Los resultados electorales en zonas con presencia minera

José De Echave

07/10/2014

Opinión

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La reelección en primera vuelta de Gregorio Santos en Cajamarca ha provocado una serie de reacciones en algunos sectores. Se intentan algunas explicaciones: el gobierno ha fallado y abandonó Cajamarca dicen algunos; otros apuntan que el electorado cajamarquino ha votado desinformado y casi con engaños.

Hay dos aspectos que no deben perderse de vista. El resultado obtenido por Gregorio Santos no puede explicarse sólo por temas puntuales o de coyuntura. No hay que olvidar que el reelecto presidente regional representa un proceso de construcción de sujeto social y político de larga data en esa región: en primer lugar vinculado a las rondas campesinas de Cajamarca y luego participando en varios procesos electorales: la presencia electoral de Santos se remonta a las elecciones del año 2006, en las que quedó en segundo lugar -detrás del ganador Jesús Coronel-; el 2010 ganando la presidencia regional de Cajamarca con algo más del 30% de la votación y ahora repitiendo el plato con un respaldo mayor (45%).

Pero hay otro tema a considerar. La elección en Cajamarca trasciende a Santos y a su organización política. Desde Lima tendemos a mirar los escenarios regionales, obviando lo que pasa en las provincias y distritos. Lo cierto es que en estas elecciones, el movimiento político de Gregorio Santos, ha ganado apenas en tres de las 13 provincias de esa región: Celendín, Chota y San Marcos. Por lo tanto, no es solo Santos y su organización política: por ejemplo, es interesante notar que otro dirigente opositor al proyecto Conga, Edy Benavides, del Movimiento Luchemos por Cajamarca, ha sido elegido virtualmente como alcalde provincial de Hualgayoc, con alrededor del 47% de respaldo. Algo similar ha ocurrido en otras provincias cajamarquinas.

Mirando más allá de Cajamarca, también habría que mencionar los resultados en los distritos de Cañaris (Lambayeque), Picuyo (Puno), Capacmarca y Livitaca (Cusco); las provincias de Huancabamba (Piura), Chumbivilcas (Cusco) y la de Islay (Arequipa), entre varias otras zonas del país, donde las nuevas autoridades forman parte de las redes de organizaciones sociales que han estado cuestionando la manera como se ha venido expandiendo la minería en sus territorios.

¿Esto es parte de la tenebrosa telaraña anti minera que se expande y se renueva o son resultados que expresan una agenda de preocupaciones legítimas que hasta el momento no son escuchadas y menos aún atendidas? ¿Qué lecciones podemos sacar de este nuevo dato de la realidad que el país nos lanza?

Una primera gran lección es que detrás de cada hecho gravitante, como es una elección regional y municipal, hay una racionalidad que se expresa legítimamente en distintos espacios. No se puede pretender -como creen algunos-, que en un país como el nuestro todos pensemos de la misma manera y se les pase la aplanadora a los que no estén de acuerdo. No existe una sola racionalidad en el país.

Sin embargo, la vena autoritaria de algunos sectores se sigue mostrando. La democracia, aparentemente, sólo les acomoda cuando ganan los que piensan como ellos. Los rótulos de antisistema y antimineros, están nuevamente a la orden del día con el propósito de descalificar a varias de las autoridades elegidas en diferentes provincias y distritos.

Como comentábamos antes de las elecciones del 5 de octubre, el reto sigue siendo cómo construir gobernabilidad democrática; cómo se construyen los necesarios equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales que hacen falta y cómo se evita que las empresas mineras pretendan ir más allá de la capacidad que debe tener la sociedad de controlar y regular las inversiones, en función del bien común. Desconocer nuestras diversas racionalidades y realidades equivale a pensar que todos estos retos y tareas se sustituyen con el “cambio” de una sola persona cada cuatro o cinco años.

07 de octubre de 2014

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