El Congreso de la República del Perú llevó a cabo el estudio de la corrupción de la década del 90 y entre sus casos se encuentran cuatro relacionados al tema de deuda externa. Estos se ponen a disposición de los lectores por tratarse de nuevos tipos de corrupción y de ser por montos mayores. Podrían servir de referencia para futuros trabajos sobre el mismo. El caso de Peru Privatization Fund gira en torno a la sociedad de bancos acreedores del gobierno peruano en 1993 con la finalidad manifiesta de participar en los procesos de privatización mediante canjes de deuda. La idea explícita era estar asociado a las privatizaciones, se entiende, participando en las pujas y siendo socio de ellas. En la realidad, el Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC) había comprado al Midland Bank en 192 y estaba en un proceso de limpieza de carteras. El deseo era deshacerse de la cartera pesada de deuda peruana y eso lo hizo a través de este fondo desde donde vendió su posición de cartera a los que compraban empresas en el proceso de privatización. De siete socios del PPF, uno se dedicó a limpiar su cartera y a poner énfasis en la venta de sus papeles en el mercado secundario, antes que en las pujas. Su abogado, persona que llevó al representante de HSBC a conocer al Ministro de Economía para hacer lobby con el sentido de que se realizaran canjes de deuda por privatización en 1993, fue contratado como asesor del Ministro de Economía a través de un estudio de abogados en Nueva York, lo que le permitió tener información adelantada para poder efectuar sus operaciones. El abogado era entonces abogado de PPF, abogado de su socio el HSBC y por lo tanto estaba en el comité asesore de bancos del Perú, por ser un acreedor mayor; y asesor del ministro de Economía para deuda externa en simultáneo. El PPF fue jurídicamente establecido el 18 de julio de 1994. El monto del fondo fue de 125 millones de dólares. El gerente del fondo fue jubilado cuando se iniciaron las investigaciones en el Congreso del Perú y el PPF fue disuelto en el segundo año de las investigaciones. El estudio inicial del caso y los interrogatorios fueron llevados a cabo por la Comisión de deuda externa del Congreso el año legislativo 2001 y la compleción de la información y la redacción fue llevada a cabo por la Comisión de la Corrupción de la década del 90 el año legislativo 2002 El caso del contrato del Estado Peruano con el Swiss Bank Corporation, banco comprado por UBS se resume en que el Estado Peruano contrató a SBC para que recomprara la deuda externa a precios de mercado en un momento en que se encontraban en alrededor de 50% del valor deñ principal y cuando los intereses impagos no tenían cotización. Para ese fin, el ministro conoció a los representantes de SBC en la reunión del BID en Guadalajara en abril de 1994 y los contrató tres semanas más tarde, sin efectuar contrastes con otros por precios o calidad. Las recompras el SBC las comenzó a efectuar en mayo de 1994 y el contrato formal se firmó dos meses después, el 24 de julio de 1994. La institucionalidad creada para todo lo pertinente a la deuda externa fue dejada de lado mediante un artículo incluido en la ley de endeudamiento externo que le otorga todo el poder al ministro para levar a cabo las negociaciones que considere. Esto permitió mantener la institucionalidad existente para todo lo relacionado la deuda con acreedores públicos pero contratar a un asesor individual a tiempo parcial para que se encargara de esta operación. La Dirección General de Crédito Público no estaba informado de esta operaciones ni tampoco la Tesorería de la Nación. El dinero para las recompras se obtuvo con un préstamo pignorado con depósitos del Banco de la Nación de recursos provenientes de la privatización. Las operaciones se llevaron a cabo entre mayo de 1994 y septiembre de 1995 en que la banca internacional protestó por el uso de este mecanismo. Las operaciones se efectuaron a 52% y los intereses devengados e impagos venían libre de costo para el comprador. Lo que llamó la atención de la Comisión de deuda externa fue que la titularidad no cambió de manos cuando se efectuó la recompra sino dos años más tarde, cuando el Estado peruano toma dinero de largo plazo prestado del BM y del BID así como y realiza el Plan Brady, pagándole el préstamo al SBC. En ese momento el SBC le transfiere los papeles a 45% del valor del principal y a 45% del valor de los intereses. Si los intereses habían sido acopiados libre de todo costo por SBC, debían ser trasladados en las mismas condiciones. Lo extraño es que no se repitió la operación y en el camino se pagaron 494 millones de dólares en efectivo al SBC por intereses que habían sido acopiados libre de todo costo. Esa ganancia no se ve reflejada en los balances del Banco de la Nación que era el inversionista inicial para el acopio. Se encontró en el proceso de investigación que el negociador (asesor de la compra) de la deuda privada estableció una empresa financiera offshore llamada Optinvest la primera semana de agosto de 1994 en sociedad con quien luego fuera ministro de economía. El caso de la deuda rusa involucra elementos adicionales al estrictamente relacionado a la operación misma. El gobierno del Perú en el segundo semestre de 1990, cuando Alberto Fujimori había recién asumido el poder, decidió romper el contrato de renegociación de deuda que se había pactado con el gobierno del Unión Soviética en 1988 y dejar de lado dicho contrato en la espera que al finalizar el gobierno del Perú todas sus negociaciones de deuda, tanto bilaterales como con la banca privada, atendería las demandas de los gobiernos de Europa del Este. Desde 1974 existía un convenio marco por el cual el gobierno de la URSS proveía armamento al ejercito y la fuerza aérea peruanas y les daba mantenimiento. Al romperse el acuerdo, el mantenimiento se suspendió. En 1995 hubo un choque militar con el Ecuador y la Fuerza Aérea Peruana perdió trece naves, en gran medida porque no tenían el mantenimiento adecuado e inmediatamente después se decidió repotenciar a la FAP lo que se hizo utilizando 1,800 millones de dólares de dinero de la privatización. Sin embargo, como la deuda estaba impaga no se pudo ir donde el fabricante original y se efectuaron las compras de un proveedor en Bielorrusia quien a su vez se las vendió a un intermediario en Panamá asociado a Montesinos, asesor de inteligencia del Presidente del Perú. Esto fue denunciado como traición a la patria e involucra a Montesinos, Fujimori, los comandantes generales y los asociados de Montesinos Lo significativo para la comisión de la corrupción en cuanto deuda externa es que la compra de naves a Bielorrusia tuvo el inconveniente que requerían repuestos que solo los fabricantes tenían y el gobierno ruso puso como condición para la compra de repuestos, que la deuda total fuera saldada. Por esa razón, el gobierno del Perú debió atender el problema de la deuda rusa. El ministro de economía le instruyó a su asesor en compras de deuda que comprara deuda rusa por 1,000 millones de dólares, cosa que efectuó a través de SBC quien se convirtió en el intermediario en una negociación que debió de ser político diplomática entre los dos Estados. Los rusos pedían que la operación se efectuara antes de mediados de junio de 1996 y que no se conciliaran saldos. El costo fue de 130 millones de dólares, que pagó el Ministerio de Economía por la compra de 1,000 millones de dólares de bonos rusos al SBC y que éste le entregó al ministerio de finanzas ruso como pago total de la deuda bilateral comercial en rublos y en dólares del Perú. El negociador de la deuda bilateral no estuvo informado ni encargado de esta operación y sólo se le informó al comité de la deuda encargado de la deuda bilateral cuando había concluido la misma. El caso Elliot deriva de la recompra de la deuda peruana y del PPF. En 1994, PPF vendió los papeles de deuda del banco Popular del Perú con Midland Bank a Socimer, un intermediario financiero en Estados Unidos. La titularidad pasó luego a SBC quien los guardó y no los agregó a las operaciones que estaba realizando para el gobierno peruano en cuanto acopio de documentos se refiere. En 1996, cuando estaba por efectuarse el Brady, un fondo buitre compró estos pagarés por 10 millones de dólares más otro millón de ING Barings y demandó al gobierno del Perú por 66 millones de dólares, incluido los intereses de mora, multas, y el íntegro del principal. Si el Brady se efectuó a 45% del valor del principal y el pago había sido de 11 millones de dólares, esa compra tenía el propósito claro de doblegar al gobierno peruano a pagar todo o bloquear la firma final del Brady. Ganó el juicio luego de haber embargado al gobierno peruano, de haber reclutado para hacer lobby en el Departamento de Estado al ex embajador en el Perú Alexander Watson y de haber apelado la primera sentencia en su contra porque según la ley americana, la doctrina Champerty dice que un inversionista no puede comprar documentos de deuda con la finalidad de presionar al deudor llegar a un acuerdo distinto al que tiene con otro acreedores. SBC le vendió a Elliot Associates los pagarés en cuestión sabiendo que habían hecho una compra de pagarés Panameños meses antes. No se informó al Ministerio de Economía de esta venta hasta 120 días más tarde cuando lo normal es en las próximas 72 horas a la fecha de la venta, y SBC no le vendió estos pagarés al Perú, cosa que estaba en su obligación contractual. El pago del íntegro se efectuó en contra de la opinión de los abogados del Perú quienes le pidieron al Ministro de Economía que no efectuara el pago de 58 millones de dólares. La fecha de inicio de arreglo del pago final fue el mismo día que Fujimori anunció que dejaba el cargo de Presidente del Perú. Se encontró que un abogado temporal de Elliot en el Perú había sido un abogado del Ministerio de Economía. El caso Elliot fue el que llevó a que Anne Krueger del FMI propusiera la utilización de cláusulas de acción colectivas en las emisiones de los nuevos bonos soberanos, para evitar este tipo de abusos que dan preferencia a un acreedor sobre todos los demás y que perjudican al deudor.