“No hay magia posible: o tenemos el apoyo popular y lo incrementamos con participación y atención a la gente y amor por la gente, no sólo de boca sino demostrándolo, o no lo tenemos y nuestro destino será la muerte política”.

Hugo Chávez Frías, 2005

Algunos le llaman la restauración conservadora, otros hablan de tiempos de contraofensiva neoliberal, lo real es que nos encontramos en un momento de estancamiento de los proyectos populares de izquierda cuyo accionar desde principios del XXI, posibilitaron la construcción de un bloque antiimperialista, que en base a la bonanza originada por el incremento de los precios de los commodities, lograron reducir las asimetrías socio-económicas en la región y pusieron freno, por más de una década, al proyecto neoliberal de las zonas de libre comercio.

Las causas del estancamiento de estos proyectos populares se pueden identificar en dos planos:

1. Nacional: el posicionamiento de las corrientes reformistas dentro de la dirección de los gobiernos de izquierda, han tendido a priorizar al Estado como herramienta de transformación social por encima de la organización popular. Los gobiernos progresistas lograron acrecentar el mercado interno a través del aumento del poder adquisitivo de la población y el subsidio de rubros y servicios básicos.

Sin embargo, la crisis económica mundial que explotó en 2008 agudiza las contradicciones de clase y crea desequilibrios que superan todo tipo de regulaciones y controles establecidas por estos gobiernos. Es por eso que la redistribución de la renta procedente de la actividad extractiva, es una acción necesaria más no suficiente para superar los lazos de dependencia con los países “centros” o los pertenecientes al bloque emergente BRICS. La política que emana de la socialdemocracia, tiende a la estabilización y gobernanza, dejando el proceso de cambio revolucionario como elemento secundario y termina consolidando los lazos de subordinación en el orden internacional.

2. Internacional: La alianza histórica de EEUU con las elites nacionales de la región latinoamericana y caribeña ha desarrollado diversas doctrinas intervencionistas que han violentado los principios de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los países de la región. Los esquemas de integración y relacionamiento comercial, pensadas desde la visión de la Doctrina Monroe como el panamericanismo, ha generado un sistema que perpetúa la condición dependiente de nuestra américa.

Actualmente, las ONG’s con presupuesto proveniente de la USAID (Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional) y la NED (Fundación Nacional para la Democracia), han promovido una campaña de descredito respaldada en acusaciones a líderes de los gobiernos progresistas de nexos con el narcotráfico, la corrupción y la violación de Derechos Humanos (DDHH). Ésta, ha sido efectiva y ha logrado ser un elemento sustantivo en las derrotas electorales en Argentina, Venezuela y Bolivia, además de arrinconar al gobierno del PT en Brasil. Todo esto como una estrategia injerencista diferente a la aplicada en la guerra fría, basada en la categoría del Estado Fallido que justifica una eventual intervención “humanitaria”.

Mediante este ensayo, queremos concentrarnos en el segundo punto mencionado, pues nos parece importante analizar el comportamiento injerencista de los EEUU desde la época desde la postguerra, lo cual esbozaremos en grandes ámbitos en la primera parte y, los nuevos métodos de legitimación de la injerencia extranjera, el cual abordaremos en la segunda parte.

Recuento histórico de la injerencia de los EEUU en la Guerra Fría

La crisis deflacionaria que vive el capitalismo, ha obligado a la CEOcracia [1] internacional, aglutinada bajo la doctrina neoliberal, acelerar los procesos de desregulación del campo laboral y el comercio, el achicamiento del Estado a través de la privatización de los servicios públicos y la liberalización del tipo de cambio con apoyo de las elites nacionales, conformadas, por los terratenientes y miembros de cámaras empresariales para quienes la subordinación ha sido una fuente de ganancia a través de prácticas clientelares.

 Sin embargo, los EEUU con sus tentáculos materializados en las filiales comerciales, ha buscado, oficialmente, desde 1823, año del discurso a la nación de James Monroe, monopolizar las relaciones intra-regionales y truncar los procesos de integración autónomos, que para esa época se estaba desarrollando bajo el proyecto bolivariano del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826).

Este objetivo lo logran a través de la instauración del sistema panamericano (1889), que logra aislar influencias extracontinentales y logra que la región comience a orbitar alrededor de los intereses comerciales de la potencia continental.

59 años después, en el marco de la guerra fría y la pugna del sistema bipolar (EEUU vs URSS), las fuerzas conservadoras colombianas, por mandato del Departamento de Estado, asesinan en 1948 al líder popular Jorge Eliécer Gaitán, por representar un peligro para los intereses económicos de las clases pudientes y de esa manera comienza una larga guerra civil que perdura hasta ahora en el hermano país de Colombia.

Ese mismo año se reorganiza el sistema panamericano con la firma de la Carta de Bogotá (1948) y la creación de la Organización de Estado Americanos (OEA), que ha fungido como el ente legitimador de la política injerencista estadounidense y garantiza la continuación de los lazos de dependencia en el plano político, militar y económico.

Sólo dos años antes, en 1946, se había fundado la Escuela de las Américas en Panamá, institución cuya finalidad era homologar la estrategia contrainsurgente de los ejércitos de Latinoamérica y el Caribe y promover el terrorismo de Estado en los años subsiguientes.

Durante la X conferencia interamericana en Caracas-Venezuela en 1954, en el marco de la la dictadura de seguridad nacional de Marcos Pérez Jiménez, la asamblea de representantes y plenipotenciarios de los países miembros, obviaron las advertencias del Canciller guatemalteco del gobierno de Jacobo Árbenz, Federico Toriello, sobre el peligro de aceptar las líneas emanadas por el Secretario de Estado de EEUU, Jhon Foster Dulles sobre la amenaza comunista en Centroamérica.

El golpe de estado al gobierno de Árbenz (1954) dirigido por el dictador Castillo Armas y financiado por los intereses de la ETS estadounidense, Unitet Fruit Company, fue encubierta bajo la justificación del “peligro comunista”. Ese mismo año el general Alfredo Stroessner, instaura la dictadura más larga de América latina en Paraguay y configura el poder judicial para criminalizar la oposición con la acusación de ser comunista.

La revolución cubana que logra el poder en 1959, no se queda a salvo. Ya para 1961 EEUU intenta invadir territorio cubano a través de la acción militar en la Bahía de Cochinos y posteriormente, mediante la resolución VI, adoptada en la Octava Reunión de Consulta en Punta del Este (Uruguay), el 31 de enero de 1962, Cuba es expulsada del sistema interamericano, por asumir un proceso de transformación del Estado de corte marxista-leninista y por plantear una clara postura antimperialista, transversalmente opuesta a la política de contrainsurgencia de Kennedy oficializada con la creación del Grupo Especial (1962) [2].

Otros casos que podemos mencionar es el de Juan Bosch en la República Dominicana, quien luego del desembarco de alrededor de 42000 marines en 1963, fue forzado a dejar el poder.

Este hecho, junto al asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia el 9 de octubre de 1967, se crean las condiciones para la aplicación del Plan Cóndor (1975) que articula a los organismos de inteligencia de los países con dictaduras militares del cono sur [3] bajo la coordinación de la CIA.

De esta manera, con el Cóndor surcando los cielos de nuestra América, al General Augusto Pinochet se le facilitó la tarea de reprimir a los movimientos de izquierda que participaron en el gobierno de Unidad Popular liderado por Salvador Allende, asesinado el 11 de septiembre de 1973, inaugurando de esta forma el primer laboratorio del neoliberalismo en la región.

Jorge Rafael Videla, bajo el Proceso de Reorganización Nacional comenzado en 1976 también fue borrando a los líderes de izquierda en Argentina justificándose bajo la retórica anticomunista apoyada por la OEA.

A principio de los 80, con la misma retórica comunista usada en los casos anteriores Estados Unidos inicia el apoyo logístico, financiero y militar a los “contra” para derrocar al gobierno Sandinista en la República de Nicaragua al igual que en El Salvador para contrarrestar la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. De igual forma, a través del anticomunismo, se justificó el asesinato de Maurice Bishop, líder del Gobierno Revolucionario Popular de Granada en 1983.

Este recuento en líneas gruesas de la injerencia de EEUU en nuestra américa durante la postguerra, demuestra como la política contrainsurgente asumida oficialmente por el sistema panamericano, fue la responsable de la proliferación de cruentas dictaduras cuyos crímenes se justificaban bajo el argumento anticomunista que criminalizaba a todos los elementos de izquierda.

En los años 90 el frenético interés imperialista de EEUU de hegemonizar cada ámbito del tejido intrarregional, continúa, pero ahora, el argumento anticomunista no es viable a raíz de la disolución del bloque soviético (1991) y es por eso que en esta década se promueven nuevos elementos legitimadores de la intervención como lo es la tesis del Estado Fallido, el narcotráfico, la protección a los DDHH, dando paso posteriormente a la Doctrina Bush (2001) que promueve la dominación de espectro completo [4]. 

La intervención en los años 90

En un primer momento fue el comunismo el enemigo universal, luego la guerra contra el narcotráfico fue la justificación más cómoda para la injerencia y ahora, el terrorismo y la tesis del Estado Fallido, son categorías más fácilmente adaptables para los diferentes casos que el imperialismo amerite intervenir.

La tesis del “enemigo interno” encarnado en el comunismo y la amenaza extranjera del bloque soviético, era solo uno de los argumentos legitimadores de la intervención que se adaptaba al contexto histórico de la guerra fría.

 Ya para la década de los 90 el enemigo no era el comunismo sino el narcotráfico y en el año 2001, como ya mencionamos, aparece la Doctrina Bush y la tesis de la “guerra preventiva”, donde el enemigo principal es el terrorismo.

 Desde la época de la postguerra hasta los 90 se preparó, bajo diferentes modalidades, el escenario propicio para implementar el Consenso de Washington, presentado por Jhon Williamson y sus Chicago Boys en 1989, un programa que busca eternizar los lazos de dependencia de los países “periféricos” a las dictaduras de las oligarquías nacionales y los centros capitalistas.

 Ese mismo año Venezuela inaugura una larga etapa de resistencia ante el auge neoliberal, con el levantamiento popular conocido como el Caracazo, causado por el “Gran Viraje” del presidente Carlos Andrés Pérez que consistió en la implementación de un plan de ajuste draconiano propuesto por el FMI.

De hecho, los años 90, a pesar de que el neoliberalismo se mantenía como la doctrina económica hegemónica asumida por la partidocracia socialdemócrata conciliadora [5], el continente americano convulsionaba en medio de movimientos insubordinados al orden establecido.

Los sectores populares, víctimas de los ajustes del FMI y BM, expresaron su rechazo asumiendo la resistencia a través de múltiples formas de lucha, ejemplo de ello es el levantamiento zapatista en México (1994); las movilizaciones de los piqueteros en Argentina (1996), la lucha de los campesinos e indígenas en la Guerra del Agua en Bolivia (1999) en contra la privatización de los recursos naturales, sobre todo del gas y el agua.

Incluso dentro de los centros industrializados como en Seattle (1999) se organizaron grupos compuestos por personas pertenecientes a la masa de desocupados y tercierizados, ahogados en innumerables deudas, en contra de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Entre la hegemonía neoliberal y la resistencia popular, fue gestándose la actual etapa de la izquierda nuestra americana, conocida como el ciclo progresista, conformado por gobiernos de tendencia de izquierda y respaldada en un proyecto Grannacional-popular [6].

El inicio del ciclo progresista

La llegada al poder de Hugo Chávez Frías en 1999, potenció la resistencia en contra del neoliberalismo, a través de la construcción del actual bloque antiimperialista asumida por la política exterior venezolana y viabilizada a través de su potencial energético que posibilitó la construcción de nuevos espacios de concertación entre los Estados nuestro americanos sin la intervención de EEUU ni Canadá.

La reacción del monroísmo no se hizo esperar pues tres años después de que el Comandante Chávez haya asumido la presidencia, los voceros de la oligarquía nacional y representantes del sistema interamericano, aliados a las grandes transnacionales de la comunicación, generaron una campaña de deslegitimación del gobierno bolivariano y llevan a cabo una intentona de golpe el 11 de abril de 2002.

Este golpe fallido no pudo frenar la gestación del bloque de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América Tratado Comercial de los Pueblos (ALBA-TCP) (2004), primer núcleo de los nuevos mecanismos de integración creados posteriormente como PetroCaribe, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) (2008) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (2011).

Luego de la estrepitosa caída de la situación socioeconómica de los años 90 que desencadena un alto grado de polarización y lucha de clases, la izquierda logra el poder político en un número significativo de países latinoamericanos, como sucedió en Brasil, Argentina (2003), Bolivia (2005), Honduras, Ecuador (2006), Nicaragua (2007), Paraguay (2008), garantizando de esta forma el entierro definitivo del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovido por el Departamento de Estado desde 1995.

Ante este escenario, el imperialismo nuevamente reacciona en contra de los proyectos populares: el gobierno de Evo Morales tuvo que enfrentar un movimiento separatista financiado por diferentes ONG’s provenientes de EEUU en 2008; un año después, en Honduras, se realizó un golpe de estado en contra de Manuel Zelaya por parte de sectores conservadores del cuerpo militar hondureño; en 2010 se realizó otra intentona golpista esta vez en Ecuador con la participación de la Policía Nacional en contra Rafael Correa y, por último, en Paraguay, se logra concretar un golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo en el año 2012.

A pesar del ataque constante y sistemático a los gobiernos del ciclo progresista y sus contradicciones internas, es innegable reconocer que hubo un importante proceso de redistribución, apoyado en los superávit de sus cuentas nacionales generado por la vertiginosa subida de los precios de las materias primas. El aumento del gasto público dirigido hacia un sistema de inclusión de los sectores marginados fue la principal tarea llevada a cabo por estos gobiernos, sin embargo las transformaciones estructurales del Estado, quedaron pendientes.

Estado Fallido y los instrumentos injerencistas de la contemporaneidad

Las propias contradicciones de los proyectos de transformación social han provocado el posicionamiento de la socialdemocracia representada por las nuevas clases acaudaladas y medias que comienzan a tener miedo a un sistema más justo e igualitario.

Si bien el boom de los precios de los comodities, ayudó a reducir la pobreza y equilibrar en cierta medida el índice Gini [7], no se ha podido revertir la desigualdad estructural generada por los lazos de dependencia económicos con el capital transnacional.

También es necesario señalar que una gran parte de los movimientos populares, protagonistas de la toma del poder político, fueron cooptados por el Estado y redujeron su presencia orgánica en las calles.

Los gobiernos de izquierda de este ciclo, no lograron romper con los lazos de dependencia sino que diversificaron los aliados internacionales y cambiaron la matriz de relacionamiento con potencias que se consideran de segundo orden, claro ejemplo de ello es la cercanía de Rusia y China en el ámbito militar, económico y energético.

A través de las intentonas golpistas o derrocamientos consumados a los gobiernos progresistas, la injerencia estadounidense fue mutando hacia nuevos métodos y argumentos.

Actualmente, no importa si el enemigo sea comunista, narcotraficante o terrorista, lo que prima en los justificativos para intervenir un Estado, es la falsa protección a los DDHH y las acusaciones de supuestos actos de corrupción que involucran altos funcionarios de los gobiernos contrarios a EEUU.

El trasfondo de la protección de los DDHH es la tesis del Estado Fallido que actualmente representa el eje articulador de la política imperialista de los EEUU hacia Latinoamérica.

Esta categoría nace en los años 90 en manos de los think-tanks del neoliberalismo para diseñar un concepto que legitima la intervención extranjera dentro de los asuntos internos de un Estado que ha perdido la capacidad de satisfacer diversas demandas de sus ciudadanos.

El Estado Fallido es una categoría que debido a su flexibilidad conceptual puede adaptarse a diferentes contextos y ha servido para justificar la violación del principio de autodeterminación de los pueblos en Irak, Afganistán, Colombia, Yemen, Sudán, etc.

Esta tesis es la excusa predilecta para intervenir un Estado ante los ojos de la comunidad internacional pues ha sido creada bajo toda una matriz jurídica que se basa en una supuesta debilidad de la institucionalidad de los países subdesarrollados.

La encargada de etiquetar a un país como Estado fallido es la la ONG estadounidense, The Fund for Peace, a través de un índice anual publicado en su página web [8].

De esta manera podemos entender la estrategia actual de la doctrina injerencista de los EEUU, que por medio de múltiples campañas mediáticas de descrédito a fin de mostrar la debilidad institucional de los países cuyos gobiernos no se encuadran en las líneas panamericanas.

Los supuestos casos de corrupción de funcionarios de alto nivel, como por ejemplo a Evo Morales en Bolivia con respecto al Fondo Indígena, o el empeachment que la derecha brasilera que le quiere aplicar a Dilma Roussef y el allanamiento, autorizado por el parlamento brasilero, a la casa del ex presidente y futuro candidato presidencial, Luis Ignacio Lula da Silva, son muestra del interés del establishment de eliminar a la izquierda como opción política.

La insistencia del imperialismo de desprestigiar a los gobiernos progresistas ha ido en escalada con la intención de que una vez logren catalogar de Estado Fallido a algún país de su conveniencia, se activen distintos instrumentos que posibiliten la intervención en los asuntos internos de actores foráneos a fin de influir en la correlación de fuerza a favor de las elites tradicionales.

 La Carta Democrática Interamericana de la OEA [9], es uno de esos instrumentos, aprobado el 11 de septiembre de 2001, en el marco de una sesión especial de la OEA, en Lima, Perú.

El objetivo principal de este documento es lo que llaman en el título IV de la carta, fortalecimiento y la preservación del orden democrático, que no es más que una base legal para la injerencia que ha venido practicando históricamente EEUU.

Hecho paradójico es que a pesar de que se ha quebrado el orden constitucional en varios países con gobiernos progresistas en lo que va el siglo XXI, solo se ha propuesto aplicar la carta a la República Bolivariana de Venezuela, por la supuestas violaciones de los DDHH.

Los asesinatos de Berta Cáceres y Margarita Murillo, lideresas del movimiento popular hondureño, en resistencia desde el 2009, pasan por debajo de la mesa en la agenda de la OEA, al igual que ha pasado por debajo de la mesa el paramilitarismo colombiano propiciado por el gobierno colombiano.

Otro instrumento legitimador de la injerencia, es el decreto de “emergencia nacional” [10] utilizado por EEUU para crear una base jurídica que utiliza la tesis del Estado Fallido para legitimar la intervención directa o indirecta en los asuntos internos de un país.

El llamado Decreto Obama, emitido contra el Estado venezolano, catalogándolo cómo “amenaza extraordinaria e inusual” para la seguridad nacional de EEUU ha sido aplicado en otros países como Irán, Irak, Nicaragua, Birmania, Sudán, Rusia, Zimbabue, Siria, Bielorrusia y Corea del Norte a fin de incidir en la correlación de fuerzas dentro de esos países y adaptar la situación a sus propios intereses geopolíticos imperialistas.

 Algunas consideraciones

• Se sustituye la retórica anticomunista, que sirvió como el argumento legitimador por excelencia para la intervención y el quebrantamiento de ordenes democráticos en Latinoamérica durante la Guerra Fría, por la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, dos elementos que se articulan dentro de la tesis del Estado Fallido.

• La Carta Democrática Interamericana y el decreto de emergencia nacional de los EEUU, son instrumentos creados para darle base legal a la intervención directa o indirecta en los asuntos nacionales. Estos mecanismos son más peligrosos que el método tradicional de golpes de estado e invasiones llevadas a cabo durante la época de la posguerra en nuestra américa, donde el estamento militar era el principal protagonista. En la contemporaneidad la injerencia e intervención en la región se ejerce de manera más común, a través de sanciones comerciales y guerra mediática sin obviar por supuesto, las operaciones encubiertas de infiltración de células paramilitares en distintos países latinoamericanos y caribeños (Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, etc.)

• Las tres derrotas electorales en Argentina, Venezuela y Bolivia de la izquierda sumado a la ofensiva del neoliberalismo vitalizado con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) suscrito en 2015 por 3 países de la Alianza del Pacífico: Chile, Perú y México; más EE.UU., Canadá, en conjunto con varios países del Asia-Pacífico (Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Japón, Malasia y Vietnam) arrincona la opción política post neoliberal a nivel mundial.

• El proceso de paz en Colombia, y la posibilidad que las fuerzas insurgentes revolucionarias puedan jugar en el juego de la democracia tradicional en las próximas elecciones presidenciales, permite pensar que puede haber un refrescamiento dentro del bloque de izquierda, depende del manejo que se le dé desde los movimientos sociales colombianos y la dirección de las FARC-EP y el ELN.

• El establecimiento de la Paz en Colombia, el cual permitirá al movimiento insurgente participar activamente en el juego de la democracia representativa, podría abrir las puertas hacia una nueva situación en el hermano país el cual, a su vez, puede refrescar al movimiento de izquierda en la región. El Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en México también podría dar sorpresas en las elecciones presidenciales del 2018.

Notas

1. El fenómeno donde las cabecillas de instituciones financieras y empresas transnacionales (ETS) comienzas a controlar la administración pública. Katz, C. (2015) La “CEOcracia” en acción. Recuperado el 10-1-2016 en: http://www.humanidadenred.org.ve/?p=2423

2. “…dedicado a la contrainsurgencia, cuyo principal objetivo es sofocar la insurgencia subversiva en los países y regiones de su «específica competencia».” (Vega, R.(2014) La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de estado. P.31 Recuperado el 07-03-2016 en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oacp/Pages/informes-especiales/resumen-informe-comision-historica-conflicto-victimas/el-conflicto-y-sus-victimas.aspx

3. El Plan Cóndor articulaba a las dictaduras de Hugo Banzer en Bolivia, Castelo Branco en Brasil, Alfredo Stroessner en Paraguay, Augusto Pinochet en Chile, Juan María Bordaberry en Uruguay, Carlos Andrés Pérez en Venezuela y luego se unió Jorge Rafael Videla en Argentina

4. Ceceña, Ana. E. (2013). Dominación de Espectro Completo. Recuperado el 12-03-2016 en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180149

5. Como por ejemplo, en Venezuela en la última etapa del segundo gobierno de Rafael Caldera (1992-1994), los partidos de AD, COPEI, Causa R, que tradicionalmente asumían una postura favorable a la intervención del Estado en la economía, abandonaron esas posturas y se unieron al coro neoliberal.

6. El término Grannacional se acuña en el seno de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América Tratado Comercial de los Pueblos (ALBA-TCP) y refiere al proyecto de integración bolivariana que partía de la premisa que Latinoamérica y el Caribe, por sus condiciones culturales, lingüísticas e históricas, era una sola nación.

7. El promedio del índice Gini en Latinoamérica y el Caribe entre 2005 al 2013 es de 48,04. En el 2014, el índice se registró en 52,9 unos puntos por debajo del África Subsahariana (56,5), posicionando a la región como la segunda más desigual del planeta.

8. Para consultar el índice de los Estados Fallidos revisar el siguiente enlace: http://fsi.fundforpeace.org/map/2015heatmap.png

9. Consulte la Carta Democrática Interamericana aquí: http://www.oas.org/oaspage/esp/Publicaciones/CartaDemocratica_spa.pdf

10. La declaración de emergencia nacional por “inusual y extraordinaria amenaza” es una categoría legal reflejada dentro del título 50, capítulo 35 la cual legisla sobre los Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La sección 1701 de la Constitución de EEUU dice, textualmente: “cualquier autoridad otorgada al presidente por la sección 1702 de este título puede ser ejercida para enfrentar cualquier amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su fuente parcial o totalmente fuera de Estados Unidos (…) Puede consultar aquí: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/50/1701