Desde las Asambleas Populares de vecinos autoconvocados de Mar del Plata, en conjunto con la Asamblea Permanente por los DDHH de Mar del Plata y el Seminario Permanente en DDHH de la Facultad de Psicología de la UNMdP

Campaña la Deuda o la Vida

Información sobre la campaña a partir de la experiencia de asambleas de vecinos autoconvocados en Mar del Plata [1]

ALGUNAS ACCIONES CONTRA LA DEUDA

En nuestro país, el ciudadano Alejandro Olmos dedicó los últimos 18 años de su vida a la investigación de la DE, lo que permitió que se llegara, en julio del 2000 a un fallo judicial único en el mundo, dictado por el Juez Ballestero, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, Secretaría Nº 4, de Capital Federal, quien al dictar sentencia en la causa Nº 14.467, caratulada “Olmos Alejandro s/denuncia” declara que la deuda del período 1976-1983 es ilegítima, ilegal e ilícita.

El Juez envió el expediente al Congreso de la Nación para que éste actuara de acuerdo a lo que dicta la Constitución (art. 36) por tratarse de un grave hecho de estado. A raíz de la “indiferencia” del Congreso, el Foro Argentino de la DE presentó un recurso de amparo en marzo del 2002 para que el gobierno interrumpa las negociaciones con el FMI, en consideración al fallo de juez Ballestero.

Durante este año 2002 se presentaron en el Congreso dos proyectos de ley contra la deuda, solicitando al Estado acudir a los Tribunales Internacionales, uno de ellos patrocinado por la Asociación Americana de Juristas (AAJ), y el otro promovido por el decano de la Facultad de Derecho de la UBA.

En el mes de noviembre de 2002 la AAJ presentó una medida cautelar de suspensión del pago de la deuda pública externa a los organismos internacionales hasta tanto se revierta de manera real, efectiva y suficiente la trágica realidad de desnutrición y muerte de la niñez argentina.

 A estas acciones, se le suman otras que, de corte jurídico y político, se están desarrollando en distintas partes de mundo. Podríamos citar como ejemplo las acciones que inició el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, organización no gubernamental que presentó un caso referente a la deuda ecuatoriana con Noruega por la compra de 4 barcos por parte de una empresa privada. Este caso, con una estructura similar al argentino, fue denunciado por el CDES a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, y paralelamente organizan una Campaña Internacional para la anulación de la deuda con Noruega.

LA CAMPAÑA

INTRODUCCIÓN

Nadie pediría un préstamo que no necesita, nadie dejaría de utilizarlo de alguna manera una vez obtenido, nadie dejaría de registrar su monto, nadie aceptaría una cláusula por la cual el acreedor pudiera aumentar unilateralmente los intereses, ni que los intereses se sumaran al capital de forma tal que luego de haber pagado varias veces el monto original debiera mas que al principio, nadie pagaría a costa de dejar morir de hambre a su familia. Nadie prestaría repetidamente a quién no es buen pagador

Sin embargo, esto es lo que han hecho, hacen y dejamos hacer a nuestros representantes. Desafortunadamente (y muchas veces aún con una posición tomada) cuando empezamos a discutir el tema de la Deuda Externa (DE) en las asambleas a principios del 2001, no conocíamos todos estos detalles. El funcionamiento horizontal y el respeto por la pluralidad que caracterizan al movimiento asambleario permitieron que nos informáramos y debatiéramos el tema.

Fue a partir de estos debates que surgió la idea de esta campaña. A lo largo de los meses de trabajo fuimos desarrollando una serie de herramientas para difundir el tema de la deuda y trabajar la campaña, que queremos compartir por si resultan útiles.

METODOLOGÍA A PARTIR DE NUESTRA REALIDAD

Como producto de la violación de los Derechos Humanos (DDHH) que estamos denunciando, los medios masivos de comunicación mostraron, en la semana comprendida entre 16 y el 23 de noviembre del año en curso, la muerte por desnutrición de 9 niños en la provincia del Tucumán. Sabemos que lo que no muestran los mismos medios es aún peor. Los sistemas de salud, seguridad social, educación y justicia tampoco escapan a este extremo de desatención.

Esta realidad que es sufrida, de una u otra manera, por todo el pueblo argentino, no es abordada por los funcionarios del gobierno que se muestran más cercanos a los requerimientos de los acreedores que de las necesidades de su pueblo, incluso hasta llegar a incumplir funciones establecidas constitucionalmente.

Por otro lado, gran parte de los medios, en su mayoría pertenecientes a los sectores más beneficiados por el incremento de la deuda externa, difícilmente abordan el tema y estimulan el debate, por lo cual el nivel de información en la población es escaso y hasta falaz.

Por eso en nuestra experiencia hemos dado importancia a la transmisión de esta información en forma “artesanal”, es decir privilegiando el vinculo interpersonal preexistente y tomándonos el tiempo suficiente como para interesar al interlocutor a la lectura de nuestro material. De esta manera apostamos a que cada uno sea un posible transmisor de los conocimientos adquiridos y promueva a la reflexión colectiva del tema.

HERRAMIENTAS PROPUESTAS

En nuestro trabajo desde las asambleas de vecinos autoconvocados de Mar del Plata fuimos utilizando una serie de herramientas para la difusión del tema de la DE.

VIDEO DEBATE

la proyección del video “La mayor estafa al pueblo argentino” de Diego Musiak, seguido de un debate fue la primer tarea que nos dimos. Hicimos proyecciones para grupos desde 5 a 40 personas, y llegamos a presentarla 4 veces en la Biblioteca Municipal con una sala de 200 personas totalmente llena. Muchos participantes , a su vez, lo proyectaron en sus ámbitos sociales y de trabajo.

DOCUMENTO “la deuda o la vida”

Como resultado de la investigación colectiva que hicimos desde el comienzo de nuestro trabajo, surgió un documento de divulgación que intenta informar sobre la DE en un lenguaje simple.

 La idea de la campaña es entregar miles de ejemplares de este documento (a quienes firmen o no, ya que creemos que muchos solo lo harán luego de leer e informarse, actitud que nos parece fundamental), como herramienta disparadora del debate.

La impresión es realizada por la Universidad Nac. de Mar del Plata con el papel aportado por particulares e instituciones. Será necesario abrir los mecanismos de colaboración para seguir imprimiendo , ya sea a través de contribuciones mínimas al entregar el documento , como también ampliando el espectro de los grupos auspiciantes.

El documento , en su versión original pdf, está disponible para su difusión electrónica y puede solicitarse a: ladeudaolavida@hotmail.com

CONVOCATORIA A LA COMUNIDAD

La convocatoria se hizo en principio entre los sectores más comprometidos con la problemática social, con quienes iniciamos la campaña. Luego se invitó a una conferencia de prensa, que contó con una buena concurrencia de autoridades universitarias, representantes de gremios, organismos de DDHH, movimientos sociales y ciudadanos. En la conferencia el Dr. David Villarreal contestó preguntas sobre la denuncia, generándose un interesante debate acerca de las posibles de acciones a desarrollar aparte de la presente y acerca de la importancia de la movilización ciudadana

REUNION DE LA CAMPAÑA

A partir de la convocatoria a la comunidad constituimos un espacio de encuentro semanal que funciona de acuerdo a las ideas de horizontalidad y pluralidad de las asambleas, con un claro enfoque temático.

Esta reunión tiene como finalidad coordinar las acciones de la campaña con todos los que participan, hacer el seguimiento y distribución del material , así como también se destina tiempo para la discusión del tema específico de la deuda externa, desde sus aspectos políticos, económicos y jurídicos.

GRUPOS DE TRABAJO

Los distintos grupos de trabajo específicos se van conformando de acuerdo a las propuestas que surgen. Los grupos son: prensa y difusión, realización de murales en los barrios, mesas en la calle, integración de los elencos teatrales.

PAGINA WEB Y CORREO

Denuncia ante el ECOSOC por violación sistemática de DDHH en la República Argentina

Ciudadanos argentinos autoconvocados advierten la necesidad de analizar críticamente la realidad social, económica y cultural de la República Argentina, a la luz de la lamentable y profunda crisis que atravesamos sus habitantes. En efecto, realidades como la falta de trabajo, el deterioro del valor adquisitivo de la moneda, las dificultades para acceder a una digna vivienda, la falta de insumos mínimos y necesarios para atender y brindar los primeros auxilios en hospitales públicos, el incremento asombroso de la mendicidad, la imposibilidad de gran parte de la población de acceder a la educación primaria básica, el aumento del índice de la delincuencia, son algunos de los elementos que nos marcan un angustiante panorama de la crisis argentina.

No podemos dejar de mencionar la ineficacia cierta del Poder Judicial, el que encuentra que su capacidad para aplicar la jurisdicción está limitada por las imposiciones del poder político de turno. Ello ubica a los justiciables en una verdadera situación de desprotección judicial, realidad que se acentúa si el reclamo a efectuar involucra a las esferas de poder.

Sostenemos que el poder político se encuentra enmarañado en el oasis de la corrupción, extremo que genera dirigentes o candidatos a dirigentes con imposibilidad de crear políticas en materia económica, social y cultural que beneficien a los individuos, sino por el contrario, ponen su interés en adquirir nuevos compromisos internacionales de imposible cumplimiento que redundan en perjuicio directo de la sociedad argentina.

La República Argentina vio la luz del siglo XX con esperanzas de prosperidad y crecimiento nacional. Tanto la extensión de sus tierras como la existencia de idóneos recursos naturales y humanos hacían presumir que el siglo XXI nos encontraría, quizá, entre los Estados desarrollados. Sin embargo, las decisiones políticas adoptadas desmerecieron esa promisoria proyección nacional y condujeron a la sociedad a la crisis actual.

No cabe duda de que el Estado es internacionalmente responsable por el incumplimiento de las obligaciones asumidas en la Carta de las Naciones Unidas, en los términos de lo dispuesto en el art. 2 inc. 2 de dicho instrumento, toda vez que el Estado argentino es miembro de dicha organización internacional. Tampoco puede dejar de advertirse que las consecuencias de las desacertadas políticas adoptadas por Argentina tienen un consecuente común: la flagrante violación de los derechos fundamentales del hombre.

Se advertirá que los derechos económicos, sociales y culturales conforman conjuntamente con los otros derechos la indivisible masa de los derechos humanos, por lo que la sola vulneración de cualquiera de esos derechos ubica al ser humano en el triste rol de víctima de la vulneración de sus derechos humanos. No es perjudicial generar el dilema de qué hipótesis resulta lesiva de los derechos humanos: el individuo que es violentado en su integridad física por ser sometido a torturas o el niño que fallece porque no tiene alimentos para ingerir. Sin lugar a dudas ambas situaciones resultan vejatorias de la dignidad humana.

En esa inteligencia, cabe arribar a una primera conclusión: la crisis económica, social y cultural que atraviesa la sociedad argentina es en sí misma una clara violación a los derechos fundamentales del hombre, por ende el Estado Nacional ha violentado los derechos fundamentales prácticamente durante los últimos cincuenta años y persiste en su actitud hasta la actualidad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un instrumento jurídicamente vinculante para los Estados, según la inequívoca práctica de los mismos Estados miembros de las Naciones Unidas, criterio que fue corroborado tanto por la jurisprudencia internacional como por la doctrina en la materia. En consecuencia, la segunda conclusión válida es que el Gobierno argentino debe cumplir con dichas disposiciones legales.

Obsérvese que el art. 3 dispone que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Es importante destacar que la interpretación que habrá de darse a esta norma deberá adecuarse al contexto en el cual fue creada y, a su turno, que la misma deberá resignificarse con arreglo a los contextos del momento de su aplicación. Así, no puede interpretarse el derecho a la vida sin el ingrediente de su dignidad por lo que tenemos que concluir que la manda instituye el derecho a la vida digna, seriamente violentada por el Gobierno argentino a sus habitantes.

A su turno, el art. 17 dispone que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente y no puede ser privado arbitrariamente de su propiedad Si bien mengua todo comentario al respecto - ya que la violación de esta norma se advierte en cada situación cotidiana de vida -, no es ocioso recordar toda la normativa legal a través de la que se confiscaron los ahorros de los habitantes de argentina que estaban depositados en entidades bancarias. En síntesis, el Gobierno argentino ha violentado esta norma también.

El art. 23 inc 1 nos enseña que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, normativa que es complementada con las disposiciones del inciso 2 que prevé que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual y el inc. 3 que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana que será completada en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Es indudable que lo normado en el presente artículo se vulnera a diario en el territorio de la República Argentina, atento a la alta tasa de desempleo y a la existencia de sub-empleo, que en definitiva hace imposible el goce y disfrute de la norma transcripta.

También el art. 25. en su primer inciso, pone de manifiesto el incumplimiento de las obligaciones internacionales en que incurre el Gobierno argentino, al establecer que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la familia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho a igual protección social. La realidad que vivimos los argentinos nos demuestra que el Gobierno no asume que las vivencias diarias de su población nos ubican a todos los individuos en situación de desprotección, y nos deja librados a nuestra propia suerte, incumplimiento entonces con el rol del Estado frente a sus individuos, en cuanto a adoptar medidas útiles para asegurar el bienestar de su población.-

Así, el art. 26 nos expresa que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción fundamental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá a la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Nuevamente nos enfrentamos ante situaciones cotidianas que nos obligan a concluir que el Estado argentino incumple las obligaciones asumidas a nivel internacional y que las transcriptas en este trabajo resultan seria y groseramente violentadas.

No es incorrecto, entonces, si concluimos que las medidas adoptadas por los sucesivos Gobiernos de argentina de los últimos cincuenta años nos llevaron a la violación del derecho a la vida digna de los habitantes de este territorio, por lo que sin lugar a dudas Argentina, como Estado, deberá brindar las explicaciones respectivas a la comunidad

Internacional.-

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en el año 1970, dictó la Resolución 1503, a través de la cual creó un mecanismo de protección para las violaciones que fueran sistemáticas, flagrantes, masivas y persistentes de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esa inteligencia, el cuadro de violaciones descriptas resultan sistemáticas, atento a la participación de los estamentos del Gobierno nacional, y cumplen. Asimismo, el resto de las características requeridas por la Resolución mencionada. Entonces, se nos presenta como el mecanismo idóneo para someter al Gobierno nacional a que brinde las explicaciones del caso y acepte y cumpla las recomendaciones que le hará el órgano internacional de control.

No cabe duda de que el eje sobre el que el Gobierno nacional deberá brindar explicaciones a la comunidad internacional, ronda alrededor de la deuda externa ilegítimamente contraída, pues es evidente que las medidas económicas acertadas que adopta un Estado le brindan posibilidades de asumir compromisos sociales y culturales, mas si las medidas económicas tomadas resultan inadecuadas, la consecuencia directa es la clara imposibilidad de crear políticas sociales y culturales efectivas para dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.

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Adhiero a la denuncia a presentarse ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en contra del Estado argentino, por violación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de su población. Declaro compartir los fundamentos de la presentación en cuanto a endilgar responsabilidad al Estado denunciado por someter a sus habitantes a la extrema pobreza generada por medidas político económicas erróneas, como por ejemplo la adquisición ilegítima de la deuda externa. En consecuencia, apoyo esta acción desarrollada por las Asambleas Populares de Vecinos Autoconvocados Marplatenses, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mar del Plata y el Seminario Permanente de los Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la UNMdP.

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Asambleas Populares de Vecinos Autoconvocados, Mar del Plata, Argentina, 2002

la deuda o la vida

¿Cuántas veces se preguntó acerca de qué es lo cierto y lo no cierto en relación al tema de la deuda externa? Seguramente escuchó decir que “no hay que pagar la deuda” y también que “hay que honrar las deudas”; que “si no la pagamos quedamos aislados del mundo” y que “si la seguimos pagando nunca creceremos como país”.

¿Cuántas veces escuchó argumentos contrarios, quedando más confundido aún? A nosotros nos pasó lo mismo y decidimos comenzar a leer e investigar por nuestra cuenta toda la información que encontráramos, sin desechar ninguna fuente que llegara a nuestras manos, cualquiera fuera su origen.

Es así que este grupo de vecinos de Mar del Plata, integrantes de Asambleas Populares de Vecinos Auto-convocados, en su mayoría legos en la materia y sin pertenencia partidaria, profundizamos el tema y decidimos volcarlo en este trabajo para compartirlo con Ud. y, avanzar juntos en la búsqueda de una solución.

¿Es necesario saber qué es la deuda externa argentina?

La deuda externa (DE) aparece muchas veces como tema de discusión con el que se debaten sólo posturas ideológicas y pocas veces se lo relaciona con el malestar íntimo y cotidiano que nos rodea y nos invade.

Podríamos comenzar este documento colmando con datos estadísticos que nos describan “objetivamente” la situación de deterioro creciente de la calidad de vida que sufrimos los argentinos. Pero a la hora de referirnos al sufrimiento de personas como usted y nosotros, creemos que la frialdad de los números no alcanza para ser “objetivos”. Lo humano trasciende a lo cuantitativo.

Por eso, en su lugar lo invitamos a que rescate de su propia experiencia los sentimientos que generan las imágenes de la realidad cotidiana que a cada momento nos impactan: gente durmiendo en la calle, niños comiendo de la basura, personas mayores desatendidas en la salud, más trabajadores aceptando peores condiciones de trabajo o perdiendo su empleo, incremento de la violencia, degradación y perversión de las instituciones y de sus funcionarios. Es muy difícil que las estadísticas puedan reflejar esta gravedad. Además, ¿qué importancia tiene que las estadísticas nos informen que fueran sólo aquellos que usted vio o muchos más? Esto es poco relevante cuando hablamos de sufrimiento humano (aunque sabemos que, muchas veces, a esta realidad sólo se la entiende cuando se la sufre).

Muchas veces nos preguntamos cómo un país con los recursos naturales y culturales del nuestro llegó a esta situación de crisis extrema. No pretendemos dar aquí respuesta a esta pregunta, pero sí comenzar a buscarla junto a usted y pensar entre todos qué hacer. Una línea de análisis -entre otras posibles- consiste en averiguar, investigando la DE, si el destino que los gobernantes han dado y dan a los recursos económicos que día a día producimos los argentinos con tanto esfuerzo, contribuye al crecimiento del país o responde a otros intereses.

¿Qué es la deuda externa?

La DE está conformada por el dinero que ingresó por préstamos del exterior más los intereses que este dinero va generando, y los gastos y comisiones que cobran los funcionarios cada vez que renegocian. Los acreedores pueden ser gobiernos de otros países, instituciones inter-gubernamentales como el FMI o el Banco Mundial, bancos comerciales o tenedores de bonos u otros instrumentos financieros que el gobierno argentino emite.

Para el año 2000 se calcularon 12.000.000.000 de dólares para el pago de intereses de la deuda. Estos pagos los debe hacer el Estado con los recursos del presupuesto. Si no alcanza a cubrirlos negocia nuevos créditos (renegociaciones) bajo los requisitos que los organismos internacionales exigen, que por lo general, resultan en “ajustes” al presupuesto nacional con efectos cada vez más recesivos y regresivos para la población.

Evolución de las renegociaciones de la DE:

Período	Presidente	Partido de Go­bierno	Monto en Millones de dólares	% au-mento	Observaciones
1966 a 1972	Onganía Levingston Lanusse	MILITAR de ipso	De 3.276 a 4800	+ 46
1973 a 1975	Cámpora Perón Martínez	PARTIDO JUSTICIALISTA	De 4890 a 7.800	+ 62	Deuda por habitante 320u$s
1976 a 1983	Videla Galtieri Bignone	MILITAR de ipso	De 9700 a 45.100	+ 364	autoprestamos, toma forzada de créditos Deuda por habitante 1.500 u$s En 1982 Cavallo estatizó la deuda de 15 empresas privadas
1984 a 1989	Alfonsín	UNIÓN CÍVICA RADICAL	De 46.200 a 65.300	+ 44
1989 a 1999	Menem	PARTIDO JUSTICIALISTA	De 65.300 a 146.219	+ 123	Privatizaciones Ampliación de la CSJ
2000 a 2001	De la Rúa	ALIANZA	147.667	+ 9	Deuda por habitante 3.800 u$s

 

Fuente:: Revista «La Nación» del 6-5-01, pág. 22 a 24, artículo «Como empezó la Deuda Externa» por Jaime Poniachik

¿Qué consecuencias tiene para nuestro país la DE ?

Para que podamos entender las consecuencias directas del pago de la deuda externa basta con dar un solo ejemplo de los muchos que encontramos: en el primer semestre del 2000, entre los recortes (“ajustes”) efectuados para poder pagar sólo los intereses de la DE, se asignaron 28 millones de dólares menos en sueldos, 50 menos del Plan Trabajar, 18 menos del subsidio a la pobreza, 15 menos para enfermedades de alto riesgo, 14 menos para proyectos de innovación tecnológica, 24 menos para infraestructura y equipamiento escolar, 9 menos para infraestructura básica social de provincias, y 8 menos para control y prevención de enfermedades, 5 menos para la atención de la madre y el niño y 3 menos para el sida.

Estos datos muestran claramente como la DE se relaciona directamente con la Deuda Social. En los últimos veinte años, el constante incremento de la primera ha llevado al de la segunda, con el consecuente deterioro de nuestra calidad de vida. Similares consecuencias se observan en el resto de los países de América Latina y del tercer mundo en general.

¿Cómo nos vamos endeudando?

El ocultamiento de la naturaleza y características del proceso de endeudamiento fue una táctica de quienes ejercieron el poder para confundir y engañar a la sociedad. Todas esas acciones se realizaron sobre una misma base ideológica: pasar de un modelo capitalista de economía productiva a otro capitalista de economía financiera, cuyas características describimos en el siguiente cuadro:

 

Modelos de Capitalismo
Modelo Económico Productivo	Modelo Económico Financiero
modelo de acumulación por industrialización	modelo de valorización financiera
ganancia productiva objetivo: mercado interno, consumo, desarrollo de bienes y servicios	renta financiera objetivo: la liquidez
empresas con valor social	la empresa es un fondo de inversión
reinversión a largo plazo	movimientos rápidos de capitales especulativos
pacto de clases: derechos sociales salud, educación, salario, nivel de vida	cae el valor del trabajo, el salario es un costo también la salud, la educación y la seguridad son gastos (y no derechos)
teoría del “derrame” incentivo al consumo	concentración del ingreso, polarización social in­cremento de la represión y la violencia

 

Veremos ahora la evolución de este proceso de imposición del modelo económico y de configuración de la DE. en los últimos 30 años

RESERVAS Gran parte de los fondos fueron destinados a aumentar las reservas pero, en lugar de usarlos en inversiones, casi un 90% fueron colocados en plazos fijos en bancos del exterior, con el agravante de que se convinieron tasas más bajas que las que se estaban pagando por ese mismo dinero. Los registros de estas operaciones se hacían en una “libreta negra” del Banco Central. El dinero nunca estaba disponible al momento de pagar, lo cual “obligaba” a generar nuevos préstamos (causa Olmos)

En la década del ’70, a raíz de la crisis del petróleo, el precio del galón aumentó de 0.80 u$s a 15,00 u$s. (19 veces más). Este incremento provocó una gran liquidez (abundancia de dólares en el mercado), proveniente de los negocios con petróleo que, colocada en la banca internacional (Citibank y otros) modificó la economía mundial. Estos “petrodólares”, como toda mercancía abundante, ponían en peligro su valor (ley de oferta y demanda). Para evitar esto, los dueños de los petrodólares -organizados en el FMI- se ocuparon de ubicarlos forzadamente a través del otorgamiento de créditos. Para lograrlo dieron a las delegaciones de la banca internacional el mandato de inducir a los diferentes países a tomar créditos, ofreciendo una tasa de interés insignificante (el 6,00% anual). Es así que el conjunto de los países latinoamericanos se endeudó innecesariamente en 300.000 millones de dólares.

AVALES NO RECLAMADOS El Estado otorgó avales a empresas, sin estudiar las posibilidades de cumplimiento. Luego, cuando las empresas entraron en mora, nunca reclamó judicialmente y pagó sus deudas , constituyendo un real “subsidio público”. Entre las empresas están: entre otras Acindar, Papel de Tucumán Grupo Bridas , Austral, Interama, Autopistas Urbanas, Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray, Cementos Noa, Algunas de estas empresas eran filiales de multinacionales.( causa Olmos)

Como estos créditos forzados no respetaban las necesidades de los países destinatarios, sino más bien las conveniencias de los capitalistas que los otorgaban, dicha operatoria debía realizarse bajo ciertas condiciones de presión como por ejemplo: 1) desmantelar el aparato productivo de cada país para que no pudiera generar su propia riqueza y así siguiera necesitando de capitales extranjeros; y 2) aniquilar toda fuerza social que, defendiendo los intereses de su pueblo, se opusiera al endeudamiento forzoso.

Para generar esas dos condiciones, los capitales extranjeros promovieron la instalación de la dictadura militar que, vía terrorismo de Estado, hizo desaparecer a 30.000 personas y asesinó otras 10.000 para terminar con toda expresión opositora.

ENDEUDAMIENTO DE EMPRESAS DEL ESTADO Empresas Estatales tomaron créditos en dólares que no necesitaban. x.ej YPF tomó 427 créditos en 5 años; los dólares eran usados por el Banco Central o colocados a plazo fijo en el exterior y nunca invertidos en la producción de la empresa. (causa Olmos)

Entre el 76 y el 83, instaurada la “timba financiera”, los especuladores pasaron a ser más valorados que los trabajadores. La deuda creció en un 350% sin que existan registros contables que lo acrediten. Se desconoce el destino de los fondos, pero se sabe que no fueron utilizados para desarrollar la economía sino para la especulación. En esta etapa comienza también el endeudamiento innecesario, y muchas veces ficticio, de las empresas estatales. Todo esto está plenamente demostrado en el juicio penal “Olmos, Alejandro S/Denuncia” con sentencia firme sobre la DE, dictada por el juez federal Ballestero, fundada en las pruebas documentales, testimonios de altos funcionarios públicos e informes de un prestigioso cuerpo de peritos.

Este fallo incluye afirmaciones gravísimas como, p.ej., que entre 1979 y 1982 hubo una acumulación injustificada de reservas que se malversaron, se estimuló la salida de dólares para atesoramiento externo (fuga de capitales), la proliferación de autopréstamos, se otorgaron avales injustificados a empresas privadas, y se liquidaron deudas sin asentar los pagos.

AUTOPRÉSTAMOS y SEGUROS DE CAMBIO Empresas privadas transferían al exterior divisas para luego re-ingresarlas como préstamos del exterior (generando una deuda falsa en complicidad con los bancos) y recibir el beneficio de los "seguros de cambio", operaciones concertadas con el Banco Central, que les aseguraba la venta de dólares a una tasa de cambio fija haciéndose cargo el estado de la diferencia (estatización camuflada de deudas privadas). En 1983 por sucesivas resoluciones del Banco Central, se beneficiaron con los "seguros de cambio" o los "títulos del Estado". (declaraciones del Dr. Portnoy, ex vicepresidente del Bco. Central; causa Olmos)

Durante la década del ’80, la abundancia de dinero se terminó. Esta iliquidez provocó un aumento en las tasas de interés del 6 al 22%, decidido unilateralmente por los acreedores. En el período ´85-´89, la tasa de interés promedio en los países industrializados fue del 4,35%, mientras que la tasa de interés efectivo sobre la DE pagada por los países deudores rondó el 16,8%. Este alza en las tasas generó dos situaciones: 1) se incurrió en el anatocismo, práctica ilícita y usuraria que consiste en cobrar interés sobre interés para sumarlo al capital y cuyo efecto termina siendo “cuanto más pago más debo”; y 2) como las deudas fueron contraídas en dólares y no en la moneda de curso de los países, la cancelación fue más costosa para los estados con monedas más débiles. Paralelamente los países centrales hicieron caer el valor de los productos exportados por el tercer mundo mientras aumentaban el valor de sus productos industriales y tecnológicos, lesionando aún más las pequeñas economías y favoreciendo una enorme transferencia de recursos al primer mundo. Las consecuencias: caída de la industria, incluso ciudades y pueblos enteros (San Nicolás y Cutral-Co). Ante este panorama sombrío, los empresarios argentinos huyeron del mercado interno consumando una verdadera fuga de capitales.

ESTATIZACIÓN FORMAL En 1985, el gobierno de Alfonsín cerró el trámite de estatización, mediante normas del Banco Central(Com.A-695,696,697), procedimiento por el cual se reemplazó la deuda privada por “Obligaciones del Banco Central”, desobligando al deudor privado.(causa Olmos)

En este contexto, las empresas privadas que habían tomado créditos en el exterior (muchos eran auto préstamos), se declararon insolventes y acordaron con los gobernantes la estatización de sus deudas por medio de dos maniobras: 1) seguros de cambio y 2) cancelación de deuda con títulos del estado. En 1985 se realiza la estatización formal de la deuda privada.

Así, el Estado (nosotros) se hizo cargo de una pesada deuda por un dinero que no recibió, debiendo restar fondos (o sumar ajustes) al Presupuesto Nacional en salud, educación, ciencia y tecnología, activación de la producción y fuentes de trabajo. Paralelamente los países centrales solventaron sus gastos militares y su desarrollo tecnológico. En 1989 los países latinoamericanos ya habían pagado más del doble (U$s 700.000 millones) de lo que habían tomado como crédito durante los ‘70.

TÍTULOS DEL ESTADO Otros falsos compromisos de los deudores privados con los acreedores del exterior que se terminaron cancelando –por resolución del Banco Central - con títulos del estado.( causa Olmos)

Pasada la dictadura, la protesta social comenzó a poner límite a estos ajustes, y el Estado entró en dificultades para cumplir los plazos de pago, debiendo renegociar su deuda. Como no puede sancionarse a los Estados rematando sus propiedades (puesto que estos no pueden quebrar), la banca internacional utiliza las renegociaciones para no dar por perdidas definitivamente las deudas, otorgando nuevos créditos con tasas usurarias. En este marco de dificultad de pago, el FMI pasó de ser un organismo de asignación de créditos a un ente cobrador de créditos. En el inicio de la democracia, el gobierno de Alfonsín tuvo la oportunidad de desconocer la DE por haber sido contraída por un gobierno de facto (“deuda odiosa”) y no lo hizo. Llegó a crearse una comisión de investigación de la DE en el Congreso que fue disuelta al poco tiempo, aún habiendo encontrado las primeras irregularidades. A pesar de esto, el no apego total de la gestión radical a las disposiciones del FMI generó una tensión en las relaciones que terminó en una cesación de pagos, con corrida cambiaria, hiperinflación y finalmente caída del gobierno por un golpe de Estado, esta vez no militar sino financiero.

Ya en los ’90, después de aplicar el Plan Brady (versión perfeccionada de “estatización” de deuda privada), la inmensa transferencia de capitales desde los países deudores hacia los acreedores, permitió a la banca internacional superar la crisis de iliquidez, por supuesto que a expensas del debilitamiento de las economías de los países de Latinoamérica. Este debilitamiento hizo necesario que el FMI cambiara su rol de “cobrador” al de “ente evaluador” de las condiciones que los países deben cumplir para “merecer“ el crédito. El criterio ideológico bajo el cual se evalúan estas condiciones es el del neoliberalismo, que considera que el rol del Estado debe restringirse a la creación de condiciones jurídicas, sociales y económicas adecuadas para atraer esas “inversiones” privadas

PLAN BRADY El Plan Brady se aplicó en 1989 cuando la deuda del Tercer Mundo se volvió incobrable, y consistió en que en que los acreedores cambiaran papeles cotizados en 12% del valor nominal, por otros en los que el Estado Nacional reconoció el 100% de dicho valor. Entre los gestores de la operación están los funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Economía, entre otros: Mulford, Rohm, Domingo Cavallo, Daniel Marx y Jorge Rodríguez – (Gerente del Sector Externo del Banco Central incorporado luego al estudio profesional de Brady en los Estados Unidos)

Las condiciones adecuadas para atraer capitales financieros son: libre circulación de capitales sin restricciones impositivas ni jurídicas - políticas monetarias restrictivas que impidan la emisión de moneda y aseguren altas tasas de interés para los préstamos – políticas impositivas recesivas con impuestos aplicados al consumo y no a la riqueza y superávit comercial que asegure el cobro de sus créditos, medidas todas estas que incrementan la acumulación de dicho capital financiero y no la producción.

PRIVATIZACIONES Las empresas del estado (muchas de ellas rentables) se vendieron a privados. Se pagó con títulos de la DE, reconocidos al 100% de su valor nominal y no al del mercado (12-15%). Parte del valor fue abonado al principio y otra parte igual financiado en 5 años con recursos propios de la empresa vendida. Las empresas fueron entregadas libres de deudas, absorbiendo el Estado los pasivos, garantizó rentabilidades obligándose a subsidiar a privatizadas deficitarias.

El crecimiento de una economía basada en el capital financiero especulativo no necesita que los sectores populares consuman, por lo tanto no interesa si quedan excluidos del modelo. Tampoco importan los supuestos beneficios de la competencia de mercado, (con la que los seudo periodistas de siempre nos machacaban en la época de lo importado y de las privatizaciones) sino más bien los monopolios que garanticen la ganancia financiera rápida. La consecuencia de la aplicación de este modelo determina que se sigan cerrando industrias y vendiendo campos.

FUGA DE CAPITALES Los acreedores impusieron la libre circulación de capitales (falta de control estatal en la entrada y salida de divisas del país) condición necesaria para la concreción de muchas maniobras fraudulentas.

El cambio de modelo fue implementado por la misma fracción de sectores dominantes que habían instalado las dictaduras militares utilizando, ahora en democracia, a la corrupción y al soborno para comprar a las conducciones políticas. Así, la cúpula empresarial argentina financió a los funcionarios a cambio de que los dirigentes políticos traicionen los mandatos populares, a pesar de que en campaña pregonaban “no los voy a defraudar”. Esta alianza les permitió a ambos conservar sus posiciones de dominación. La corrupción irrumpió como factor orgánico de cohesión en el sistema de poder, de la misma manera que lo había hecho antes, el “pacto de sangre” entre los militares genocidas.

Esto permitió entregar las empresas del estado más rentables en condiciones por demás ventajosas al capital privado, en su mayoría extranjero (Privatizaciones).

Para completar el achicamiento del Estado, se puso en marcha la descentralización, que permitió transferir a las provincias parte del gasto público nacional y lograr con ello “ajustes” provinciales y municipales. Desde la mayoría de los medios sólo se escuchaba lo ineficiente que era el Estado y lo urgente que era achicarlo. En las provincias más pobres estos ajustes se sintieron y dieron nacimiento en el 93 a las primeras nuevas formas de lucha y expresión pública de resistencia (Santiagazo, Cutral-Co, Mosconi). Los primeros “piqueteros” preanunciaban la inminente desocupación generalizada. No se los escuchó

Las modificaciones no sólo fueron en el terreno de la economía. Para aplicar el plan y cerrar los negocios con total impunidad, el gobierno menemista quebró el equilibrio entre los distintos poderes del Estado ampliando el número de inte grantes de la Corte Suprema de Justicia lo que dio como resultado la “ votación automática”, consolidando la mecánica del per saltum.

Además de lo jurídico, se tejieron complicidades políticas: el Pacto de Olivos (Menem– Alfonsín) dio curso a la reforma constitucional que aportaría dos elementos centrales: la reelección presidencial y la delegación en el ejecutivo de legislar vía decretos de necesidad y urgencia, y de asumir legalmente la suma del poder público en caso de emergencia económica. También la mayoría de los medios de comunicación, una vez privatizados, colaboraron en difundir que la forma de pensar válida era una sola y que los demás eran “dinosaurios”, “idealistas trasnochados”, o “los mismos inadaptados y violentos de siempre”.

Contrariamente a lo que nos prometían, el plan económico no sólo “fracasó” en lograr activar el proceso productivo argentino, sino que aumentó considerablemente el monto de la DE en un 125% (el plan fue exitoso para los acreedores)

Sobre el final del 2000 ya se había incrementado la brecha del ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre de 13 a 33 veces (20 veces más).

MEGA CANJE Una simple anotación en un libro contable que permitió reprogramar deuda con alta tasa de interés y que los funcionarios cobraran cuantiosos “honorarios” denominados “servicio de la deuda” que ascendieron a 150.000.000 U$S.

Lo sucedido entre el 2000 y el 2002, lo tenemos más presente. Primero fue , “Banelco y coimas” de por medio, la “Flexibilización Laboral”: una maniobra disfrazada como una estrategia para bajar el desempleo que en realidad sirvió para achicar el costo laboral. Ya habíamos afirmado que en una economía financiera el trabajo es una mercancía depreciada y despreciable. Luego, en menos de un año, una seguidilla de maniobras financieras: el Mega Canjeli, la Pesificación, el “Corralito” y el “Corralón”, la sanción de las leyes de “Emergencia Económica” y de “Régimen Cambiario” (que perjudicó al sector de los trabajadores con una pérdida del poder adquisitivo del 40%), y, por último, la Derogación de la ley de “Subversión Económica” y la sanción de la nueva “ley de Quiebras” que dejaron impunes a los responsables de los ilícitos. Hoy, después de 10 meses sin acuerdo con el FMI, el gobierno de Duhalde continúa implorándole que planteen sus precondiciones genocidas para reiniciar las negociaciones y seguir pagando.

CAMBIOS EN LAS LEYES Muchas son las leyes que se debieron modificar para permitir el cambio de modelo, entre ellas nombramos las leyes de Reforma del Estado, de Emergencia Económica, de Flexibilización Laboral, el nuevo régimen de jubilaciones (A.FJ.P), de desregulación , de “superpoderes”, “Corralito”, de quiebras, de subversión económica, etc. Además, se modificó el código procesal para garantizar la impunidad de todas estas maniobras para el endeudamiento

¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE ENDEUDAR EL PAÍS?

Debemos comenzar por revisar nuestra propia responsabilidad como ciudadanos, pero es necesario marcar una diferencia de grado. Quienes elegimos ocupaciones diferentes a las de dirigente político o funcionario de cualquier gobierno, debemos reconocer la responsabilidad indirecta de no ejercer la presión política y el control suficiente sobre las acciones públicas de quienes nos representaron. Tanta dictadura impidió, a riesgo de muerte, la participación del ciudadano y el afianzamiento de la democracia. Nuestra democracia actual, aún incipiente y temerosa, rechaza la participación en la cosa pública generando un analfabetismo político de alto costo para el país. Nuestros dirigentes, lejos de convocarnos a la participación y considerarnos un factor en el balance de fuerzas contra los sectores dominantes, desaniman la movilización apoyándose en un aparato represivo no desarticulado desde la dictadura militar, y dejan el control de los medios de comunicación de masas en manos de estos mismos sectores para que los utilicen como formadores de opinión o simple “circo” (desde el fútbol a gran hermano). Este analfabetismo político de hoy es, quizás, la sombra más oscura en la que se deslizan con impunidad los peores delincuentes y traidores a la patria. Tal vez esta amarga experiencia genocida (primero militar y ahora económica) con su alto costo, nos sea útil para alfabetizarnos y entender que la política es materia indelegable de todos nosotros, sin excepción. Pero lo que nos queda claro es que los principales responsables, los culpables directos, han sido quienes, asumiendo nuestra representación, negociaron y permitieron que se renegociaran estos préstamos en condiciones tan desfavorables para nosotros, los representados. Queda claro aquí el divorcio entre la clase política y los ciudadanos.

PESIFICACIÓN que fue el nuevo ropaje de la vieja estatización de la deuda, con lo que se permitió la licuación de pasivos de empresas privadas (que cancelaron en pesos 1 a 1 deudas contraídas en dólares o durante la convertibilidad) intensificándose la pública.

Son responsables en mayor grado los gobiernos de los diferentes Estados, tanto acreedores como deudores que, antes que respetar los derechos de los seres humanos, y olvidando que tienen la obligación de velar por los intereses comunitarios, cuidaron los intereses económicos, propios y sectoriales del capital financiero, quebrando la más elemental Ética de solidaridad y cooperación entre las naciones del mundo y traicionando a sus propios pueblos. Son también responsables directos los organismos internacionales de crédito como el FMI. y el BM. que, lejos de colaborar en la solución de los problemas de los países de economía débil, por el contrario se abusaron de dicha debilidad. El FMI es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, creado en 1944, que según el art. 1 de sus estatutos está obligado a: ...facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional contribuyendo de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales y al desarrollo de la capacidad productiva»; y de acuerdo con la decisión de su Consejo de Administración del 29 de abril de 1977: debería vigilar que los Estados realicen una política financiera sana que les permita un desarrollo sostenido y socialmente equitativo, cumpliendo al mismo tiempo sus obligaciones internacionales. En 1947, el FMI y el BM pasaron a ser formalmente instituciones especializadas del sistema de la ONU y, como tales, tienen el deber de garantizar los Derechos Humanos.

Es por esto que el crecimiento irresponsable de las deudas externas cuenta con la complicidad del FMI, que, no sólo se abstiene de alertar a los gobiernos que se endeudan improductiva y excesivamente sino que además, a través de la imposición de sus políticas financieras, fuerza a los pueblos a endeudarse cada vez más.

Cabe aquí aclarar que en el seno del FMI las decisiones se toman a través del «voto ponderado» (tantos dólares, tantos votos) quedando las resoluciones en manos de un pequeño grupo de países ricos que reúnen la mayoría de los votos. No nos resultó extraño enterarnos que un solo país, los EEUU puede bloquear las decisiones importantes porque dispone de un porcentaje de votos del 18%, superior a la minoría de bloqueo, que es del 15%.

¿Qué se debe priorizar: la garantía a la renta financiera

o el respeto por la dignidad humana?

Cuando alguien comete un delito, se apela al sistema judicial y a la fuerza pública del Estado para corregirlo. Pero cuando es delito lo comete el propio Estado, no quedarían instancias a las que acudir si no existieran los Derechos Humanos (DDHH). Pocas personas saben que su existencia está reconocida por la comunidad internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y que Argentina los incluyó en su propia Constitución con la reforma de 1994.

Los Derechos Humanos, son universales, interdependientes e indivisibles, ya que si es violado uno de ellos se vulneran todos los demás (p.ej. no podemos gozar del derecho a la libertad, si no tenemos alimentos, educación, salud o vivienda digna). Todos los Estados miembros de la ONU deben promoverlos y garantizarlos. Su violación es ejercida siempre por los Estados a través de las instituciones (Congreso – Policía – FFAA – Poder Ejecutivo – etc.), tanto por acción como por omisión.

Para que gocemos de algunos de estos derechos el Estado debe abstenerse de impedir su goce, p.ej. para que vivamos en libertad alcanza con que no nos mate ni nos encierre.

Pero para que gocemos del derecho a una vida digna el Estado debe actuar y mucho, debe brindarnos posibilidades de desarrollo y bienestar, crear fuentes de trabajo, garantizarnos el acceso a los alimentos, a la salud, a la educación, a la vivienda.

Estos últimos son los llamados derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que implican obligaciones para la comunidad internacional y para cada Estado respecto de sus pueblos y de los seres humanos en general. Todos tenemos derecho a su goce progresivo en la medida de los recursos disponibles pero sin apartarse nunca del piso mínimo de bienestar (salud primaria, educación primaria, etc.). Según las Resoluciones 2626 (XXV), 3201 (S-VI) y 3281 (XXIX) de la Asamblea General-ONU cada Estado tiene el deber de hacer el máximo esfuerzo para promover el progreso económico, social y cultural de su pueblo.

Si pensamos la DE a la luz de los DDHH, encontramos más argumentos para cuestionarla:

En Argentina existe la primacía de los DDHH sobre la obligación de reembolsar la deuda, sin embargo nuestros gobernantes violan derechos tanto económicos, sociales y culturales como civiles y políticos, cuando dedican una parte desproporcionada de los recursos nacionales al pago de la DE, en lugar de recurrir al beneficio de competencia que en derecho significa “pagar lo que buenamente se puede” (art. 799 del Código Civil .Arg.). El derecho a la dignidad está reconocido en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, consagrado explícitamente en los preámbulos de la Declaración Universal de DDHH., de los dos Pactos Internacionales de DDHH., y en la Constitución de muchos Estados.

La falta de acceso a tratamientos médicos y a medicamentos indispensables, implica una violación del derecho a la vida. La falta de alimentos suficientes, de una vivienda adecuada, de educación, de acceso a seguridad social, etc., también constituyen violaciones del derecho a la vida digna. El art. 5 de la Declaración Universal de DDHH dice: «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes“. El Tribunal Europeo de DDHH dijo que son tratamientos degradantes los destinados a crear en quien los sufre sentimientos de temor, angustia e inferioridad, con el fin de humillarlo, envilecerlo y eventualmente quebrar su resistencia física o moral. La reducción a la pobreza y más aún a la extrema pobreza puede entenderse como un tratamiento inhumano y degradante, discriminatorio, que afecta la dignidad personal de quien lo sufre, provocándole sentimientos de temor, angustia e inferioridad.

Vulnerar los DESC configura también crímenes contra la humanidad y el crimen de genocidio, puede invocarse el artículo II, inciso c) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: ...“sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

Actualmente en Argentina está en curso una querella criminal contra varios ex dictadores y jefes militares del Cono Sur por su responsabilidad en la ejecución del Plan Cóndor. (“Videla J. R. y otros s/ Privación Ilegal de la Libertad Personal”). En esta querella se acusa a los imputados de haber constituido una asociación ilícita para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidio y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados, mediante el uso criminal del aparato del Estado respectivo. Y también se hace mención a la existencia de una conspiración contra el derecho de autodeterminación de cada uno de los pueblos de los Esta dos parte, privando a éstos de sus riquezas naturales, desmantelando sus estructuras productivas y obligándolos a un endeudamiento que se paga con la exclusión social, nueva forma de desaparición del mundo del trabajo, la salud y la cultura. La parte querellante ofreció pruebas de las violaciones a los DESC que fueron aceptadas y ordenado su diligenciamiento. El juez ya dictó la prisión preventiva de Videla y solicitó la detención, con miras a la extradición, de Pinochet, Stroessner y un grupo de militares uruguayos. Este juicio es un ejemplo de cómo se puede denunciar ante los tribunales como un todo indisociable las violaciones de los derechos civiles y políticos y las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. También las políticas sociales pueden violar los DESC.:

La transferencia de los recursos del Sur al Norte se sostiene implementando políticas de disciplinamiento social a través de un proceso de desarticulación de las estructuras estatales de atención a la salud y a la educación principalmente, reemplazándolas por una política de subsidios (Plan trabajar, etc), que tienen la misión de institucional la pobreza y controlar los posibles desbordes sociales a través de prácticas clientelistas.

Desarticulación de la educación: En nuestro país la tradición de la escuela pública, que tuvo reconocimiento internacional, está siendo abandonada debido a la disminución del presupuesto y el avance de la ideología de la enseñanza privada. Nos encontramos así un campo educativo invadido por la ley de mercado, en el cual la educación pasa a ser mercancía y el educando un consumidor. El aumento del analfabetismo, de la deserción y el fracaso escolar son prueba del este deterioro.

Desarticulación en salud: el deterioro de los servicios y las prestaciones así como la ausencia de protección y asistencia por parte del estado ante situaciones de riesgo dependieron también de los cambios en el sistema de seguridad social (cambios vinculados a los procesos de flexibilización laboral y desempleo). La impunidad en el saqueo sistemático de las obras sociales (que eran un baluarte histórico) llevó a su descrédito, el que sumado a la propagandización de la supuesta excelencia de la medicina de las grandes corporaciones sirvió para preparar la privatización compulsiva de 1994. Otra vez, la salud pasa de ser un derecho a ser una mercancía y el paciente un consumidor más. La reaparición de las enfermedades de la pobreza es solo una de las consecuencias de esta situación.

En el área trabajo, el desmantelamiento del sistema de obras sociales produce, además de su impacto en la salud, un proceso más general y menos visible: la deslegitimación del trabajador como categoría e identidad social. Cuando el trabajador deja de existir, los derechos asociados al trabajo pierden sustento. Esto refuerza el proceso de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, obligándola a adaptarse a las nuevas reglas de mercado, donde el individuo-trabajador es una mercancía consumible y desechable. En el 2000 se impone (bajo sospecha de soborno) la ley de flexibilización laboral que avasalla el art.14 bis de la Constitución.

¿QUÉ PASARÍA SI NO SE PAGA LA DEUDA EXTERNA?

Ya sabemos qué pasa si pagamos la DE. Hemos sacrificado generaciones y con ello el futuro de nuestro país, a pesar de lo cual la DE crece inexorablemente. Ante esta evidencia debemos plantearnos lo que sucedería si no pagamos. Un Secretario del Tesoro de los Estados Unidos a fines de los años 1920 (A. Melow) dijo, en ocasión de la firma de 15 convenios de re programación de deudas de guerra de países europeos con EE.UU.: “La insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la capacidad de pago de una nación le serviría de justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible…quienes insisten en cláusulas imposibles están propiciando en última instancia el repudio completo de la deuda”. Pese a esta reprogramación, Alemania y otros países suspendieron más adelante el pago de esas deudas.

El profesor José Antonio Alonso, en un artículo publicado en el diario español “El País” del 17 de abril de 2001, después de indicar el elevado costo económico y social de la deuda de los países en desarrollo, señala que después de la Segunda Guerra Mundial se fijó como cuota máxima para el pago de la deuda alemana el 4,6% de sus exportaciones, con el objeto de “no dislocar la economía” y “no drenar indebidamente sus recursos”. Es decir que Alemania, después de haber provocado la hecatombe humana más grande de la historia, recibió mejor trato que el que reciben actualmente los países deudores pobres. Muchas veces, la historia muestra que no pagar la deuda tiene efectos ventajosos. La anulación del 51% de la deuda de guerra alemana en 1953 contribuyó fuertemente al renacimiento económico de ese país.

Otros antecedentes de no pago son el Estado ruso en 1918, la deuda de guerra de Inglaterra y Francia e incluso la deuda latinoamericana después del crack de 1929 de Wall Street.

Las grandes potencias, nunca o casi nunca han pagado sus deudas . La deuda de los Estados Confederados del Sur después de la Guerra de Secesión fue anulada mediante el punto 4 de la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos del 16 de junio de 1866, que dice: “…ni los Estados Unidos, ni ninguno de los Estados reconocerán o pagarán deuda u obligación alguna que se haya contraído para ayudar a una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos…; estas deudas, obligaciones y reclamaciones serán consideradas ilegales y nulas”.

La amenaza de suspensión de la línea de crédito no tiene sentido para la mayoría de los países del Tercer Mundo que hace muchos años no tienen acceso a préstamos de capital. Aún para el puñado de países que todavía tienen acceso a estos capitales (China, Brasil, México y Tailandia), el 80% de las entradas de inversiones extranjeras correspondieron a la adquisición de empresas ya existentes que pasaron a ser controladas por las multinacionales de los países más industrializados. Esas inversiones, como venimos viendo en la Argentina, no implican creación de empleos, sino lo contrario.

Por último, Eric Toussaint (autor de “La bolsa o la vida”), afirma que la DE del Tercer Mundo constituye el 5% del total de la deuda mundial y que no pagarla no afectaría la dinámica de la economía mundial. Si la dimensión económica no es importante, entonces podría pensarse que la insistencia sobre el pago de la DE tiene más bien fines políticos: como por ejemplo la continuidad de la dominación y el sometimiento de los países pobres.

¿HAY QUE HONRAR LAS DEUDAS?

Analicemos juntos los argumentos que se suelen escuchar en defensa de la continuidad del pago:

“la gente de bien debe honrar sus deudas”

Creemos que esto es así, pero sólo cuando dichas deudas son constituidas con honradez. Por el contrario, una deuda deshonrada, más que una deuda es una estafa.

Del Fallo del juez Ballesteros surge que la DE Argentina es: · ILEGITIMA en tanto fue contraída por un gobierno de facto ( deudas odiosas”).

· ILEGAL en tanto es inconstitucional por que corresponde al Congreso decidir sobre el endeudamiento del estado, situación que no se cumplió.

· ILÍCITA en tanto la mayor parte de la misma se hizo a través de maniobras ilícitas y mecanismos fraudulentos.

“si nuestros representantes son corruptos, nos tenemos que hacer cargo de sus acciones”

Podría afirmarse que fueron nuestros mandatarios, en nuestra representación, los que la contrajeron; y, por lo tanto deberíamos asumir la responsabilidad del pago. Pero ningún gobierno de facto puede considerarse legítimo ni representativo, sobre todo cuando debió apelar al terrorismo de estado para acallar y hacer desaparecer las voces de oposición, destruyendo el tejido social de nuestro país.

“si los representantes fueron elegidos democráticamente debemos hacernos cargo”

En cuanto a los gobiernos democráticos que tomaron créditos desfavorables o aceptaron un endeudamiento fradulento hecho por los gobiernos de facto, no lo hicieron con el consentimiento de su pueblo, ni respetando la Constitución –que en su artículo 75, adjudica esa función al Congreso de la Nación-, sino a sus espaldas y traicionando con el incumplimiento de las plataformas por las que habían sido elegidos.

“los argentinos no sabemos elegir representantes capaces y honestos”

Si así fuera no podemos entender porqué la DE tuvo el mismo comportamiento nefasto para la mayoría de los países del tercer mundo. Esto, demuestra que son los propios capitales financieros extranjeros y locales los que, apoyando y solventando las campañas de los candidatos más corruptibles de cada país (y criminalizando y persiguiendo a la oposición), instalan los gobernantes más funcionales a sus voraces intereses económicos.

 “los organismos internacionales no son culpables y debemos cumplir con ellos”

La complicidad de los organismos internacionales es evidente y destierra todo intento de defender su inocencia. El FMI violó sus propios reglamentos internos y desoyó a los peritos de las entidades cedentes del crédito que alertaban a los negociadores sobre las condiciones poco claras en que se firmaban los acuerdos, tal como aparece en la Causa Olmos.

“debemos pagar sólo lo que corresponde según la documentación oficial”

Nadie con sentido común aceptaría pagar una deuda de la cual no tuvo conocimiento, ni usufructo, ni participación en la asunción de su responsabilidad, ni prueba que la documente fehacientemente y respalde dicho compromiso. En la causa Olmos se demuestra que en el Banco Central de la República Argentina no existen registros contables ciertos que den cuenta de cuanto dinero se recibió y cual fue su destino

“declararla ilegal por nuestro lado no sería justo. hay que preservar los valores de bien”

Suponiendo que la DE se hubiera contraído en forma lícita, legal y legítima, nada justificaría para una persona de bien con valores humanitarios, que se pague a expensas del hambre, la salud, el abrigo, la educación y la dignidad de una sola persona de este mundo.

“hay que sentarse a renegociar pero bajo nuestras condiciones”

No se puede negociar cuando no existen condiciones equitativas de poder entre las partes. Además la renegociación, como lo demostró la historia, es la política de los acreedores, cuya finalidad es la de aumentar y eternizar nuestro supuesto endeudamiento

“si no negociamos quedamos aislados del mundo”

Habría que analizar de qué mundo se habla, porque si es del “primero”, ya sabemos lo que nos causaron 10 años de relaciones carnales.

Por último, queremos dejarle una pregunta: si fuimos desde 1966 tan malos pagadores y acumulamos tanta deuda ¿ Por qué nos siguieron prestando durante tanto tiempo?.

-o-

¿QUÉ ACCIONES SE REALIZARON Y CUÁLES SE PUEDEN REALIZAR?

Constantemente se realizan múltiples acciones contra las deudas del Tercer Mundo, algunas a nivel nacional y otras internacional:

A nivel nacional:

Un ciudadano, Alejandro Olmos, dedicó los últimos 18 años de su vida a la investigación de la DE, lo que lo llevó a realizar varias denuncias. Su insistencia y convicción permitieron que se llegara a un fallo judicial único en el mundo. ·En julio de 2000, el Juez Jorge Luis Ballestero, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2, Secretaría Nº 4, de Capital Federal, dictó sentencia en la causa Nº 14.467, caratulada “Olmos Alejandro s/denuncia”. En este fallo se declaró que la deuda del período 1976-1983 es ilegítima, ilegal e ilícita. Martínez de Hoz, su principal inculpado, quedó sobreseído, porque la causa había prescripto. El Juez envió el expediente al Congreso de la Nación para que éste actuara de acuerdo a lo que dicta la Constitución (art. 36) por tratarse de un grave hecho de estado, sin embargo esto no ha prosperado. (www.diarioelzonda.com/deuda/dictamen.htm) ·A raíz de esta “indiferencia” en el Congreso, el Foro Argentino de la DE presentó un recurso de amparo en marzo del 2002 para que el gobierno interrumpa las negociaciones con el FMI, en consideración al fallo de juez Ballestero (ver www.ladeudaexterna.com).

·También en el año 2002 se presentaron en el Congreso dos proyectos de ley contra la deuda, solicitando al Estado acudir a los Tribunales Internacionales, uno de ellos está patrocinado por la Asociación Americana de Juristas, una organización que trabaja incansablemente con este tema. Y el otro promovido por el decano de la Facultad de Derecho de la UBA.

·En los últimos años hubo movimientos dentro de la ciudadanía en procura de un avance en la toma de conciencia de los pueblos. En Septiembre de 2000 se realizó un “Tribunal Ético sobre la DE y las políticas de ajuste neoliberal” en la Ciudad de Bs. As. con la participación de personalidades y organizaciones sindicales, eclesiásticas, culturales, sociales.

A nivel internacional:

· La coalición Jubileo 2000, surgida en Inglaterra en 1996, aglutinó organizaciones de todo el mundo, que desde diferentes perspectivas criticaron la situación creada a partir del endeudamiento de los países empobrecidos. Esta coalición internacionalizó las movilizaciones por la condonación de la deuda, haciéndolas coincidir con las reuniones cumbre del G8. La experiencia de Jubileo 2000 dio lugar al nacimiento, en 1999, de la red Jubileo Sur, integrada únicamente por colectivos de los países del Sur, que introdujeron un nuevo discurso exigiendo la anulación total de la deuda, fruto de su ilegitimidad, y reclamando una deuda social, ecológica e histórica del Norte a favor del Sur. Entre los planteos alternativos, han desarrollado un proyecto para resolver concretamente este grave problema (www.jubilee2000uk.org ).

· Junto a Jubileo Sur hay organizaciones como CADMT de Bélgica (Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo) , RCADE de España (Red. Ciudadana por la Abolición de la DE), OXFHAM de Inglaterra, ATTAC de Francia, DIALOGO 2000 (Argentina) y otras, las cuales están llevando a cabo críticas contundentes al actual modelo de relaciones Norte – Sur. Desde estas organizaciones se han propuesto alternativas a los programas de alivio de la pobreza y de la DE; se ha coordinado y canalizado una importante movilización ciudada na de protesta, despertando una conciencia social respeto de las injustas relaciones entre países. Además se han iniciado campañas de lucha contra el ALCA y la creciente militarización de América Latina, próximos avances contra nuestros pueblos.

· Existe un importante y poco difundido documento del Papa Juan Pablo II (1985), alertando a los responsables internacionales sobre el aspecto ético del endeudamiento.

· Desde 1988 el Dr. Espeche Gil fundamenta un pedido de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (en La Haya). Esta tesis, conocida con el nombre de Doctrina Espeche Gil plantea que los incrementos de las tasas de interés, decididos por el “Federal Reserve Bank” en 1980, elevadas del 6 al 22% en pocos meses y aplicadas unilateralmente por los acreedores, contravienen normas convencionales y consetudinarias del derecho internacional y principios generales del derecho que las hacen ilícitas para el Derecho Internacional Público. Las opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia (que pueden ser pedidas sólo por los gobiernos de los Estados parte) tienen mucha importancia, ya que, si bien no son sentencias, son vinculantes para los organismos del sistema de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentran el FMI y el Banco Mundial.

¿Y SI RECLAMAMOS LO QUE LOS PAÍSES iACENTRALESl. DEBEN A

LATINOAMÉRICA?

Desde el punto de vista económico-financiero, si se hiciera un estudio descontando los pagos realizados, las deudas ficticias, los intereses usurarios, los intereses sobre los intereses, los gastos y comisiones desproporcionados,y la fuga de capitales, se llegaría a la conclusión de que la deuda ha sido totalmente pagada y probablemente se vería que los presuntos deudores somos en realidad acreedores.

Desde un punto de vista ético habría que poner en un platillo de la balanza la presunta deuda y en el otro la deuda social, ecológica e histórica que los acreedores tienen con los supuestos deudores. Es decir poner en ese platillo el enorme daño social causado con las políticas de ajuste; el daño ecológico causado por las industrias contaminantes y desechos tóxicos transportados a los países del Tercer Mundo desde el Primero, además de la devastación de los bosques, y la deuda histórica contraída con los presuntos deudores durante siglos de despojo de sus riquezas y recursos humanos (oro, plata, arte y saberes precolombinos irremplazables).

ALGUNOS DATOS ACTUALES.

Hoy los datos del INDEC de Mayo/2002 nos muestran que el deterioro de nuestra dignidad sigue en aumento, hasta colocar a los derechos a la vida y a la libertad en serio riesgo:

· El 53,% de la población y 60% de niños están bajo la línea de pobreza (ingreso menor, para una familia de 4 personas, de $ 600/mes, inferior a la Canasta Básica Total)

· El 24,8% de la población (uno de cada cuatro habitantes) es indigente (ingreso menor, para una familia de 4 personas a $ 253 /mes, inferior a la Canasta Básica Alimentaria), lo que nos muestra que en pocos meses este porcentaje se duplicó, ya que en Octubre de 2001 era del 12,2%.

· Por los aumentos de precios de los alimentos, entre octubre del 2001 y marzo del 2002, el porcentaje de familias indigentes, aumentó del 8% al 16%

· La DE pública representa hoy, más del 135% del PBI, los intereses de esta deuda son el 23% del presupuesto consolidado, el 100% del superávit co mercial, el 200% del presupuesto educativo consolidado, el 500% del presupuesto consolidado de salud y casi 10 veces, los montos de Plan de Jefes Jefas de hogar desocupados (publicación UN La Plata 2002)

El mismo sometimiento salvaje se hizo con los pueblos originarios a partir de 1492 para saciar las mismas voracidades económicas de los mismo sectores sociales, como parte del mismo proceso de transferencia de riquezas desde las economías débiles a las fuertes. El derecho se creó justamente para evitar el imperio de la ley del más fuerte y debemos ejercerlo

Muchos piensan que desde la simple condición de ciudadano nada se puede hacer. Pero la realidad es diferente, sobre todo cuando esos ciudadanos se organizan.

NUESTRA PROPUESTA

Es necesario entender el tema de la Deuda trascendiendo la dimensión económica. Hay que terminar con el imperio de la economía en la interpretación de la vida y derechos de los pueblos

Desde las Asambleas Populares de vecinos autoconvocados de Mar del Plata, en conjunto con la Asamblea Permanente por los DDHH de Mar del Plata y el Seminario Permanente en DDHH de la Fac. de Psicología de la UNMdP, impulsamos una denuncia ante el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, por la violación sistemática de los DDHH, originada por el pago de una DE declarada jurídicamente ilegítima, ilegal e ilícita. El ECOSOC es el organismo de la ONU encargado de promover mejores niveles de vida, a partir del progreso económico y social de las naciones, de facilitar la cooperación en el orden cultural y educativo, y de fomentar el respeto universal de los DDHH. y las libertades fundamentales.

Convocamos a la comunidad a ejercer nuestros derechos ante los organismos internacionales participando de esta denuncia.

Sabemos que dentro de esta estructura supranacional (ONU), los estados acreedores tienen fuerte presencia, pero pretendemos generar la suficiente presión política de la comunidad internacional para mostrar esta inaceptable contradicción de sus dirigentes que en una misma estructura abogan por los derechos humanos al mismo tiempo que los violan.

Tampoco debemos dejar impunes a los responsables directos. Debemos exigir que se juzgue por “traición a la patria” a nuestros funcionarios. Esta es solo una de las acciones posibles en relación al tema de la DE en particular y de la situación de nuestro país en general. No pensamos siquiera que sea “la acción” más importante, sino una contribución mas en un camino donde todos los aportes resultan imprescindibles. Creemos que es momento de participar en la construcción de una sociedad más justa, no sólo por nosotros sino también por el bienestar de las generaciones venideras.

Los países que se arrogan la condición de acreedores avanzan hasta donde los

pueblos que se asumen como deudores se lo permiten.

Para cerrar nuestro documento le dejamos las palabras del sociólogo francés Edgar Morin:

“hoy no existen poderes que puedan controlar a los grandes poderes de la destrucción” ... “ el sur de América, el sur del planeta, deben tener un rol muy importante porque los países llamados atrasados tienen saberes que escapan al modelo hegemónico. El sur debe apoyarse en la creación de una política de la civilización. Debe dejar de considerarse objeto y pasar a ser sujeto de la historia”

Bibliografía

§         El Tribunal Ético sobre la Deuda Externa y las Políticas de Ajuste Neoliberal, documento del 21/09/2000

§         Laura Inés Ramos: Argentina, La DE como espacio de apropiación de los recursos de los sectores medios y populares

§         Eric Toussaint y Arnaud Zacharie: Garantizar la satisfacción de las necesidades fundamenta-les

§         Alejandro Olmos: “Todo lo que Ud. quiso saber sobre la DE y siempre se lo ocultaron”, Editorial De los Argentinos

§         Alejandro Teitelbaum :Seminario internacional- la Deuda y las Instituciones Financieras Internacionales frente al derecho internacional.(ponencia); La DE ante el derecho internacional público.

§         Cátedra de Economía Política y Problemática Económica Argentina (Facultad de Periodismo y Comunicación Social / Universidad de La Plata): La Deuda Externa Argentina: no queremos ayuda, queremos justicia.

Agradecemos a:

Alfredo E. Calcagno, Julio Gambina, Laura Ramos, Alejandro Teitelbaum, Marcelo Alvarez.

Secretaría de Extensión / UNMdP.

Grupo TINTA (Trabajadores Independientes en la Toma del Arte): Angel Lucero (SAITAM), Nicolás Lugani (NICO), Julia Santesteban (JULK) y HB-Ruedas.

Email: ladeudaolavida@hotmail.com

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