Asentamientos populares y políticas públicas

María Cristina Cravino

29/07/2014

Opinión

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Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 497: La cuestión urbana hoy: Entre el mercado total y el buen vivir 24/11/2014

Buenos Aires (y muchas veces la Argentina toda) suele ser pensada como un lugar donde las ocupaciones de tierra urbana[1] no son un fenómeno relevante. Las imágenes de las postales ocultan esa parte de la ciudad que es negada. Pero por el contrario, en la última década han ganado lugar en la agenda pública y mediática. De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) habitan casi 13.000.000 de habitantes (3.000.000 en la ciudad capital y 10.000.000 en su conurbación) y aún cuando no hay datos oficiales sobre los asentamientos populares, podemos estimar, de acuerdo a datos procesados por Infohabitat[2] en 2006, que éstos contienen a más del 10% de la población de esta región en el 1% de la superficie[3].

Creemos que en las últimas décadas ha habido cambios relevantes en sus características y procesos de intervención del Estado, que podrían sintetizar en los siguientes aspectos:

a) Crecimiento sostenido de la “informalidad urbana” desde la década de 1980 (incluyendo el repoblamiento de las villas erradicadas en la ciudad capital pos-dictadura).

b) Creciente inquilinización de estos barrios, es decir una mayor proporción de inquilinos entre el total de sus habitantes. En la capital federal alcanza en promedio a más de un 50% y en menores proporciones en el Conurbano Bonaerense[4].

c) Tendencia a la convivencia de múltiples paradigmas de intervención, inclusive contradictorios.

d) Procesos de la judicialización de diferentes aspectos socio-urbano-ambientales en estos espacios que modifican las políticas públicas iniciales. Esto involucra tanto a sectores, barrios completos como a zonas dentro del área metropolitana.

f) Continuos procesos de estigmatización de estos barrios en los medios de comunicación hegemónicos, en algunos casos alentados por declaraciones de funcionarios públicos. Cada vez se asocia más la población que vive en asentamientos populares al delito, en toda la región.

g) Aumento de problemas de inseguridad dentro de ellos. Esta cuestión es invisibilizada porque existe una percepción social de que no son sujetos de derecho sino personas que habitan ilegalmente parte de la ciudad.

Todos estos merecen atención, una indagación académica y un debate político, pero en este artículo nos detendremos en tres de ellos.

El crecimiento de estas formas de habitar la ciudad, que implican producción del espacio urbano, se explican fundamentalmente por la falta de regulación del mercado del suelo y la vivienda. Si bien, desde hace más de diez años en Argentina se vive una etapa de reconstrucción o ampliación del modelo de Estado de Bienestar, en cuanto a la regulación del acceso del suelo o la vivienda, se mantienen reglas de liberalismo económico. La oferta estatal de vivienda de interés social ha sido relevante en este período pero sigue muy por debajo del déficit. Estas normas merecen ser revisadas y existen actualmente múltiples iniciativas legislativas desde diferentes organizaciones sociales de base o de profesionales que buscan garantizar el acceso justo al hábitat urbano. Esto incluye reformas al código civil y penal.

La inquilinización de este tipo de habitantes genera múltiples problemas. Aquellos que viven en estos barrios en esas condiciones lo hacen en situaciones más inestables y en peores entornos urbanos. Habitualmente lo que se alquila es un cuarto pequeño con baño compartido. Esto implica un fuerte hacinamiento y contratos sin ningún tipo de resguardo. Este fenómeno se comporta de forma similar a otras grandes ciudades de América Latina. Interpela directamente a las políticas públicas que deben atender urgentemente a esta población, la que intenta permanentemente ocupar nuevos espacios como única opción de salida al alquiler.

Por último, esquemáticamente, tres paradigmas se asocian a las formas de intervenir en los asentamientos: a) la erradicación de los habitantes sin otorgarles una vivienda alternativa, tanto bajo argumentos humanitarios como centrados en que se trata de ocupantes ilegales; b) la erradicación de la población de los asentamientos a conjuntos habitacionales (asociado al paradigma del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna -CIAM-)[5]. Detrás de este tipo de intervenciones se encontraba la fe ciega en la capacidad de la planificación urbana, y por lo tanto, este tipo de ocupaciones significaban el prototipo de la ciudad “desordenada” que debía ser corregido; c) regularización dominial, con o sin acciones de mejoramiento urbano. En este último caso, provisión de infraestructura básica o comunitaria. Se solían conocer décadas atrás como “políticas alternativas” y significan la asunción por parte del Estado de la incapacidad de ofrecer soluciones bajo el paradigma de la “ciudad planificada”. Más recientemente, surge un paradigma que puede denominarse de “maquillaje urbano”, es decir, la intervención en el espacio público o en las fachadas de la vivienda, sin que se modifiquen las condiciones estructurales de los barrios. Detrás de esta idea puede encontrarse la intención de intervenciones cortas en el tiempo y de baja inversión pública pero de alto impacto en el marketing urbano. Por lo general, el primero era llevado a cabo por gobiernos autoritarios producto de golpes militares y el segundo y tercero se dieron en gobiernos democráticos. Actualmente, el primer caso se viene produciendo en la ciudad capital desde el año 2007, así como acciones de maquillaje urbano. Programas de re-urbanización de asentamientos se vienen desarrollando desde el año 2003 en el Conurbano Bonaerense, proveyéndose además viviendas in situ. Sin embargo, al igual que en otros lugares de América Latina, también persisten acciones de desalojo, tanto en tierra privada como pública. Cómo es posible que estas acciones continúen en etapas democráticas merece mayor análisis y debate. Mientras tanto, coexisten paradigmas contradictorios que generan acciones o políticas híbridas que afectan los modos de vida de una porción de los sectores populares urbanos.

María Cristina Cravino es investigadora de CONICET (Instituto del Conurbano de la UGS) y Directora de la Maestría en Estudios Urbanos ICO-UNGS.

[1]Los asentamientos populares en el AMBA se expresan básicamente en dos formas que condensan tanto aspectos físicos-urbanos como procesos sociales distintos: las villas, que se encuentran ubicadas en el área central, es decir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su primera conurbación. Los llamados “asentamientos” o “tomas de tierra” se encuentran ubicados más hacia la periferia, en zonas de menor densidad poblacional. Las primeras tienen larga data, desde comienzos del siglo XX y su configuración urbana se caracteriza por calles irregulares y pasillos angostos, mientras que los segundos surgieron a partir de 1980 en respuesta a nuevas condiciones de acceso a la ciudad más restrictivas, e imitaron las urbanizaciones formales en cuanto a dimensiones de los lotes (300 m2) y a la cuadrícula urbana (con reserva inclusive de espacios verdes y equipamiento comunitario). Esta trama urbana, similar a la formal, desde el punto de vista de los pobladores, permitiría la integración con el resto de la ciudad, ya que podría no ser identificada como una “villa” y, por lo tanto, escapar a las estigmatizaciones de las que son objeto los habitantes de estas últimas. Sin embargo, este proceso en la mayoría de los casos no sucedió y fueron objeto de categorizaciones discriminatorias por parte de los habitantes de la ciudad “formal”.

[2] www.infohabitat.com.ar.

[3] Mientras tanto las urbanizaciones cerradas albergan a menos del 1% de la población pero ocupan más del 10% del suelo urbano.

[4]Este porcentaje surge de estimaciones propias a partir de diferentes trabajos de investigación realizados en asentamientos populares.

[5] En Argentina hubo un variante que establecía la construcción de viviendas transitorias a fin de que los pobladores se adaptaran a la vida urbana, ya que en su mayoría eran migrantes rurales. Estas viviendas transitorias en la práctica se constituyeron en permanentes.

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