno al comienzo de su gestión.

Ninguno de los convenios colectivos acordados por los sindicatos alcanzó la inflación anual estimada. De hecho, durante el primer semestre la reducción del salario real de los trabajadores registrados del sector privado alcanzó al 12%, lo cual permite asumir que el impacto en los ingresos de los asalariados no registrados fue significativamente mayor.

Las promesas incumplidas tuvieron un capítulo especial en la supuesta lluvia de inversiones que llegarían por el nuevo clima de negocios tras el acuerdo con los 19 fondos buitre, lo cual evidenciaba la subestimación del nuevo gobierno respecto a la crítica situación externa y a la importancia que ejercía el nivel de consumo para sostener el nivel de actividad y contener la reducción de la inversión. Así es que la inversión cayó 4,2% y la fuga trepó a 5.885 millones de dólares en el primer semestre del año.

En el marco de la reducción o eliminación de los impuestos de los sectores de mayores ingresos (como las retenciones, bienes personales y a los autos de alta gama, etc.), las protestas sociales frenaron el aumento indiscriminado de las tarifas de los servicios públicos. Ello demoró el ajuste prolongando su implementación, lo cual es un escollo para el gobierno en vistas a las elecciones de 2017.

En ese escenario, la economía argentina se encuentra inmersa en una profunda recesión producto de la contracción del consumo privado, la inversión y la reducción de la obra pública. Si bien es posible que la gestión macrista haya logrado inicialmente cierto consenso social para implementar sus medidas de ajuste, lo cierto es que no parece haber logrado desplazar las relaciones de fuerza en ese sentido dada la resistencia de los sectores populares. En ese marco, parecen alterarse los tiempos de la política económica exigiéndole definiciones en variables claves para el proceso económico.

Por un lado, el gobierno se enfrenta con el dilema de alcanzar una reducción significativa de la inflación en el mediano plazo -a costa de sostener el período recesivo- o estimular la demanda a través de la expansión del gasto público. Cabe señalar que en el primer semestre la obra pública cayó 27,2% en términos reales.

En el mismo sentido opera el mantenimiento de tasas de interés elevadas en el mercado local en pos de evitar un aumento de la fuga de capitales al exterior. Nuevamente su reducción es un requisito fundamental para alcanzar la reactivación de la actividad económica, pero la misma atenta contra la sostenibilidad de la paridad cambiaria.

En términos de competitividad, la elevada inflación durante el primer semestre de 2016 redujo parcialmente el efecto de la devaluación de la moneda y determinó la persistencia de una sensible sobrevaluación cambiaria que conspira contra los sectores exportadores, pero por sobre todo contra los productores orientados al mercado local quienes