Lo que es bueno para la General Motors…
17/08/2014
- Opinión
Ollanta Humala y el Presidente de la Confiep (Foto: lamula.pe)
Cuando en 1953, Charles E. Wilson, uno de los mayores accionistas de la General Motors, fue designado por el presidente Eisenhower como Secretario de Defensa, pronunció una frase que desde entonces no ha dejado de ser analizada en los campos de la sociología, las ciencias políticas, la economía e incluso la sicología: “Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos, y viceversa”.
Sesenta años después, la frase puede aplicarseperfectamente al Perú. En los dos últimos años, una sostenida campaña mediática de los principales círculos empresariales -Confiep, Sociedad Nacional de Minería, la nueva y flamante Sociedad Peruana de Hidrocarburos, entre otros gremios-, ha tenido como objetivo imponer su diagnóstico: la desaceleración de la economía se debe a “la tramitología que ha paralizado la inversión”. No hay más. El único diagnóstico aceptado es el de la Confiep y sus economistas. Los peruanos y peruanas tenemos que aceptar que lo que es bueno para la Confiep, también debe ser bueno para el país.
Múltiples editoriales, simposios, declaraciones en medios, han sustentado el diagnóstico empresarial y por supuesto las medidas que hay que tomar. Y como no se acepta otra explicación, tampoco es necesario que den o se les pida mayor fundamentación. Las preguntas que por lo menos deberían responder es ¿por qué recién ahora los trámites excesivos paralizan la economía y no lo hacían antes? ¿Qué indicadores muestran para fundamentar que el incremento de trámites en los últimos años ha terminado por paralizar realmente nuestra economía?
No hay ninguna duda que la economía se está desacelerando pero, ¿acaso no cuenta que el contexto externo sea menos favorable y que esta situación esté provocando que caigan la inversión privada y nuestras exportaciones? ¿Acaso los términos de intercambio no han descendido en un 6% en el tercer trimestre del año pasado, 9% en el cuarto trimestre y 11% en el primer trimestre de este año?
Lo cierto es que la campaña les viene dando resultados y parece que seguirá funcionando ya que el gobierno anuncia más medidas. El paquete de mayo del año pasado, fue una primera respuesta del gobierno a la campaña y hace unas semanas -el 11 de julio- fue promulgado el denominado “paquetazo Castilla”(Ley 30230).Tres títulos y numerosos capítulos detallan un conjunto de propuestas que abordan tres temas: (1) medidas tributarias; (2) medidas administrativas y; (3) procedimientos de saneamiento físico legal de predios para promover la inversión.
El paquete del Ejecutivo tiene un peligroso aroma a los decretos legislativos del gobierno aprista que estuvieron a la base de la movilización indígena y el trágico conflicto de Bagua. En esa ocasión, la promoción de la inversión privada a como dé lugar, se expresó en un conjunto de medidas que afectaban directamente los derechos de los pueblos indígenas, lo que provocó la respuesta de las comunidades indígenas y sus organizaciones.
En esta ocasión, el paquete apunta a debilitar, casi al nivel de lo absurdo, regulaciones ambientales y toda la institucionalidad que se había intentado construir con mucho esfuerzo, precisamente como respuesta a la creciente conflictividad social que el país ha vivido en los últimos años. A las medidas tributarias para promover la inversión, que incluyen, “flexibilizar el impacto financiero que representan las deudas tributarias delcontribuyente” y ampliar la estabilidad tributaria para las inversiones mineras, se le añade un tremendo golpe contra de la institucionalidad ambiental.
¿Cuáles son algunas medidas del paquete reactivador en materia ambiental? Por ejemplo, desde ahora, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) pasará en la práctica y por tres años a la congeladora y se dedicará principalmente “a acciones prioritarias de educación y difusión de la normativa”. La capacidad sancionadora del OEFA queda seriamente dañada: en la exposición de motivos se llega a decir que “la imposición de sanciones requiere de una etapa previa de educación y concientización de los agentes, la población y las autoridades”.
El paquete del Ejecutivo tiene un peligroso aroma a los decretos legislativos del gobierno aprista
que estuvieron a la base de la movilización indígena y el trágico conflicto de Bagua
que estuvieron a la base de la movilización indígena y el trágico conflicto de Bagua
Llama la atención que se hable de una etapa previa para “acciones de educación y difusión de la normativa”, cuando como se sabe,el OEFA fue creado casi en paralelo con el Ministerio del Ambiente, el año 2008. La Defensoría del Pueblo ha sido muy precisa al comentar esta medida del paquete y recomendar “no aprobar el artículo 19° del Proyecto de Ley que contempla la suspensión de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la reducción del importe de las multas impuestas, en tanto implica el debilitamiento de la institucionalidad y de los mecanismos de supervisión y fiscalización ambiental”.
Además, el paquete que busca “mejorar y generar la confianza de los inversionistas”, le quita abiertamente facultades al Ministerio del Ambiente, en materia de creación de zonas de protección, en el tema del ordenamiento territorial, zonas ecológicamente económicas, límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental, que desde ahora pasarán “a ser refrendados por el Presidente del Consejo de Ministros y con el voto del Consejo de Ministros”.
En el caso de la evaluación de los estudios de impacto ambiental, “se plantea establecer que las opiniones vinculantes y no vinculantes que requiera la entidad encargada de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, deberán emitirseen un plazo máximo de 45 días hábiles (la propuesta del Ejecutivo planteaba 30 días); y si el funcionario encargado no cumple, será considerada como falta grave “aplicable al régimen laboral al que pertenece”.
Sobre el tema delos plazos de los EIA, se haplanteado dos tiposde observaciones o críticas. Una primera que llama la atención por la propuesta deun plazo plano, que no diferencia la magnitud de los proyectos y sus respectivos EIA: tienen razón los que señalan que no es lo mismo un EIA de un edificio de veinte pisos que uno de un megaproyecto minero o gasífero; por ejemplo, solo el EIA de Conga tenía más de veinte mil páginas. Por lo tanto plantear un plazo plano de 45 días para todos los EIA, lo que hace en la práctica es limitar la posibilidad de una revisión rigurosa de cada estudio, sobre todo de los megaproyectos.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo también ha llamado la atención por el hecho que la propuesta (el artículo 21 de la ley aprobada) no contenga los criterios técnicos que sustenten el establecimiento de dicho plazo: “consideramos oportuno recomendar al Congreso de la República que evalúe la necesidad de contar con un adecuado sustento técnico que contemple las particularidades de los procesos de evaluación de impacto ambiental y las capacidades institucionales de las entidades para emitir opiniones técnicas con un análisis riguroso y en un plazo razonable”.
Lo cierto es que en términos generales el paquete aprobado responde plenamente a los pedidos de la Confiep en el tema de la tramitología. Sin embargo, las medidas ignoran lo que muchos economistas identifican como las causas centrales de la desaceleración de nuestra economía. Al respecto, el economista Waldo Mendoza es bastante claro: “el origen del enfriamiento de nuestra economía está claro: el contexto externo ya no es tan bueno”. Sobre el tema de la tramitología, el mismo Mendoza señala que “puede ser un problema y su solución importante para el destino de largo plazo de la economía peruana. Pero es peligroso vincularlo al ciclo económico”.
Parece una broma de mal gusto que todo esto esté pasando en pleno “Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático” y precisamente cuando el Perú será el anfitrión de COP 20 en el mes de diciembre. Un gobierno que destruye lo poco que había en materia de institucionalidad ambiental, no tienemucha autoridad para constituirse en el anfitrión del evento cumbre que busca avanzar en el borrador de un acuerdo vinculante para enfrentar la amenaza del calentamiento global en todo el planeta.
El 2014 se está convirtiendo en el año en el que elgobierno de Humala está llevando las políticas ambientales a la época de la carreta y parece que la historia no ha terminado y vienen nuevos capítulos con más medidas envueltas en nuevos paquetes.
Ideele Revista Nº 241
https://www.alainet.org/es/active/76317
Del mismo autor
- Los resultados electorales en zonas con presencia minera 07/10/2014
- Lo que es bueno para la General Motors… 17/08/2014
- Conflictos sociales: Entre la teoría del complot y los esfuerzos parciales 14/01/2013
- No podemos celebrar el día del ambiente 04/06/2009
- El desafío del agua 03/12/2007
- Consultas ciudadanas: Depende de quién las organiza y sobre qué 10/09/2007
