Mujeres Rurales: Desafíos y construcción organizativa
14/05/2001
- Opinión
Los tratados sobre agricultura, liberalización de la tierra, comercio de
plantas transgénicas, propiedad intelectual, están en el centro de las
preocupaciones de las instancias gestoras del aperturismo económico a escala
mundial y continental. Con ese amparo, se afianza paralelamente el proceso
de transnacionalización del campo, bajo reglas de juego y de poder colocadas
con tal fuerza que parecen casi imposibles de encarar por parte de las
mujeres y otros sectores afectados, de no ser por el surgimiento de un
importante movimiento reivindicatorio y de resistencia.
Así, en la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio -OMC-
(Seattle, Estados Unidos, Nov. 2000), instancia máxima de toma de decisiones
de esa entidad, figuraron entre los puntos centrales de agenda, temáticas
relacionadas con el comercio de transgénicos, los bosques, los derechos de
propiedad intelectual (TRIPS), entre otros.
De esta reunión resultó la propuesta de celebración de la Ronda del Milenio,
en cuyo temario, además del acuerdo sobre el libre flujo de inversiones,
figuran los acuerdos sobre agricultura y servicios, comercio electrónico,
competencia, y otros temas relacionados con la rentabilidad, concesiones y
las facilidades requeridas, especialmente, por las empresas transnacionales.
Este año, a finales de abril, se reunieron en Quebec (Canadá) los altos
representantes de las Américas, quienes, con una agenda muy similar a la
antes planteada a escala mundial, tomaron decisiones sobre el proceso que
encaminará hacia la liberalización del comercio de las Américas, el ALCA.
Ambas reuniones suscitaron amplias acciones de los movimientos, quienes
además de dejar sentado el desacuerdo ciudadano ante los términos delineados
para dichos acuerdos, expresaron la fuerza de la movilización social como un
recurso inapelable de los sectores discriminados. Cientos de mujeres
participaron en Quebec, con el propósito de hacer expreso su descontento
ante la formulación de esas políticas excluyentes.
Tanto las propuestas de la OMC como las del ALCA, pasan por alto el impacto
de la liberalización del comercio en las mujeres del campo, la mayoría
pobres, cuyos pequeños círculos de producción y distribución se verán
anegados en la competencia con las transnacionales. En esas condiciones,
uno de los efectos directos previstos es la exclusión, real y simbólica, de
las mujeres rurales. Síntoma visible de ello son los índices acrecentados
de emigración hacia las ciudades y metrópolis.
La lógica del mercado
El proceso de globalización, en cuyo marco se desarrollan estos acuerdos, se
levanta sobre la histórica brecha entre los géneros. De ahí la omisión de
consideraciones relativas a las mujeres en ambas propuestas, que proyecta la
previsible consecuencia del afianzamiento de la injusticia de género global.
Subyacen a estas reglas del juego del mercado transnacional, consecuencias
como el incremento de la carga de trabajo de las mujeres, el empeoramiento
de su calidad de vida y una mayor exclusión.
En ese mismo marco, el desplazamiento del patrón de producción humana hacia
una visión centrada en el conocimiento, la tecnología y la biotecnología,
rubros en los cuales las mujeres del campo están ausentes, se convierte en
factor que acentúa las desventajas de las mujeres en este proceso.
La transnacionalización del agro acarrea el desmoronamiento de las unidades
de subsistencia local, colocando a las mujeres ante el imperativo de luchar
contra titanes, emigrar, o transformarse en obreras agrícolas, por lo
general temporales, esto último con seguridades laborales casi nulas, altos
niveles de competencia por el empleo, reducciones salariales que se amparan
en la sobre oferta laboral, y una gran inversión humana en la constante
búsqueda de plazas de empleo.
De su parte, la liberalización de la tierra en beneficio del mercado, no
sólo profundiza las desigualdades históricas de acceso de las mujeres al
patrimonio, sino que impone reglas del juego individuales y corporativas
ante las visiones colectivas u holísticas, inherentes a las diversas
cosmovisiones de lo rural.
La liberalización del comercio en las Américas, que sitúa la rentabilidad
como eje de la problemática del agro, se abstrae de contemplar no sólo las
relaciones desiguales entre los géneros, sino también la imposibilidad de
que las mujeres rurales, ubicadas como las más afectadas por la pobreza,
compitan en el mercado.
La propuesta de erradicación de la pobreza confiada al mercado es a todas
luces una quimera, pues la posibilidad de que las reglas del juego
comerciales, impuestas por este sector, contemplen medidas específicas
tendientes a fomentar un desarrollo sustentable, inclusivo, y con enfoque de
género, es un contrasentido, ya que la propia lógica de rentabilidad
inherente al mercado excluye por sí misma cualquier consideración económica
o social tendiente a erradicar la brecha de desigualdades entre los géneros.
En este marco contradictorio las mujeres, amparadas en las nuevas
legislaciones internacionales de reconocimiento de sus derechos, buscan
hacer realidad sus anhelos de sobrevivir en lo rural, con lógicas de
producción y de vida amenazadas por el avance de los monopolios
transnacionales o nacionales. Las soluciones de corte neoliberal
recomendadas por las instituciones financieras internacionales y otras,
pretenden erradicar la brecha de género a través de pequeños préstamos, lo
que en este contexto resulta pura retórica.
Soberanía alimentaria, tierra y propiedad intelectual
La liberalización del comercio de productos agrícolas impulsada por la
Organización Mundial del Comercio (OMC), bajo principios lejanos a los de la
soberanía alimentaria, ha redundado en un incremento de la pobreza rural.
Según datos del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) éste
se ha incrementado en Latinoamérica entre el 10 y el 20% en los últimos tres
años. Más de 90 millones de agricultoras/es latinoamericanas/os y
caribeñas/os viven por debajo del nivel de pobreza, mientras que 47 millones
viven en la miseria.
Actores sociales importantes tales como la Vía Campesina, la Coordinadora
Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), y la Alianza Social
Continental (ASC), reivindican el derecho a exceptuar los alimentos básicos
de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, y priorizar un
enfoque de desarrollo que garantice la soberanía alimentaria, como elementos
ineludibles para viabilizar una producción agrícola de calidad y proteger la
pequeña agricultura, ante la ofensiva de las importaciones baratas y de
calidad dudosa. No obstante, estas alternativas y recomendaciones no han
sido consideradas, hasta aquí, en las propuestas de los acuerdos
internacionales en curso.
El movimiento indígena, por su parte, ha venido sustentando la primacía de
la Convención sobre Biodiversidad, que reconoce la soberanía de los Estados
sobre sus recursos biológicos y permite la protección del conocimiento
indígena, por sobre los regímenes de derechos privados de propiedad
intelectual en beneficio de las corporaciones; tampoco esta recomendación ha
sido considerada como un elemento trascendente para la formulación de los
protocolos respectivos.
Lo in-sustentable y sus efectos
Es indiscutible el efecto que estas políticas tendrán sobre las mujeres,
pues se trata del desplazamiento de una visión del mundo natural y humano
hacia una del mundo tecnológico y rentable, que conlleva entre sus
consecuencias la inminente desaparición del campo como unidad social y su
reemplazo por el establecimiento de cuerpos productivos, basados
principalmente en la rentabilidad de la biotecnología.
Esta transformación implica, además de sus impactos sociales, consecuencias
ambientales irreversibles: las modificaciones climáticas; la pérdida de
biodiversidad; la contaminación de las aguas, los suelos y el aire; la
deforestación; la depredación de recursos naturales y otros.
Los derechos de quienes no son "ciudadanas" del sistema económico global son
violados de forma sistemática porque, según la lógica del mercado, ellas
simplemente impiden el "desarrollo" de los demás, es decir, de los pocos que
verdaderamente se benefician del sistema.
Por eso, los movimientos antes mencionados están generando acciones y
propuestas encaminadas a que los acuerdos de libre comercio estén
subordinados a los derechos estipulados en acuerdos internacionales
existentes, tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el de la
Capa de Ozono, el de Comercio de Sustancias Tóxicas, la Declaración de
Derechos Humanos, el Acuerdo 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y
Tribales, entre otros. Más aún, apuntan a se consoliden tratados de control
sobre los libres flujos de inversiones, de protección mayor del ambiente y
la agricultura, de soberanía alimentaria, que se orienten prioritariamente a
la satisfacción de las necesidades nacionales y no a las exportaciones y al
lucro.
La política de priorizar las exportaciones, está dirigida principalmente a
abastecer a los países industrializados de materia prima barata, lo que no
sólo debilita las posibilidades de competencia de los países del Sur, sino
que los empuja hacia la sobreexplotación de recursos, a la depredación
ambiental y la descomposición social.
Los ejes organizativos
Es en ese contexto que se ubica el desarrollo organizativo de las mujeres
rurales, quienes en los últimos 10 años han venido avanzando en un proceso
de articulación colectiva, desde su identidad grupal de mujeres, en el
escenario regional y global. Ellas se perciben como las principales
afectadas por la aplicación del modelo neoliberal globalizado, en virtud de
cuyas perversas leyes de mercado, el campo, como entidad social, está en
peligro de desaparecer y llevarse con él las esperanzas de sociedades
alternativas, autónomas, diversas.
Así, siendo que las mujeres son parte de las relaciones socioeconómicas
concretas, cuyas reglas de juego se ven vertiginosamente modificadas por el
delineamiento de las políticas que definen el contexto de la globalización
neoliberal, ellas están generando planteamientos y estrategias que
intersectan, justamente, las decisiones globales, las relaciones desiguales
entre los géneros, y la sobrevivencia del campo como unidad social autónoma.
La lógica comercial se interpone ante la autonomía de las mujeres y de la
colectividad, al imponerse como una ideología única, cuya ecuación tiempo -
progreso, relega todo lo que contradice a la visión mercantil transnacional,
tachándolo de atrasado y por lo tanto sujeto de una urgente demanda de
modernización, que hoy es sinónimo de homogeneización.
Por eso, la palabra diversidad está cada vez más presente en el discurso de
las mujeres que resisten a la imposición de un modelo único, de aquellas
que, apropiándose de su calidad de sujeto y ciudadanas, quieren no sólo
hacer de sus formas de conocimiento histórico y ancestral un paradigma, sino
hacer suyas también las nuevas formas de conocimiento que hasta aquí son
casi prohibidas para ellas. En este tema, las reivindicaciones se extienden
desde la resistencia a las patentes que privatizan el conocimiento
tradicional de las mujeres, desarrollado ampliamente tanto en la agricultura
como en la medicina tradicional, amplia, democrática y socializable, hasta
las demandas de alfabetización y educación bilingüe, universal, que incluya
en el currículo tanto las diversas cosmovisiones de los pueblos, como la
diversidad de lo rural y de lo urbano.
Estos aspectos tienen que ver también con el reconocimiento de la diversidad
de las representaciones simbólicas y las culturas, pues la visión
homogeneizante de lo global se levanta sobre un orden etnocéntrico,
androcéntrico, urbanocéntrico y capitalista, que jerarquiza las visiones y
modos de vida según su apego o lejanía del referente blanco, masculino y
urbano, cuya antítesis parecen ser las mujeres rurales, indígenas o
afrodescendientes, y pobres.
Según esos parámetros, sin duda influyentes para el delineamiento de los
acuerdos antes mencionados, atrasadas y por lo tanto sujetos de
modernización, son todas aquellas que creen en la agricultura orgánica y
rechazan los transgénicos, para cuya creación se ha puesto a disposición de
la ingeniería genética recursos incalculables, los mismos que si fueran
utilizados para el desarrollo de una agricultura sustentable aportarían
réditos colectivos y mejorarían la calidad alimentaria y la salud.
La creación de organismos genéticamente modificados, no sólo vulnera la
evolución natural y armónica de los seres vivos, incluyendo los humanos/as,
al mixturar en laboratorio genes de plantas, animales, microorganismos y
humanos, para obtener productos de alta rentabilidad, sino que pone en
riesgo la salud de las/os consumidoras/es, pues los efectos de la ingestión
de dichos alimentos, a mediano y largo plazo, son hasta aquí impredecibles.
Según la ideología dominante, atrasadas son aquellas que, ya en el terreno
de la resistencia a los transgénicos, cultivan con semillas orgánicas y se
oponen al dominio de Monsanto, Norvartis, Carguil y Aventis, empresas que se
imponen ávidas de controlar el mercado agrícola y pintarlo de un verde
dólar, contrapuesto al verde naturaleza. "Nunca antes en la historia se ha
perdido tanta variedad de culturas, idiomas y biodiversidad en nombre del
progreso", señala el MST de Brasil.
Por eso, la resistencia al monopolio de la razón, y por ende de la decisión,
en una cultura global, entre cuyos baluartes está el acceso al conocimiento,
tiene que ver con el fortalecimiento de las diversas formas de conocimiento
propio, y con el derecho, haciendo uso de la ciudadanía plena, a acceder a
la creación de pensamiento, de análisis, y de interpretación de las
realidades.
Ello, no sólo como una manera de resistir al modelo, sino como un ejercicio
de ciudadanía, que implica la restitución o el otorgamiento de sujeto para
las mujeres del campo, y su proyección integral en el desarrollo de las
propuestas y la construcción de sociedades alternativas.
Por eso, para las mujeres rurales ya no es viable a estas alturas validar
cualquier teoría, análisis o propuesta de desarrollo, incluyendo las de
sociedades alternativas, sostenibilidad, soberanía alimentaria, reforma
agraria y otros, si es que no incluyen entre sus variables de análisis y sus
postulados, consideraciones sobre las brechas estructurales que excluyen a
las mujeres del campo; soslayar esta información relativiza los resultados
de esas producciones teóricas o políticas, pues al omitir este elemento las
convierte en parciales y no en generales, como se pretenden.
De allí la importancia de un proceso organizativo en el cual las mujeres
rurales han emprendido el esfuerzo de empezar a pensarse a sí mismas como
sujetos y al hacerlo generar la más revolucionaria de las propuestas, como
es aquella que conjuga género, clase, diversidad y autonomía, todos
elementos importantes para cualquier análisis o teoría social alternativa en
el contexto de la globalización.
En esa misma línea, aparece casi invariablemente en el discurso
reivindicativo generado por las organizaciones de mujeres rurales, el
término dignidad, relacionado en este contexto no sólo con la línea de
acceso a los bienes o al consumo, sino con la sobrevivencia colectiva,
puesta en peligro por la aculturación que acompaña la universalización del
pensamiento, de los modos de vida y creencias que acarrea la globalización
neoliberal, atentando así contra la libertad de expresión individual y
colectiva, contra la libertad de pensamiento, contra la opción sobre modos
de vida y la autodeterminación.
La dignidad en este caso es inherente a los derechos humanos, los
individuales y los colectivos, los sociales, los económicos, los culturales,
los políticos, los civiles y, sobre todo, el derecho al desarrollo, todos
ellos indivisibles para las mujeres.
La organización, una urgencia
Frente a esos imperativos, las mujeres rurales han decidido hacer de la
organización una urgencia, y es que el modelo neoliberal no espera para
universalizarse, para ubicar a la exportación como eje de la producción, con
la agro-industria mercantil como punta de lanza de la transnacionalización,
lo que desplaza la concepción de autosubsistencia y abastecimiento local
campesino, e impone un enfoque comercial antes que social.
Ese cambio estructural de concepción, implica para las mujeres del campo no
sólo una exclusión mayor, pues el modelo se levanta sobre las desigualdades
preexistentes, las de género, las de clase y las de etnia, sino también
agudiza la exclusión al poner a desiguales históricas a competir ante la
liberalización de la tierra y la privatización del agua, ahora en proceso de
ser monopolizadas por capitales no siempre anónimos.
Pero las mujeres del campo también han hecho de la organización una
emergencia porque, además de excluidas en ese proceso, son mujeres con la
ciudadanía a medias que acompaña al estatus de mujer en estas sociedades.
Ellas, al igual que todas las colectividades amenazadas de extinción, se
defienden como grupo; al hacerlo muchas incluso se apresuran a insistir en
que su lucha no es singular, no porque a ellas las expresiones de la
opresión no las afecten, ni porque la violencia en el campo -la que infligen
los hombres a las mujeres, en la casa, en la calle, o la que se expresa en
las colectividades afectadas en los casos de desplazamiento- no sea parte de
su cotidiano; no es tampoco porque estén lejanas de sus derechos sexuales y
reproductivos, cuando son las más afectadas por la expropiación de sus
cuerpos, forzadas a esterilizarse o empujadas a reproducirse sin control,
afectadas por los agrotóxicos y por el consumo de transgénicos, que afectan,
entre otros a los órganos llamados reproductivos.
Lo hacen, principalmente, porque quieren establecer ellas mismas los
parámetros diversos de su autonomía, los momentos y los tiempos para
identificar las expresiones del relegamiento de género que pesa sobre ellas.
En este caso, el significado de autonomía se hace extensivo a la opción de
definir los propios criterios y referentes de desarrollo, de producción, de
comercio, de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Esto es
por lo general contrario a la prisa neoliberal por implementar las mil y un
reformas jurídico-políticas, encaminadas a garantizar el desarrollo
agro-industrial y el libre comercio, que incluyen la liberalización de las
tierras y el agua, que ha conducido a una mayor concentración de la
propiedad de estos bienes y a la consecuente exclusión de las mujeres de los
espacios productivos, pero también de la toma de decisiones sobre sus vidas
y cuerpos, sobre sus modos de vida y culturas.
Las organizaciones de mujeres rurales están poniendo en evidencia la
viabilidad de una sustentabilidad que cuente con ellas, pues aún en las
condiciones actuales de falta de acceso a la tierra, territorios, recursos
naturales, financiamiento, y deficiencia de infraestructura y servicios,
según el informe del FIDA (International Fund for Agricultural Development
(IFAD), http://www.ifad.org) entre 30 y 40 millones de mujeres son
responsables ante sus familias de las actividades agrícolas o de pequeñas
industrias rurales; en la Región Andina, el 80% de la producción,
procesamiento y venta de alimentos está cubierta por las mujeres y el 70% de
las pequeñas empresas de alimentación son sacadas adelante por ellas
(UNIFEM, Annual Report/95). Esto en condiciones de sobre explotación, donde
además de esto asumen el trabajo doméstico y reproductivo no remunerado.
Pensar en modelos alternativos con ellas, produciendo lo que producen en
condiciones humanas, con diversidad y ciudadanía garantizaría la
sustentabilidad.
La Comisión de Mujeres de la CLOC
En el seno de la Comisión de Mujeres de la Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones del Campo -CLOC- están nucleadas las más importantes
articulaciones de mujeres rurales de la región, las que reconociendo su
calidad de sujeto de derechos y su autonomía de personas, han decidido
actuar positivamente para erradicar la innegable brecha que las relega entre
las últimas de los círculos de exclusión.
CONAMUCA de República Dominicana y "Bartolina Sisa" de Bolivia fueron las
primeras, seguidas cronológicamente por la Red de Mujeres Rurales de
Uruguay, la Articulación Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales de Brasil,
ANAMURI de Chile, CONAMURI de Paraguay y la Red de Mujeres Rurales de
Venezuela. Su punto en común es haber dado un salto hacia la ciudadanía, a
reconocer para sí mismas y hacer reconocer su derecho a la organización
(parte de los derechos humanos), y haber encarado que la singularidad de la
opresión que afecta a las mujeres del campo apela a propuestas específicas y
acciones concretas para erradicarla.
En sus estrategias, ellas interrelacionan sus propuestas con el movimiento
del campo, pues por algo están en la CLOC, con el movimiento de mujeres, que
ya no puede ignorarlas, con los movimientos indígena y afroamericano del
cual muchas de ellas ya son parte, y con otros movimientos sociales, que
lógicamente ya no podrán eludir su existencia, se están abriendo un espacio
para visibilizar la más global de las propuestas: la de género y de
sustentabilidad.
El proceso está lanzado, sus articulaciones, redes, enlaces y
coordinaciones, se levantan desafiantes ante una globalización neoliberal
aparentemente invencible; ellas, a sabiendas de lo que eso implica, están
empeñadas ahora en forjar una agenda de género regional e internacional, que
coloque sus prioridades en el centro de sus luchas, pues ellas ya están
desde siempre en las luchas generales. Juntas, solidarias y diversas,
construyendo el milenio de justicia e igualdad.
Referencias
FIDA, International Fund for Agricultural Development -IFAD-,
http://www.ifad.org, enero 2000
Egidio Bruneto, Dirección Nacional MST, rueda de prensa en el marco del Foro
Social Mundial, Porto Alegre, Brasil, Feb. 2000
UNIFEM, Annual Report, 1995, UN, New York
https://www.alainet.org/es/articulo/105144?language=es
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